Las irregularidades por alteración de software de la Dian: cifra alcanza los $8 billones

Hasta ocho billones de pesos le habrían podido robar al país con la manipulación de los sistemas informáticos de la Dian para que entre al país mercancía de contrabando. ¿Qué es lo que han encontrado hasta ahora las investigaciones del gobierno y la agencia del inspector de rentas, tributos y contribuciones?Funcionarios de la Dian, de la mano con personas externas, han estado manipulando sistemas informáticas de Dian como SYGA y Lucía, que intervienen en la manera en que la Dian hace la revisión del descargue de mercancía en los puertos del país. Un solo descargue de mercancía puede permitir el movimiento de hasta doscientos contenedores.Técnicamente, la manipulación consistía en que una sociedad desconocida, aliadas a las mafias del contrabando, podía hacerse pasar por una empresa reconocida y con el estatus de operador económico autorizado para que su mercancía pase sin mayores revisiones. El operador económico autorizado es una figura que se creó para agilizar los trámites de importación de las empresas más reconocidas y serias, para obtener ese estatus, las compañías tienen que hacer todo un trámite ante la Dian y cumplir con una serie de estándares.Hasta ahora se han encontrado registros de:Hay cuatro personas que hicieron operaciones de ingreso de mercancías sin ser funcionarios de la DianPersonas fallecidas que aparecían haciendo levantes automáticos de mercancía. Un solo levante puede tener entre 100 y 200 contenedoresMercado negro de venta de cuentas de funcionarios de la Dian para entrar a esos sistemasEva Carolina Madrid, inspectora de tributos, rentas y contribuciones del Ministerio de Hacienda, reveló en Mañanas Blu, que el software fue adulterado para permitir el ingreso de contrabando sin controles efectivos. La maniobra consistía en alterar el NIT de empresas creadas legalmente para el contrabando, suplantando la identidad de Operadores Económicos Autorizados (OEA). Los OEA son empresas de confianza y entidades estatales que, por acuerdos internacionales, gozan de beneficios como la reducción de protocolos de revisión en puertos y aeropuertos.Al cambiar la identidad de una empresa común por la de entidades reconocidas como Satena, el Ministerio de Salud, Coca-Cola o Falabella, los cargamentos —que podían incluir entre 100 y 200 contenedores— pasaban sin ser inspeccionados. Debido a esta falta de verificación, se desconoce el contenido real y el valor de la mercancía que ingresó bajo esta modalidad.Escuche aquí la entrevista: