El Gobierno nacional aplazará el pago del impuesto a la renta para los contribuyentes que viven en las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 grados registrado este lunes.La medida fue anunciada por el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y será oficializada a través de un decreto cuyos detalles ya están en revisión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Le puede interesar: ¿Debe declarar renta? Bancolombia revela medida para evitar caer en duras sancionesJustamente, este miércoles 12 de agosto comienza el calendario de vencimientos para las personas que registraron compras tarjetas de crédito o movimientos bancarios por más de 69.7 millones de pesos durante el año 2025.El nuevo plazo aplicará para los contribuyentes, cuyos 2 últimos dígitos de sus cédulas estén en el rango entre el 0 1 y el 26.El nuevo calendario aplicará a las personas naturales y sucesiones ilíquidas que, al 10 de agosto de 2026, tuvieran su domicilio fiscal en municipios pertenecientes a las direcciones seccionales de la Dian de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca."Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos y vamos a darles un plazo adicional, si es necesario ir más lejos, lo haremos", dijo el ministro Miguel Gómez al Congreso.Para los contribuyentes beneficiados, los vencimientos se trasladan a octubre y noviembre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT registrados en el RUT, sin contar el dígito de verificación.Los contribuyentes cuyos dos últimos dígitos sean 01 y 02 tendrán como fecha límite el decimoctavo día hábil de octubre. El calendario continuará de manera consecutiva hasta los dígitos 25 y 26, cuyo vencimiento será el noveno día hábil de noviembre.El decreto también precisa que, para acceder a los beneficios, se tendrá en cuenta el domicilio fiscal registrado en el RUT al 10 de agosto de 2026, fecha del terremoto. Los cambios realizados posteriormente no permitirán acceder al beneficio, salvo que el contribuyente pueda demostrar que ya residía en uno de los municipios afectados antes del sismo.Los impactos del terremoto en Colombia han sentido con más fuerza en regiones como el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas.
Cada año, miles de personas en Colombia deben revisar si están obligadas a presentar la declaración de renta. Aunque muchos creen que solo deben hacerlo quienes tienen ingresos altos, la obligación depende de varios criterios establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como el patrimonio, los ingresos, las consignaciones bancarias, las compras o los consumos hechos durante el año gravable anterior.Por ello, antes de que comiencen los vencimientos para declarar renta en 2026, es importante que las personas naturales verifiquen si están obligadas a presentar esta obligación tributaria.¿Dónde consultar si debe declarar renta para el año gravable 2025?La forma más rápida de verificar si una persona natural debe presentar la declaración de renta es ingresar al portal oficial de la DIAN y usar la herramienta "Consulte si debe declarar renta" o revisar si tiene disponible una declaración sugerida.Para hacerlo, solo hay que ingresar con el usuario y contraseña al portal de la entidad o digitar el número de cédula cuando la plataforma lo solicite. Allí se podrá conocer si la entidad tiene una declaración sugerida a nombre del usuario y consultar parte de la información reportada por terceros.Además, si existe un registro en el portal de la DIAN, hay que consultar la Información Exógena, donde aparecen los datos que bancos, empleadores y otras entidades reportaron sobre los movimientos financieros. Esta información permite verificar si se supera alguno de los topes establecidos antes de presentar la declaración.Condiciones para declarar rentaPara el año gravable 2025, las personas naturales deberán declarar renta si cumplen al menos una de las siguientes condiciones:Haber sido responsable de IVA al 31 de diciembre de 2025.Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, equivalente a $224.096.000.Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.Haber hecho consumos con tarjeta de crédito por $69.719.000 o más.Haber efectuado compras y consumos por $69.719.000 o más.Haber registrado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por $69.719.000 o más durante 2025.La DIAN recordó que la declaración que se presenta en 2026 corresponde al año gravable 2025 y que los vencimientos para las personas naturales irán del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT o del documento de identificación.La entidad recomienda no esperar hasta la fecha límite para realizar el trámite y así evitar contratiempos o posibles sanciones.
La temporada para presentar la declaración de renta en Colombia está cada vez más cerca. De acuerdo con el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas naturales deberán cumplir con esta obligación entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía.No obstante, no todos los colombianos están obligados a presentar este documento. La DIAN establece una serie de topes relacionados con el patrimonio, los ingresos, las compras, los consumos y las consignaciones del año gravable 2025. Si una persona no supera ninguno de estos límites, no tendrá que declarar renta.Requisitos para no declarar renta por el año gravable 2025Para quedar exento de presentar la declaración de renta, las personas naturales residentes en Colombia deben cumplir todos los siguientes requisitos:Patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2025: inferior a 4.500 UVT, equivalentes aproximadamente a $224.096.000.Ingresos brutos durante 2025: inferiores a 1.400 UVT, es decir $69.719.000.Consumos con tarjeta de crédito durante 2025: inferiores a 1.400 UVT (aproximadamente $69.719.000).Compras y consumos totales durante 2025: inferiores a 1.400 UVT, equivalentes a unos $69.719.000.Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones acumuladas en 2025: inferiores a 1.400 UVT (aproximadamente $69.719.000).No ser responsable de IVA.Es importante tener en cuenta que basta con superar uno solo de estos topes para quedar obligado a presentar la declaración de renta, siempre que se trate de una persona natural residente.Declarar renta no significa pagar impuestoUno de los errores más comunes es creer que declarar renta implica automáticamente pagar un impuesto. Realmente, la declaración es un reporte de la situación financiera del contribuyente durante el año gravable.Una vez presentada la información, la DIAN determina si existe un valor por pagar, un saldo a favor o si la obligación tributaria es de cero pesos. Por esta razón, incluso quienes deben declarar no necesariamente tendrán que hacer un pago adicional.¿Dónde consultar las fechas de vencimiento?La fecha exacta para presentar la declaración depende de los dos últimos dígitos de la cédula registrada ante la DIAN, sin tener en cuenta el dígito de verificación. El calendario oficial establece vencimientos entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, por lo que se recomienda revisar con anticipación la fecha correspondiente para evitar sanciones por extemporaneidad.
La Dian informó que quedaron suspendidos provisionalmente varios artículos del Decreto 572 de 2025, una norma que modificaba las tarifas y bases mínimas para aplicar retenciones y autorretenciones en la fuente. La decisión fue tomada por el Consejo de Estado dentro de un proceso de nulidad contra ese decreto.En términos sencillos, esto significa que los cambios tributarios que había aprobado el Gobierno ya no podrán aplicarse, al menos por ahora, y que vuelven a regir las normas que estaban vigentes antes de mayo de 2025.La entidad aclaró que la suspensión no elimina la obligación de hacer retenciones en la fuente. Lo que cambia son las tarifas y los montos mínimos desde los cuales se debe practicar la retención.La medida comenzó a regir desde el 8 de mayo de 2026 y seguirá vigente hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo o decida levantar la suspensión provisional.¿Qué cambia para empresas y contribuyentes?Uno de los principales efectos es que vuelven a aplicarse los montos mínimos anteriores para practicar retenciones en sectores como servicios, compras agrícolas, compra de café, adquisición de vivienda y operaciones con oro.Estos son algunos de los cambios más importantes:La Dian explicó que el Consejo de Estado dejó claro que, al suspender los artículos del Decreto 572, automáticamente reviven las normas anteriores que habían sido reemplazadas.Esto implica que las empresas, comerciantes y agentes retenedores deberán ajustar nuevamente sus sistemas contables y tributarios para aplicar correctamente las tarifas antiguas y evitar errores o sanciones.La entidad también invitó a los contribuyentes a revisar cuidadosamente las disposiciones vigentes y verificar qué tarifas deben aplicar desde ahora.
Ponerse al día con impuestos suele ser una de las tareas que muchos contribuyentes postergan, especialmente cuando las deudas acumulan intereses y sanciones. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno abre una ventana clave para saldar esas obligaciones con beneficios importantes.La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias con descuentos en intereses y sanciones.La medida está contemplada en el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026 y aplica tanto para quienes tienen deudas en mora como para aquellos que no han presentado o deben corregir declaraciones.Fecha clave y beneficiosUno de los principales atractivos de esta iniciativa es la reducción en los costos adicionales a la deuda:Para obligaciones en mora, los contribuyentes deberán pagar el 100 % del impuesto, pero con una tasa de interés reducida al 4,5 % anual.Además, solo deberán asumir el 15 % de las sanciones, lo que representa un alivio considerable frente a los valores habituales.En el caso de declaraciones no presentadas o que requieran corrección:Se podrá cumplir con la obligación sin pagar intereses de mora.La sanción también se reduce al 15 %, con un monto mínimo establecido.La DIAN estableció que los contribuyentes interesados podrán acogerse a esta medida hasta el 30 de abril de 2026, por lo que se trata de una oportunidad temporal.Lo que debe tener en cuentaLa entidad también aclaró algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta:Las compensaciones o cruces de cuentas no aplican como forma de pago.Quienes ya tengan acuerdos de pago vigentes pueden acogerse al beneficio para ponerse al día con saldos pendientes.Este tipo de alivios buscan incentivar la normalización de las obligaciones fiscales, por lo que las autoridades recomiendan a los contribuyentes revisar su situación y aprovechar los descuentos antes de que finalice el plazo.
El Consejo Gremial Nacional ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la suspensión del decreto gubernamental que crea un impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a los 10.000 millones de pesos. Natalia Gutiérrez, presidenta del organismo, habló en Mañanas Blu y advirtió que esta medida carece de fundamento legal y genera una presión insostenible sobre el tejido empresarial del país.Una medida sin "piso legal" y de corto plazoSegún la líder gremial, aunque el sector entiende la necesidad de atender la emergencia invernal que motivó el decreto, la creación de impuestos excepcionales no es la vía adecuada, sugiriendo en su lugar un ajuste en el gasto de funcionamiento del Gobierno, el cual calificó como "desbordado".Para los gremios, el tributo no cumple con los requisitos de ser temporal ni proporcional a la emergencia, y critican que no se haya dado un debate técnico y democrático en el Congreso de la República.Gutiérrez enfatizó que este mecanismo parece ser un intento de "tapar un hueco fiscal" de 8,3 billones de pesos utilizando la figura de la emergencia económica como excusa.Además, señaló que a diferencia de impuestos similares en gobiernos anteriores, las condiciones macroeconómicas actuales son mucho más débiles, con menor inversión, mayor incertidumbre y tasas de interés que encarecen la liquidez.Crisis de liquidez y plazos inminentesUno de los puntos de mayor fricción es la inmediatez del cobro. El primer pago, que corresponde al 50% de la obligación, debe realizarse el 1 de abril, lo que implica que las empresas deben desembolsar más de 4 billones de pesos en cuestión de días.Esta situación obliga a muchas organizaciones a vender activos o endeudarse para cumplir con un tributo que no estaba en su planeación financiera, afectando incluso a entidades como las universidades. Riesgo para el empleo formalEl impacto social de esta medida también ha sido puesto sobre la mesa. El Consejo Gremial calcula que este impuesto podría generar afectaciones a más de 3 millones de empleos formales en Colombia. Este cálculo se basa en la clasificación de empresas que poseen activos superiores a los 10.400 millones de pesos, una cifra que, según Gutiérrez, no representa necesariamente a grandes emporios, sino que puede equivaler simplemente a dos bodegas o un pequeño parque de transporte. Finalmente, los gremios reiteraron el llamado a la Corte para que revise el decreto con celeridad, advirtiendo que un diseño tributario erróneo podría "destruir en meses lo que se ha construido en décadas". Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno es el responsable del bienestar de sus ciudadanos, por ello, en varias ocasiones, debe establecer impuestos a los grandes contribuyentes e incluso a las personas naturales con el objetivo de recaudar recursos para la inversión social y otros factores.Sin estos tributos no sería posible el sostenimiento del Estado, algunos de ellos son: impuesto predial, vehículos, impuesto de Industria y Comercio (ICA), ReteIca, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.En ese contexto, desde la Secretaría de Hacienda de Bogotá le están poniendo la lupa a miles de personas por tener contribuciones pendientes.Hacienda contactará a más de 190.000 contribuyentes en BogotáLa entidad iniciará un proceso de contacto con más de 190.000 contribuyentes que presentan deudas tributarias con la ciudad. El monto total adeudado supera los $219.000 millones y corresponde a obligaciones pendientes entre los años 2004 y 2025.Los impuestos en mora incluyen predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA, delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.Los contribuyentes serán notificados a través de diferentes canales como correo electrónico, correspondencia física, WhatsApp y mensajes de texto.Razón del contacto a los contribuyentesLa Secretaría de Hacienda busca que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias y eviten procesos de cobro coactivo que pueden derivar en sanciones, intereses o embargos de cuentas y bienes. Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda o acceder a facilidades de pago.Según Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, este proceso “también pretende fortalecer las finanzas del Distrito y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes”.Los tipos de impuestos que cuentan con mayores niveles de mora en el periodo mencionado son:Vehículos: $89.000 millones.Predial: $79.000 millones.ICA: $35.000 millones.ReteICA: $11.000 millones.Delineación urbana: $3.000 millones.Lo que se debe tener en cuentaSe enviarán 183.741 notificaciones a personas naturales y 7.132 a personas jurídicas. Las comunicaciones incluirán un código QR para verificar su autenticidad.La entidad recuerda que no solicita pagos a través de cuentas bancarias no oficiales ni aplicaciones externas, por lo que invita a los ciudadanos a no dejarse engañar.Además, es fundamental mantener actualizada la información en el Registro de Información Tributaria (RIT), con el fin de recibir oportunamente las notificaciones y comunicaciones oficiales.Por último, Hacienda envió un mensaje a los deudores indicando que “cumplir con las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que contribuye directamente a la sostenibilidad financiera de Bogotá, permitiendo la inversión en obras, servicios y oportunidades para la ciudad”.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio propuesto en el marco de la emergencia económica volvió a encender el debate nacional. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el recaudo de esta medida no sería de 8 billones de pesos, como lo ha estimado el Gobierno Nacional, sino que podría alcanzar los 13,4 billones de pesos. Así lo aseguró José Ignacio López, director de Anif, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde cuestionó tanto la metodología oficial como la conveniencia del tributo.Cálculos en disputa sobre el impuesto al patrimonioDe acuerdo con López, el equipo técnico de Anif realizó una estimación con base en información de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio, utilizando datos actualizados sobre los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas al impuesto.“Nos dimos a la tarea de mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas a este impuesto y, con las tarifas marginales anunciadas, el cálculo nos da 13,4 billones de pesos”, afirmó el directivo.La cifra supera en más de 5 billones de pesos el monto anunciado por el ministro de Hacienda. Para el centro de estudios, esta diferencia no es menor y genera interrogantes sobre la precisión de las proyecciones oficiales en medio de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en ocho departamentos del país.El debate se intensificó cuando en la mesa de análisis se recordó que ejercicios preliminares realizados por periodistas del programa ya apuntaban a un recaudo cercano a los 14 billones de pesos, una cifra similar a la proyectada ahora por Anif.Impacto en grandes empresas: Ecopetrol y el sector financieroUno de los puntos más sensibles del análisis tiene que ver con el impacto del impuesto al patrimonio en grandes compañías, incluyendo empresas de participación estatal. López explicó que, en un cálculo preliminar, solo Ecopetrol podría aportar alrededor de 1,4 billones de pesos.“Cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, solo Ecopetrol nos daba aproximadamente 1,4 billones de pesos. Si sumamos otras como EPM, ISA y el Grupo Energía Bogotá, solo en cuatro empresas el recaudo sería cercano a 2,7 billones”, detalló.En el sector financiero, los montos también serían significativos. De acuerdo con estimaciones mencionadas en la entrevista, entidades como Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval tendrían que asumir pagos que oscilarían entre los 200.000 y 500.000 millones de pesos, dependiendo de su patrimonio líquido y de la tarifa definitiva que establezca el Gobierno, la cual podría superar el 1,2 % para los bancos. Este escenario, advierte Anif, podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento empresarial y presiones sobre la inversión privada.Un impuesto “nocivo” para la inversión y el empleoMás allá de la diferencia en las cifras, el director de Anif fue enfático en cuestionar la conveniencia del impuesto al patrimonio en el actual contexto económico colombiano.“Este es un impuesto muy inconveniente para el país. Está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos y la generación de empleo”, sostuvo López.Según explicó, al gravar el patrimonio —que muchas veces está representado en activos no líquidos como maquinaria o infraestructura— las empresas podrían verse obligadas a endeudarse o liquidar activos para cumplir con la obligación tributaria. “Muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para tener la caja y poder pagar este impuesto”, advirtió.Anif recordó que Colombia ya implementó este tributo hace más de una década y que sus efectos incluyeron un deterioro en los indicadores de apalancamiento empresarial, lo que encareció el acceso al crédito y afectó la dinámica de inversión en el mediano plazo.Emergencia económica y dudas sobre la urgencia fiscalOtro de los cuestionamientos gira en torno a la necesidad real de los recursos y la relación directa con la emergencia invernal. López señaló que no se ha presentado un desglose detallado que justifique los 8 billones de pesos estimados por el Gobierno.Además, subrayó que el impuesto al patrimonio no es un instrumento de recaudo inmediato, por lo que no sería el mecanismo más eficaz para atender una situación de urgencia. “Aquí lo que se necesita es usar la caja del Gobierno y hacer reasignaciones presupuestales o utilizar recursos de regalías no ejecutadas”, indicó.La discusión también ha llegado al plano jurídico, pues cualquier decreto tributario derivado de la emergencia económica deberá superar el control de la Corte Constitucional, que analizará la proporcionalidad y la relación directa entre las medidas fiscales y la crisis que se busca atender.El anuncio del posible recaudo de 13,4 billones de pesos reaviva el debate sobre la política fiscal del Gobierno y sus efectos en el crecimiento económico. En un contexto donde la inversión privada ha mostrado señales de debilidad, gremios y analistas advierten que un nuevo impuesto al patrimonio podría profundizar la desaceleración.Para Anif, la discusión no debe centrarse únicamente en si el recaudo será de 8 o 13,4 billones, sino en las consecuencias estructurales de la medida. “Este instrumento no solo tiene efecto en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo”, concluyó López.
El tercer consejo de ministros de la semana estuvo marcado por un anuncio que reabre uno de los debates económicos más polémicos del Gobierno nacional: las inversiones forzosas al sistema financiero. El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.Según el mandatario, el acuerdo firmado en agosto de 2024, que llevó al retiro definitivo del proyecto de ley de inversiones forzosas, contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.Sin embargo, sostuvo que los créditos no se orientaron a la producción ni al crédito asociativo, sino que continuaron concentrados en consumo. En su momento, el llamado Pacto por el Crédito fue presentado como un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.Tras 19 sesiones de trabajo, el sector financiero advirtió que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito y afectar la confianza. Ahora, ante lo que el Gobierno considera falta de resultados, la medida volverá por decreto en medio de la emergencia.Otro de los anuncios relevantes fue el primer proyecto de decreto tributario. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que se establecerá un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.La intención es corregir lo que calificó como un esquema regresivo: aunque la tarifa nominal es del 28 %, las compañías de mayor patrimonio terminan pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %. El decreto contempla tasas diferenciales para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, así como bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación.El ministro Ávila aclaró que el impuesto al patrimonio para personas naturales, planteado en una emergencia anterior, está suspendido. El Gobierno también estudia ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma analiza la Corte y que contempla una tarifa del 19 %. Además, Petro planteó la posibilidad de prohibir temporalmente la exportación de carne para contener el alza de precios internos, al considerar que el producto está subiendo por encima de la inflación.Como medidas de alivio, se anunciaron líneas de crédito con tasas compensadas a través de Finagro y el Banco Agrario para el sector agropecuario y microempresas.
El decreto 1474 de 2025, que adopta medidas tributarias para 2026 en el marco de la emergencia económica, propone incrementar hasta el 50 % el impuesto de renta para las compañías de seguros y reaseguros, lo que tendría un impacto desproporcionado sobre la actividad aseguradora.El sector aseguró que desde hace varios años enfrenta una carga tributaria superior a la de otras industrias, sin una justificación técnica o de política pública clara. Actualmente, las aseguradoras ya pagan una sobretasa del 5 % sobre la tarifa general del 35 %.“Una sobretasa de estas dimensiones es desmedida. La tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales ya ronda el 39,2 %, una de las más altas en comparación internacional”, señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.De acuerdo con la OCDE, la tarifa corporativa del 35 % en Colombia ya es elevada. Además, las utilidades sobre primas emitidas del sector han promediado apenas el 5,6 % en los últimos cinco años, lo que no justifica un tratamiento tributario diferenciado.El gremio recordó que el propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce el papel positivo del sector asegurador en la economía popular, la protección a la vejez, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.Fasecolda enfatizó que no solicita beneficios tributarios especiales, sino un tratamiento equitativo que permita seguir ampliando la cobertura y protección de las poblaciones más vulnerables del país.
El futuro de los medios públicos en Colombia abrió un nuevo debate tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre el sistema informativo de Inravisión, antes RTVC. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Álvaro García, exgerente de RTVC, consideró que la discusión debe ir más allá del desmonte de la franja informativa y centrarse en cómo garantizar la independencia de los medios públicos.García explicó que RTVC Noticias nació después de una inversión para recuperar la infraestructura de producción y transmisión de la entidad, además de la necesidad de garantizar el acceso a información pública durante la pandemia.“Se juntaron las dos cosas, se recuperó la infraestructura y se lanzó un noticiero con perfil del noticiero público. Era un noticiero que era complemento informativo a la oferta de las noticias de los sistemas privados de información, de redes sociales”, dijo.El riesgo de convertir los medios públicos en propagandaEl exgerente de RTVC reconoció que existía el riesgo de que un sistema informativo dependiente del Ejecutivo pudiera ser utilizado por un gobierno de turno. Sin embargo, señaló que durante su administración se buscó preservar la independencia y la credibilidad.“Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de qué iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, destacó.Sobre la decisión actual del Gobierno, García aseguró que comprende las razones expuestas para modificar el sistema informativo, pero advirtió que eliminar la información de los medios públicos no sería la solución.“Yo creo que más allá de hacer un paréntesis en el funcionamiento del sistema informativo, lo que hay que hacer es una reflexión como país. Es decir, la información no puede ser sustraída de los contenidos del sistema de medios públicos por el hecho de que unas personas o un gobierno decida darle un tratamiento específico”, precisó.Información regional y servicio públicoGarcía también resaltó el papel que RTVC puede cumplir en regiones donde los medios privados no necesariamente tienen incentivos para producir contenidos.“La información con perfil regional, el fortalecimiento de la generación de información desde las regiones, la vocación de servicio público detrás de la información”, mencionó al explicar algunos de los elementos que deberían orientar el sistema de medios públicos.Finalmente, sostuvo que RTVC debe mantener una programación relacionada con identidad, cultura, educación e información, con contenidos relevantes y complementarios a la oferta privada.Escuche la entrevista completa aquí:
El avistamiento de varios zorros en un conjunto residencial de la localidad de Usaquén volvió a poner sobre la mesa la presencia de fauna silvestre en sectores urbanos de Bogotá. Aunque la aparición de estos animales puede generar inquietud entre los habitantes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que su presencia está relacionada con la riqueza ecológica de los cerros orientales y con la disponibilidad de alimento en zonas cercanas a la ciudad.Tras conocerse el caso, la CAR informó que el lugar específico donde fueron observados los ejemplares se encuentra bajo jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad con la que mantiene comunicación y articulación para hacer seguimiento a la situación. Profesionales de la Dirección de Biodiversidad de la CAR realizaron recorridos y visitas de campo en las áreas circundantes, especialmente en sectores de los cerros orientales correspondientes a su jurisdicción.Durante estas inspecciones se revisaron los ecosistemas presentes y el estado de conservación de la fauna y flora de la zona. También se analizaron posibles factores ambientales que pudieran estar provocando un desplazamiento de los zorros hacia áreas urbanas. Sin embargo, la entidad señaló que no encontró evidencias de incendios forestales, tala ilegal, afectaciones significativas por sequía u otros impactos humanos que permitan atribuir la llegada de estos animales a un desplazamiento forzado.De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con la Secretaría Distrital de Ambiente, el avistamiento de zorros en sectores urbanos se volvió más frecuente desde la pandemia. Una de las principales razones estaría relacionada con la disponibilidad de fuentes de alimento, especialmente residuos orgánicos y restos de comida que quedan expuestos durante los días de recolección de basuras. Esta situación habría favorecido que los animales se habituaran a encontrar comida en espacios cercanos a las viviendas.“La presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre”, explicó Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR. La funcionaria agregó que estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y que su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado, en gran medida, con la disponibilidad de alimento derivada de prácticas inadecuadas en el manejo de residuos.¿Qué hacer si ve un zorro?Ante un encuentro con un zorro, la recomendación principal es evitar cualquier contacto directo y no intentar alimentarlo, perseguirlo o capturarlo. Tampoco se deben dejar restos de comida ni basura expuesta en lugares a los que puedan acceder estos animales. La comunidad debe disponer adecuadamente los residuos y respetar los horarios establecidos para su recolección, teniendo en cuenta que la expansión urbana ha aumentado la interacción entre la fauna silvestre y los habitantes de Bogotá.La CAR anunció además que proyecta instalar cámaras trampa en puntos estratégicos de posible tránsito entre los cerros orientales y las zonas urbanas, con el objetivo de conocer mejor los patrones de desplazamiento de los zorros. Si un ciudadano encuentra un ejemplar herido, atrapado, desorientado o en una situación que pueda representar un riesgo para el animal o para la comunidad, no debe manipularlo ni intentar capturarlo. En estos casos, la entidad recomienda reportar la situación a la Línea de Atención de Fauna de la CAR, en el número 316 524 4031.
El fútbol colombiano también se sumará a la atención de las familias afectadas por el terremoto. Atlético Nacional anunció un partido amistoso frente a Once Caldas, programado para este jueves a las 7:00 de la noche, cuyos recursos serán destinados a apoyar a las personas damnificadas por la tragedia.Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, explicó que la iniciativa busca utilizar el fútbol como un mecanismo de solidaridad en medio de las pérdidas humanas y materiales que dejó el sismo. El dirigente aseguró que el club también ha identificado afectaciones entre familiares de jugadores y personas vinculadas con la institución.¿Cómo será el partido de Atlético Nacional por las víctimas?Arango explicó que los recursos obtenidos por la venta de entradas serán entregados a través de la Corporación Presentes, con el propósito de atender diferentes necesidades derivadas de la emergencia.“Queremos que el fútbol, como movilizador social y como deporte, sirva también en esta oportunidad para apoyar a las personas que se han visto afectadas por esta tragedia”., señaló.Las entradas tienen precios entre 15.000 y 65.000 pesos y, de acuerdo con el presidente del club, ya se habían vendido cerca de 5.000 localidades al momento de la entrevista.La organización también permitirá el ingreso de los hinchas del equipo visitante con sus camisetas y elementos de acompañamiento. La intención es que las dos aficiones compartan el estadio y envíen un mensaje de unión.“Queremos también que estos sea un espacio de convivencia”, afirmó Arango.¿Cómo ayudará Atlético Nacional a las familias afectadas?El presidente explicó que la Corporación Presentes permitirá atender tanto las necesidades generales de las víctimas como situaciones particulares de personas cercanas al club. Algunos jugadores y sus familias también sufrieron afectaciones en las zonas golpeadas por el terremoto.Arango destacó además la decisión de Mateus Uribe, quien viajó al Chocó por iniciativa propia para acompañar a las comunidades afectadas. El club entregó algunas donaciones de indumentaria para los niños de la región.El equipo también atraviesa el impacto emocional de la tragedia. La plantilla se encontraba en Cali cuando ocurrió el terremoto, después del partido ante América. “Hay una situación, podríamos decir, de duelo, de tristeza por lo que estamos atravesando”, reconoció el dirigente.Sin embargo, Arango insistió en que el deporte puede convertirse en una herramienta para acompañar a quienes perdieron familiares, viviendas y pertenencias.“Esto lo sacamos adelante entre todos en este momento de dificultad”, concluyó el presidente de Atlético Nacional, quien anunció que el club continuará vinculándose a iniciativas de apoyo durante la etapa de reconstrucción.
La abogada Rosalín Orozco Becerra será la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. El director Carlos Ríos firmó en las últimas horas el Decreto 1248, por medio del cual se oficializa el nombramiento."Por intermedio de la oficina de talento humano del Departamento Administrativo de la Presidencia, comunicar el contenido de este decreto a la señora Rosalín Orozco Becerra y al señor Andrés Bernardo Barreto González, quien actualmente desempeña el empleo en encargo", dice el decreto firmado por Ríos.Orozco es abogada, egresada de la Universidad Católica y especialista en derecho penal. Además, fue asesora jurídica del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y de la Comisión de Acusaciones.Recientemente se desempeñó como gerente en la Contraloría de Bogotá.Además, ha sido docente universitaria en la Universidad del Rosario y en la Universidad Católica.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, salió en defensa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego de las críticas que ha recibido por su presencia en Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a varias regiones del país.Portilla expresó su solidaridad con el funcionario, a quien calificó como su amigo y destacó su origen santandereano y su vínculo con Bucaramanga. El mandatario consideró que, además de las responsabilidades propias del cargo, también debe tenerse en cuenta la condición humana y familiar de los funcionarios públicos.“Nuestra solidaridad por este tipo de ataques que ha sufrido el ministro. Es nuestro amigo, es una persona que apreciamos, es bumangués. El respaldo se lo está dando el presidente de la República y considero que él tiene los argumentos y las razones”, afirmó Portilla.El alcalde agregó que conoce el carácter de Beltrán y aseguró que, a su juicio, el ministro no se ha desligado de sus responsabilidades. “No podemos desligar la condición humana, la condición de familia, de sus quehaceres. Quizás tomó un tiempo como familia. Conozco su talante, su carácter. Nunca se ha desligado de su labor como ministro y sé que este es el comienzo de los grandes resultados que va a tener Jaime Andrés en la cartera de Vivienda”, sostuvo.Las declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por imágenes del ministro en una zona de playa de Santa Marta, situación que provocó cuestionamientos por su presencia allí mientras el país atendía la emergencia. Beltrán respondió que el viaje no correspondió a unas vacaciones y que mantuvo sus responsabilidades como jefe de la cartera de Vivienda.