Las advertencias del sector energético sobre las escasas reservas de gas del país son cada vez más frecuentes. Esta vez fue el presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, quien alertó que Colombia ya importa cerca de un tercio de su demanda de gas, en momentos en que el fenómeno de El Niño exige mayor respaldo del gas para la generación eléctrica.Según López, Colombia cuenta hoy con reservas de gas equivalentes a 5,9 años de producción, es decir, casi 6 años. "Hoy en día ya estamos perdiendo la soberanía energética en materia de gas", afirmó, y aclaró que esa pérdida de autosuficiencia no es un escenario a futuro, sino una realidad actual.El experto recordó que hace una década Colombia tenía uno de los perfiles de reservas más holgados de la región, pero mientras países como Argentina han logrado nuevos hallazgos de gas, Colombia se rezagó. "Hoy en día somos el país con menos años de reservas de gas" al compararlo con Argentina, México, Brasil y Chile, señaló López.Esa brecha entre producción y demanda ya se traduce en importaciones: "Estamos importando aproximadamente el 30% (...) de nuestra demanda de gas", explicó el presidente de ANIF. Ese gas importado, agregó, pone al país en una situación más frágil frente al contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados y el conflicto en Medio Oriente.El economista también advirtió sobre el impacto que un choque energético tendría en otros sectores productivos. Con base en las matrices de oferta y utilización del DANE, ANIF identificó que sectores como el tratamiento y distribución de agua registran costos energéticos que representan casi el 20% de su estructura de costos, junto con actividades como la producción de caucho y plástico, y de papel y cartón.
A propósito de la radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, expertos analizaron en Mañanas Blu la situación económica en el país, entre esos, el déficit presupuestario inesperado que alcanza cifras históricas, atribuido a compromisos no registrados previamente en salud, pensiones y servicio de la deuda. Los especialistas destacaron que el gobierno actual busca la transparencia financiera al sincerar estas cuentas, aunque esto genere incertidumbre en los mercados y una devaluación del peso.César Pabón, director de investigaciones de Corfi Colombiana, expresó el desconcierto generalizado del sector analítico al advertir que la magnitud del hueco fiscal superó cualquier proyección previa. "La primera reacción que todos los analistas tuvimos es que incluso en nuestros peores escenarios, que nosotros hemos sido bastante insistentes en los problemas que habían en las cuentas que dejó la administración pasada, no contemplamos estos niveles", señaló Pabón. Desde la perspectiva técnica, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), explicó que el Gobierno enfrenta una paradoja comunicacional compleja. "Al incorporar los faltantes del presupuesto que incluyen temas como pensiones, como salud y sobre todo un rubro que realmente es quizás escandaloso de de hasta 37 billones de pesos más en servicio de la deuda que no estaban incorporados en el presupuesto, pues el recorte del gasto pues pasa de agache", afirmó López.En la acera política, la radicación del presupuesto por 634 billones de pesos también ha provocado intensos debates. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático e integrante de la Comisión Cuarta de presupuesto, manifestó que aunque el Congreso entiende la claridad de los gastos y celebra la honestidad de sincerar las cuentas del Estado, existe una profunda incertidumbre sobre el origen de los recursos para cubrirlos.Escuche aquí los análisis:
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto enfrenta al Gobierno con un desafío de enormes proporciones: atender las necesidades de miles de familias y, al mismo tiempo, encontrar recursos suficientes en medio de una situación fiscal compleja. La magnitud de las obras necesarias —desde hospitales y centros educativos hasta viviendas, fábricas e infraestructura pública— hace que el costo supere ampliamente las primeras estimaciones de $30 billones.Ante este panorama, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presentó seis propuestas para contribuir a financiar la recuperación del suroccidente del país. En entrevista con El Radar, López advirtió que el Gobierno enfrenta un “desafío doble”: la urgencia de reconstruir las zonas devastadas y la necesidad de mantener bajo control las finanzas públicas.“Tenemos esta urgencia manifiesta de reconstrucción de una tragedia que tuvo una afectación geográfica muy amplia (…) y, por el otro lado, tenemos una situación fiscal muy difícil para el Gobierno”, explicó el presidente de Anif.La primera propuesta consiste en redireccionar recursos del Presupuesto General de la Nación que ya fueron apropiados, pero que no han sido ejecutados. Según López, esta alternativa podría movilizar hasta $20 billones. Entre las entidades con bajos niveles de ejecución mencionó a Invías, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Trabajo, además de partidas de Hacienda.La segunda vía apunta al Sistema General de Regalías. Anif plantea utilizar recursos que ya fueron destinados a proyectos pero aún no han sido comprometidos, así como bolsas de regalías que todavía no tienen proyectos asignados. De acuerdo con López, esta alternativa podría representar recursos adicionales para atender la reconstrucción.Sin embargo, el economista insistió en que estas fuentes no deben interpretarse como una solución definitiva. “Esto acompaña un esfuerzo también de reducir el gasto público. Entonces, por eso se necesitan más de una alternativa”, señaló.La tercera propuesta busca involucrar directamente al sector privado mediante mecanismos de obras por impuestos y obras por regalías. La idea es ampliar estos instrumentos para que empresas puedan financiar proyectos de reconstrucción en municipios afectados por el desastre natural y recibir posteriormente beneficios tributarios.López consideró que la emergencia económica abre una oportunidad para modificar temporalmente estos mecanismos mediante decretos con fuerza de ley. “Hay que aprovechar la oportunidad que da este mecanismo jurídico, la emergencia económica”, afirmó.La cuarta propuesta toma como referencia las medidas implementadas durante la pandemia. Anif plantea capitalizar el Fondo Nacional de Garantías para ofrecer créditos destinados a la reconstrucción de emprendimientos, con coberturas de entre 60% y 90%. El objetivo sería facilitar préstamos a tasas más bajas para pequeños empresarios de las zonas más golpeadas.La quinta iniciativa apela a la solidaridad de los contribuyentes. Anif propone habilitar aportes voluntarios al momento de pagar el impuesto de renta de personas naturales. Estos aportes, que podrían equivaler al 5% o 10% del impuesto, se convertirían en un saldo a favor del contribuyente durante las siguientes dos o tres vigencias.Finalmente, la sexta propuesta busca ampliar temporalmente la flexibilidad presupuestal del Gobierno. Para ello, Anif plantea modificar durante la emergencia algunas rentas de destinación específica que reciben entidades como el ICBF y el Sena, permitiendo que parte de esos recursos pueda orientarse a la reconstrucción.Las seis propuestas parten de una premisa: la magnitud de la tragedia exige combinar recursos públicos, participación privada, crédito y mecanismos extraordinarios de financiación. Para López, no existe una fuente única capaz de cubrir el costo de la recuperación.El reto, por tanto, no es únicamente conseguir dinero, sino hacerlo sin profundizar el desequilibrio fiscal. “Aquí tiene que ser un esfuerzo dual”, resumió el presidente de Anif: reconstruir las regiones afectadas y, simultáneamente, avanzar hacia unas finanzas públicas más equilibradas.
