El ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación por $575,7 billones, equivalente al 27 % del Producto Interno Bruto.De acuerdo con el articulado, el Gobierno estima que los ingresos del Presupuesto General de la Nación ascenderán a $545,5 billones. De ese total, $309,8 billones provendrían de ingresos corrientes, entre ellos los impuestos, mientras que $181,2 billones corresponderían a recursos de capital.El resto de los recursos se distribuiría entre contribuciones parafiscales, fondos especiales e ingresos de los establecimientos públicos.Sin embargo, al comparar las rentas proyectadas con las apropiaciones de gasto incluidas en el mismo proyecto de ley, aparece una diferencia significativa. Mientras los ingresos suman $545,5 billones, el Gobierno solicita autorización para ejecutar gastos por $575,7 billones, lo que deja una brecha cercana a los $30,2 billones entre ambos cálculos.Es decir, hay una desfinanciación del presupuesto en $30,2 billones, equivalente a cerca del 5,2 % del gasto total previsto para 2027.Y aunque este proyecto no detalla cómo se cubriría este faltante, cabe recordar que, en días anteriores, el gobierno saliente radicó una nueva reforma tributaría cerca a los $22 billones.Uno de los rubros de mayor peso en los gastos vuelve a ser el servicio de la deuda pública por más de $115 billones, y entre las entidades con mayores apropiaciones visibles en el proyecto también sobresalen el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Este último concentra recursos superiores a los $26,6 billones, incluyendo programas relacionados con la política fiscal, el fortalecimiento del recaudo tributario y la financiación de proyectos estratégicos de transporte.
El Ministerio de Comercio envió una nueva solicitud al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que, esta vez sí, se fortalezca y actualice la reglamentación que permita controlar y evitar las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.La petición llega luego del arancel impuesto por Estados Unidos a las economías de 60 países que no están al día con dicha legislación. En el caso de Colombia, la medida fue del 12,5 % a las exportaciones de un grupo importante de productos.Esta nueva petición del Ministerio de Comercio llega luego de las fallidas alertas emitidas tanto por esa cartera como por los gremios, que desde hace un mes pidieron a la DIAN, como entidad responsable, ponerse al día con la actualización necesaria.Según expone el Ministerio de Comercio en la carta de este viernes, durante los últimos meses se promovieron mesas de trabajo, reuniones técnicas y gestiones interinstitucionales con el propósito de construir un mecanismo que permitiera a la DIAN ejercer controles efectivos sobre este tipo de importaciones.Sin embargo, dichas iniciativas no lograron consolidarse y, en varios de estos espacios, no fue posible contar con el acompañamiento de la DIAN, lo que impidió avanzar en la definición de un instrumento jurídico que otorgara competencias expresas a la autoridad aduanera para prevenir el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso.Por eso, la ministra de Comercio, Diana Rojas, pidió de nuevo al Ministerio de Hacienda y a la DIAN que lideren la expedición de un instrumento normativo que habilite a la autoridad aduanera para adoptar medidas de control, tales como la retención preventiva de mercancías, el requerimiento de información adicional a los importadores, la realización de verificaciones e inspecciones y la adopción de decisiones cuando existan indicios objetivos de que los bienes fueron producidos mediante trabajo forzoso.La entidad sostiene que estas facultades son coherentes con las funciones propias de la DIAN como autoridad encargada del control aduanero.“La asignación de dichas competencias a la DIAN obedecía a que, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, es la autoridad encargada de ejercer el control aduanero, la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y el control del ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. En consecuencia, únicamente dicha entidad cuenta con las facultades legales para adoptar medidas materiales sobre las mercancías objeto de importación, tales como la suspensión del levante, la inmovilización, la retención preventiva, la inspección aduanera y las demás actuaciones dirigidas a impedir el ingreso de bienes cuando exista fundamento legal para ello”, reitera la carta.
