El Gobierno están negociando un préstamo de alrededor de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un intento por estabilizar sus precarias finanzas públicas, según informó Bloomberg. De acuerdo con las fuentes, quienes solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones, el país y el organismo multilateral están discutiendo los términos de un acuerdo de reserva. A diferencia de esquemas anteriores, Colombia tiene la intención explícita de recurrir al programa de financiamiento en lugar de considerarlo únicamente como una medida de precaución. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Al ser consultados, tanto el FMI como el Ministerio de Hacienda de Colombia declinaron hacer comentarios.Deterioro fiscal y medidas de ajuste en el CongresoLas negociaciones se producen mientras el ejecutivo busca estabilizar las finanzas públicas tras años de crecientes déficits y un aumento sostenido de la deuda. El mes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar las conversaciones sobre los esfuerzos de estabilización fiscal del gobierno, incluyendo una consulta sobre el Artículo IV y posibles medidas para mejorar las condiciones de financiamiento del país. El FMI declaró el mes pasado que la trayectoria fiscal de Colombia era insostenible, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió la situación económica como la peor en la historia del país. Como respuesta, el gobierno ha enviado al Congreso un paquete de recortes de gastos y aumentos de impuestos destinados a reducir el déficit fiscal.Los acuerdos de crédito contingente del FMI están diseñados para ayudar a los países a abordar problemas de balanza de pagos a corto plazo o potenciales, y pueden tener una duración de hasta tres años.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió a los congresistas de su partido, Centro Democrático, que no soliciten cargos en el gobierno nacional, más directamente en un mensaje dirigido al representante Mateo Hidalgo.“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, trinó el exmandatario.Esta advertencia se da en medio de la necesidad de mayorías en el Congreso por parte del gobierno, para aprobar la Ley de Rescate Fiscal, justificada por el ejecutivo en la complejidad de la situación dejada por el gobierno anterior.El ministro respondió que los congresistas con quienes ha conversado han “escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna”, porque “comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”.Gómez Martínez ahondó su respuesta para defender el actuar del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. “El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”, dijo el ministro de Hacienda.Después de la disertación del panorama fiscal del país y lo que recibieron, el ministro habló en primera persona y aseguró que no pide hojas de vida para dar puestos a recomendados de congresistas.“Mi talante, señor expresidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, aseguró.Hecha esa claridad de su versión, Gómez Martínez invitó al legislativo, en particular al Centro Democrático y a todos los partidos de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con seriedad.“Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”, manifestó el jefe de la cartera económica.La respuesta del congresista mencionandoEl representante a la Cámara, Mateo Hidalgo, negó en Blu Radio que haya llevado hojas de vida para recomendar algún perfil para trabajar en el gobierno.“Hemos venido haciendo un trabajo de frente a la comunidad, tranquilo. A veces al presidente le mandan mensajes y él a todos nos tiene en el radar, pero en este partido las cosas son muy distintas. Invitó al que quiera y puede decirlo el gobierno, yo no he llevado una hoja de vida a nadie ni tampoco me la han solicitado”, expresó en diálogo con Meridiano Blu.Explicó que la única comunicación que ha tenido con el ministro de Hacienda ha sido en contextos de su labor cuando ha sido citado a la Comisión Quinta de la Cámara, célula legislativa de la cual es vicepresidente.Por último, Hidalgo aseguró que ya habló con el expresidente Álvaro Uribe tras la publicación del trino en el que lo mencionó.“Claramente hablé con él, le conté, pero ya había salido el trino, entonces, pues el presidente está en una lucha y él tiene todas las garantías de darla. Y yo lo respeto a él mucho, es el jefe del partido y creo que con lo que se está haciendo con el gobierno nacional, más lo que acaba de manifestar el presidente Uribe, pues es evidente que todos queremos que haya un cambio en la política y que no haya una componenda como normalmente se ha hecho acá”, aseguró.
