La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El exmandatario no aceptó los cargos formulados.La imputación se relaciona con el contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, suscrito por la Gobernación de Santander por un valor de 650 millones de pesos, cuyo propósito era la compra de juguetes para niñas y niños de bajos recursos durante la época navideña.De acuerdo con la Fiscalía, Aguilar, en su calidad de ordenador del gasto, habría incumplido su deber constitucional de ejercer vigilancia, control y seguimiento sobre el proceso contractual, al delegar dicha responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta omisión habría facilitado varias anomalías en la etapa precontractual.Durante la audiencia ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia detalló múltiples fallas en la planeación del contrato. Entre ellas, la falta de un censo poblacional que identificara cuántos menores se beneficiarían del proyecto y en qué municipios se encontraban, así como la ausencia de una justificación clara para llevar a cabo la compra y la omisión del proceso de licitación pública."El contrato terminó adjudicándose a una fundación que no contaba con la capacidad ni la idoneidad necesarias para ejecutar el encargo. Aunque estaba obligada a entregar 130.000 juguetes, solo se comprobó la entrega de 36.000. A esto se suma que el valor de cada artículo fue modificado, pasando de 5.000 a 6.500 pesos, sin una justificación técnica suficiente", dice el informe de la Fiscalía. Pese a estos incumplimientos y modificaciones, la Gobernación de Santander realizó el pago completo del contrato, lo que, según la investigación, permitió que el contratista se apropiara de 416 millones de pesos.El exgobernador de Santander no aceptó los cargos en su contra. Cabe recordar que Hugo Aguilar ya pago una condena de 9 años por parapolítica.
Una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un millonario contrato de regalos de navidad firmado durante su administración.De acuerdo con el ente acusador, al cuestionado exgobernador de Santander se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos están relacionados con un contrato firmado en el año 2007, por un valor superior a los 650 millones de pesos, cuyo objeto era el "apoyo financiero por parte del departamento a la fundación para ejecutar el proyecto de apoyo para la adquisición de regalos para la celebración del Aguinaldo Feliz de los niños del departamento".La Fiscalía considera que en la celebración de dicho contrato se habrían presentado irregularidades que comprometen la legalidad del proceso y el manejo de los recursos públicos.Este caso se suma a otras actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los actuales congresistas Johany Palacios y Mary Perdomo, por peculado y hechos de corrupción. Hace una semana el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue visto en Bogotá duranta la ceremonia de graduación de su hijo, también exgobernador Ricard Aguilar, quien recibió el título de Doctorado en Derecho. Ricard Aguilar y Mauricio Aguilar, exgobernadores de Santander e hijos de Hugo Aguilar, también son investigados por hechos de corrupción. La fecha de la audiencia de imputación contra Aguilar Naranjo será fijada próximamente por la autoridad judicial competente.
En medio del escándalo por presunta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira, el exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, hizo una declaración a través de sus redes sociales, desligándose por completo del exalcalde de Sabana de Torres, Sneyder Pinilla."Para dejarlo absolutamente claro: hace 9 años, cortamos todo lazo con el señor Pinilla tras respaldar su candidatura. No tenemos ningún tipo de relación con él ni contratos con la UNGRD.", escribió en la red social X.La declaración surge en respuesta a las críticas que han llovido sobre la familia Aguilar por un video en redes sociales que muestra cómo Pinilla llegó a su municipio en una gigantesca caravana, acompañado del exgobernador Hugo Aguilar y de Carlos Fernando Sánchez, quien en ese entonces aspiraba a la Gobernación de Santander. Este video ha avivado las especulaciones sobre la relación entre Aguilar y Pinilla, especialmente considerando el respaldo público que la familia Aguilar brindó al exalcalde durante su campaña en el año 2015.Sin embargo, Aguilar ha señalado que desde hace casi una década han roto todo vínculo con Pinilla, rechazando cualquier implicación en los actos de corrupción que actualmente se investigan."Es injusto que se nos señale constantemente y se intente atribuirnos responsabilidades que no tenemos. Esta persecución sin fundamentos debe terminarse de una vez por todas", escribió en otro post de la red social X.
