El proyecto de Ley Rescate Económico radicado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella plantea la reducción del gasto público, el aumento del recaudo tributario, incentivo a la inversión privada y el robustecimiento institucional para la regla fiscal. Frente a esta propuesta, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras tiene una postura constructiva, pero de advertencia. Para el gremio, el ajuste es impostergable porque no hacer nada saldría mucho más caro, ya que según advierten, no solo se dispararon el déficit y la deuda, sino que el Gobierno terminaría con problemas para pagar sus gastos sociales y de funcionamiento.De no llevar a cabo el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno, la ANIF advierte consecuencias severas e insostenibles para la economía colombiana, entre ellos, aseguraron que el déficit fiscal podría alcanzar el 9.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, lo que representaría el desbalance fiscal más alto en 30 años. Si esto llegase a suceder, él hueco de financiamiento en 2027 sería altísimo, que según ANIF les requerirá conseguir endeudamiento por cerca de $200 billones.Pero la proyección para 2028 empeoraría, según asegura ANIF, la deuda pública superaría el 70% del PIB, entrando en una trayectoria fiscalmente insostenible. Pero además, si no se efectúa el ajuste fiscal, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras advierten que, con esas protecciones, la elevada necesidad de recursos podría dejar las tasas de interés de los títulos de deuda pública hasta por encima del 15%.ANIF reconoce que varias propuestas van en la dirección correcta, como recortar y hacer más eficiente el gasto público, incentivar la inversión privada y endurecer las reglas para cumplir la regla fiscal. Pero también expresa sorpresa por la cantidad de medidas tributarias que no se esperaban y que ponen más presión sobre los contribuyentes. Por eso pide al Congreso no limitarse a aprobar o rechazar, sino perfeccionar el proyecto y construir consensos, de modo que se mantenga el tamaño del ajuste sin golpear la actividad económica ni a la población más vulnerable.Desde la Asociación advierten que, para evitar estos problemas, Colombia necesita reducir su déficit en unos 43 billones de pesos durante 2027, lo que equivale a cerca del 2 % de la economía. Por eso, considera urgente que el Gobierno ponga en marcha un plan para reducir el gasto y ordenar las finanzas del país.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, aseguró que la ley de rescate fiscal que el Gobierno espera presentar esta semana debe concentrarse principalmente en reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de los recursos del Estado. Aunque reconoció que podrían necesitar medidas para aumentar el recaudo, insistió en que estas no deben convertirse en el eje del ajuste ni frenar el crecimiento de las empresas y el emprendimiento en Colombia.“Lo que hemos visto en los últimos años es que con la reforma tributaria se penaliza o se carga mucho la actividad formal de emprendimiento y el país ha estado creciendo, digamos, a unas tasas que hacen que la situación fiscal no se no se solucione. Entonces, finalmente, hay que haber un compromiso entre cuánto se quiere más de ingresos y cómo se minimiza ese costo desde el punto de vista de generar los incentivos para que el sector formal y las empresas del país y el emprendimiento siga creciendo”, afirmó López.El dirigente gremial explicó que ANIF ya compartió con el Gobierno una serie de propuestas para aumentar los ingresos del Estado sin recurrir necesariamente a nuevos impuestos. Entre ellas está eliminar algunas deducciones tributarias que, según el centro de estudios económicos, no deberían existir. “Eso aumenta el recaudo, pero no genera una señal amplia de qué va a ser más difícil emprender y crecer”, dijo el presidente de la Asociación.ANIF pide revisar el aumento del salario mínimoPor otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) José Ignacio López planteó que la negociación debe partir de criterios técnicos, como la inflación y el crecimiento de la productividad, y tener en cuenta tanto el beneficio para los trabajadores como los posibles efectos sobre los precios y el empleo formal. “En la mesa de concertación debería haber un equilibrio entre el beneficio que ven los hogares cuando se les incrementa el salario versus el costo, vía inflación y el costo de menor formalización y menor empleo”, sostuvo.El presidente de ANIF agregó que el aumento del salario mínimo de este año no se ha traducido en un crecimiento equivalente del consumo de los hogares. “Este año, el gasto de los hogares está creciendo muy por debajo de lo que creció el incremento del salario mínimo. ¿Y eso eso qué nos indica? Que muchos hogares colombianos no se vieron beneficiados del incremento del salario mínimo, que están viendo cómo la inflación sí afecta a su bolsillo y que están viendo cómo están en riesgo sus puestos de trabajo”, afirmó López.A esta discusión del salario mínimo se suma que los expertos, entre esos el presidente de ANIF, proyectan que la inflación cerraría este año en el 6,6 %, en medio de las presiones sobre los servicios, los servicios públicos y los alimentos, estas últimas relacionadas, entre otros factores, con el fenómeno de El Niño. Una de las preocupaciones del gremio es que estos aumentos, que inicialmente podrían ser temporales, terminen prolongándose si se tienen en cuenta de manera excesiva al momento de definir el incremento del salario mínimo para 2027.