El esfuerzo financiero para la reconstrucción de las zonas impactadas por el terremoto en el país podría ascender a valores entre los 30 y los 40 billones de pesos, lo que equivale a un rango de entre 1,6 y 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).Así lo estimó en Mañanas Blu el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, quien presentó un paquete de seis propuestas para atender la emergencia sísmica y financiar los trabajos de infraestructura sin deteriorar las finanzas públicas.Una de las iniciativas más destacadas del gremio económico busca liberar de forma temporal los ingresos estatales con destinación específica mediante la figura del estado de excepción."En esta tragedia se podría usar la emergencia económica para, con decretos con fuerza de ley, transitoriamente liberar esas rentas hacia necesidades tan apremiantes como reconstrucción de colegios, de hospitales, entre otros", afirmó López.Uso de fondos del Sena e ICBFAl ser consultado sobre el posible impacto que tendría esta medida en el presupuesto de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el dirigente sostuvo que la propuesta se apoya en los ingresos adicionales que ha recibido el instituto de formación técnica."Al SENA le está llegando recursos importantes por esa razón. Y pensamos que con esos recursos más algo del presupuesto ya apropiado se puede cubrir las necesidades básicas del SENA y podemos redireccionar esos recursos a cosas tan importantes como reconstruir escuelas", explicó López, quien argumentó que "de qué nos sirve tener el Sena con muchos recursos si los niños no pueden ni siquiera ir al colegio".Redireccionamiento presupuestal y crédito accesibleDentro del abanico de propuestas, ANIF plantea reasignar partidas presupuestales que no han sido ejecutadas en el Presupuesto General de la Nación ni en el Sistema General de Regalías, lo que podría aportar entre 20 y 30 billones de pesos a la atención del sismo.El dirigente citó como ejemplo la baja ejecución observada en los fondos asignados para la infraestructura vial secundaria. La entidad cree que "las comunidades no están viendo el beneficio, y ahora sí necesitamos los recursos para atender este terremoto".Para mitigar la pérdida de empleos y la suspensión de actividades comerciales entre vendedores informales, hoteleros y caficultores, López propuso habilitar los esquemas de obras por impuestos y poner en marcha líneas de crédito con garantías estatales."Generar mucho más crédito a través de un sistema de garantías, como ocurrió en la pandemia, usando el Fondo Nacional de Garantías para que haya crédito garantizado entre un 60 % y un 90 %", indicó el economista.Finalmente, el gremio sugirió crear la opción de un aporte voluntario en la declaración de renta de personas naturales, el cual operaría como un anticipo tributario para las siguientes vigencias fiscales.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio propuesto en el marco de la emergencia económica volvió a encender el debate nacional. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el recaudo de esta medida no sería de 8 billones de pesos, como lo ha estimado el Gobierno Nacional, sino que podría alcanzar los 13,4 billones de pesos. Así lo aseguró José Ignacio López, director de Anif, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde cuestionó tanto la metodología oficial como la conveniencia del tributo.Cálculos en disputa sobre el impuesto al patrimonioDe acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.“Nos dimos a la tarea de mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas a este impuesto y, con las tarifas marginales anunciadas, el cálculo nos da 13,4 billones de pesos”, afirmó el directivo.La cifra supera en más de 5 billones de pesos el monto anunciado por el ministro de Hacienda. Para el centro de estudios, esta diferencia no es menor y genera interrogantes sobre la precisión de las proyecciones oficiales en medio de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en ocho departamentos del país.El debate se intensificó cuando en la mesa de análisis se recordó que ejercicios preliminares realizados por periodistas del programa ya apuntaban a un recaudo cercano a los 14 billones de pesos, una cifra similar a la proyectada ahora por Anif.Impacto en grandes empresas: Ecopetrol y el sector financieroUno de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con el impacto del impuesto al patrimonio en grandes compañías, incluyendo empresas de participación estatal. López explicó que, en un cálculo preliminar, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de 1,4 billones de pesos.“Cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, solo Ecopetrol nos daba aproximadamente 1,4 billones de pesos. Si sumamos otras como EPM, ISA y el Grupo Energía Bogotá, solo en cuatro empresas el recaudo sería cercano a 2,7 billones”, detalló.En el sector financiero, los montos también serían significativos. De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval tendrían que asumir pagos que oscilarían entre los 200.000 y 500.000 millones de pesos, dependiendo de su patrimonio líquido y de la tarifa definitiva que establezca el Gobierno, la cual podría superar el 1,2 % para los bancos. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento empresarial y presiones sobre la inversión privada.Un impuesto “nocivo” para la inversión y el empleoMás allá de la diferencia en las cifras, el director de Anif fue enfático en cuestionar la conveniencia del impuesto al patrimonio en el actual contexto económico colombiano.