La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El exmandatario no aceptó los cargos formulados.La imputación se relaciona con el contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, suscrito por la Gobernación de Santander por un valor de 650 millones de pesos, cuyo propósito era la compra de juguetes para niñas y niños de bajos recursos durante la época navideña.De acuerdo con la Fiscalía, Aguilar, en su calidad de ordenador del gasto, habría incumplido su deber constitucional de ejercer vigilancia, control y seguimiento sobre el proceso contractual, al delegar dicha responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta omisión habría facilitado varias anomalías en la etapa precontractual.Durante la audiencia ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia detalló múltiples fallas en la planeación del contrato. Entre ellas, la falta de un censo poblacional que identificara cuántos menores se beneficiarían del proyecto y en qué municipios se encontraban, así como la ausencia de una justificación clara para llevar a cabo la compra y la omisión del proceso de licitación pública."El contrato terminó adjudicándose a una fundación que no contaba con la capacidad ni la idoneidad necesarias para ejecutar el encargo. Aunque estaba obligada a entregar 130.000 juguetes, solo se comprobó la entrega de 36.000. A esto se suma que el valor de cada artículo fue modificado, pasando de 5.000 a 6.500 pesos, sin una justificación técnica suficiente", dice el informe de la Fiscalía. Pese a estos incumplimientos y modificaciones, la Gobernación de Santander realizó el pago completo del contrato, lo que, según la investigación, permitió que el contratista se apropiara de 416 millones de pesos.El exgobernador de Santander no aceptó los cargos en su contra. Cabe recordar que Hugo Aguilar ya pago una condena de 9 años por parapolítica.
Una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación contra el exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un millonario contrato de regalos de navidad firmado durante su administración.De acuerdo con el ente acusador, al cuestionado exgobernador de Santander se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos están relacionados con un contrato firmado en el año 2007, por un valor superior a los 650 millones de pesos, cuyo objeto era el "apoyo financiero por parte del departamento a la fundación para ejecutar el proyecto de apoyo para la adquisición de regalos para la celebración del Aguinaldo Feliz de los niños del departamento".La Fiscalía considera que en la celebración de dicho contrato se habrían presentado irregularidades que comprometen la legalidad del proceso y el manejo de los recursos públicos.Este caso se suma a otras actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los actuales congresistas Johany Palacios y Mary Perdomo, por peculado y hechos de corrupción. Hace una semana el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue visto en Bogotá duranta la ceremonia de graduación de su hijo, también exgobernador Ricard Aguilar, quien recibió el título de Doctorado en Derecho. Ricard Aguilar y Mauricio Aguilar, exgobernadores de Santander e hijos de Hugo Aguilar, también son investigados por hechos de corrupción. La fecha de la audiencia de imputación contra Aguilar Naranjo será fijada próximamente por la autoridad judicial competente.
En medio del escándalo por presunta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira, el exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, hizo una declaración a través de sus redes sociales, desligándose por completo del exalcalde de Sabana de Torres, Sneyder Pinilla."Para dejarlo absolutamente claro: hace 9 años, cortamos todo lazo con el señor Pinilla tras respaldar su candidatura. No tenemos ningún tipo de relación con él ni contratos con la UNGRD.", escribió en la red social X.La declaración surge en respuesta a las críticas que han llovido sobre la familia Aguilar por un video en redes sociales que muestra cómo Pinilla llegó a su municipio en una gigantesca caravana, acompañado del exgobernador Hugo Aguilar y de Carlos Fernando Sánchez, quien en ese entonces aspiraba a la Gobernación de Santander. Este video ha avivado las especulaciones sobre la relación entre Aguilar y Pinilla, especialmente considerando el respaldo público que la familia Aguilar brindó al exalcalde durante su campaña en el año 2015.Sin embargo, Aguilar ha señalado que desde hace casi una década han roto todo vínculo con Pinilla, rechazando cualquier implicación en los actos de corrupción que actualmente se investigan."Es injusto que se nos señale constantemente y se intente atribuirnos responsabilidades que no tenemos. Esta persecución sin fundamentos debe terminarse de una vez por todas", escribió en otro post de la red social X.
