Se trata de una auditoría de tipo especial que salió en enero de 2016 con un grupo interdisciplinario de la Contraloría de Santander que investiga dos contratos de banco de maquinaria; el contrato 383 de 2013 y el contrato 1716 de 2015.
La auditoría surgió producto de algunos debates generados en la Asamblea de Santander, frente a algunos temas presentados ante los medios de comunicación, por irregularidades y quejas en torno a estos contratos.
El 30 de septiembre salió el informe definitivo de este proceso que se ha trabajado de la mano con un grupo interdisciplinario compuesto por abogados, ingenieros y arquitectos. Allí la contraloría halló responsabilidad en ambos contratos.
“Los hallazgos son 14 en materia disciplinaria, 6 de tipo fiscal y 16 de tipo administrativo para un total de $5.064.000 millones de pesos. En los hallazgos fiscales, resalta uno por $2.321 millones de pesos por presunto daño fiscal en pago desproporcionado de conformación de una calzada. También hallazgos por sobrecostos en compra de maquinaria por $2.127 millones de pesos donde no permitieron que se presentaran mejores precios y hubo presunto favorecimiento a terceros”, dijo Diego Fran Ariza, contralor de Santander.
La Contraloría de Santander aclaró que estas investigaciones también se adelantan en la Procuraduría General de la Nación.
“El doctor Richard Aguilar es el responsable de estos hallazgos, así como secretarios de infraestructura y contratistas de la época”, aseguró el contralor.
La polémica surgió en primer lugar porque todo apuntaba a que se estaba comprando una maquinaria china. Sin embargo, para la Contraloría, el problema radica en que los alcaldes o gobernadores no pueden sacar subasta inversa o licitación pública para comprar una marca sino que deben sacar una licitación con condiciones técnicas específicas.
La Contraloría espera las contradicciones que presenten los señalados por estos daños fiscales.
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