“Este es un impuesto muy inconveniente para el país. Está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos y la generación de empleo”, sostuvo López.Según explicó, al gravar el patrimonio —que muchas veces está representado en activos no líquidos como maquinaria o infraestructura— las empresas podrían verse obligadas a endeudarse o liquidar activos para cumplir con la obligación tributaria. “Muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para tener la caja y poder pagar este impuesto”, advirtió.Anif recordó que Colombia ya implementó este tributo hace más de una década y que sus efectos incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial, lo que encareció el acceso al crédito y afectó la dinámica de inversión en el mediano plazo.Emergencia económica y dudas sobre la urgencia fiscalOtro de los cuestionamientos gira en torno a la necesidad real de los recursos y la relación directa con la emergencia invernal. López señaló que no se ha presentado un desglose detallado que justifique los 8 billones de pesos estimados por el Gobierno.Además, subrayó que el impuesto al patrimonio no es un instrumento de recaudo inmediato, por lo que no sería el mecanismo más eficaz para atender una situación de urgencia. “Aquí lo que se necesita es usar la caja del Gobierno y hacer reasignaciones presupuestales o utilizar recursos de regalías no ejecutadas”, indicó.La discusión también ha llegado al plano jurídico, pues cualquier decreto tributario derivado de la emergencia económica deberá superar el control de la Corte Constitucional, que analizará la proporcionalidad y la relación directa entre las medidas fiscales y la crisis que se busca atender.El anuncio del posible recaudo de 13,4 billones de pesos reaviva el debate sobre la política fiscal del Gobierno y sus efectos en el crecimiento económico. En un contexto donde la inversión privada ha mostrado señales de debilidad, gremios y analistas advierten que un nuevo impuesto al patrimonio podría profundizar la desaceleración.Para Anif, la discusión no debe centrarse únicamente en si el recaudo será de 8 o 13,4 billones, sino en las consecuencias estructurales de la medida. “Este instrumento no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo”, concluyó López.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, explicó que las inversiones forzosas son una herramienta mediante la cual el Estado obliga a los bancos a destinar parte de sus recursos a ciertos instrumentos o sectores específicos.“Las inversiones forzosas son básicamente un mandato del Gobierno para que los bancos inviertan una parte de sus recursos en determinados activos o sectores, en lugar de decidir libremente a quién prestan”, señaló López.La explicación se da en medio de la reciente expedición de un nuevo decreto de emergencia que se emite con el propósito de salir de la emergencia por lluvias que azota a varias regiones del país como Córdoba, Antioquia, Santander, entre otras. A través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno amplía el esquema de inversiones forzosas y ajusta las condiciones de crédito del sistema financiero. La medida se emite con el propósito de salir de la emergencia por lluvias que azota a varias regiones del país como Córdoba, Antioquia, Santander, entre otras.Otro de los pilares del paquete de medidas es un impuesto temporal al patrimonio dirigido exclusivamente a las empresas con mayor capacidad económica, que se aplicará únicamente a compañías con patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos, dejando por fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas.Además, el plan contempla transferencias a hogares damnificados por emergencias, alivios a pequeños productores y medidas para proteger la producción agropecuaria, así como ajustes en el tratamiento tributario de los dividendos, nuevos tributos a los juegos de azar y decretos de inversiones forzosas al sistema financiero para orientar crédito hacia sectores productivos con bajo acceso a financiamiento.De acuerdo con el dirigente gremial, el decreto introduce nuevas obligaciones para las entidades financieras, ampliando el volumen de recursos que deberán canalizarse a través de estos mecanismos. “Esto significa que los bancos tendrán menos margen para asignar esos recursos según criterios de riesgo, rentabilidad y mercado”, explicó.López advirtió que, aunque el objetivo del Gobierno es impulsar sectores productivos y ampliar el acceso al crédito, este tipo de medidas puede tener efectos colaterales, pues según explicó al obligar las inversiones se distorsiona la intermediación financiera, porque el crédito deja de asignarse por eficiencia económica y empieza a responder a decisiones administrativas.El presidente de Anif también explicó que el decreto modifica cupos de crédito y condiciones de financiación, lo que puede impactar el costo del crédito. Según López, este tipo de políticas ya se han utilizado en Colombia y otros países, pero su uso debe ser limitado.“Las inversiones forzosas pueden ser útiles en contextos muy específicos, pero sí se expanden demasiado, pueden reducir la profundidad del mercado financiero y afectar la inversión privada”, advirtió.El dirigente gremial subrayó que el impacto del decreto dependerá del monto de las inversiones obligatorias, de la respuesta del sistema financiero y del contexto macroeconómico.Finalmente, López señaló que el debate no es sólo técnico sino de política económica y subrayó que el impacto dependerá de la magnitud de las inversiones obligatorias, así como del contexto macroeconómico, en particular de la inflación, las tasas de interés y la confianza de los inversionistas.