En 2020 Hugo Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, lo que les informó a los magistrados en la audiencia comenzó a ser cuestionada por diferentes sectores en el departamento.El exgobernador de Santander reconoció que existieron políticos que recibieron apoyo de alias Ernesto Báez y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que, en algunas ocasiones, se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.“Hay verdades ciertas y verdades a medias. Hay que confirmar bien por parte de la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas las declaraciones del exgobernador. El señaló que de los paramilitares no recibió dinero sino apoyo político, lo cual es cuestionable, porque la fortuna de Aguilar no solo es por su trabajo como policía, diputado, gobernador y fincas. Él dijo que no tenía dinero para pagarle a las víctimas de los paramilitares y solo podía entregar $500 mil pesos mensuales cuando lo vieron conduciendo por una vía de Bucaramanga un lujoso vehículo”, manifestó Julio Acelas, director del Observatorio del Delito en Santander.Ana María Díaz, de la Asociaciones de Desaparecidos de Santander, manifestó que durante más de 15 años se ha esperado que el exgobernador cuente la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento.“El conoce muchas cosas que no reveló, porque aún hay víctimas de los paramilitares desaparecidas. Esperamos que sea cierto lo que dijo sobre el caso del lago donde era arrojados los secuestrados”, dijo Díaz.En una entrevista con Blu Radio, el excomandante del batallón Luciano D'Elhuyar de Santander, excoronel Julio César Prieto, quien fue testigo contra Hugo Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el exgobernador no ha dicho toda la verdad sobres los políticos que hicieron alianzas con los paramilitares.“Hugo Aguilar, quiso acabar con mi reputación con faltas afirmaciones, lo demande y ocho años después se tuvo que retractar, pero para mí fue una sorpresa que volviera a atacarme en la audiencia en la JEP, indignándome la comisión de una serie de hechos delictivos, según lo expuesto al final de la audiencia”, afirmó excoronel Prieto.Manifestó el excomandante militar que hay políticos como el exdiputado Luis José Arenas Prada, que se reunió junto con Hugo Aguilar con paramilitares en San Vicente de Chucurí, para hacer acuerdo políticos.Julio César Prieto, señaló que “falta muchas cosas porque Hugo Aguilar cuente sí realmente quiere contar por la verdad, la justicia y la reparación”.
Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
Este martes, 23 de enero, durante la audiencia de aporte único a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y el coronel en retiro Hugo Aguilar, salpicó al exmagistrado investigado por el 'cartel de la toga' Leonidas Bustos, y aseguro que por un intermediario le pidió una millonaria suma para reducir su condena.“El mensaje que expuse sobre el magistrado Leonidas Bustos, no fue él, tengo que ser claro, en mayo del 2013 ya había terminado el juicio, estaba a la espera de la condena o absolución de la parapolítica. Claudia García Méndez con la doctora Marta Cristina Pineda visitaban a Iván Moreno, en una ocasión, ella me dice le traigo un mensaje del magistrado Leonidas, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años más en la cárcel, me señala los cinco dedos. Digo yo, ¿cinco dedos?, no, cinco mil millones”, declaró Aguilar ante la JEP.Aguilar puntualizó: “con el respeto del pueblo colombiano les dije, yo no soy ningún mafioso dígale que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. De todos los políticos que estábamos allá, a ellos les aplicaron penas de los 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones y a mí nueve años y una multa de 6.300 millones”.Hay que recordar que el llamado ‘cartel de la toga’ se destapó cuando el excongresista Musa Besaile fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera el expediente que lo vinculaba con paramilitares.De esa investigación nació la trama conocida como el ‘cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados Tarquino y los también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la unidad anticorrupción Gustavo Moreno, y su socio Leonardo Pinilla, condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
Este martes, 23 de enero, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar compareció ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, por sus nexos con el paramilitarismo.Dentro de la diligencia, Aguilar Naranjo entregó unos estudios topográficos y la información sobre una finca llamada Gorgona, que estaría ubicada en el municipio de Lebrija, en donde pudieran estar los restos de personas dadas por desaparecidas a manos de grupos paramilitares."En la finca Gorgona, que fue de Luis Ramírez, alias ‘Puntilla’, había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago", afirmó ante la JEP el exgobernador.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.También reveló datos sobre asesinatos en Puerto Wilches, cómo empezó su relación con los paramilitares en Santander antes de iniciar su carrera política, así como información sobre una curtiembre en donde alias 'Víctor' enterraba a sus víctimas.La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien estuvo acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de situaciones jurídicas de la JEP."Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales", explicó el magistrado Martínez.Cabe recordar que Aguilar Naranjo solicitó su ingreso ante la JEP como agente del estatal, no integrante de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido aplazar la audiencia pública en la que se evaluaría la participación del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, en casos de parapolítica. Es la ´´ulima oportunidad para que el exmandatario aporte la verdad sobre su relación con grupos paramilitares en el departamento de Santander.“Por motivos de agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente, procede esta subsala a disponer el aplazamiento de la audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena fijada para el día 14 de noviembre de 2023 a la que fue convocado el señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ser realizada el martes 23 de enero de 2024 en la Sala Albert Camus del piso 2 de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá” dice la JEP.Aguilar Naranjo, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2011 por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había solicitado ante la JEP ser reconocido como un colaborador de la verdad. Sin embargo, la JEP había considerado insuficientes los aportes del exgobernador.La decisión de la JEP ha sido recibida con expectativa por parte de las víctimas de la parapolítica en Santander, quienes esperan que la verdad sobre los hechos ocurridos en la región durante los años de conflicto armado sea finalmente revelada.
Un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.6 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico ColombianoDe acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).Magnitud: 6.6 en la escala de Richter.Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.Sensación del sismo en el territorio nacionalPor la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.