La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 12,25 %. Según informó el emisor, la votación final registró cuatro apoyos a favor de mantener la tasa en su nivel actual, mientras que tres directores respaldaron una postura de incremento de 25 puntos básicos.¿Por qué el Banco de la República mantuvo la tasa en 12,25 %?De acuerdo con la información entregada por la Junta Directiva, la postura restrictiva responde al comportamiento reciente de los precios al consumidor y a los riesgos latentes sobre el costo de vida. El organismo emisor detalló que la inflación anual en septiembre se ubicó en 6,3 %, registrando un leve repunte respecto a los meses anteriores, aunque situándose ligeramente por debajo de las previsiones que manejaba el mercado financiero.Asimismo, la entidad bancaria central advirtió sobre la presencia de factores imprevistos que podrían alterar la trayectoria proyectada para los precios de la canasta familiar. De manera puntual, las autoridades monetarias identificaron al fenómeno de El Niño como el principal riesgo al alza sobre el comportamiento futuro de las sendas de los alimentos y los servicios regulados.En materia de expectativas, el reporte oficial señala que las proyecciones de los analistas económicos para el cierre de diciembre de 2026 aumentaron levemente al 6,9 %, mientras que para un horizonte de dos años permanecieron alrededor del 4,0 %. A su vez, las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública se mantienen alejadas de la meta oficial del 3,0 %.¿Cómo evoluciona la economía colombiana y el frente fiscal?Respecto al desempeño de la actividad productiva, la Junta Directiva evaluó los indicadores de la demanda interna e identificó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre en comparación con el periodo previo. Los análisis del emisor evidenciaron un menor dinamismo en el consumo, tanto en el componente privado como en el público.Esta tendencia a la baja en la actividad económica general fue ratificada por los registros del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mes de agosto, sumado a los resultados de las encuestas sectoriales de la industria manufacturera y del comercio al por menor, las cuales reflejaron un bajo desempeño de los sectores productivos.Finalmente, el Banco de la República subrayó que la evolución de las finanzas públicas constituye un factor de primer orden para garantizar la efectividad de la política monetaria en su objetivo de conducir la inflación hacia la meta del 3,0 %. En ese contexto, la Junta Directiva manifestó la importancia de que el Congreso de la República adelante un estudio riguroso sobre el articulado del Proyecto de Ley de Rescate Económico que fue radicado recientemente ante la Cámara de Representantes.
El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el denominado proyecto "Ley de Rescate Económico". La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y reestructurar el sistema tributario nacional.Durante la presentación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, confirmaron que la propuesta elimina la exención del de minimis para compras en plataformas en línea inferiores a 200 dólares y fija un programa de devolución de IVA para hogares vulnerables.¿Qué cambios tendrá el IVA para las compras por internet y el sector productivo?Según establece el articulado, el proyecto busca nivelar las condiciones comerciales e incrementar el recaudo mediante la derogación de la exención tributaria a las importaciones postales de bajo valor. Con esta medida, las compras realizadas en plataformas digitales internacionales por montos menores a 200 dólares quedarán gravadas con la tarifa general del impuesto sobre las ventas (IVA).En el componente social, la norma crea el mecanismo "EfectIVA", una devolución del IVA focalizada para personas naturales en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. De acuerdo con lo expuesto por el vicepresidente Restrepo, la medida beneficiará a 19 millones de colombianos (38 de cada 100 habitantes) con transferencias directas que tendrán un límite de hasta 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales.Para el sector empresarial, el texto plantea reducir progresivamente la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, pasándola del 33 % actual al 31 % a partir del año gravable 2028. Según estimaciones del Ejecutivo, nueve de cada diez empresas verán disminuida su carga impositiva, beneficiando principalmente a micronegocios y pequeñas empresas.¿Cuáles son los puntos principales del articulado de rescate fiscal?El proyecto de ley abarca modificaciones de fondo en materia de austeridad, impuestos, pensiones, salud y atracción de inversiones:Medidas de austeridad y reducción del gasto públicoReorganización del Estado: concede facultades extraordinarias por seis meses al Presidente de la República para suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas.Ajuste en nómina y contratación: ordena un decrecimiento nominal del 20 % en los gastos de personal para 2028 (excluyendo Fuerza Pública) y exige reducir en un 50 % los costos de contratos de prestación de servicios profesionales para 2027.Planes de austeridad: prohíbe la realización de recepciones, festejos o agasajos con cargo al Presupuesto General de la Nación y restringe el gasto en pauta y