Un desabastecimiento crítico de medicamentos atraviesa Colombia, denunció la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, con base en datos proporcionados por el Invima. La congresista aseguró que los pacientes con dificultades para acceder a tratamientos pasaron de 30.000 a más de 205.000.Según una gráfica publicada por Arbeláez en su cuenta de X, actualmente hay 15 medicamentos desabastecidos. Entre los más preocupantes se encuentra la fenitoína, usada para tratar epilepsia y convulsiones; el nifedipino, para pacientes con hipertensión y partos prematuros; la metilergometrina, para casos de hemorragia posparto; la fampridina, necesaria para esclerosis múltiple; la penicilina V para infecciones bacterianas; el quinapril para enfermedades cardiovasculares y la triamcinolona inyectable.En la publicación también advierte que otros nueve medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Entre ellos figuran el candesartán con hidroclorotiazida, usado para pacientes con hipertensión arterial; el rocuronio bromuro, necesario para cirugías, UCI e intubaciones; y la olanzapina inyectable, necesaria para atender crisis psiquiátricas severas.Además, la representante divulgó cifras de reclamos en salud con corte a septiembre de 2025, que dan cuenta de 205.542 quejas registradas por el Invima. A esto se suma la alerta de la Anif, que señala que las quejas al sistema crecieron un 80 %, y el reporte de Acemi sobre 1,7 millones de reclamos en un solo año, según la publicación en X.Arbeláez advirtió que cerca de 1,3 millones de pacientes podrían quedarse sin tratamientos de alto costo y que el sistema de salud enfrenta un déficit cercano a los $32 billones, un panorama que, según dijo, agrava la garantía del derecho a la salud en el país.
En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, se dio a conocer un estudio conjunto con Anif sobre las proyecciones y necesidad económica para complementar los proyectos de infraestructura que actualmente tiene el país y los proyectos a futuro que estén sobre la mesa. De acuerdo con el estudio, se necesitan 19 billones de pesos anuales y 5,6 billones para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial terciaria para complementar el plan carretero o del periodo 2023-2035. De acuerdo con el presidente de ANIF, José Ignacio López, son necesarias fuentes adicionales de financiación para obtener herramientas para costear las obras del país y cerrar las brechas en infraestructura en el país.“Aplicando la misma metodología para el segundo periodo (2036-2045), será necesaria una inversión anual promedio de $11,9 billones (0,7% del PIB de 2024) para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de 5.535 km de malla vial primaria y secundaria, y de $6,7 billones (0,4% del PIB de 2024) para la intervención de 62.887 km de vías terciarias”, precisan.Por esta necesidad, afirman que los nuevos modelos de recaudos, como las obras por impuestos, que según el estudio, entre 2018 y 2024, cerca de 210 empresas han utilizado el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del cual se han ejecutado 409 proyectos, según la Agencia de Renovación del Territorio (ART). De estos, 233 se desarrollaron en municipios PDET por $2,03 billones, y 176 en municipios Zomac, con inversiones por $931.034 millones.En cuanto a sectores, educación concentró 217 proyectos por $1,11 billones, mientras que transporte registró 92 iniciativas por $1,13 billones.Pese a los avances y a la alta participación empresarial, el mecanismo aún enfrenta retos como la gestión de costos imprevistos, la débil estructuración de proyectos por parte de entes territoriales y la necesidad de crear esquemas innovadores que involucren al sector privado en el mantenimiento posterior de las obras.Por otro lado, otra propuesta que arroja el estudio es el uso de la Contribución Nacional de Valorización, que sigue siendo una fuente relevante para financiar infraestructura, aunque su uso en el país ha sido limitado por dificultades institucionales y operativas. El caso de Bogotá demuestra que, con una adecuada estructuración técnica y una gestión ajustada al marco