En 2020 Hugo Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, lo que les informó a los magistrados en la audiencia comenzó a ser cuestionada por diferentes sectores en el departamento.El exgobernador de Santander reconoció que existieron políticos que recibieron apoyo de alias Ernesto Báez y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que, en algunas ocasiones, se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.“Hay verdades ciertas y verdades a medias. Hay que confirmar bien por parte de la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas las declaraciones del exgobernador. El señaló que de los paramilitares no recibió dinero sino apoyo político, lo cual es cuestionable, porque la fortuna de Aguilar no solo es por su trabajo como policía, diputado, gobernador y fincas. Él dijo que no tenía dinero para pagarle a las víctimas de los paramilitares y solo podía entregar $500 mil pesos mensuales cuando lo vieron conduciendo por una vía de Bucaramanga un lujoso vehículo”, manifestó Julio Acelas, director del Observatorio del Delito en Santander.Ana María Díaz, de la Asociaciones de Desaparecidos de Santander, manifestó que durante más de 15 años se ha esperado que el exgobernador cuente la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento.“El conoce muchas cosas que no reveló, porque aún hay víctimas de los paramilitares desaparecidas. Esperamos que sea cierto lo que dijo sobre el caso del lago donde era arrojados los secuestrados”, dijo Díaz.En una entrevista con Blu Radio, el excomandante del batallón Luciano D'Elhuyar de Santander, excoronel Julio César Prieto, quien fue testigo contra Hugo Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el exgobernador no ha dicho toda la verdad sobres los políticos que hicieron alianzas con los paramilitares.“Hugo Aguilar, quiso acabar con mi reputación con faltas afirmaciones, lo demande y ocho años después se tuvo que retractar, pero para mí fue una sorpresa que volviera a atacarme en la audiencia en la JEP, indignándome la comisión de una serie de hechos delictivos, según lo expuesto al final de la audiencia”, afirmó excoronel Prieto.Manifestó el excomandante militar que hay políticos como el exdiputado Luis José Arenas Prada, que se reunió junto con Hugo Aguilar con paramilitares en San Vicente de Chucurí, para hacer acuerdo políticos.Julio César Prieto, señaló que “falta muchas cosas porque Hugo Aguilar cuente sí realmente quiere contar por la verdad, la justicia y la reparación”.
Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
Este martes, 23 de enero, durante la audiencia de aporte único a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y el coronel en retiro Hugo Aguilar, salpicó al exmagistrado investigado por el 'cartel de la toga' Leonidas Bustos, y aseguro que por un intermediario le pidió una millonaria suma para reducir su condena.“El mensaje que expuse sobre el magistrado Leonidas Bustos, no fue él, tengo que ser claro, en mayo del 2013 ya había terminado el juicio, estaba a la espera de la condena o absolución de la parapolítica. Claudia García Méndez con la doctora Marta Cristina Pineda visitaban a Iván Moreno, en una ocasión, ella me dice le traigo un mensaje del magistrado Leonidas, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años más en la cárcel, me señala los cinco dedos. Digo yo, ¿cinco dedos?, no, cinco mil millones”, declaró Aguilar ante la JEP.Aguilar puntualizó: “con el respeto del pueblo colombiano les dije, yo no soy ningún mafioso dígale que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. De todos los políticos que estábamos allá, a ellos les aplicaron penas de los 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones y a mí nueve años y una multa de 6.300 millones”.Hay que recordar que el llamado ‘cartel de la toga’ se destapó cuando el excongresista Musa Besaile fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera el expediente que lo vinculaba con paramilitares.De esa investigación nació la trama conocida como el ‘cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados Tarquino y los también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la unidad anticorrupción Gustavo Moreno, y su socio Leonardo Pinilla, condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
Este martes, 23 de enero, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar compareció ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, por sus nexos con el paramilitarismo.Dentro de la diligencia, Aguilar Naranjo entregó unos estudios topográficos y la información sobre una finca llamada Gorgona, que estaría ubicada en el municipio de Lebrija, en donde pudieran estar los restos de personas dadas por desaparecidas a manos de grupos paramilitares."En la finca Gorgona, que fue de Luis Ramírez, alias ‘Puntilla’, había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago", afirmó ante la JEP el exgobernador.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.También reveló datos sobre asesinatos en Puerto Wilches, cómo empezó su relación con los paramilitares en Santander antes de iniciar su carrera política, así como información sobre una curtiembre en donde alias 'Víctor' enterraba a sus víctimas.La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien estuvo acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de situaciones jurídicas de la JEP."Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales", explicó el magistrado Martínez.Cabe recordar que Aguilar Naranjo solicitó su ingreso ante la JEP como agente del estatal, no integrante de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido aplazar la audiencia pública en la que se evaluaría la participación del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, en casos de parapolítica. Es la ´´ulima oportunidad para que el exmandatario aporte la verdad sobre su relación con grupos paramilitares en el departamento de Santander.“Por motivos de agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente, procede esta subsala a disponer el aplazamiento de la audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena fijada para el día 14 de noviembre de 2023 a la que fue convocado el señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ser realizada el martes 23 de enero de 2024 en la Sala Albert Camus del piso 2 de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá” dice la JEP.Aguilar Naranjo, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había solicitado ante la JEP ser reconocido como un colaborador de la verdad. Sin embargo, la JEP había considerado insuficientes los aportes del exgobernador.La decisión de la JEP ha sido recibida con expectativa por parte de las víctimas de la parapolítica en Santander, quienes esperan que la verdad sobre los hechos ocurridos en la región durante los años de conflicto armado sea finalmente revelada.
