Por presunta corrupción inició otro juicio contra Hugo Aguilar

Un nuevo juicio afronta ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntos hechos de corrupción, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, cuando se desempeñó como gobernador de Santander. La Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de Santander Hugo Aguilar por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el manejo de más de $20.000 millones del Parque Nacional del Chicamocha, conocido como Panachi. Aguilar deberá responder por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, ante la Corte Suprema de Justicia.Vea también: Fiscalía inició la extinción de bienes del exgobernador Hugo Aguilar Para la Fiscalía, el exgobernador, como presidente de la junta directiva de Panachi, “para efectuar el proyecto en el parque fueron realizados doce convenios por valor superior a los 21.000 millones de pesos, suma de la cual hubo deducción por concepto de gastos de administración, que al parecer no estuvieron estipulados originalmente en los contratos”. El exgobernador de Santander será juzgado por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por aplicación diferente durante su Gobernación De acuerdo con la Fiscalía, existe una serie de pruebas testimoniales y documentales sobre el presunto manejo irregular del dinero que recibía el parque Panachi, con el cual se realizaron contratos con fundaciones, los cuales no se cumplieron, pero sí se pagaron. Aguilar, además, tiene otra investigación por el presunto delito de lavado de activos por el cual le fueron incautados varios bienes avaluados en más de $17.000 millones. Este caso judicial comenzó con el escándalo del ‘Posche’. Por este hecho también son investigados su exesposa Mónica María Barrera Carreño, su exsuegra Socorro Carreño y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, por presunto incremento patrimonial. Hugo Aguilar ya había pagado una condena de 6 años por nexos con paramilitares que le ayudaron a ser gobernador de Santander en el 2003. El fallo condenatorio fue proferido por la Corte Suprema de Justicia.