publicidad oficial.Venta de activos del Estado: obliga a las entidades a reportar bienes inmuebles, acciones y activos improductivos a Central de Inversiones S.A. (CISA) para su monetización, destinando al menos el 50 % de los recursos netos al pago de la deuda pública.Modificaciones tributarias y nuevas fuentes de ingresoIncentivos a la inversión (Régimen RUGE): crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial por 16 años para proyectos con montos mínimos de inversión según el sector. Ofrece una tarifa unificada de renta del 20 % o 26 %, exención del impuesto al patrimonio y depreciación acelerada de activos.Ajustes a licores, cigarrillos y bebidas: modifica los componentes específicos y ad valorem de los impuestos al consumo de licores, cigarrillos, picaduras y cerveza, destinando los recaudos adicionales a la financiación del aseguramiento en salud.Impuesto a bebidas ultraprocesadas: fija tarifas específicas por cada 100 ml a partir de 2028 según el gramaje de azúcar añadido o presencia de edulcorantes.Normalización tributaria: crea un impuesto del 15 % para la normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes y una tarifa preferencial del 5 % para la declaración voluntaria de criptoactivos y activos digitales al 1 de enero de 2027.Sanciones y control de la Regla FiscalPenas contra el contrabando: establece penas de 4 a 8 años de cárcel y multas del 200 % al 300 % del valor aduanero para el contrabando que supere los 25 salarios mínimos. Si sobrepasa los 100 salarios mínimos, la pena será de 9 a 12 años de prisión.Endurecimiento de la Regla Fiscal: fija el límite de la deuda neta en 71 % del PIB y el ancla en 55 % del PIB. Crea la "Cuenta de Control" y un mecanismo de corrección automática que recortará gastos de funcionamiento e inversión en caso de desviaciones acumuladas.El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, enfatizó que la aprobación de la iniciativa es indispensable para cerrar el presupuesto de las siguientes vigencias fiscales y asegurar la sostenibilidad del endeudamiento público, mientras que el articulado inicia formalmente su trámite en las comisiones económicas del Congreso.
La extensión de la primera línea del metro de Bogotá hasta la calle 100, el avance de los estudios para la línea 4 y la posible incorporación de más de 2.400 buses eléctricos fueron algunos de los principales anuncios de la reunión entre el Gobierno nacional y la administración distrital. Así lo explicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, durante una entrevista en Recap Blu, en la que destacó los acuerdos alcanzados para impulsar proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura en la capital.Uno de los puntos centrales del encuentro fue el respaldo del Gobierno para avanzar en la ampliación de la primera línea del metro, que actualmente está proyectada hasta la calle 72. Según Cadena, el Distrito lleva cerca de tres años trabajando en la iniciativa para extenderla hasta la calle 100, una propuesta incluida en el Plan de Desarrollo de Bogotá que se busca viabilizar mediante una asociación público-privada (APP) de iniciativa privada. La funcionaria señaló que la intención es avanzar para dejar contratado el proyecto el próximo año, con el apoyo del Gobierno nacional a través de nuevas inversiones que faciliten su ejecución.En materia de transporte sostenible, la secretaria destacó que durante la reunión se habló de incorporar más de 2.400 buses eléctricos nuevos para Bogotá. Esta propuesta ampliaría los esfuerzos de cofinanciación que permitieron la adquisición de 269 vehículos eléctricos mediante un acuerdo anterior entre la Nación y el Distrito. De acuerdo con Cadena, la financiación de una nueva flota permitiría fortalecer el sistema de transporte público y contribuiría a hacer viable la extensión del metro.Otro de los anuncios estuvo relacionado con los estudios de la denominada línea 4 del metro, que, según explicó Cadena, corresponde a una fase posterior de ampliación del corredor de la primera línea. La proyección contempla llevar el trazado desde la calle 100 hasta la calle 245, como parte de la expansión futura del sistema. “Lo que se acordó fue poder avanzar en los estudios para esa siguiente fase”, indicó la secretaria.Sector saludEntretanto, sobre la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios, para el cual ya existen recursos previstos por parte del Gobierno nacional, Cadena explicó que el Distrito busca avanzar con la participación de la Nación en las modificaciones necesarias para recuperar la torre central y otras edificaciones del complejo, con el propósito de devolverle su función de atención médica a la ciudad. La funcionaria señaló que el proyecto debe responder a los cambios demográficos de Bogotá, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la necesidad de fortalecer los servicios dirigidos a los adultos mayores.Finalmente, Cadena destacó la disposición de ambas administraciones para mantener una agenda conjunta que no se limite a la movilidad, sino que incluya también iniciativas sociales y de desarrollo económico. En ese contexto, reiteró que la reprogramación de los recursos nacionales no pone en riesgo el avance de la primera línea del metro ni las obras de la calle 13, pues responde a acuerdos financieros establecidos previamente.
