Colombia podría conseguir financiamiento del Fondo Monetario Internacional a una tasa mucho más baja que la que hoy paga en los mercados, pero ese dinero sería apenas un alivio temporal para unas finanzas públicas que siguen bajo presión. Esa es una de las advertencias del centro económico de pensamiento Anif, en medio de la misión técnica que el Gobierno pidió al Fondo para explorar opciones de financiamiento y cooperación. Según advierten los expertos, el déficit fiscal llegaría al 7,2 % del PIB este año y al 9,4 % el próximo.
La ventaja más clara está en el costo. Según Anif, para un crédito que no supere el 300 % de la cuota de Colombia, la tasa estaría alrededor del 3,7 % efectivo anual, mientras que el país paga cerca del 6,6 % cuando sale a los mercados internacionales a emitir deuda en dólares. La diferencia es de casi tres puntos porcentuales en intereses.
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Sin embargo, para Anif, conseguir recursos más baratos no significa solucionar el problema de fondo. El financiamiento del Fondo serviría para aliviar las necesidades de recursos del país en el corto plazo, pero Colombia tendría que seguir tomando medidas para reducir el déficit y ordenar sus cuentas. Además, el acceso a algunos de estos créditos implica compromisos y revisiones sobre las metas fiscales.
También hay costos adicionales. Si el préstamo supera ciertos límites o se mantiene durante más tiempo, pueden cobrarse intereses adicionales. Colombia también tendría que pagar por cada desembolso y, si se aprueba una línea preventiva que finalmente no utiliza, tendría que asumir una comisión por mantener esos recursos disponibles.
La otra condición está en el margen de maniobra del Gobierno. En algunas de las opciones que estudia el Fondo, Colombia tendría que comprometerse con medidas para reducir el déficit y demostrar avances en sus cuentas. Además, habría revisiones periódicas para verificar que se estén cumpliendo las metas acordadas.
Entre las alternativas, Anif considera que la opción que más le convendría al país sería la Línea de Precaución y Liquidez, un mecanismo pensado para economías que mantienen condiciones macroeconómicas sólidas. Sin embargo, para acceder a ella, Colombia tendría que demostrar un manejo adecuado de sus cuentas y presentar medidas creíbles para enfrentar el deterioro fiscal.
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Si no cumple con esas condiciones, aparece como alternativa un Acuerdo Stand-By, que tendría mayores exigencias. En ese escenario, los recursos estarían más directamente ligados al cumplimiento de metas sobre las cuentas públicas, la inflación y las reservas internacionales, además de compromisos en temas como impuestos, gasto, pensiones y transferencias a las regiones.
Colombia ya tiene experiencia recurriendo al Fondo. En 1999, durante la crisis económica, el país firmó un acuerdo por cerca de 1.957 millones de Derechos Especiales de Giro, pero nunca utilizó esos recursos. Luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se firmaron dos acuerdos Stand-By, también sin que el país terminara dependiendo de esos recursos como fuente de financiamiento.
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Desde 2009, Colombia utilizó principalmente la Línea de Crédito Flexible como respaldo preventivo. Ese acuerdo terminó en octubre de 2025, cuando el Gobierno canceló una línea por 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro. Para Anif, esa historia muestra que el Fondo ha funcionado para Colombia más como un respaldo para generar confianza en los mercados que como una fuente permanente de recursos.