En medio de la presentación de la alianza estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno electo de Abelardo De La Espriella con un financiamiento por $9.000 millones de dólares, el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en septiembre se estaría presentando el proyecto de ley de reforma tributaria, una vez se presente el plan de ajuste fiscal.“Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad (…) Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años”, aseguró el ministro Gómez Martínez.El funcionario designado también se pronunció frente al proyecto de reforma tributaria radicado esta semana por el gobierno saliente y la bancada del Pacto Histórico como inconveniente y mal orientada.“Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen. Eso me parece que es lo que le están haciendo a los colombianos con la reforma y yo espero que el Congreso la archive”, agregó Gómez Martínez.El jefe designado de la cartera económica advirtió sobre los riesgos de mantener altos niveles de déficit y endeudamiento, y reiteró la urgencia de estimular la inversión y el crecimiento económico.
El presidente electo Abelardo De La Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia, asegurando que está es una medida que se debe adelantar para recomponer el rumbo de las finanzas."La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional", dijo De La Espriella.En el mismo sentido, el presidente electo le pidió al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, trasladarse a la ciudad de Washington para adelantar reuniones con la banca internacional y los organismo financieros multilaterales."El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro", agregó el presidente electo.Es importante recordar que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ya sostuvo algunas reuniones con estos organismos financieros."Yo ya he tenido reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional", dijo Restrepo en diálogo con Blu Radio.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su condición de delegatario de funciones presidenciales, envió una respuesta oficial a José Manuel Restrepo, coordinador del equipo de empalme del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, para confirmar el inicio de la transición gubernamental.La misiva de Ávila se da en respuesta a una comunicación previa de Restrepo, en la cual el coordinador entrante había advertido de manera categórica que "Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega", reclamando plenas garantías de transparencia, trazabilidad tecnológica y acompañamiento de los órganos de control.En el documento, Ávila señaló la importancia de mantener la estabilidad institucional durante el proceso: “Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados. El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”.El funcionario agregó que, conforme a las directrices de un Estado Social y Democrático de Derecho, la administración saliente suministrará la información requerida por ley para que el nuevo equipo conozca el estado de la gestión pública y organice el inicio de su período.Ávila precisó que el intercambio de información se ajustará a lo establecido en la Directiva Presidencial, la cual define los órganos de coordinación y las reglas metodológicas del proceso. Asimismo, recordó que las actuaciones del Ejecutivo se mantendrán dentro del marco de sus competencias constitucionales hasta el próximo 7 de agosto.Respecto a la coyuntura política, el ministro llamó a priorizar los deberes estatales sobre las controversias sectoriales: “Más allá de las diferencias propias de la democracia, existe un compromiso superior con la continuidad del Estado, la estabilidad de las instituciones y la adecuada prestación de los servicios públicos. Ese compromiso guiará cada una de las actuaciones del Gobierno Nacional durante las próximas semanas”.La sesión de instalación formal se realizará este jueves en la Casa de Nariño, donde ambos coordinadores definirán el cronograma de trabajo y los canales oficiales de comunicación.
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, lanzó una dura advertencia sobre el estado crítico de las finanzas públicas de Colombia y el riguroso plan de ajuste económico que implementará la administración entrante a partir del próximo 7 de agosto. En entrevista con Mañanas Blu, Gómez fue tajante al diagnosticar la situación fiscal del país y asegurar que el Estado debe frenar de inmediato el gasto desmedido.Gómez cuestionó con severidad el anuncio del ministro saliente, Germán Ávila, sobre radicar una nueva reforma tributaria por 30 billones de pesos el próximo 20 de julio, tildándola como "la constancia del fracaso de la política de las finanzas públicas del gobierno saliente".De acuerdo con el ministro entrante, el desbalance financiero actual es insostenible: entre enero y abril el Estado gastó un promedio de 40 billones de pesos mensuales, mientras que solo recaudó 28 billones de pesos, generando un déficit mensual de 12 billones.El funcionario designado aclaró que, si bien la administración de De la Espriella contemplará una reforma fiscal propia, esta tendrá un enfoque radicalmente opuesto al actual. No buscará ahogar a los contribuyentes vigentes, sino estimular el crecimiento económico y la inversión privada para aumentar el recaudo de forma orgánica.Reducción del EstadoPara contrarrestar una deuda pública que ya supera los 1.200 billones de pesos, lo que, en palabras del ministro entrante, es equivalente a que cada niño colombiano nazca debiendo 20 millones de pesos, el equipo económico adelanta una estricta revisión rubro por rubro de los presupuestos de 2025 y 2027. El objetivo principal es lograr que el presupuesto general comience a disminuir en términos reales, creciendo por debajo de la inflación.Al ser consultado sobre el rediseño institucional y el recorte de la burocracia, Gómez confirmó que se estudian opciones técnicas complejas para la fusión de entidades y ministerios."Tener 19 ministerios, eso pues no tenemos con qué pagarlo. Es así de sencillo, no hay plata para pagar 19 ministerios, y ministerios además con unas nóminas que crecen y crecen innecesariamente. Entonces tenemos que hacer ese apretón", puntualizó.Finalmente, Gómez aclaró que la reforma del Estado requiere de un trámite legislativo riguroso en el Congreso y que las opciones finales están siendo evaluadas por otro equipo del empalme. Además, calificó como "irresponsable" el anuncio de desobediencia civil pacífica hecho por el sector político de Iván Cepeda, señalando que dicha postura antepone intereses políticos por encima de la urgente estabilidad económica del país.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, instó al equipo de gobierno entrante a desarrollar el proceso de empalme bajo criterios de institucionalidad y respeto mutuo. El funcionario, quien actualmente lidera la transición por parte del Ejecutivo y se desempeña como encargado de funciones presidenciales, subrayó que el traspaso de mando debe ser un ejercicio técnico y neutral.“El empalme que vamos a hacer es un empalme sin apellidos”, sentenció Ávila durante una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Para el jefe de la cartera económica, es fundamental que el proceso se mantenga ajeno a etiquetas —como la denominación de "Empalme Anticorrupción" utilizada por el equipo del presidente electo— y que, por el contrario, se ajuste estrictamente a la Ley 951 de 2005.La legitimidad y el "empate con ganador"El ministro Ávila argumentó que la composición de los resultados electorales, caracterizada por una diferencia estrecha entre las dos fuerzas políticas principales, obliga a los actores involucrados a moderar su lenguaje. "Debemos tener como punto de partida que este proceso electoral ha recibido el respaldo de 12.708.000 ciudadanos por un lado y 12.950.000 por el otro", puntualizó.Bajo esa premisa, el titular de Hacienda describió el escenario actual como un "empate con ganador". A su juicio, esta realidad política exige una transición caracterizada por la prudencia: “El lenguaje debe ser un lenguaje cuidadoso, debe ser un lenguaje respetuoso. No solamente hay que pensar en hablarle a esos 12 millones 900 mil votantes que acompañaron al presidente electo, sino que también se debe hablar con respeto a los 12 millones 708 mil ciudadanos que acompañaron la propuesta alternativa”.Críticas a la política monetariaMás allá de la transición, el ministro Ávila aprovechó el espacio para expresar su rotundo desacuerdo con la reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar nuevamente las tasas de interés. A pesar de reconocer los indicadores macroeconómicos positivos, como el descenso de la tasa de desempleo al 8% —la cifra más baja en lo que va del siglo—, el ministro cuestionó el ritmo de los ajustes monetarios.“Colombia ha hecho una operación que es totalmente desproporcionada y no acorde con las dinámicas mundiales”, advirtió Ávila. El ministro reveló que, mientras otras bancas centrales han optado por la cautela ante la incertidumbre global derivada de conflictos internacionales y presiones inflacionarias, el Banco de la República ha acumulado incrementos de 275 puntos básicos.Para el funcionario, esta medida es "inusitada" y representa un récord a nivel global que, según sus proyecciones, podría comprometer la senda de crecimiento económico que el país ha consolidado durante los últimos periodos.