regulatorio, el mecanismo puede funcionar de manera efectiva.Su bajo desempeño a nivel nacional responde a problemas como la dificultad para calcular el aumento real en el valor de los predios beneficiados, la información catastral deficiente, la debilidad institucional por falta de personal capacitado y la percepción negativa sobre el uso de los recursos. Además, el mecanismo enfrenta rechazo social cuando los contribuyentes no perciben beneficios directos o claros derivados del cobro.Sin embargo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) aseguró que estos proyectos son necesarios y de vital funcionamiento, siempre y cuando haya institucionalidad y funcionalidad, refiriéndose a las valorizaciones propuestas por el Gobierno nacional.“Institucionalidad y voluntad política. Ustedes recuerdan que la administración Petro, en sus inicios, habló mucho de la valorización. No se ha cobrado valorización. No hay institucionalidad ni voluntad política que finalmente lo permitieran, de manera que quería como hacer esa reflexión que me parece que es pertinente. Si no hay una decisión política al respecto, todos estos instrumentos se quedan en el papel y la verdad es que, en materia de infraestructura, son inmensas, ingentes, las necesidades”, concluyó.Así las cosas, al cierre del informe, Anif y CCI recalcan que es necesaria la utilización de regalías como fuente directa de financiación para la concentración de recursos propios de obra local para concentrarse en proyectos de impacto regional, concentrándose en corredores logísticos y estratégicos para incrementar la productividad.
El presidente de Anif, José Ignacio López, puntualizó en dos puntos coyunturales en la economía del país. Ad portas de la votación para la aprobación de la ley de financiamiento, el presidente del centro de estudios económicos aseguró que, de no pasar esta ley, el recorte que deberá hacer el Gobierno en los gastos debe ser superior a 16 billones de pesos, pero, de ser aprobada, las consecuencias serían recibidas de forma negativa para la productividad e inversión del país, como en el precio del diésel–gasolina, electricidad y hasta la poca intención de inversión internacional.“Una vez se caiga la ley de financiamiento, el Gobierno tiene que hacer un recorte de la misma magnitud, que en este caso estaríamos hablando de 16 billones de pesos, que tendría que recortar de lo que ya se planteó para el 2026. Otra cosa es cuál es el tamaño total del recorte para realmente cincelar las cuentas fiscales. Y ese es un recorte que, dependiendo los cálculos, puede estar entre 40, 50 billones de pesos, en el entendido que sabemos que hay unas demandas de recursos muy importantes en varios sectores, como en el sector salud, que hay unos recursos que se necesitan, o en el sector de energía”, enfatizó.Por otro lado, el tema que preocupa desde Anif es la discusión de salario mínimo, afirmando que un alza de dos dígitos no es viable para quienes dependen de esto, ya que al incrementarse el salario se disminuye el nivel adquisitivo de las personas, pero emitió un mensaje asegurando que esta negociación no debe ser política, puesto que, en palabras del presidente José Ignacio López, en Colombia se podría iniciar una tradición de cada 4 años utilizar el salario mínimo como campaña electoral.“Nos preocupa que se filtre en la discusión el ámbito electoral y que se use la negociación del salario mínimo como una discusión de campaña electoral, porque Colombia podría entonces iniciar una tradición donde cada cuatro años o cada vez que haya elecciones utilicemos la negociación del salario mínimo como un tema de campaña, y repito aquí, ojalá lo mantengamos dentro de un aspecto técnico o técnico y con la consideración de que los trabajadores informales se ven afectados por el incremento del salario mínimo”, concluyó.Por ahora, desde los sectores económicos del país reiteran que es necesario que el país tenga la inversión internacional para alivianar no solamente los proyectos de infraestructura, sino que el potencial productivo suba, que según ANIF, actualmente en el país hay inversiones equivalentes al 1,6 % del PIB.
El próximo lunes comienzan las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2026, y tanto el Gobierno como las centrales obreras están hablando de incrementos sustanciales en medio de la antesala a las elecciones. Sin embargo, los datos de Anif apuntan a que el incremento debe ser menor al 10 %.Anif calcula que la productividad en Colombia se mantuvo estable o cayó 0,5 % este año, lo que implica que las negociaciones sobre el salario mínimo deberían partir de la inflación: un 5,3 % este año."Tenemos un salario mínimo que en términos reales ha venido creciendo de manera importante y puede generar un descalce de muchos trabajadores que se van acercando a ese umbral del mínimo. Y nos volvemos, desde el punto de vista formal, el país del salario mínimo. Y eso no es lo que queremos. Lo que quisiera es que mucha gente estudiara por encima del salario mínimo. Pero ese salario mínimo crece muy rápido, crece más rápido que la productividad, pues en el largo plazo va a ser muy difícil que otros salarios ganen esa carrera", advirtió el presidente de Anif, José Ignacio López.Anif estima que apenas un 10 % de la población se gana exactamente el salario mínimo y que en la última década aumentó la proporción de colombianos que ganan menos de un salario mínimo al mes. Este año, un 78 % de los trabajadores informales gana menos de un salario mínimo.López pide que se separe la discusión sobre el salario mínimo de la campaña electoral y advierte que incrementos muy por encima de lo técnico impactan negativamente al país."Imagínense que esto es una carrera de bicicletas; si el salario mínimo va muy rápido, pues otra gente se va a ir quedando atrás", agregó.El centro de estudios reconoció que en los últimos meses se ha reducido la informalidad y también el desempleo. Sin embargo, advirtió que una parte de los nuevos empleos formales podrían ser transitorios.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.
La Lotería de Manizales realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sorteo número 4975. El premio mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 1933, serie 219, que se convirtió en el billete ganador del principal premio del sorteo.Resultados de los premios secos de la Lotería de ManizalesAdemás del premio mayor, el sorteo 4974 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $40 millones hasta $300 millones.Premio Gana Siempre ($2 Millones)Número: 12612 Secos de $300 MillonesNúmero: 0483 | Serie: 139 (Despachado a Armenia)Número: 6446 | Serie: 083 (Despachado a Cali)3 Secos de $200 MillonesNúmero: 8131 | Serie: 018Número: 4980 | Serie: 098Número: 0991 | Serie: 3666 Secos de $100 MillonesNúmero: 6043 | Serie: 399Número: 2626 | Serie: 306Número: 7034 | Serie: 086Número: 6838 | Serie: 090Número: 3736 | Serie: 377Número: 6136 | Serie: 33410 Secos de $80 MillonesNúmero: 3314 | Serie: 188Número: 1103 | Serie: 223Número: 8388 | Serie: 037Número: 5364 | Serie: 144Número: 7769 | Serie: 280Número: 7255 | Serie: 327Número: 7048 | Serie: 337Número: 0466 | Serie: 319Número: 3940 | Serie: 027Número: 4512 | Serie: 17110 Secos de $60 MillonesNúmero: 2833 | Serie: 220Número: 4429 | Serie: 158Número: 2567 | Serie: 188Número: 1670 | Serie: 302Número: 6225 | Serie: 229Número: 2846 | Serie: 281Número: 1182 | Serie: 144Número: 1708 | Serie: 284Número: 6741 | Serie: 235Número: 5624 | Serie: 11310 Secos de $50 MillonesNúmero: 9728 | Serie: 115Número: 7532 | Serie: 204Número: 2228 | Serie: 307Número: 2872 | Serie: 320Número: 3709 | Serie: 343Número: 9965 | Serie: 379Número: 1599 | Serie: 113Número: 2804 | Serie: 362Número: 1550 | Serie: 346Número: 8904 | Serie: 08010 Secos de $40 MillonesNúmero: 6517 | Serie: 292Número: 7377 | Serie: 311Número: 7474 | Serie: 296Número: 5677 | Serie: 252Número: 1217 | Serie: 064Número: 3303 | Serie: 148Número: 6516 | Serie: 324Número: 4613 | Serie: 132Número: 3589 | Serie: 149Número: 5131 | Serie: 166¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?Para comprobar si un billete resultó ganador en la Lotería de Manizales, se debe comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.La revisión de ambos datos es especialmente importante en los premios secos, ya que el número y la serie permiten identificar el billete ganador.También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo, en la que aparecen los números, las series y los respectivos premios, para realizar una verificación completa.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.Por ello, los participantes pueden consultar cada miércoles los resultados del premio mayor y los premios secos de la Lotería de Manizales para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.