La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, se pronunció sobre la discusión por la reprogramación de 750.000 millones de pesos correspondientes a la primera línea del metro de Bogotá y la construcción de la calle 13, recursos que el Gobierno Nacional busca reorganizar para financiar medidas frente al riesgo de desabastecimiento eléctrico en la Costa Caribe.La funcionaria aseguró que los ajustes presupuestales corresponden a una modificación acordada el año pasado entre la Nación y el Distrito, que permitió reprogramar las vigencias futuras de ambos proyectos sin alterar los aportes totales de las dos partes ni afectar el ritmo de ejecución de las obras.La secretaria agregó que este tipo de movimientos permite optimizar el uso de los recursos públicos y abre la posibilidad de realizar nuevas inversiones que beneficien a los habitantes de Bogotá. También manifestó que espera que puedan adelantarse revisiones similares en el futuro.Esta respuesta llega luego de que, en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentara modificaciones al presupuesto de 2026 por un total de 3,9 billones de pesos.De los recursos que el Gobierno propone reprogramar, 437.000 millones de pesos corresponden a la calle 13 y otros 313.000 millones a la primera línea del metro de Bogotá.Según Gómez, fue el gobierno de Gustavo Petro el que "movió los desembolsos de la Linea 1 del metro de 2026 para 2027 en adelante" y aseguró que la reorganización de las apropiaciones permitiría atender necesidades extraordinarias del país.Por su parte, el Ministerio de Hacienda aclaró que los recursos destinados a la calle 13 están garantizados. La entidad explicó que reprogramará las vigencias futuras relacionadas con los aportes de cofinanciación de la Nación mientras Bogotá adelanta las nuevas licitaciones para el proyecto.En el caso del Metro, la discusión se relaciona con el calendario de los desembolsos nacionales previstos para la primera línea. Gómez sostuvo que el cambio en la programación de esos recursos había comenzado durante el Gobierno anterior.La reprogramación de los recursos de infraestructura hace parte de una propuesta para destinar 1,2 billones de pesos al sector eléctrico, con el objetivo de atender obligaciones pendientes y reducir el riesgo de afectaciones en la generación de energía, especialmente en la región Caribe.De acuerdo con el ministro de Hacienda, los recursos se canalizarían a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para proporcionar liquidez a las generadoras térmicas.La principal preocupación del Gobierno se concentra en Air-e, empresa intervenida por el Estado que presta el servicio de energía en departamentos de la Costa Caribe.Durante su intervención ante el Congreso, Gómez aseguró que la compañía acumula una deuda de 6,3 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponden a obligaciones con las generadoras térmicas.El ministro advirtió que, si estas empresas no reciben los pagos pendientes, podrían enfrentar dificultades para adquirir el combustible necesario para producir electricidad, lo que aumentaría el riesgo de problemas de abastecimiento en la Costa Norte del país.De los 1,2 billones de pesos previstos para el sector eléctrico, 750.000 millones provendrían de la reprogramación de los recursos de la calle 13 y el metro de Bogotá. Los 450.000 millones restantes saldrían de apropiaciones del Ministerio de Minas y Energía que estaban destinadas al pago de subsidios eléctricos.