Las primeras reacciones al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella estuvieron marcadas por mensajes de respaldo de gremios empresariales y representantes de las regiones, que destacaron su experiencia en el sector público y privado y expresaron expectativas sobre el manejo de la economía.La Federación Nacional de Departamentos aseguró que recibe "con confianza" la designación de Gómez Martínez y destacó que, además de su trayectoria, ha sido un servidor público comprometido con el fortalecimiento institucional, la responsabilidad fiscal y el desarrollo del país.La entidad manifestó que esa visión será clave para fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las regiones, al tiempo que expresó su disposición para trabajar de manera articulada con la nueva administración.Por su parte, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, felicitó al nuevo ministro y afirmó que espera que su gestión contribuya a fortalecer la estabilidad económica, generar confianza para la inversión y crear condiciones favorables para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.En el mismo sentido se pronunció la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, quien señaló que el Ministerio de Hacienda será una de las carteras más importantes del próximo gobierno para recuperar la confianza y la credibilidad económica. Además, aseguró que el gremio está dispuesto a aportar en temas relacionados con las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal y la atracción de inversión.El presidente electo oficializó este martes el nombramiento a través de sus redes sociales. En su mensaje destacó la experiencia de Gómez Martínez y aseguró que su llegada al Ministerio de Hacienda marcará el inicio de una etapa enfocada en la disciplina fiscal, la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos."Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción", escribió De la Espriella, quien afirmó que el nuevo ministro entiende que "cada peso de los colombianos debe administrarse con responsabilidad" y sostuvo que la confianza será la base para fortalecer la economía.Miguel Gómez Martínez se convierte así en el segundo integrante confirmado del gabinete del presidente electo, después del anuncio del excongresista Rodrigo Lara como ministro del Interior.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el próximo jueves se instalará oficialmente el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La reunión se realizará a las 10:00 de la mañana en la Casa de Nariño y contará con la participación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.En una rueda de prensa, Ávila explicó que en ese encuentro se definirá la hoja de ruta del empalme y el cronograma de trabajo. Señaló que cada ministerio instalará mesas técnicas, lideradas por el respectivo ministro, para atender los requerimientos de información de la administración entrante.El ministro afirmó que cumplirán con las obligaciones establecidas en la ley y que entregará la información exigida por la normativa, pero no información adicional.“Cumpliremos con la ley. No entregaremos ni más ni menos información que la ley exige. En la reunión del próximo jueves haremos el cronograma de trabajo para realizar el proceso de empalme (…) Queremos dejar claro que el empalme no es un debate político, es una entrega de información”.Las declaraciones se producen después de que el senador Enrique Gómez anunciara la radicación de 167 derechos de petición dirigidos a entidades del nivel central del Estado, argumentando que busca obtener información sobre presuntos hechos de corrupción denunciados por integrantes del equipo cercano al presidente electo.En respuesta, Ávila rechazó lo que calificó como amenazas o presiones durante el proceso de transición y sostuvo que, si existen denuncias o inquietudes, estas deben ser presentadas ante los organismos de control.“No admitimos coacción ni amenaza de investigaciones. Consideramos que, si existe alguna inquietud por representantes del gobierno entrante, existen organismos de control ante los cuales deberán dirigirse. En este proceso no aceptamos coacciones, amenazas ni irrespeto con el Gobierno o el presidente de la República”.
Miguel Gómez Martínez va a ser el ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella.La decisión será anunciada en las próximas horas por medio de las redes sociales del presidente electo.Gómez Martínez fue congresista pero también ha sido presidente de Asocolflores y de Bancóldex.Es importante recordar que en un principio se había evaluado la posibilidad de nombrar a una mujer en el ministerio de hacienda y se evaluaron varios nombres.Sin embargo, el presidente electo y su equipo se habrían inclinado por Gómez Martínez.Este será el segundo anuncio que hará Abelardo De la Espriella sobre su gabinete, pues a finales de la semana pasada anunció la designación del excongresista Rodrigo Lara como ministro del interior.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.