La Alcaldía de de Cúcuta rechazó de manera categórica los asesinatos de Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez, ocurridos recientemente en hechos distintos en la capital de Norte de Santander.La Administración Municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las dos mujeres y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.La secretaria de Equidad de Género y Mujer de Cúcuta, Jazlin Reslen, pidió a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.“Cúcuta no puede ser indiferente ante la violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestro llamado a prevenir, denunciar y rechazar cualquier forma de violencia de género”, señaló la funcionaria.El pronunciamiento de la Alcaldía de Cúcuta se produce en medio de la preocupación por los hechos de violencia que afectan a mujeres en la ciudad. La Administración Municipal insistió en la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación de violencia de género y fortalecer las acciones institucionales de prevención.La Alcaldía recordó que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, así como quienes conozcan un caso, pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 155, donde reciben orientación y acompañamiento.En situaciones de riesgo o emergencia inmediata, la recomendación es comunicarse con la línea 123.Las autoridades deberán establecer las circunstancias de cada uno de los asesinatos y determinar si alguno de los casos está relacionado con violencia de género o puede ser investigado como feminicidio.
La atención a las víctimas del terremoto continúa en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, mientras avanzan las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.Medicina Legal confirmó que, hasta el momento, ha recibido 202 cuerpos relacionados con la emergencia ocasionada por el sismo. De ese total, los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.La mayoría de las personas identificadas se encuentran en Pereira y Cali, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad. En paralelo, continúa el proceso para garantizar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esta labor se desarrolla de manera coordinada entre Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se implementó un sistema único de información para agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y facilitar posteriormente su entrega a los familiares.“Se implementó un sistema único de información que permite conocer en el menor tiempo posible la identificación, para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares”, señaló la Fiscalía, según la información suministrada.Además de las labores forenses, la Fiscalía mantiene desplegado personal para atender las diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las labores de búsqueda y rescate, levantamiento de cuerpos y demás diligencias relacionadas con la emergencia.La presencia de estos funcionarios se distribuyó de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con especial despliegue en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.A estas labores se suma una iniciativa anunciada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre una alianza con el sector funerario para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas. La alianza contempla dos modalidades de apoyo. La primera consiste en el acompañamiento y efectividad de pólizas, mediante orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal.La segunda modalidad contempla la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.De acuerdo con la información entregada, las entidades del sector funerario que dispusieron su infraestructura para atender la emergencia son Capillas de la Fe, con cobertura focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la coordinación para completar la identificación de los cuerpos que aún permanecen pendientes y garantizar que, una vez culminados los procedimientos correspondientes, puedan ser entregados de manera digna a sus familiares.
El hecho quedó registrado en un video que fue publicado en redes sociales y en el que se observa el momento en que el conductor de un bus de servicio público le propina un puño a uno de los agentes que se encontraba realizando labores de regulación del tráfico en un accidente de tránsito con personas lesionadas.De acuerdo con el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, los agentes habían cerrado la vía mientras atendían la emergencia. Sin embargo, el conductor habría intentado continuar su recorrido en contravía, por lo que uno de los funcionarios lo detuvo para evitar una situación de mayor riesgo.“Una persona inescrupulosa intentó ir en contravía mientras los agentes estaban atendiendo el accidente. El agente, para evitar una tragedia mayor, lo detiene y esta persona se baja de su bus y agrede a uno de nuestros agentes de tránsito”, señaló Manrique.El funcionario aseguró que ya se adelantan las labores para establecer plenamente la identidad del conductor y determinar a qué empresa de transporte público está vinculado, con el propósito de iniciar las acciones legales correspondientes.“Ya estamos identificando a esta persona y a la empresa de transporte público a la cual brindaba el servicio de conductor. Vamos a iniciar todos los procesos legales a que haya lugar con los entes de control para iniciar un proceso de judicialización con esta persona”, indicó el director de Tránsito.Manrique rechazó la agresión y aseguró que este tipo de comportamientos no serán tolerados contra los funcionarios encargados de regular la movilidad en la ciudad.El director también envió un mensaje de solidaridad al agente agredido y a los demás funcionarios de tránsito, al tiempo que anunció el fortalecimiento de los operativos de movilidad con acompañamiento de diferentes autoridades.El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer la identidad del conductor, su vínculo laboral con la empresa de transporte y las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.
