La Corte Constitucional comenzará en los próximos días el estudio del cuarto decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica en lo que va corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En esta oportunidad, la Corte analizará el decreto 0150 de 2026, que fue expedido en la noche del pasado miércoles 11 de febrero, con el fin de recaudar, vía nuevos impuestos y otros mecanismos dictados mediante decretos con fuerza de ley por el presidente, la suma de 8 billones de pesos para atender la emergencia invernal en 8 departamentos del país, la mayoría de ellos ubicados en la Costa Caribe, entre los que está el departamento de Córdoba.
En la Corte ya se hizo el reparto del expediente de la nueva emergencia y le correspondió al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero adelantar el estudio y presentar ante sus ocho colegas de la Sala Plena la ponencia para definir si se avala o se cae este nuevo estado de excepción, que podríamos catalogar como el decreto madre, que es el sustento de las medidas que se adoptarán en las próximas horas para mitigar las consecuencias de las inundaciones.
Aunque en principio y a primera vista, pareciera justificada esta nueva declaratoria de emergencia ante la magnitud del desastre causado por las lluvias, con la anegación de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Sucre, que deja más de 252.000 damnificados, el asunto no sería tan sencillo ni se podría dar por descontado que la Corte le dé su aval, porque los magistrados tendrán que evaluar primero si el Gobierno cuenta con las herramientas suficientes por las vías ordinarias, para atender la emergencia invernal.
Entre otras cosas, algunos juristas consideran que el presupuesto para atender desastres como el que afrontan los habitantes de Córdoba y otros siete departamentos debería estar claramente definido y asignado a la Unidad de Gestión de Riesgo; por lo tanto, no debería considerarse una emergencia económica.
Hay que recordar que, por un lado, va la evaluación del decreto madre de la nueva emergencia económica y, por otra vía, está la definición sobre si se caen o no los nuevos impuestos y las medidas adoptadas, conocidos como los decretos hijos.
La Corte se alista para el inicio de la discusión de la nueva emergencia económica por el invierno en el departamento de Córdoba, sin definir de fondo si tumba o no la declaratoria del mes de diciembre, que permanece suspendida y es harina de otro costal.