El creciente auge de las plataformas de comercio electrónico internacional como Shein, Temu, AliExpress y Amazon volvió al ojo del huracán. Esta vez, el presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, Guillermo Criado, lanzó una propuesta concreta: imponer un arancel del 40% a los productos textiles que ingresen al país a través de estas plataformas.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Criado advirtió que Colombia enfrenta lo que denominó un “tsunami silencioso” de mercancías importadas que estaría afectando gravemente al sistema moda nacional. Según explicó, diariamente ingresan cerca de 650.000 kilos de productos que, en muchos casos, no pagan impuestos, lo que genera una competencia desigual frente a las empresas locales.
“El sistema moda colombiano está viviendo una paradoja devastadora”, afirmó. Mientras miles de micro y pequeñas empresas enfrentan cargas tributarias, regulatorias y laborales, las plataformas internacionales operarían —según el dirigente— aprovechando vacíos normativos como el régimen de minimis, que permite el ingreso de paquetes de bajo valor sin mayores gravámenes.
Las cifras que expone el sector son contundentes: solo en 2025 habrían entrado al país 77 millones de paquetes, con un crecimiento superior al 80% en el último año. Esto, de acuerdo con Criado, impacta directamente a una industria que agrupa cerca de 142.000 empresas y genera alrededor de 2,5 millones de empleos.
La propuesta del 40% no surge al azar. Según explicó el dirigente, ese mismo arancel ya lo asumen importadores formales y marcas internacionales con presencia física en Colombia, como Zara y H&M. “Lo que pedimos no es cerrar el comercio electrónico, sino igualdad de condiciones”, insistió.
Además del impacto económico, Criado también puso sobre la mesa argumentos ambientales. Aseguró que una prenda producida en China puede generar hasta 98 veces más emisiones de CO₂ que una confeccionada en Colombia, cuestionando así el modelo de “fast fashion” que promueven estas plataformas.
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En cuanto a la implementación de la medida, el líder gremial explicó que existen dos caminos: uno legislativo, relacionado con el IVA —actualmente en discusión en el Congreso—, y otro que depende directamente del Ejecutivo, que tendría la facultad de fijar aranceles. De concretarse, el recaudo fiscal podría oscilar entre 6 y 8 billones de pesos.
El debate, sin embargo, no es unívoco. Desde el punto de vista del consumidor, el acceso a productos más económicos sigue siendo un factor clave. Frente a esto, Criado reconoció la preocupación, pero reiteró que la competencia actual es inequitativa. “No se puede competir con quien no paga impuestos ni genera empleo en el país”, señaló.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa la propuesta en medio de conversaciones con el sector y análisis técnicos por parte de entidades como la Dian. La decisión final podría marcar un punto de inflexión para el comercio electrónico en Colombia y para el futuro de una industria que, según sus voceros, lleva más de un siglo siendo motor económico del país.
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