El incremento del salario mínimo de 2027 deberá velar por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero ponderando sus impactos en el mercado de trabajo, la inflación y los costos fiscales de la medida. Así lo planteó el Centro de Pensamiento Económico Anif, a propósito de la primera negociación del mínimo que mediará la administración de Abelardo de la Espriella.Según Anif, la discusión tendrá que tener en cuenta lo que dejó el aumento de 2026, es decir, compresión salarial y un mayor número de ocupaciones informales. A eso se suman las presiones inflacionarias por excesos de demanda y el crecimiento moderado del aparato productivo. También señalaron las implicaciones fiscales del incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, "en un escenario de alta estrechez fiscal".El diálogo ya está abierto. El 1 de octubre se realizó la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de la nueva administración, con representantes del Gobierno, los gremios empresariales, las centrales sindicales y las organizaciones de pensionados.La reunión no marcó el inicio de la negociación del salario mínimo, pero se acordó conformar una mesa técnica y jurídica para estudiar asuntos laborales que generan inquietudes, como las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la negociación colectiva, la tercerización y la intermediación laboral.En cuanto al calendario, la instalación formal de la mesa de negociación aún no tiene fecha. A finales de noviembre se conocerán los datos de productividad laboral y a comienzos de diciembre se presentará la inflación de noviembre, junto con los demás insumos sobre crecimiento, mercado laboral y perspectivas macroeconómicas.Con esa información, trabajadores y empleadores presentarán sus propuestas de incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte. Si no hay acuerdo antes del 15 de diciembre, primer plazo legal, el Gobierno deberá fijar el mínimo de 2027 mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre de 2026.
Colombia podría conseguir financiamiento del Fondo Monetario Internacional a una tasa mucho más baja que la que hoy paga en los mercados, pero ese dinero sería apenas un alivio temporal para unas finanzas públicas que siguen bajo presión. Esa es una de las advertencias del centro económico de pensamiento Anif, en medio de la misión técnica que el Gobierno pidió al Fondo para explorar opciones de financiamiento y cooperación. Según advierten los expertos, el déficit fiscal llegaría al 7,2 % del PIB este año y al 9,4 % el próximo.La ventaja más clara está en el costo. Según Anif, para un crédito que no supere el 300 % de la cuota de Colombia, la tasa estaría alrededor del 3,7 % efectivo anual, mientras que el país paga cerca del 6,6 % cuando sale a los mercados internacionales a emitir deuda en dólares. La diferencia es de casi tres puntos porcentuales en intereses.Sin embargo, para Anif, conseguir recursos más baratos no significa solucionar el problema de fondo. El financiamiento del Fondo serviría para aliviar las necesidades de recursos del país en el corto plazo, pero Colombia tendría que seguir tomando medidas para reducir el déficit y ordenar sus cuentas. Además, el acceso a algunos de estos créditos implica compromisos y revisiones sobre las metas fiscales.También hay costos adicionales. Si el préstamo supera ciertos límites o se mantiene durante más tiempo, pueden cobrarse intereses adicionales. Colombia también tendría que pagar por cada desembolso y, si se aprueba una línea preventiva que finalmente no utiliza, tendría que asumir una comisión por mantener esos recursos disponibles.La otra condición está en el margen de maniobra del Gobierno. En algunas de las opciones que estudia el Fondo, Colombia tendría que comprometerse con medidas para reducir el déficit y demostrar avances en sus cuentas. Además, habría revisiones periódicas para verificar que se estén cumpliendo las metas acordadas.Entre las alternativas, Anif considera que la opción que más le convendría al país sería la Línea de Precaución y Liquidez, un mecanismo pensado para economías que mantienen condiciones macroeconómicas sólidas. Sin