El incremento del salario mínimo de 2027 deberá velar por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero ponderando sus impactos en el mercado de trabajo, la inflación y los costos fiscales de la medida. Así lo planteó el Centro de Pensamiento Económico Anif, a propósito de la primera negociación del mínimo que mediará la administración de Abelardo de la Espriella.
Según Anif, la discusión tendrá que tener en cuenta lo que dejó el aumento de 2026, es decir, compresión salarial y un mayor número de ocupaciones informales. A eso se suman las presiones inflacionarias por excesos de demanda y el crecimiento moderado del aparato productivo. También señalaron las implicaciones fiscales del incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, "en un escenario de alta estrechez fiscal".
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El diálogo ya está abierto. El 1 de octubre se realizó la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de la nueva administración, con representantes del Gobierno, los gremios empresariales, las centrales sindicales y las organizaciones de pensionados.
La reunión no marcó el inicio de la negociación del salario mínimo, pero se acordó conformar una mesa técnica y jurídica para estudiar asuntos laborales que generan inquietudes, como las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la negociación colectiva, la tercerización y la intermediación laboral.
En cuanto al calendario, la instalación formal de la mesa de negociación aún no tiene fecha. A finales de noviembre se conocerán los datos de productividad laboral y a comienzos de diciembre se presentará la inflación de noviembre, junto con los demás insumos sobre crecimiento, mercado laboral y perspectivas macroeconómicas.
Con esa información, trabajadores y empleadores presentarán sus propuestas de incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte. Si no hay acuerdo antes del 15 de diciembre, primer plazo legal, el Gobierno deberá fijar el mínimo de 2027 mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre de 2026.