La Dian informó que quedaron suspendidos provisionalmente varios artículos del Decreto 572 de 2025, una norma que modificaba las tarifas y bases mínimas para aplicar retenciones y autorretenciones en la fuente. La decisión fue tomada por el Consejo de Estado dentro de un proceso de nulidad contra ese decreto.En términos sencillos, esto significa que los cambios tributarios que había aprobado el Gobierno ya no podrán aplicarse, al menos por ahora, y que vuelven a regir las normas que estaban vigentes antes de mayo de 2025.La entidad aclaró que la suspensión no elimina la obligación de hacer retenciones en la fuente. Lo que cambia son las tarifas y los montos mínimos desde los cuales se debe practicar la retención.La medida comenzó a regir desde el 8 de mayo de 2026 y seguirá vigente hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo o decida levantar la suspensión provisional.¿Qué cambia para empresas y contribuyentes?Uno de los principales efectos es que vuelven a aplicarse los montos mínimos anteriores para practicar retenciones en sectores como servicios, compras agrícolas, compra de café, adquisición de vivienda y operaciones con oro.Estos son algunos de los cambios más importantes:La Dian explicó que el Consejo de Estado dejó claro que, al suspender los artículos del Decreto 572, automáticamente reviven las normas anteriores que habían sido reemplazadas.Esto implica que las empresas, comerciantes y agentes retenedores deberán ajustar nuevamente sus sistemas contables y tributarios para aplicar correctamente las tarifas antiguas y evitar errores o sanciones.La entidad también invitó a los contribuyentes a revisar cuidadosamente las disposiciones vigentes y verificar qué tarifas deben aplicar desde ahora.
Ponerse al día con impuestos suele ser una de las tareas que muchos contribuyentes postergan, especialmente cuando las deudas acumulan intereses y sanciones. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno abre una ventana clave para saldar esas obligaciones con beneficios importantes.La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias con descuentos en intereses y sanciones.La medida está contemplada en el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026 y aplica tanto para quienes tienen deudas en mora como para aquellos que no han presentado o deben corregir declaraciones.Fecha clave y beneficiosUno de los principales atractivos de esta iniciativa es la reducción en los costos adicionales a la deuda:Para obligaciones en mora, los contribuyentes deberán pagar el 100 % del impuesto, pero con una tasa de interés reducida al 4,5 % anual.Además, solo deberán asumir el 15 % de las sanciones, lo que representa un alivio considerable frente a los valores habituales.En el caso de declaraciones no presentadas o que requieran corrección:Se podrá cumplir con la obligación sin pagar intereses de mora.La sanción también se reduce al 15 %, con un monto mínimo establecido.La DIAN estableció que los contribuyentes interesados podrán acogerse a esta medida hasta el 30 de abril de 2026, por lo que se trata de una oportunidad temporal.Lo que debe tener en cuentaLa entidad también aclaró algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta:Las compensaciones o cruces de cuentas no aplican como forma de pago.Quienes ya tengan acuerdos de pago vigentes pueden acogerse al beneficio para ponerse al día con saldos pendientes.Este tipo de alivios buscan incentivar la normalización de las obligaciones fiscales, por lo que las autoridades recomiendan a los contribuyentes revisar su situación y aprovechar los descuentos antes de que finalice el plazo.
El Consejo Gremial Nacional ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la suspensión del decreto gubernamental que crea un impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a los 10.000 millones de pesos. Natalia Gutiérrez, presidenta del organismo, habló en Mañanas Blu y advirtió que esta medida carece de fundamento legal y genera una presión insostenible sobre el tejido empresarial del país.Una medida sin "piso legal" y de corto plazoSegún la líder gremial, aunque el sector entiende la necesidad de atender la emergencia invernal que motivó el decreto, la creación de impuestos excepcionales no es la vía adecuada, sugiriendo en su lugar un ajuste en el gasto de funcionamiento del Gobierno, el cual calificó como "desbordado".Para los gremios, el tributo no cumple con los requisitos de ser temporal ni proporcional a la emergencia, y critican que no se haya dado un debate técnico y democrático en el Congreso de la República.Gutiérrez enfatizó que este mecanismo parece ser un intento de "tapar un hueco fiscal" de 8,3 billones de pesos utilizando la figura de la emergencia económica como excusa.Además, señaló que a diferencia de impuestos similares en gobiernos anteriores, las condiciones macroeconómicas actuales son mucho más débiles, con menor inversión, mayor incertidumbre y tasas de interés que encarecen la liquidez.Crisis de liquidez y plazos inminentesUno de los puntos de mayor fricción es la inmediatez del cobro. El primer pago, que corresponde al 50% de la obligación, debe realizarse el 1 de abril, lo que implica que las empresas deben desembolsar más de 4 billones de pesos en cuestión de días.Esta situación obliga a muchas organizaciones a vender activos o endeudarse para cumplir con un tributo que no estaba en su planeación financiera, afectando incluso a entidades como las universidades. Riesgo para el empleo formalEl impacto social de esta medida también ha sido puesto sobre la mesa. El Consejo Gremial calcula que este impuesto podría generar afectaciones a más de 3 millones de empleos formales en Colombia. Este cálculo se basa en la clasificación de empresas que poseen activos superiores a los 10.400 millones de pesos, una cifra que, según Gutiérrez, no representa necesariamente a grandes emporios, sino que puede equivaler simplemente a dos bodegas o un pequeño parque de transporte. Finalmente, los gremios reiteraron el llamado a la Corte para que revise el decreto con celeridad, advirtiendo que un diseño tributario erróneo podría "destruir en meses lo que se ha construido en décadas". Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno es el responsable del bienestar de sus ciudadanos, por ello, en varias ocasiones, debe establecer impuestos a los grandes contribuyentes e incluso a las personas naturales con el objetivo de recaudar recursos para la inversión social y otros factores.Sin estos tributos no sería posible el sostenimiento del Estado, algunos de ellos son: impuesto predial, vehículos, impuesto de Industria y Comercio (ICA), ReteIca, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.En ese contexto, desde la Secretaría de Hacienda de Bogotá le están poniendo la lupa a miles de personas por tener contribuciones pendientes.Hacienda contactará a más de 190.000 contribuyentes en BogotáLa entidad iniciará un proceso de contacto con más de 190.000 contribuyentes que presentan deudas tributarias con la ciudad. El monto total adeudado supera los $219.000 millones y corresponde a obligaciones pendientes entre los años 2004 y 2025.Los impuestos en mora incluyen predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.Los contribuyentes serán notificados a través de diferentes canales como correo electrónico, correspondencia física, WhatsApp y mensajes de texto.Razón del contacto a los contribuyentesLa Secretaría de Hacienda busca que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias y eviten procesos de cobro coactivo que pueden derivar en sanciones, intereses o embargos de cuentas y bienes. Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda o acceder a facilidades de pago.Según Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, este proceso “también pretende fortalecer las finanzas del Distrito y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes”.Los tipos de impuestos que cuentan con mayores niveles de mora en el periodo mencionado son:Vehículos: $89.000 millones.Predial: $79.000 millones.ICA: $35.000 millones.ReteICA: $11.000 millones.Delineación urbana: $3.000 millones.Lo que se debe tener en cuentaSe enviarán 183.741 notificaciones a personas naturales y 7.132 a personas jurídicas. Las comunicaciones incluirán un código QR para verificar su autenticidad.La entidad recuerda que no solicita pagos a través de cuentas bancarias no oficiales ni aplicaciones externas, por lo que invita a los ciudadanos a no dejarse engañar.Además, es fundamental mantener actualizada la información en el Registro de Información Tributaria (RIT), con el fin de recibir oportunamente las notificaciones y comunicaciones oficiales.Por último, Hacienda envió un mensaje a los deudores indicando que “cumplir con las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que contribuye directamente a la sostenibilidad financiera de Bogotá, permitiendo la inversión en obras, servicios y oportunidades para la ciudad”.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio propuesto en el marco de la emergencia económica volvió a encender el debate nacional. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el recaudo de esta medida no sería de 8 billones de pesos, como lo ha estimado el Gobierno Nacional, sino que podría alcanzar los 13,4 billones de pesos. Así lo aseguró José Ignacio López, director de Anif, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde cuestionó tanto la metodología oficial como la conveniencia del tributo.Cálculos en disputa sobre el impuesto al patrimonioDe acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.“Nos dimos a la tarea de mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas a este impuesto y, con las tarifas marginales anunciadas, el cálculo nos da 13,4 billones de pesos”, afirmó el directivo.La cifra supera en más de 5 billones de pesos el monto anunciado por el ministro de Hacienda. Para el centro de estudios, esta diferencia no es menor y genera interrogantes sobre la precisión de las proyecciones oficiales en medio de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en ocho departamentos del país.El debate se intensificó cuando en la mesa de análisis se recordó que ejercicios preliminares realizados por periodistas del programa ya apuntaban a un recaudo cercano a los 14 billones de pesos, una cifra similar a la proyectada ahora por Anif.Impacto en grandes empresas: Ecopetrol y el sector financieroUno de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con el impacto del impuesto al patrimonio en grandes compañías, incluyendo empresas de participación estatal. López explicó que, en un cálculo preliminar, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de 1,4 billones de pesos.“Cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, solo Ecopetrol nos daba aproximadamente 1,4 billones de pesos. Si sumamos otras como EPM, ISA y el Grupo Energía Bogotá, solo en cuatro empresas el recaudo sería cercano a 2,7 billones”, detalló.En el sector financiero, los montos también serían significativos. De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval tendrían que asumir pagos que oscilarían entre los 200.000 y 500.000 millones de pesos, dependiendo de su patrimonio líquido y de la tarifa definitiva que establezca el Gobierno, la cual podría superar el 1,2 % para los bancos. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento empresarial y presiones sobre la inversión privada.Un impuesto “nocivo” para la inversión y el empleoMás allá de la diferencia en las cifras, el director de Anif fue enfático en cuestionar la conveniencia del impuesto al patrimonio en el actual contexto económico colombiano.“Este es un impuesto muy inconveniente para el país. Está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos y la generación de empleo”, sostuvo López.Según explicó, al gravar el patrimonio —que muchas veces está representado en activos no líquidos como maquinaria o infraestructura— las empresas podrían verse obligadas a endeudarse o liquidar activos para cumplir con la obligación tributaria. “Muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para tener la caja y poder pagar este impuesto”, advirtió.Anif recordó que Colombia ya implementó este tributo hace más de una década y que sus efectos incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial, lo que encareció el acceso al crédito y afectó la dinámica de inversión en el mediano plazo.Emergencia económica y dudas sobre la urgencia fiscalOtro de los cuestionamientos gira en torno a la necesidad real de los recursos y la relación directa con la emergencia invernal. López señaló que no se ha presentado un desglose detallado que justifique los 8 billones de pesos estimados por el Gobierno.Además, subrayó que el impuesto al patrimonio no es un instrumento de recaudo inmediato, por lo que no sería el mecanismo más eficaz para atender una situación de urgencia. “Aquí lo que se necesita es usar la caja del Gobierno y hacer reasignaciones presupuestales o utilizar recursos de regalías no ejecutadas”, indicó.La discusión también ha llegado al plano jurídico, pues cualquier decreto tributario derivado de la emergencia económica deberá superar el control de la Corte Constitucional, que analizará la proporcionalidad y la relación directa entre las medidas fiscales y la crisis que se busca atender.El anuncio del posible recaudo de 13,4 billones de pesos reaviva el debate sobre la política fiscal del Gobierno y sus efectos en el crecimiento económico. En un contexto donde la inversión privada ha mostrado señales de debilidad, gremios y analistas advierten que un nuevo impuesto al patrimonio podría profundizar la desaceleración.Para Anif, la discusión no debe centrarse únicamente en si el recaudo será de 8 o 13,4 billones, sino en las consecuencias estructurales de la medida. “Este instrumento no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo”, concluyó López.
El tercer consejo de ministros de la semana estuvo marcado por un anuncio que reabre uno de los debates económicos más polémicos del Gobierno nacional: las inversiones forzosas al sistema financiero. El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.Según el mandatario, el acuerdo firmado en agosto de 2024, que llevó al retiro definitivo del proyecto de ley de inversiones forzosas, contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.Sin embargo, sostuvo que los créditos no se orientaron a la producción ni al crédito asociativo, sino que continuaron concentrados en consumo. En su momento, el llamado Pacto por el Crédito fue presentado como un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.Tras 19 sesiones de trabajo, el sector financiero advirtió que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito y afectar la confianza. Ahora, ante lo que el Gobierno considera falta de resultados, la medida volverá por decreto en medio de la emergencia.Otro de los anuncios relevantes fue el primer proyecto de decreto tributario. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que se establecerá un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.La intención es corregir lo que calificó como un esquema regresivo: aunque la tarifa nominal es del 28 %, las compañías de mayor patrimonio terminan pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %. El decreto contempla tasas diferenciales para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, así como bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación.El ministro Ávila aclaró que el impuesto al patrimonio para personas naturales, planteado en una emergencia anterior, está suspendido. El Gobierno también estudia ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma analiza la Corte y que contempla una tarifa del 19 %. Además, Petro planteó la posibilidad de prohibir temporalmente la exportación de carne para contener el alza de precios internos, al considerar que el producto está subiendo por encima de la inflación.Como medidas de alivio, se anunciaron líneas de crédito con tasas compensadas a través de Finagro y el Banco Agrario para el sector agropecuario y microempresas.
El decreto 1474 de 2025, que adopta medidas tributarias para 2026 en el marco de la emergencia económica, propone incrementar hasta el 50 % el impuesto de renta para las compañías de seguros y reaseguros, lo que tendría un impacto desproporcionado sobre la actividad aseguradora.El sector aseguró que desde hace varios años enfrenta una carga tributaria superior a la de otras industrias, sin una justificación técnica o de política pública clara. Actualmente, las aseguradoras ya pagan una sobretasa del 5 % sobre la tarifa general del 35 %.“Una sobretasa de estas dimensiones es desmedida. La tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales ya ronda el 39,2 %, una de las más altas en comparación internacional”, señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.De acuerdo con la OCDE, la tarifa corporativa del 35 % en Colombia ya es elevada. Además, las utilidades sobre primas emitidas del sector han promediado apenas el 5,6 % en los últimos cinco años, lo que no justifica un tratamiento tributario diferenciado.El gremio recordó que el propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce el papel positivo del sector asegurador en la economía popular, la protección a la vejez, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.Fasecolda enfatizó que no solicita beneficios tributarios especiales, sino un tratamiento equitativo que permita seguir ampliando la cobertura y protección de las poblaciones más vulnerables del país.
En un giro inesperado ocurrió en el caso que involucra a la Gobernación de Cundinamarca. La justicia falló a favor del notario David Torres, quien hace un año demandó el cobro ilegal de un impuesto de registro. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, confirmó que “ganó el pulso” tras un proceso que él mismo describió como un verdadero "viacrucis".La sentencia, favorable al demandante, se produce después de que se denunciara públicamente en 2024 el cobro indebido que afectó a miles de usuarios del departamento. El corazón de esta controversia se centra en la cancelación del usufructo.Según explicó el notario Torres, en casos como la cancelación de un usufructo por la muerte del beneficiario (como sucedió en su caso al comprar un apartamento con reserva de usufructo), el pago debido era mínimo."Normalmente se ha debido pagar por la cancelación de un usufructo únicamente la suma de cuatro salarios mínimos diarios, que en la época en el 2021 costaban 121.000 pesos", afirmó.Sin embargo, contó que la Gobernación, a través de su sistema, obligó a los usuarios a registrar un acto adicional denominado "consolidación de dominio pleno". Sobre este acto, la Gobernación "cobró un impuesto de registro equivalente al 1 % del 70 %".Esta imposición generó un sobrecargo masivo. En el caso personal del notario Torres, la suma ascendió a más de cuatro millones de pesos, lo que representa, según sus palabras, "un montón de plata más" que los 121.000 pesos debidos.Aseguró que este esquema se replicó "en todas las notarías de Bogotá y Cundinamarca". Se estima que la Gobernación de Cundinamarca recogió en toral alrededor de 16.000 millones de pesos con esta circular, de acuerdo con Torres.La batalla legal y la anulación de la circularLa base legal de este cobro fue la Circular 05 del 5 de febrero de 2021, emitida por el director de Rentas y Gestión Tributaria, la cual establecía que el acto de consolidación del usufructo "era un acto de con cuantía".El notario Torres demandó esta circular, la cual finalmente "se cayó hace rato". El Consejo de Estado, el 25 de abril de 2024, la anuló. La razón principal fue la falta de competencia del funcionario departamental.El Consejo de Estado consideró que "no había competencia del director de Rentas para dar instrucciones a los notarios y a los registradores". El notario Torres explicó la jerarquía de este caso."El director de Rentas es un empleado, un funcionario departamental y los notarios y registradores somos funcionarios o servidores públicos de carácter nacional". Además, recordó que la base gravable de todo impuesto debe ser establecida por el Congreso o la Asamblea, no por el director de rentas.Recuperar lo pagado: el engorroso proceso para usuariosAunque la sentencia resultó favorable, el proceso de devolución del dinero a los usuarios es "muy tortuoso", ya que la Gobernación de Cundinamarca "se ha negado sistemáticamente a devolver los valores indebidamente cobrados".El principal obstáculo es que, según Torres, cada usuario debe hacer la solicitud independiente. El proceso detallado por el notario demandante incluye varios pasos que requieren paciencia:Se debe hacer una "solicitud de devolución de lo pagado por pago indebido". La Gobernación "normalmente niega la solicitud".Hay que interponer el “recurso de reconsideración”. La Gobernación "vuelve otra vez a negar la devolución".Finalmente, contra estas dos resoluciones negativas, se debe interponer una “demanda y restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos de Bogotá”.En su caso particular, la sentencia condenó a la Gobernación a pagarle los 4.110.015 pesos cobrados indebidamente, más intereses corrientes hasta la fecha de la sentencia (31 de julio). A partir de esa fecha, "va a generar esa plática intereses moratorios" a la tarifa del Estatuto Tributario.Añadió que es "más o menos es el 36 %". Sin embargo, el notario advirtió que, pese al fallo favorable, la Gobernación "todavía no ha pagado" la cuenta de cobro presentada.
La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder el beneficio de prisión domiciliaria a Esperanza Rosales de Uribe, de 87 años, condenada por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, en el marco de sus funciones como representante legal de la empresa Toscana S.A.En primera y segunda instancia, Rosales había sido condenada a cuatro años y dos meses y, a pagar una multa de $94.772.000, además de quedar inhabilitada para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo.Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal de Bucaramanga le negaron la sustitución de la pena pese a su edad y condiciones de salud, entre ellas Alzheimer.El alto tribunal consideró que las instancias anteriores incurrieron en un error al desestimar su derecho a cumplir la sanción en casa. En palabras de la Corte, las decisiones previas “desconocieron mínimos de garantía, propios del debido proceso y de la necesidad de abordar el tema con perspectiva etaria y de género”La Corte Suprema también ordenó que Rosales suscriba diligencia de compromiso y preste caución por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.Además, dispuso que, para los trámites administrativos con el Inpec, como reseñas, “las autoridades carcelarias deberán trasladarse al lugar de reclusión domiciliaria que indique la adulta mayor.
Tras intensas jornadas de discusión en las comisiones terceras de la Cámara y el Senado, el Congreso de la República logró un acuerdo crucial que permitió la aprobación, en su primera fase, del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, fijando su monto en cerca de 546.9 billones de pesos. La decisión, que evita la imposición unilateral del presupuesto por parte del Ejecutivo mediante decreto, representa una victoria para el Legislativo, que recupera su rol constitucional en la tramitación de una de las leyes más importantes del país.En diálogo con Mañanas Blu, la ponente y congresista, Olga Lucía Velásquez, enfatizó que este proceso se llevó a cabo "en medio de las diferencias", aunque culminó en un acuerdo. La primera ponencia gubernamental fue negada. La propuesta finalmente aceptada logró disminuir 10 billones de pesos de la aspiración original del Gobierno.La Representante Velásquez subrayó la importancia del consenso alcanzado: "Lo primero que quiero resaltar es que hubo un acuerdo en medio de las diferencias. Es decir, aquí nadie quedó 100% satisfecho, pero hubo un acuerdo. El Congreso recupera la posibilidad de sacar el la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes que debe tramitar y no permitir que el legislativo asuma sus funciones a través de un decreto". Además, resaltó la cesión del Gobierno, que aceptó la nueva propuesta luego de que se negara la suya.El monto exacto aprobado se estableció en 546.9 billones de pesos. Sin embargo, la advertencia de varios sectores sobre la posibilidad de que el presupuesto aún esté altamente desfinanciado fue considerada por los legisladores.Sobre la advertencia de desfinanciamiento, la representante recordó que el monto final de ejecución del presupuesto no lo define el Congreso sino el recaudo real. En este sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla mecanismos de ajuste.Un llamado a recuperar el optimismoAl cierre de la discusión sobre esta primera etapa presupuestal, la congresista hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a enfocarse en la reactivación económica y el optimismo.Velázquez concluyó su intervención destacando el impacto que la actitud nacional tiene sobre el desempeño económico: "Yo sí creo que hay que recuperar el optimismo, nos corresponde a todos. Es más, el optimismo forma parte de la salud mental y un país con una buena salud mental produce cuatro puntos más del PIB que uno que tenga una mala salud mental. Así que yo invito al optimismo, invito a que pensemos en el país, a que amemos este país y que lo saquemos adelante".El proceso de aprobación del presupuesto continuará con los debates en las plenarias de Cámara y Senado, mientras que la discusión sobre la financiación, a través de la Ley de Financiamiento, se encuentra a portas de iniciar.Escuche aquí la entrevista:
La Corte de Alberta, en Canadá, falló en primera instancia a favor de Canacol Energy al avalar su solicitud para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia, una decisión que podría comprometer la continuidad de la operación de Cerro Matoso, la principal productora de ferroníquel del país.La empresa minera advirtió que, de concretarse la terminación del contrato, su operación podría volverse inviable por la pérdida de un suministro que hoy cubre el 82% de sus necesidades de gas.El pronunciamiento judicial se da en medio del proceso de reestructuración empresarial que adelanta Canacol Energy bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Compañías (CCAA) en Canadá. Dentro de ese proceso, la compañía busca reorganizar sus obligaciones bajo supervisión judicial y ha impulsado distintas medidas relacionadas con sus contratos y operaciones, entre ellas la solicitud que fue avalada por la Corte de Alberta.Según Cerro Matoso, Canacol ya venía reduciendo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e imponiendo restricciones al suministro. La empresa asegura que este combustible es un insumo irremplazable para la producción de ferroníquel, ya que alimenta los hornos industriales donde se desarrolla el proceso metalúrgico, por lo que no existe una alternativa inmediata para reemplazarlo.La compañía advirtió que si deja de recibir un suministro confiable de gas tendría que detener completamente su operación y apagar sus dos hornos principales, una decisión que podría ocasionar daños estructurales irreversibles. De acuerdo con sus cálculos, la recuperación de cada horno tardaría más de diez meses y tendría un costo estimado de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos.Tras conocerse la decisión, Cerro Matoso anunció que presentará un recurso de apelación ante la justicia canadiense, para lo cual dispone de un plazo de 21 días. Paralelamente, aseguró que acudirá a todas las vías jurídicas disponibles para defender la vigencia del contrato y garantizar la continuidad de su operación en Colombia.La empresa también sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de Alberta no tiene aplicación automática en el país. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la determinación definitiva de la justicia canadiense puede ser reconocida en Colombia, teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano.Cerro Matoso alertó que una eventual suspensión de sus actividades pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades del sur de Córdoba. Además, aseguró que el país dejaría de recibir alrededor de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, además de advertir posibles efectos sobre el abastecimiento de gas y las tarifas para usuarios de la Costa Caribe.Ante este panorama, la compañía hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervengan frente a las implicaciones de la decisión judicial.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.Resultado del Chontico Noche del 25 de junio de 2026De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y múltiples oportunidades de ganar, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS, elaborar y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, al concluir que incumplió las obligaciones legales relacionadas con la divulgación de su información financiera.En la decisión, la Sala precisó que la normatividad vigente establece de manera expresa el deber de las entidades obligadas de elaborar, certificar y divulgar sus estados financieros dentro de los plazos establecidos por la ley. En ese sentido, el Tribunal concluyó que “la Sala concluye que la primera disposición contiene un mandato jurídico claro, expreso y exigible, que tiene por objeto una obligación de resultado vigente en el ordenamiento jurídico”.El fallo recordó que el plazo para publicar la información financiera vence el 30 de abril del año siguiente al correspondiente ejercicio. Sin embargo, encontró acreditado que la Nueva EPS no publicó los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, cuyos términos ya habían expirado, y tampoco había divulgado la información correspondiente a 2025.Durante el trámite judicial, la Nueva EPS explicó que los estados financieros de 2023 no fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de octubre de 2025, razón por la cual inició procesos de revisión, depuración y validación de la información contable.No obstante, el Tribunal rechazó esa explicación al considerar que las actuaciones administrativas internas no eximen a la entidad del cumplimiento de la obligación legal. En ese sentido señaló “no se admite alegar procedimientos de gestión interna de administración a fin de desconocer el cumplimiento del deber legal. La entidad debe disponer y preparar con diligencia todos los mecanismos para ejecutar de forma periódica la obligación correspondiente dentro de su sector de operación”.La corporación también advirtió que, desde la fecha límite para publicar los estados financieros de 2023, habían transcurrido más de 37 meses sin que la información estuviera disponible, mientras que para la vigencia 2024 el retraso superaba los 25 meses.En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS cumplir con lo previsto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016, disponiendo la publicación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, conforme a las obligaciones establecidas en la regulación vigente.
Por la última jornada del Grupo F, Japón vs. Suecia jugarán un partido a muerte, con la selección asiática dependiendo de sí misma para avanzar a los dieciseisavos de final e incluso manteniendo opciones de terminar como líder de la zona, mientras que el conjunto europeo llega con la obligación de conseguir la victoria para evitar una eliminación anticipada.El encuentro se disputará en Dallas, ciudad donde los Samuráis Azules comenzaron su participación en la Copa del Mundo, y tendrá un impacto directo en la definición del grupo, ya que se jugará al mismo tiempo que el duelo entre Países Bajos y Túnez.Alineaciones de Japón vs. SueciaJapón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Seko, Hiroki Ito; Tanaka, Sugawara, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Doan R., Daizen Maeda y Ayase Ueda.Seleccionador: Hajime Moriyasu.Suecia: Widell Zetterstrom; Victor Lindelof, Isak Hien, Gustav Lagerbielke; Jesper Karlstrom; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak y Viktor Gyokeres.Seleccionador: Graham Potter.¿Qué necesita Japón para clasificar a los dieciseisavos de final?La selección dirigida por Hajime Moriyasu llega con cuatro puntos después de empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, resultados que la tienen igualada con los neerlandeses en la parte alta del Grupo F.Aunque todavía conserva opciones matemáticas de quedarse con el primer lugar, Japón sabe que gran parte de ese objetivo dependerá de lo que ocurra en el otro compromiso del grupo, donde Países Bajos parte como amplio favorito frente a una selección tunecina ya eliminada.Por eso, la prioridad de los asiáticos será asegurar la clasificación. Un empate les bastará para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que una victoria mantendría vivas sus aspiraciones de terminar en la cima de la zona.Además, la posición final definirá el siguiente rival, ya que el Grupo F se cruzará con las selecciones clasificadas del Grupo C, integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.Japón pierde a Take Kubo, pero mantiene el poder ofensivoLa principal ausencia del conjunto japonés seguirá siendo Take Kubo. El atacante continúa recuperándose de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió antes del partido contra Túnez y tampoco estará disponible para enfrentar a Suecia.Sin embargo, Moriyasu mantiene argumentos ofensivos importantes.Daichi Kamada y Ayase Ueda llegan en un gran momento después de marcar en la contundente victoria sobre Túnez, mientras que Junya Ito apunta nuevamente a ser uno de los encargados de generar peligro cerca del área rival.También podría regresar Daizen Maeda al equipo titular, en una ofensiva que buscará aprovechar la velocidad en las transiciones, una de las principales fortalezas mostradas por Japón durante el torneo.Suecia se juega la clasificación tras la goleada sufrida ante Países BajosEl panorama cambió radicalmente para la selección sueca en la segunda jornada.Después de debutar con una convincente victoria sobre Túnez, el equipo dirigido por Graham Potter sufrió una dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos, resultado que complicó seriamente sus opciones de avanzar.Ahora, Suecia necesita ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.Un empate la dejaría con cuatro puntos, aunque dependería de los resultados de otros grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros del campeonato.La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por el rendimiento defensivo.Las fragilidades mostradas frente a los neerlandeses contrastan con el potencial ofensivo de un equipo que tiene como referentes a Alexander Isak y Viktor Gyokeres, dos delanteros que volverán a liderar el ataque escandinavo.Pese a la goleada recibida, Graham Potter mantendría la confianza en la base defensiva conformada por Victor Lindelof, Isak Hien y Gustav Lagerbielke.Un duelo que puede definir el futuro del Grupo FCon Países Bajos como favorito para vencer a Túnez, Japón y Suecia saben que buena parte de sus aspiraciones pasa por lo que ocurra en Dallas.Los asiáticos intentarán confirmar el buen momento que han mostrado en el torneo y asegurar su presencia en la fase eliminatoria. Suecia, en cambio, buscará dejar atrás el golpe sufrido en la jornada anterior y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.