embargo, para acceder a ella, Colombia tendría que demostrar un manejo adecuado de sus cuentas y presentar medidas creíbles para enfrentar el deterioro fiscal.Si no cumple con esas condiciones, aparece como alternativa un Acuerdo Stand-By, que tendría mayores exigencias. En ese escenario, los recursos estarían más directamente ligados al cumplimiento de metas sobre las cuentas públicas, la inflación y las reservas internacionales, además de compromisos en temas como impuestos, gasto, pensiones y transferencias a las regiones.Colombia ya tiene experiencia recurriendo al Fondo. En 1999, durante la crisis económica, el país firmó un acuerdo por cerca de 1.957 millones de Derechos Especiales de Giro, pero nunca utilizó esos recursos. Luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se firmaron dos acuerdos Stand-By, también sin que el país terminara dependiendo de esos recursos como fuente de financiamiento.Desde 2009, Colombia utilizó principalmente la Línea de Crédito Flexible como respaldo preventivo. Ese acuerdo terminó en octubre de 2025, cuando el Gobierno canceló una línea por 6.133,5 millones de Derechos Especiales de Giro. Para Anif, esa historia muestra que el Fondo ha funcionado para Colombia más como un respaldo para generar confianza en los mercados que como una fuente permanente de recursos.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, analizó el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre su intención de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar salidas a la crisis de las finanzas públicas. De acuerdo con el dirigente gremial, las proyecciones de déficit fiscal para el próximo año alcanzan un 9,4% del PIB, lo cual calificó como una cifra histórica y una situación "muy adversa y muy negativa".Pese a este complejo escenario, López sostuvo que el acompañamiento del organismo multilateral representa una opción favorable. En sus palabras directas, López afirmó que "es una buena noticia de una situación que es mala" y que el acuerdo serviría como "un paliativo" para acceder a recursos con menores costos de interés y "enderezar el rumbo en esta materia".Un financiamiento más barato frente a tasas del mercado externoAl abordar el impacto financiero inmediato, el presidente de ANIF explicó las diferencias entre las opciones de endeudamiento que enfrenta el país. Según López, acudir al mercado internacional en la actualidad equivale a una familia que busca liquidez a través de instrumentos financieros de alto costo.Explicó textualmente que "hoy en día Colombia se tiene que financiar en las condiciones del mercado internacional. Hagamos de cuenta un hogar que tiene que ir a financiarse con tarjeta de crédito a unas tasas altas".En contraste, el vocero de ANIF destacó que pactar un programa con el FMI recortaría significativamente la carga de intereses para la nación. A modo de ilustración, planteó "números de servilletas gruesos" para evidenciar el alivio presupuestal. López aseguró que "Colombia hoy en día se podría financiar tasas a 8% en dólares y con el Fondo Monetario podría financiarse a 4% en dólares, es decir, a la mitad".Asimismo, resaltó que este anuncio podría respaldar una primera emisión en mercados externos, en un contexto internacional convulso donde "estamos viendo una subida enorme de tasas de interés a nivel global".Plazos, condiciones y el ajuste estructural del presupuestoRespecto a los tiempos de negociación, López advirtió que el proceso apenas comienza y que "se puede demorar en perfeccionarse meses o incluso un año". Además, recordó que los programas del FMI traen consigo métricas y compromisos específicos de gasto y recaudación.No obstante, aclaró que la dinámica actual es distinta a la de décadas pasadas, señalando que "ya el fondo no está en la experiencia de los 90 donde venían paquetes sin ningún tipo de conversación".López enfatizó que acudir al FMI no elimina la obligación de equilibrar las cuentas del país. Para resolver el problema de fondo, el presidente de ANIF indicó que Colombia requiere una corrección estructural entre lo que recauda y lo que gasta.En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debe realizar "un recorte importante" y flexibilizar el presupuesto nacional, dado que existen múltiples leyes que obligan a realizar ejecuciones rígidasAl respecto, enfatizó que "la única forma al final en mediano largo plazo de no endeudarse es equipar gastos a ingresos" y agregó que "llegó el momento de replantearse qué tanto se está gastando y cuál es esa eficiencia de gasto y si el Estado colombiano no debería tener una posición más austera y eficiente".Escuche aquí la entrevista:
