El Ministerio de Hacienda quiere manejar directamente un gigantesco fondo en el que está la plata que le queda al país de la venta de Isagén para alinearlos con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro.
Estamos hablando de 4.1 billones de pesos, de los cuales 1.6 billones son recursos líquidos según cálculos de Anif. Hasta el momento esos recursos estaban bajo un esquema de Gobierno corporativo destinados a financiar infraestructura.
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) se había utilizado hasta el momento para estructurar y financiar proyectos de infraestructura, entre ellos, una buena parte de las carreteras de cuarta generación y más recientemente el tren de cercanías del Valle del Cauca, un proyecto al que el presidente Gustavo Petro le retiró su apoyo en los últimos días.
Desde hace años, la administración de este fondo está en cabeza de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que en la práctica funciona como un banco de inversión. Aunque el Gobierno es el principal accionista de la FDN, ahí también están el Banco Mundial, CAF, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation como una forma de garantizar el Gobierno corporativo. Sin embargo, para el Gobierno es más “transparente” que la plata sea administrada por entidades 100 % públicas y que se contrate directamente a alguna de las fiduciarias que son propiedad de la nación (Fiduagraria, Fiducoldex y Fiduprevisora).
“La ordenación del gasto en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantiza que la ejecución de los recursos del FONDES (orientados al financiamiento, inversión y participación en proyectos de infraestructura, energía, reindustrialización, transición energética y demás sectores estratégicos) se encuentre plenamente alineada con las prioridades de la política fiscal, económica y de inversión del Gobierno nacional, asegurando la coherencia entre las decisiones del Estado y los usos autorizados del FONDES”, señaló el Gobierno en un documento oficial donde justifica la decisión.
No es la primera vez que el Gobierno intenta usar los recursos del Fondes. Previamente había aprobado un cupo de 50.000 millones al año para la inversión en capital semilla de proyectos de reindustrialización y en el plan nacional de desarrollo incluyó un artículo que habilita su uso en la transición energética y otros sectores.
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