El Gobierno Nacional expidió oficialmente mediante el Decreto 1599 de 2026 el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 por un monto total de $634,9 billones. La decisión se tomó de conformidad con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, luego de que un error de trámite impidiera conciliar y aprobar un texto único entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes.Según detalló el comunicado oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al no lograrse la conciliación del articulado en las plenarias del Congreso, entra a regir el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones que habían sido aprobadas en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.De acuerdo con lo explicado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el presupuesto fue discutido y respaldado mayoritariamente en ambas corporaciones durante la primera etapa legislativa. Restrepo calificó el rubro fijado como "el Presupuesto de la Verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado".Asimismo, el funcionario envió un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros e inversionistas internacionales, asegurando que el decreto refleja el ajuste fiscal que requiere el país.En la estructura macro del presupuesto decretado se destinaron $391,38 billones para gastos de funcionamiento, $155,43 billones para el pago del servicio de la deuda pública nacional y $88,14 billones para inversión. Adicionalmente, el Ejecutivo confirmó que avanza en la elaboración del proyecto de 'Ley de Rescate', el cual será radicado próximamente en el Congreso para profundizar el ordenamiento de las finanzas públicas.¿Cómo quedó distribuido el Presupuesto General 2027 por sectores?De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1599 de 2026, la asignación de recursos para las principales carteras e instituciones del Estado se mantendrá según lo avalado en las comisiones económicas:Educación: Asignación de $92,95 billones.Salud y Protección Social: $81,56 billones, rubro al que se le adicionaron $2 billones durante la discusión en primer debate.Defensa y Policía: $74,89 billones.Trabajo: $67,42 billones, sector que abarca el cumplimiento de las obligaciones pensionales del Estado.Inclusión Social y Reconciliación: $25,19 billones.Transporte: $21,67 billones.Rama Judicial: $11,53 billones.Justicia y del Derecho: $9,27 billones.Minas y Energía: $7,51 billones.Vivienda, Ciudad y Territorio: $7,35 billones.
El gobierno nacional no tiene presupuesto para asumir los costos adicionales que implicaría la reforma pensional en 2027 si la Corte Constitucional mantiene la entrada en vigencia de esa ley para abril del próximo año, como quedó en la sentencia del alto tribunal. El pronunciamiento se conoce justo cuando la Cámara de Representantes empezará a debatir los nueve apartes de esa ley que la Corte le devolvió.Según el Ministerio de Hacienda, "la implementación de la Reforma en la vigencia 2027 impediría incorporar de manera coherente las nuevas obligaciones con fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, lo cual generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas". Esto sugiere que la financiación de esa reforma tendrá que ser definida en los próximos meses. La Corte Constitucional está estudiando una solicitud formal del gobierno para moderar los impactos de su decisión sobre las finanzas públicas.¿Cuánta plata falta para implementar la reforma pensional en 2027?"Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5,4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024", señaló el Ministerio de Hacienda en una comunicación dirigida a la magistrada Paola Meneses el pasado 8 de octubre.Esos recursos corresponden a lo que el gobierno tendría que transferir de forma adicional a Colpensiones únicamente para el Pilar Contributivo y el Pilar Semicontributivo. En otras palabras, eso es lo que faltaría para pagar las mesadas pensionales y las prestaciones económicas por menos de un salario mínimo que tiene este nuevo sistema.Ese no sería el único faltante. El documento de 21 páginas contiene otro detalle preocupante: tampoco hay presupuesto para asumir completamente el Pilar Solidario en 2027, en las condiciones que estableció la reforma pensional. Aunque hoy casi 3 millones de adultos mayores reciben subsidios de Colombia Mayor, y ese programa seguirá funcionando, lo que plantea la ley es un programa mucho más ambicioso. Los cálculos apuntan a un universo de beneficiarios que podría llegar a 4,6 millones de personas. Cada una recibiría unos 258 mil pesos mensuales y el programa costaría en total 11,75 billones de pesos solo entre abril y diciembre. "Cabe mencionar que para la vigencia 2027 está previsto que los recursos que la cuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional podría aportar ascienden a $0,9 billones, de manera que el esfuerzo fiscal de la Nación sería de $10,85 billones, pero estos recursos no están considerados en el proyecto del PGN 2027", dice otro aparte del texto.El gobierno explicó a la Corte que no incluyó los recursos porque su sentencia avalando la entrada en operación del nuevo esquema pensional desde 2027 llegó apenas dos días antes de que el presupuesto reformulado fuera entregado al Congreso. Cuando el presupuesto se radicó y se reformuló la reforma estaba suspendida.Además los apartes de la ley que volverá a debatir la Cámara de Representantes pueden crear grandes cambios sobre el costo de esta reforma. Cámara de Representantes votará, otra vez, varios puntos sensibles de la reforma pensional. La Corte Constitucional declaró que el grueso de la reforma pensional no tiene vicios de procedimiento y puede entrar en vigencia el próximo 1 de abril. Sin embargo, ordenó a la Cámara de Representantes volver a discutir nueve apartes de la reforma y una proposición de la representante Jennifer Pedraza. Esta madrugada la Secretaría General de la Cámara anunció que ese debate tendrá lugar en la próxima sesión plenaria.Al gobierno le preocupan especialmente dos cosas. En primer lugar, el artículo 92, que aborda la administración del fondo de ahorro del nuevo sistema, y el artículo 93, que estableció la posibilidad de que campesinos, indígenas, negros, raizales y palenqueros tuvieran condiciones especiales para poder pensionarse. La Cámara tiene plazo para terminar esa discusión hasta la próxima semana.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó a la oposición y al Gobierno anterior por exigir más inversión en temas sociales cuando, según él, no dejaron asegurado los recursos para las poblaciones vulnerables.“Venir aquí a rasgarse las vestiduras y hablar de los pobres cuando han dejado el magisterio sin salud, las pensiones desfinanciadas y adultos mayores sin recursos. Eso no tiene presentación, me parece irresponsable”, manifestó.Esta respuesta se dio en la Plenaria del Senado, cuando el ministro escuchó las críticas por el presupuesto general de la nación. Allí afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro dejó desfinanciado varios sectores de los programas sociales y ahora la nueva la nueva administración realiza diferentes recortes para responder a las obligaciones financieras.“Los huecos no son huequitos, son troneras”, agregó el ministro.En horas de la tarde, el presidente Abelardo De La Espriella le había pedido al ministro de Hacienda revisar los “programas y subsidios innecesarios” y dejar solo los que tengan una justificación económica, social y verificable, entre ellos los que se entregan a adultos mayores y madres cabeza de familia."En el régimen anterior muchos de esos subsidios terminaron en pagos para aceitar las bases políticas. Ayer salieron a marchar y no pudieron llenar la Plaza de Bolívar, porque una cosa es la marcha sin subsidios”, dijo el mandatario.
Colombia está conversando con el FMI en torno a posibles instrumentos que contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento del país, dentro de una etapa exploratoria que incluyó el inicio de la evaluación de la economía del país bajo el artículo IV, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Hacienda.Está previsto que una misión técnica del FMI llegue a Bogotá en noviembre como un paso más en el acercamiento entre el país y ese organismo multilateral.Vale recordar que el número dos del FMI, Nigel Clarke, estuvo en Colombia a finales de septiembre y se reunió con representantes del Gobierno nacional, del Banco de la República, de la ANDI y de otras organizaciones civiles.Previamente, Blu Radio había reportado sobre los contactos entre el Gobierno colombiano y el FMI de cara a la posibilidad de un nuevo crédito que permita al país comprar deuda de mercado y refinanciarse a un menor costo, a medida que se ajustan sus finanzas.Ahora, el Gobierno confirma oficialmente que durante los contactos iniciales "se exploraron nuevas alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia", aunque no se conocen detalles adicionales.“El decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia es altamente valorado por el Gobierno nacional, en la medida que contribuye a anclar la confianza en el país”, dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en un comunicado.
Seis militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja, permanecen estables y fuera de peligro, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del distrito.La secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, confirmó que los uniformados se encuentran en condiciones generales estables y reciben atención médica especializada por parte de los servicios de medicina interna y ortopedia.De acuerdo con la funcionaria, los equipos médicos adelantan las valoraciones correspondientes para identificar posibles complicaciones y determinar los procedimientos que requiere cada uno de los pacientes.“Los pacientes se encuentran en condiciones generales estables, recibiendo atención médica especializada por medicina interna u ortopedia, con el fin de valorar posibles complicaciones y definir las conductas a seguir”, señaló Jiménez.Por su parte, la administración distrital reiteró que los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los centros asistenciales de Barrancabermeja continúan en alerta y con disponibilidad para atender cualquier otro requerimiento relacionado con esta emergencia.Cabe recordar que 22 soldados heridos en el ataque con drones perpetrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Santander para recibir atención médica, en medio de la emergencia ocasionada por esta acción armada.Las autoridades rechazaron el ataque contra la Fuerza Pública y reiteraron su preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta zona del país.