Las advertencias del sector energético sobre las escasas reservas de gas del país son cada vez más frecuentes. Esta vez fue el presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, quien alertó que Colombia ya importa cerca de un tercio de su demanda de gas, en momentos en que el fenómeno de El Niño exige mayor respaldo del gas para la generación eléctrica.Según López, Colombia cuenta hoy con reservas de gas equivalentes a 5,9 años de producción, es decir, casi 6 años. "Hoy en día ya estamos perdiendo la soberanía energética en materia de gas", afirmó, y aclaró que esa pérdida de autosuficiencia no es un escenario a futuro, sino una realidad actual.El experto recordó que hace una década Colombia tenía uno de los perfiles de reservas más holgados de la región, pero mientras países como Argentina han logrado nuevos hallazgos de gas, Colombia se rezagó. "Hoy en día somos el país con menos años de reservas de gas" al compararlo con Argentina, México, Brasil y Chile, señaló López.Esa brecha entre producción y demanda ya se traduce en importaciones: "Estamos importando aproximadamente el 30% (...) de nuestra demanda de gas", explicó el presidente de ANIF. Ese gas importado, agregó, pone al país en una situación más frágil frente al contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados y el conflicto en Medio Oriente.El economista también advirtió sobre el impacto que un choque energético tendría en otros sectores productivos. Con base en las matrices de oferta y utilización del DANE, ANIF identificó que sectores como el tratamiento y distribución de agua registran costos energéticos que representan casi el 20% de su estructura de costos, junto con actividades como la producción de caucho y plástico, y de papel y cartón.
A propósito de la radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, expertos analizaron en Mañanas Blu la situación económica en el país, entre esos, el déficit presupuestario inesperado que alcanza cifras históricas, atribuido a compromisos no registrados previamente en salud, pensiones y servicio de la deuda. Los especialistas destacaron que el gobierno actual busca la transparencia financiera al sincerar estas cuentas, aunque esto genere incertidumbre en los mercados y una devaluación del peso.César Pabón, director de investigaciones de Corfi Colombiana, expresó el desconcierto generalizado del sector analítico al advertir que la magnitud del hueco fiscal superó cualquier proyección previa. "La primera reacción que todos los analistas tuvimos es que incluso en nuestros peores escenarios, que nosotros hemos sido bastante insistentes en los problemas que habían en las cuentas que dejó la administración pasada, no contemplamos estos niveles", señaló Pabón. Desde la perspectiva técnica, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), explicó que el Gobierno enfrenta una paradoja comunicacional compleja. "Al incorporar los faltantes del presupuesto que incluyen temas como pensiones, como salud y sobre todo un rubro que realmente es quizás escandaloso de de hasta 37 billones de pesos más en servicio de la deuda que no estaban incorporados en el presupuesto, pues el recorte del gasto pues pasa de agache", afirmó López.En la acera política, la radicación del presupuesto por 634 billones de pesos también ha provocado intensos debates. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático e integrante de la Comisión Cuarta de presupuesto, manifestó que aunque el Congreso entiende la claridad de los gastos y celebra la honestidad de sincerar las cuentas del Estado, existe una profunda incertidumbre sobre el origen de los recursos para cubrirlos.Escuche aquí los análisis:
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto enfrenta al Gobierno con un desafío de enormes proporciones: atender las necesidades de miles de familias y, al mismo tiempo, encontrar recursos suficientes en medio de una situación fiscal compleja. La magnitud de las obras necesarias —desde hospitales y centros educativos hasta viviendas, fábricas e infraestructura pública— hace que el costo supere ampliamente las primeras estimaciones de $30 billones.Ante este panorama, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presentó seis propuestas para contribuir a financiar la recuperación del suroccidente del país. En entrevista con El Radar, López advirtió que el Gobierno enfrenta un “desafío doble”: la urgencia de reconstruir las zonas devastadas y la necesidad de mantener bajo control las finanzas públicas.“Tenemos esta urgencia manifiesta de reconstrucción de una tragedia que tuvo una afectación geográfica muy amplia (…) y, por el otro lado, tenemos una situación fiscal muy difícil para el Gobierno”, explicó el presidente de Anif.La primera propuesta consiste en redireccionar recursos del Presupuesto General de la Nación que ya fueron apropiados, pero que no han sido ejecutados. Según López, esta alternativa podría movilizar hasta $20 billones. Entre las entidades con bajos niveles de ejecución mencionó a Invías, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Trabajo, además de partidas de Hacienda.La segunda vía apunta al Sistema General de Regalías. Anif plantea utilizar recursos que ya fueron destinados a proyectos pero aún no han sido comprometidos, así como bolsas de regalías que todavía no tienen proyectos asignados. De acuerdo con López, esta alternativa podría representar recursos adicionales para atender la reconstrucción.Sin embargo, el economista insistió en que estas fuentes no deben interpretarse como una solución definitiva. “Esto acompaña un esfuerzo también de reducir el gasto público. Entonces, por eso se necesitan más de una alternativa”, señaló.La tercera propuesta busca involucrar directamente al sector privado mediante mecanismos de obras por impuestos y obras por regalías. La idea es ampliar estos instrumentos para que empresas puedan financiar proyectos de reconstrucción en municipios afectados por el desastre natural y recibir posteriormente beneficios tributarios.López consideró que la emergencia económica abre una oportunidad para modificar temporalmente estos mecanismos mediante decretos con fuerza de ley. “Hay que aprovechar la oportunidad que da este mecanismo jurídico, la emergencia económica”, afirmó.La cuarta propuesta toma como referencia las medidas implementadas durante la pandemia. Anif plantea capitalizar el Fondo Nacional de Garantías para ofrecer créditos destinados a la reconstrucción de emprendimientos, con coberturas de entre 60% y 90%. El objetivo sería facilitar préstamos a tasas más bajas para pequeños empresarios de las zonas más golpeadas.La quinta iniciativa apela a la solidaridad de los contribuyentes. Anif propone habilitar aportes voluntarios al momento de pagar el impuesto de renta de personas naturales. Estos aportes, que podrían equivaler al 5% o 10% del impuesto, se convertirían en un saldo a favor del contribuyente durante las siguientes dos o tres vigencias.Finalmente, la sexta propuesta busca ampliar temporalmente la flexibilidad presupuestal del Gobierno. Para ello, Anif plantea modificar durante la emergencia algunas rentas de destinación específica que reciben entidades como el ICBF y el Sena, permitiendo que parte de esos recursos pueda orientarse a la reconstrucción.Las seis propuestas parten de una premisa: la magnitud de la tragedia exige combinar recursos públicos, participación privada, crédito y mecanismos extraordinarios de financiación. Para López, no existe una fuente única capaz de cubrir el costo de la recuperación.El reto, por tanto, no es únicamente conseguir dinero, sino hacerlo sin profundizar el desequilibrio fiscal. “Aquí tiene que ser un esfuerzo dual”, resumió el presidente de Anif: reconstruir las regiones afectadas y, simultáneamente, avanzar hacia unas finanzas públicas más equilibradas.
