“El impuesto al patrimonio podría recaudar 13,4 billones, no 8 como dice el Gobierno”: Anif
De acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio propuesto en el marco de la emergencia económica volvió a encender el debate nacional. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el recaudo de esta medida no sería de 8 billones de pesos, como lo ha estimado el Gobierno Nacional, sino que podría alcanzar los 13,4 billones de pesos. Así lo aseguró José Ignacio López, director de Anif, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde cuestionó tanto la metodología oficial como la conveniencia del tributo.
Cálculos en disputa sobre el impuesto al patrimonio
De acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.
“Nos dimos a la tarea de mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas a este impuesto y, con las tarifas marginales anunciadas, el cálculo nos da 13,4 billones de pesos”, afirmó el directivo.
La cifra supera en más de 5 billones de pesos el monto anunciado por el ministro de Hacienda. Para el centro de estudios, esta diferencia no es menor y genera interrogantes sobre la precisión de las proyecciones oficiales en medio de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en ocho departamentos del país.
El debate se intensificó cuando en la mesa de análisis se recordó que ejercicios preliminares realizados por periodistas del programa ya apuntaban a un recaudo cercano a los 14 billones de pesos, una cifra similar a la proyectada ahora por Anif.
Inundaciones en Córdoba
Foto: EFE
Impacto en grandes empresas: Ecopetrol y el sector financiero
Uno de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con el impacto del impuesto al patrimonio en grandes compañías, incluyendo empresas de participación estatal. López explicó que, en un cálculo preliminar, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de 1,4 billones de pesos.
“Cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, solo Ecopetrol nos daba aproximadamente 1,4 billones de pesos. Si sumamos otras como EPM, ISA y el Grupo Energía Bogotá, solo en cuatro empresas el recaudo sería cercano a 2,7 billones”, detalló.
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En el sector financiero, los montos también serían significativos. De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval tendrían que asumir pagos que oscilarían entre los 200.000 y 500.000 millones de pesos, dependiendo de su patrimonio líquido y de la tarifa definitiva que establezca el Gobierno, la cual podría superar el 1,2 % para los bancos. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento empresarial y presiones sobre la inversión privada.
Un impuesto “nocivo” para la inversión y el empleo
Más allá de la diferencia en las cifras, el director de Anif fue enfático en cuestionar la conveniencia del impuesto al patrimonio en el actual contexto económico colombiano.
“Este es un impuesto muy inconveniente para el país. Está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos y la generación de empleo”, sostuvo López.
Según explicó, al gravar el patrimonio —que muchas veces está representado en activos no líquidos como maquinaria o infraestructura— las empresas podrían verse obligadas a endeudarse o liquidar activos para cumplir con la obligación tributaria. “Muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para tener la caja y poder pagar este impuesto”, advirtió.
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Anif recordó que Colombia ya implementó este tributo hace más de una década y que sus efectos incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial, lo que encareció el acceso al crédito y afectó la dinámica de inversión en el mediano plazo.
Emergencia económica y dudas sobre la urgencia fiscal
Otro de los cuestionamientos gira en torno a la necesidad real de los recursos y la relación directa con la emergencia invernal. López señaló que no se ha presentado un desglose detallado que justifique los 8 billones de pesos estimados por el Gobierno.
El problema es que uno no queda claro cuáles son las necesidades urgentes de la emergencia. No hemos visto un detalle que justifique esa cifra
afirmó.
Además, subrayó que el impuesto al patrimonio no es un instrumento de recaudo inmediato, por lo que no sería el mecanismo más eficaz para atender una situación de urgencia. “Aquí lo que se necesita es usar la caja del Gobierno y hacer reasignaciones presupuestales o utilizar recursos de regalías no ejecutadas”, indicó.
La discusión también ha llegado al plano jurídico, pues cualquier decreto tributario derivado de la emergencia económica deberá superar el control de la Corte Constitucional, que analizará la proporcionalidad y la relación directa entre las medidas fiscales y la crisis que se busca atender.
El anuncio del posible recaudo de 13,4 billones de pesos reaviva el debate sobre la política fiscal del Gobierno y sus efectos en el crecimiento económico. En un contexto donde la inversión privada ha mostrado señales de debilidad, gremios y analistas advierten que un nuevo impuesto al patrimonio podría profundizar la desaceleración.
Para Anif, la discusión no debe centrarse únicamente en si el recaudo será de 8 o 13,4 billones, sino en las consecuencias estructurales de la medida. “Este instrumento no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo”, concluyó López.