La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El exmandatario no aceptó los cargos formulados.La imputación se relaciona con el contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, suscrito por la Gobernación de Santander por un valor de 650 millones de pesos, cuyo propósito era la compra de juguetes para niñas y niños de bajos recursos durante la época navideña.De acuerdo con la Fiscalía, Aguilar, en su calidad de ordenador del gasto, habría incumplido su deber constitucional de ejercer vigilancia, control y seguimiento sobre el proceso contractual, al delegar dicha responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta omisión habría facilitado varias anomalías en la etapa precontractual.Durante la audiencia ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia detalló múltiples fallas en la planeación del contrato. Entre ellas, la falta de un censo poblacional que identificara cuántos menores se beneficiarían del proyecto y en qué municipios se encontraban, así como la ausencia de una justificación clara para llevar a cabo la compra y la omisión del proceso de licitación pública."El contrato terminó adjudicándose a una fundación que no contaba con la capacidad ni la idoneidad necesarias para ejecutar el encargo. Aunque estaba obligada a entregar 130.000 juguetes, solo se comprobó la entrega de 36.000. A esto se suma que el valor de cada artículo fue modificado, pasando de 5.000 a 6.500 pesos, sin una justificación técnica suficiente", dice el informe de la Fiscalía. Pese a estos incumplimientos y modificaciones, la Gobernación de Santander realizó el pago completo del contrato, lo que, según la investigación, permitió que el contratista se apropiara de 416 millones de pesos.El exgobernador de Santander no aceptó los cargos en su contra. Cabe recordar que Hugo Aguilar ya pago una condena de 9 años por parapolítica.
Una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un millonario contrato de regalos de navidad firmado durante su administración.De acuerdo con el ente acusador, al cuestionado exgobernador de Santander se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos están relacionados con un contrato firmado en el año 2007, por un valor superior a los 650 millones de pesos, cuyo objeto era el "apoyo financiero por parte del departamento a la fundación para ejecutar el proyecto de apoyo para la adquisición de regalos para la celebración del Aguinaldo Feliz de los niños del departamento".La Fiscalía considera que en la celebración de dicho contrato se habrían presentado irregularidades que comprometen la legalidad del proceso y el manejo de los recursos públicos.Este caso se suma a otras actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los actuales congresistas Johany Palacios y Mary Perdomo, por peculado y hechos de corrupción. Hace una semana el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue visto en Bogotá duranta la ceremonia de graduación de su hijo, también exgobernador Ricard Aguilar, quien recibió el título de Doctorado en Derecho. Ricard Aguilar y Mauricio Aguilar, exgobernadores de Santander e hijos de Hugo Aguilar, también son investigados por hechos de corrupción. La fecha de la audiencia de imputación contra Aguilar Naranjo será fijada próximamente por la autoridad judicial competente.
En medio del escándalo por presunta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira, el exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, hizo una declaración a través de sus redes sociales, desligándose por completo del exalcalde de Sabana de Torres, Sneyder Pinilla."Para dejarlo absolutamente claro: hace 9 años, cortamos todo lazo con el señor Pinilla tras respaldar su candidatura. No tenemos ningún tipo de relación con él ni contratos con la UNGRD.", escribió en la red social X.La declaración surge en respuesta a las críticas que han llovido sobre la familia Aguilar por un video en redes sociales que muestra cómo Pinilla llegó a su municipio en una gigantesca caravana, acompañado del exgobernador Hugo Aguilar y de Carlos Fernando Sánchez, quien en ese entonces aspiraba a la Gobernación de Santander. Este video ha avivado las especulaciones sobre la relación entre Aguilar y Pinilla, especialmente considerando el respaldo público que la familia Aguilar brindó al exalcalde durante su campaña en el año 2015.Sin embargo, Aguilar ha señalado que desde hace casi una década han roto todo vínculo con Pinilla, rechazando cualquier implicación en los actos de corrupción que actualmente se investigan."Es injusto que se nos señale constantemente y se intente atribuirnos responsabilidades que no tenemos. Esta persecución sin fundamentos debe terminarse de una vez por todas", escribió en otro post de la red social X.
En 2020 Hugo Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, lo que les informó a los magistrados en la audiencia comenzó a ser cuestionada por diferentes sectores en el departamento.El exgobernador de Santander reconoció que existieron políticos que recibieron apoyo de alias Ernesto Báez y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que, en algunas ocasiones, se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.“Hay verdades ciertas y verdades a medias. Hay que confirmar bien por parte de la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas las declaraciones del exgobernador. El señaló que de los paramilitares no recibió dinero sino apoyo político, lo cual es cuestionable, porque la fortuna de Aguilar no solo es por su trabajo como policía, diputado, gobernador y fincas. Él dijo que no tenía dinero para pagarle a las víctimas de los paramilitares y solo podía entregar $500 mil pesos mensuales cuando lo vieron conduciendo por una vía de Bucaramanga un lujoso vehículo”, manifestó Julio Acelas, director del Observatorio del Delito en Santander.Ana María Díaz, de la Asociaciones de Desaparecidos de Santander, manifestó que durante más de 15 años se ha esperado que el exgobernador cuente la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento.“El conoce muchas cosas que no reveló, porque aún hay víctimas de los paramilitares desaparecidas. Esperamos que sea cierto lo que dijo sobre el caso del lago donde era arrojados los secuestrados”, dijo Díaz.En una entrevista con Blu Radio, el excomandante del batallón Luciano D'Elhuyar de Santander, excoronel Julio César Prieto, quien fue testigo contra Hugo Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el exgobernador no ha dicho toda la verdad sobres los políticos que hicieron alianzas con los paramilitares.“Hugo Aguilar, quiso acabar con mi reputación con faltas afirmaciones, lo demande y ocho años después se tuvo que retractar, pero para mí fue una sorpresa que volviera a atacarme en la audiencia en la JEP, indignándome la comisión de una serie de hechos delictivos, según lo expuesto al final de la audiencia”, afirmó excoronel Prieto.Manifestó el excomandante militar que hay políticos como el exdiputado Luis José Arenas Prada, que se reunió junto con Hugo Aguilar con paramilitares en San Vicente de Chucurí, para hacer acuerdo políticos.Julio César Prieto, señaló que “falta muchas cosas porque Hugo Aguilar cuente sí realmente quiere contar por la verdad, la justicia y la reparación”.
Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
Este martes, 23 de enero, durante la audiencia de aporte único a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y el coronel en retiro Hugo Aguilar, salpicó al exmagistrado investigado por el 'cartel de la toga' Leonidas Bustos, y aseguro que por un intermediario le pidió una millonaria suma para reducir su condena.“El mensaje que expuse sobre el magistrado Leonidas Bustos, no fue él, tengo que ser claro, en mayo del 2013 ya había terminado el juicio, estaba a la espera de la condena o absolución de la parapolítica. Claudia García Méndez con la doctora Marta Cristina Pineda visitaban a Iván Moreno, en una ocasión, ella me dice le traigo un mensaje del magistrado Leonidas, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años más en la cárcel, me señala los cinco dedos. Digo yo, ¿cinco dedos?, no, cinco mil millones”, declaró Aguilar ante la JEP.Aguilar puntualizó: “con el respeto del pueblo colombiano les dije, yo no soy ningún mafioso dígale que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. De todos los políticos que estábamos allá, a ellos les aplicaron penas de los 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones y a mí nueve años y una multa de 6.300 millones”.Hay que recordar que el llamado ‘cartel de la toga’ se destapó cuando el excongresista Musa Besaile fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera el expediente que lo vinculaba con paramilitares.De esa investigación nació la trama conocida como el ‘cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados Tarquino y los también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la unidad anticorrupción Gustavo Moreno, y su socio Leonardo Pinilla, condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
Este martes, 23 de enero, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar compareció ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, por sus nexos con el paramilitarismo.Dentro de la diligencia, Aguilar Naranjo entregó unos estudios topográficos y la información sobre una finca llamada Gorgona, que estaría ubicada en el municipio de Lebrija, en donde pudieran estar los restos de personas dadas por desaparecidas a manos de grupos paramilitares."En la finca Gorgona, que fue de Luis Ramírez, alias ‘Puntilla’, había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago", afirmó ante la JEP el exgobernador.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.También reveló datos sobre asesinatos en Puerto Wilches, cómo empezó su relación con los paramilitares en Santander antes de iniciar su carrera política, así como información sobre una curtiembre en donde alias 'Víctor' enterraba a sus víctimas.La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien estuvo acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de situaciones jurídicas de la JEP."Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales", explicó el magistrado Martínez.Cabe recordar que Aguilar Naranjo solicitó su ingreso ante la JEP como agente del estatal, no integrante de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido aplazar la audiencia pública en la que se evaluaría la participación del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, en casos de parapolítica. Es la ´´ulima oportunidad para que el exmandatario aporte la verdad sobre su relación con grupos paramilitares en el departamento de Santander.“Por motivos de agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente, procede esta subsala a disponer el aplazamiento de la audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena fijada para el día 14 de noviembre de 2023 a la que fue convocado el señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ser realizada el martes 23 de enero de 2024 en la Sala Albert Camus del piso 2 de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá” dice la JEP.Aguilar Naranjo, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había solicitado ante la JEP ser reconocido como un colaborador de la verdad. Sin embargo, la JEP había considerado insuficientes los aportes del exgobernador.La decisión de la JEP ha sido recibida con expectativa por parte de las víctimas de la parapolítica en Santander, quienes esperan que la verdad sobre los hechos ocurridos en la región durante los años de conflicto armado sea finalmente revelada.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.