Cuando los rescatistas llevaban cerca de 48 horas removiendo toneladas de hierros retorcidos y concreto en las Torres del Limonar, en Cali, una señal de vida ilusionó a quienes seguían buscando entre los restos de uno de los edificios destruidos por el terremoto que sacudió al país el lunes.Era Antonio, un perro que apareció con vida durante la madrugada de este miércoles, a más de nueve metros de profundidad entre los escombros.Su rescate fue celebrado como una pequeña victoria en medio de una tragedia que ha dejado más de 50 edificaciones colapsadas en Cali y un balance nacional de al menos 181 personas fallecidas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos. Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo de la torre de apartamentos colapsada. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él."Lo encontramos en un área despejada y abierta debajo de los escombros, corría a un lado y otro. Fueron horas de duro trabajo", contó uno de los voluntarios que participó en el rescate.El animal tenía lesiones en una de sus patas y varias raspaduras en el cuerpo, pero consiguió salir con vida de la zona de desastre gracias a las atenciones que recibió de médicos veterinarios que se sumaron a las labores del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Cali.En una vivienda vecina, que hoy es un improvisado campamento, fue canalizado, recibió medicamentos y quedó bajo observación."El perrito fue auxiliado por nuestros veterinarios, que lo canalizaron y le pusieron medicamentos para hidratarlo. Su condición de salud es estable y ahora también trabajamos para rescatar a Copito, el otro perro de la familia, que también puede estar con vida", explicó el médico veterinario Martín Ortiz, del CBA.Ortiz recordó que los animales son seres que también sienten, "que merecen ser tratados con amor y atendidos con todas las capacidades como los humanos".Respiro en medio de la incertidumbrePara Camila Sepúlveda, dueña del animal, la aparición de Antonio fue mucho más que el rescate de un perro.Entre lágrimas, la joven espera noticias de su madre, Luz Adriana Correa, y de su abuela, Mélida Betancourt, quienes vivían en el primer piso de la vivienda familiar que quedó completamente destruida.Era el hogar donde Camila creció. Ahora solo quedan los restos de la edificación y una búsqueda que todavía no termina."Si Antonio está bien, yo sé que mi mamá y mi abuela están bien. Él estaba con ellas, estoy segura, él nunca las dejaba solas", dijo la joven, aferrándose a la fe y la esperanza.Antonio era uno de los animales que estaban en el inmueble cuando ocurrió el terremoto y su rescate alimenta ahora la esperanza de Camila y de otras familias que permanecen alrededor de los edificios destruidos, esperando una señal, un ruido o cualquier indicio que permita saber que sus seres queridos siguen con vida.
El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado una ola de dolor en todo el país. Pese a ello, las ayudas humanitarias llegan desde todos los rincones, así como el apoyo de equipos de emergencia. Debido al alto número de muertos, Cali se ha convertido en uno de los puntos de atención en la búsqueda de personas desaparecidas y en una de las prioridades de los organismos de socorro.Ante esta situación en la capital del Valle del Cauca, Dastan y Gasper, dos perros especializados del Equipo de Búsqueda y Rescate con Caninos K9/BRAE de los Bomberos de Bogotá, fueron enviados desde la capital para apoyar las labores de localización de las personas que todavía podrían estar atrapadas entre los escombros.¿Quiénes son Dastan y Gasper, los perros rescatistas?Uno de los integrantes más experimentados del equipo de búsqueda es Dastan, un pastor belga malinois de siete años, quien reside en Colombia desde 2020, proveniente de España como parte de la renovación de la unidad especializada.Desde entonces, el perro ha sido entrenado para intervenir en varios escenarios de emergencia y además cuenta con certificación internacional en este campo. También ha participado en operaciones de búsqueda y rescate fuera del país, entre ellas la más reciente en Venezuela.Ahora, el perro regresó al trabajo para desplazarse hasta Cali y así recorrer la ciudad en compañía de los rescatistas para encontrar a las personas desaparecidas.Gasper, por su parte, hace parte del equipo especializado que llegó a la capital del Valle del Cauca. Ambos caninos tienen preparación para desenvolverse entre estructuras complejas y utilizar además su olfato para detectar posibles señales de personas bajo los escombros.¿Cómo ayudan los perros en la búsqueda tras un terremoto?En una emergencia de este tipo, los caninos especializados se convierten en apoyo para los equipos que inspeccionan edificaciones afectadas. Su entrenamiento está orientado a identificar señales de personas que podrían encontrarse bajo estructuras colapsadas.Mientras avanzan las labores en Cali, las autoridades mantienen diferentes medidas para atender la emergencia. Entre ellas está la alerta roja hospitalaria, que busca priorizar la atención de heridos y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.Además, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle declararon la calamidad pública para fortalecer la respuesta institucional. También fue suspendido el Festival Petronio Álvarez, que esta semana tenía prevista la celebración de sus 30 años.En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó la suspensión del pico y placa para este martes 11 de agosto.