La investigación que adelanta la justicia desde hace 26 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en relación con sus posibles vínculos con grupos paramilitares, por ahora seguirá en manos de la Fiscalía, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de definir si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Siete de los magistrados de la Corte consideraron que el conflicto de competencias, como se denomina jurídicamente esta discusión, había quedado mal planteado y por lo tanto se inhibieron de definirlo, ante lo cual, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, salvaron el voto pues consideraban que el caso debía ser asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara.El asunto de fondo radica en las fechas en las que eventualmente, Álvaro Uribe habría tenido vínculos con el paramilitarismo: desde la Fiscalía se considera que la presunta responsabilidad del expresidente en las masacres de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997, se habría dado cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, por lo que el caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.Otra opinión tiene la Comisión de Acusación de la Cámara, que radicó un documento ante la Corte argumentando que el proceso contra el expresidente Uribe debe ser asumido por esa célula legislativa, tras considerar que en el expediente se habla de un remezón de oficiales de la Fuerza Pública en 2003, presuntamente relacionado con los casos investigados, por lo que el delito eventualmente habría tenido continuidad en el tiempo, incluso cuando Uribe se desempeñó como jefe de Estado.En cualquier caso, la puerta no quedó cerrada definitivamente para una nueva solicitud en el mismo sentido, que eventualmente podría llegar en otra oportunidad a la Corte Constitucional.Mientras tanto, la Fiscalía ya fijó la fecha para la continuación de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que comparecer el próximo 11 de diciembre.Hay que tener en cuenta que este mismo caso, el del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la principal bandera política de figuras de la izquierda como el caso del excandidato Iván Cepeda, ha producido una profunda división en el Pacto Histórico sobre quién debe asumir el proceso contra el exjefe de Estado.
Una familia santandereana atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño de 7 años, oriundo de Girón, Santander, quien falleció luego de sufrir un grave accidente mientras practicaba motocross en Denver, Colorado, Estados Unidos.De acuerdo con el relato de sus familiares, el menor llevaba bastante tiempo practicando este deporte y se encontraba en una jornada de entrenamiento cuando ocurrió el accidente. Según contó su tía, Lady Santamaría, uno de los motociclistas adultos cayó sobre el niño, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario."Inicialmente, los médicos lograron estabilizarlo y fue intubado. Posteriormente, lo remitieron a una clínica especializada en pediatría, donde sus padres recibieron la noticia de que presentaba un grave sangrado cerebral y necesitaba una intervención quirúrgica inmediata", contó la tía.Pese a los esfuerzos del equipo médico y a la compleja cirugía a la que fue sometido, el niño sufrió un paro cardíaco minutos después de salir del procedimiento. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.Ryan vivía en Estados Unidos junto a sus padres y su hermana menor desde hacía aproximadamente cuatro años. Sus familiares contaron que la pareja había emigrado en busca de mejores oportunidades laborales y de una mayor estabilidad económica para sus hijos.Ahora, además de enfrentar la pérdida de su pequeño, sus padres deben asumir los trámites y los elevados costos para trasladar sus restos a Colombia, pues su deseo es regresar al país y darle sepultura en la tierra donde nació.Según explicó su tía, el proceso de entrega del cuerpo podría tardar debido a las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. A esto se suma el costo de la repatriación, que estaría entre los 25.000 y 30.000 dólares.Una familia pide ayuda para traerlo a ColombiaAnte esta situación, los familiares de Ryan iniciaron una campaña solidaria para recaudar los recursos necesarios y ayudar a sus padres a cubrir los gastos. La familia explicó que ha buscado alternativas con servicios funerarios, pero todavía necesita el apoyo económico de quienes puedan aportar.Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones a través de la siguiente cuenta de ahorros bancaria 79699652399 de Bancolombia.La familia hace un llamado a la solidaridad de los santandereanos y de los colombianos para conseguir los recursos que permitan traer a Ryan de regreso a su país y darle el último adiós junto a sus seres queridos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que reconoció una relación con una presunta espía del Gobierno chino, y aseguró que indagará en el asunto."Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado", declaró en la Casa Blanca cuando fue consultado por la polémica después de contar que había hablado con Huang, quien le aseguró que desconocía que la mujer era espía."Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien", dijo."En primer lugar, me sorprendí, porque lo considero una persona de gran calidad", narró en una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca.Huang admitió durante el fin de semana que tuvo una relación amorosa con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, era en realidad una espía del Gobierno de China."Leí su comunicado y creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia —su esposa, a quien ama, y el resto de su familia—. Pero, sin duda, está sufriendo", consideró hoy el presidente Trump.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican" que Huang "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".La investigación derivó de una información del New York Times sobre la relación entre Huang y la supuesta espía china.Según informó este lunes rotativo, el Departamento de Comercio estaba investigando a Megaspeed por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.Un informe de inteligencia de EE.UU. apuntó que Alice Huang estaba reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.Huang, por su parte, admitió la relación en un mensaje interno para sus empleados enviado ayer domingo: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", indicó, según Axios.
Los colombianos recibieron una noticia que podría aliviar el bolsillo de millones de personas: el impuesto al patrimonio dejaría de cobrarse desde 2031, si se aprueba la propuesta del Gobierno de De La Espriella, incluida en la Ley de Rescate Económico.La iniciativa tributaria plantea que 2030 sea el último año gravable de este tributo y, adicionalmente, propone aumentar desde 2027 el patrimonio mínimo que obliga a pagarlo.El proyecto fue radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026 y contempla modificaciones a diferentes obligaciones tributarias. Uno de los cambios está dirigido a las personas naturales con patrimonios elevados, quienes actualmente pueden quedar sujetas al gravamen cuando su patrimonio líquido alcanza el límite establecido en la legislación.La propuesta tendría dos efectos: por un lado, algunos contribuyentes podrían quedar por fuera del impuesto desde 2027 y, por otro, quienes continúen sujetos a esta obligación pagarían el tributo hasta 2030. Por lo tanto, su eliminación definitiva comenzaría en 2031, siempre que el Congreso apruebe la ley.¿Quiénes dejarían de pagar el impuesto al patrimonio?Actualmente, el umbral general del impuesto permanente es de 72.000 unidades de valor tributario (UVT). Con la UVT de 2026, fijada por la DIAN en $52.374, ese límite equivale a $3.770.928.000, es decir, cerca de $3.771 millones.La Ley de Rescate Económico propone elevarlo a 95.500 UVT para el año gravable 2027. Si se toma como referencia el valor de la UVT de 2026, el nuevo límite sería de $5.001.717.000, aproximadamente $5.002 millones.Este cambio podría beneficiar a quienes tienen un patrimonio líquido superior a $3.771 millones, pero inferior a $5.002 millones. Por ejemplo, una persona con bienes y derechos, menos sus deudas, por un valor de $4.500 millones supera actualmente el umbral. Sin embargo, con la propuesta, quedaría por debajo del nuevo límite y no tendría que pagar el impuesto en 2027, si se cumplen las condiciones de la reforma.Por su parte, una persona con un patrimonio de $6.000 millones seguiría por encima del nuevo umbral y tendría que asumir el gravamen mientras esté vigente.¿Cuándo desaparecería definitivamente el impuesto al patrimonio en Colombia?La iniciativa establece que 2030 sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto. De esta manera, el calendario propuesto quedaría así:2027: comenzaría a aplicarse el nuevo umbral y las tarifas planteadas.2028 y 2029: continuaría el cobro a quienes cumplan las condiciones.2030: sería el último año de aplicación.Desde 2031: dejaría de cobrarse el impuesto al patrimonio, según el proyecto.Por ahora, se trata de una propuesta que debe surtir su trámite en el Congreso. Por tanto, los cambios no están vigentes y las obligaciones actuales continúan aplicándose mientras no se apruebe y entre en vigor una nueva disposición.