La reconstrucción en varias zonas del país luego del terremoto que destruyó miles de viviendas avanza con los esfuerzos que han hecho empresas como COLFRAME, que trabaja arduamente para poder instalar más de 100 viviendas antes que se acabe el año en las zonas más golpeadas por la tragedia.La empresa paisa, vinculada al Grupo Argos, usa la tecnología de construcción para hacer los tiempos de reconstrucción mucho más cortos y por ello proyecta que en cuestión de algunos meses haya entregado cerca de 1.000 viviendas.Hay que mencionar que COLFRAME utiliza una ingeniería de última tecnología que, por ejemplo, puede producir una vivienda en menos de un día. Jhon Guisao, gerente general de la empresa paisa, detalló cómo es el proceso para la entrega de las casas, que pueden estar completamente listas en apenas tres semanas."Con base en la información arquitectónica que que recibimos, diseñar unas estructuras, y después de eso, producir los perfiles, que salen como un lego. Básicamente, es un paquete que sale listo para ensamblar, que la producción de una casa puede demorar menos de un día. O sea, la estructura, la construcción puede demorar menos de un día. Podemos trabajar inclusive con una máquina, producir 33 casas por día, y el ensamble de la estructura puede demorarte dos", explicó.Desde la empresa aseguraron que la primera casa modelo ya fue entregada en Quibdó y se espera que el segundo prototipo, una vivienda tipo cafetera, sea entregada este 24 de septiembre en el municipio de Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia. Asimismo, COLFRAME trabaja en la producción de unas 20 estructuras adicionales y la meta es entregar las primeras 130 viviendas antes de finalizar el año.Finalmente, los mayores desafíos, explicó la empresa, están en la logística, la capacitación de los equipos encargados de ejecutar las obras en las regiones y la entrega de las herramientas para que las personas ejecuten los proyectos de vivienda en las zonas golpeadas por el terremoto.
El Hospital San Vicente Fundación de Medellín lanzó una alerta por la alta ocupación que actualmente tiene su servicio de urgencias, cuya capacidad se encuentra en un 268 % de saturación, situación que genera presión y demoras en la atención de pacientes.La institución médica explicó que su servicio de urgencias está destinado principalmente a la atención de pacientes con condiciones de alta complejidad, entre ellas patologías graves, traumas severos y emergencias que pueden comprometer de manera inmediata un órgano o incluso la vida.Ante este panorama, recomendaron desde el centro asistencial que las personas cuya condición médica no representa una urgencia vital consulten inicialmente en su IPS básica o en la red de atención primaria asignada por su EPS.No obstante, la saturación se suma a las dificultades financieras que atraviesan diferentes instituciones de salud del departamento, pues a junio de 2026 la cartera de las IPS de Antioquia alcanzaba los $16,77 billones, además, hospitales públicos tienen deudas de 2.5 billones en la actualidad. "Se ve un incremento importante de los pacientes en estado crítico en el servicio de urgencias adultos, actualmente registra un 268 por 100 de saturación. Es importante recordar que este servicio de urgencias es de alta complejidad. Está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata la vida o un órgano", sostuvo Alejandro Marín, jefe de Urgencias del centro asistencial.Sin embargo, la problemática no sería exclusiva del San Vicente Fundación, ya que la red hospitalaria de Medellín y el Valle de Aburrá también ha registrado altos niveles de ocupación en sus servicios de urgencias durante los últimos meses con servicios de urgencias por encima del 100 % de ocupación.
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