El esfuerzo financiero para la reconstrucción de las zonas impactadas por el terremoto en el país podría ascender a valores entre los 30 y los 40 billones de pesos, lo que equivale a un rango de entre 1,6 y 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).Así lo estimó en Mañanas Blu el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, quien presentó un paquete de seis propuestas para atender la emergencia sísmica y financiar los trabajos de infraestructura sin deteriorar las finanzas públicas.Una de las iniciativas más destacadas del gremio económico busca liberar de forma temporal los ingresos estatales con destinación específica mediante la figura del estado de excepción."En esta tragedia se podría usar la emergencia económica para, con decretos con fuerza de ley, transitoriamente liberar esas rentas hacia necesidades tan apremiantes como reconstrucción de colegios, de hospitales, entre otros", afirmó López.Uso de fondos del Sena e ICBFAl ser consultado sobre el posible impacto que tendría esta medida en el presupuesto de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el dirigente sostuvo que la propuesta se apoya en los ingresos adicionales que ha recibido el instituto de formación técnica."Al SENA le está llegando recursos importantes por esa razón. Y pensamos que con esos recursos más algo del presupuesto ya apropiado se puede cubrir las necesidades básicas del SENA y podemos redireccionar esos recursos a cosas tan importantes como reconstruir escuelas", explicó López, quien argumentó que "de qué nos sirve tener el Sena con muchos recursos si los niños no pueden ni siquiera ir al colegio".Redireccionamiento presupuestal y crédito accesibleDentro del abanico de propuestas, ANIF plantea reasignar partidas presupuestales que no han sido ejecutadas en el Presupuesto General de la Nación ni en el Sistema General de Regalías, lo que podría aportar entre 20 y 30 billones de pesos a la atención del sismo.El dirigente citó como ejemplo la baja ejecución observada en los fondos asignados para la infraestructura vial secundaria. La entidad cree que "las comunidades no están viendo el beneficio, y ahora sí necesitamos los recursos para atender este terremoto".Para mitigar la pérdida de empleos y la suspensión de actividades comerciales entre vendedores informales, hoteleros y caficultores, López propuso habilitar los esquemas de obras por impuestos y poner en marcha líneas de crédito con garantías estatales."Generar mucho más crédito a través de un sistema de garantías, como ocurrió en la pandemia, usando el Fondo Nacional de Garantías para que haya crédito garantizado entre un 60 % y un 90 %", indicó el economista.Finalmente, el gremio sugirió crear la opción de un aporte voluntario en la declaración de renta de personas naturales, el cual operaría como un anticipo tributario para las siguientes vigencias fiscales.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio propuesto en el marco de la emergencia económica volvió a encender el debate nacional. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el recaudo de esta medida no sería de 8 billones de pesos, como lo ha estimado el Gobierno Nacional, sino que podría alcanzar los 13,4 billones de pesos. Así lo aseguró José Ignacio López, director de Anif, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde cuestionó tanto la metodología oficial como la conveniencia del tributo.Cálculos en disputa sobre el impuesto al patrimonioDe acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.“Nos dimos a la tarea de mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas a este impuesto y, con las tarifas marginales anunciadas, el cálculo nos da 13,4 billones de pesos”, afirmó el directivo.La cifra supera en más de 5 billones de pesos el monto anunciado por el ministro de Hacienda. Para el centro de estudios, esta diferencia no es menor y genera interrogantes sobre la precisión de las proyecciones oficiales en medio de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en ocho departamentos del país.El debate se intensificó cuando en la mesa de análisis se recordó que ejercicios preliminares realizados por periodistas del programa ya apuntaban a un recaudo cercano a los 14 billones de pesos, una cifra similar a la proyectada ahora por Anif.Impacto en grandes empresas: Ecopetrol y el sector financieroUno de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con el impacto del impuesto al patrimonio en grandes compañías, incluyendo empresas de participación estatal. López explicó que, en un cálculo preliminar, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de 1,4 billones de pesos.“Cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, solo Ecopetrol nos daba aproximadamente 1,4 billones de pesos. Si sumamos otras como EPM, ISA y el Grupo Energía Bogotá, solo en cuatro empresas el recaudo sería cercano a 2,7 billones”, detalló.En el sector financiero, los montos también serían significativos. De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval tendrían que asumir pagos que oscilarían entre los 200.000 y 500.000 millones de pesos, dependiendo de su patrimonio líquido y de la tarifa definitiva que establezca el Gobierno, la cual podría superar el 1,2 % para los bancos. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento empresarial y presiones sobre la inversión privada.Un impuesto “nocivo” para la inversión y el empleoMás allá de la diferencia en las cifras, el director de Anif fue enfático en cuestionar la conveniencia del impuesto al patrimonio en el actual contexto económico colombiano.“Este es un impuesto muy inconveniente para el país. Está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos y la generación de empleo”, sostuvo López.Según explicó, al gravar el patrimonio —que muchas veces está representado en activos no líquidos como maquinaria o infraestructura— las empresas podrían verse obligadas a endeudarse o liquidar activos para cumplir con la obligación tributaria. “Muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para tener la caja y poder pagar este impuesto”, advirtió.Anif recordó que Colombia ya implementó este tributo hace más de una década y que sus efectos incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial, lo que encareció el acceso al crédito y afectó la dinámica de inversión en el mediano plazo.Emergencia económica y dudas sobre la urgencia fiscalOtro de los cuestionamientos gira en torno a la necesidad real de los recursos y la relación directa con la emergencia invernal. López señaló que no se ha presentado un desglose detallado que justifique los 8 billones de pesos estimados por el Gobierno.Además, subrayó que el impuesto al patrimonio no es un instrumento de recaudo inmediato, por lo que no sería el mecanismo más eficaz para atender una situación de urgencia. “Aquí lo que se necesita es usar la caja del Gobierno y hacer reasignaciones presupuestales o utilizar recursos de regalías no ejecutadas”, indicó.La discusión también ha llegado al plano jurídico, pues cualquier decreto tributario derivado de la emergencia económica deberá superar el control de la Corte Constitucional, que analizará la proporcionalidad y la relación directa entre las medidas fiscales y la crisis que se busca atender.El anuncio del posible recaudo de 13,4 billones de pesos reaviva el debate sobre la política fiscal del Gobierno y sus efectos en el crecimiento económico. En un contexto donde la inversión privada ha mostrado señales de debilidad, gremios y analistas advierten que un nuevo impuesto al patrimonio podría profundizar la desaceleración.Para Anif, la discusión no debe centrarse únicamente en si el recaudo será de 8 o 13,4 billones, sino en las consecuencias estructurales de la medida. “Este instrumento no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo”, concluyó López.
La Alcaldía de Cali entregó las primeras 23 autorizaciones gratuitas a comerciantes del barrio Obrero para ampliar temporalmente sus establecimientos con la instalación de mesas y sillas en el espacio público. La iniciativa busca impulsar la actividad económica, atraer visitantes y avanzar en la revitalización de este tradicional sector de la ciudad.La medida hace parte de un plan piloto de tres meses que se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. Durante este periodo, los establecimientos autorizados podrán aprovechar los espacios exteriores de sus locales, bajo condiciones establecidas por la Administración Distrital y sin ningún costo para los empresarios.“El barrio Obrero comienza a vivir una nueva etapa. Con esta iniciativa buscamos dinamizar la actividad comercial, impulsar la reactivación económica y la revitalización de uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad”, dijo Daniela Garzón Rojo, coordinadora del equipo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.Desde la Alcaldía hicieron un llamado a los demás comerciantes soliciten los permisos. Entre los requisitos establecidos está garantizar una franja libre de mínimo 1,60 metros para la circulación de peatones. Además, las mesas y sillas deben ser móviles y retirarse al finalizar la jornada. Los permisos tampoco autorizan la instalación de parlantes, publicidad en el mobiliario ni la venta o consumo de licor en el espacio público.“Por eso queremos invitar a todos los comerciantes que hacen parte del área de influencia de la zona T para que se acerquen a la Subdirección de Espacio Público y hagan la solicitud, y puedan participar de esta iniciativa del piloto de autorización”, señaló Garzón Rojo.La Administración Distrital espera que esta estrategia permita mejorar las condiciones de organización del sector, generar oportunidades de empleo y fortalecer los negocios que hacen parte de uno de los referentes tradicionales de Cali.
El Dorado Noche, operado por Paga Todo, es uno de los juegos de chance consultados por apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Sus modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con las cifras acertadas y el valor de la apuesta.Los resultados oficiales también están disponibles en los puntos autorizados y los canales habilitados por la empresa operadora.Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El número ganador del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes.Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.La quinta: pendiente de publicación.Los apostadores pueden verificar los resultados en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus plataformas oficiales.¿Cómo se juega Dorado Noche?Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar una de las seis modalidades disponibles. El premio depende de si acierta las cuatro cifras o las últimas cifras del resultado, según el tipo de apuesta.Estas son las opciones:4 cifras directo: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del sorteo.4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.3 últimas cifras directo: requiere coincidir con las tres cifras finales en la misma secuencia.3 últimas cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales.1 cifra o uña: se obtiene premio al acertar únicamente el último dígito.¿Cuánto paga el Dorado Noche?El monto que puede recibir un ganador depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. El plan de premios establece los siguientes multiplicadores:4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.1 cifra o uña: 5 veces el valor de la apuesta.¿A qué hora juega el Dorado Noche?El horario del sorteo varía según el día. Los sábados se realiza a las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo mediante los canales oficiales y los puntos autorizados.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para adelantar el trámite, el ganador debe cumplir estas condiciones:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.La validación del tiquete y de los documentos permite realizar el proceso de pago correspondiente.
La presencia de un cachorro de león africano en una camioneta roja sorprendió a habitantes de Aguascalientes, México. El recorrido del animal por las calles del municipio quedó registrado en video y llamó la atención de las autoridades, que posteriormente localizaron el vehículo e intervinieron a sus ocupantes.El ejemplar tenía aproximadamente ocho meses de edad y era transportado en una camioneta Ford F-150. Según la información conocida, tres hombres se movilizaban en el automotor cuando fueron ubicados por integrantes de la Policía.La intervención se produjo en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Durante el procedimiento, los agentes solicitaron a los ocupantes los documentos que acreditaran la procedencia legal del felino y los permisos necesarios para tenerlo bajo su cuidado.¿Por qué detuvieron a los tres hombres que paseaban al león?Los tres ocupantes del vehículo, de 21, 22 y 29 años, no consiguieron demostrar que la posesión del cachorro cumpliera con los requisitos legales ni presentaron autorizaciones para su traslado.Ante la falta de documentación, los policías procedieron a detenerlos y trasladarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).Por ahora, no se ha establecido cómo llegó el cachorro a manos de los tres hombres ni cuánto tiempo llevaba bajo su cuidado.¿Qué pasó con el cachorro de león después del operativo?Tras el procedimiento policial, el felino quedó bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entidad que asumió su resguardo.La autoridad ambiental deberá hacer seguimiento a las condiciones del animal y a su situación, luego de que fuera encontrado mientras era transportado en un vehículo particular.El caso también dejó varias preguntas pendientes sobre la procedencia del ejemplar. Entre ellas, las circunstancias en las que los hombres consiguieron al cachorro y las razones por las que lo llevaban por las calles de Aguascalientes.Tampoco se ha precisado hacia dónde se dirigían cuando fueron interceptados por los integrantes del Grupo Motorizado Centauro.
El gigante tecnológico Nvidia anunció que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos"."Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló.Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados."Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".
En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.
