La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial al Ministerio de Salud por los riesgos en el manejo de recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria, luego de identificar que, con corte al 30 de junio de 2026, había $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes por legalizar, es decir, ayudas económicas del Estado que se entregan para cumplir un propósito determinado y que deben ser justificadas por quienes las reciben.
La alerta se fundamenta en el seguimiento realizado durante el primer semestre de este año por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que identificó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre los recursos entregados por el Ministerio.
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El organismo de control examinó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos, financiados entre 2022 y 2025, que recibieron asignaciones por $1,03 billones.
De esos 40 proyectos, 22 presentan retrasos o suspensiones y comprometen recursos por $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % del valor total de la muestra. Esta situación, según la Contraloría, requiere especial vigilancia fiscal.
El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, advirtió sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a las demoras, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras. Por eso, anunció que continuará la vigilancia fiscal para anticipar riesgos y prevenir la pérdida de dinero público.
Uno de los datos que más preocupa al organismo de control es que solamente el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados, lo que evidencia dificultades en el avance de las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura hospitalaria.
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Entre las principales irregularidades y deficiencias identificadas se encuentran problemas en los estudios y diseños iniciales, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades que no estaban previstas e insuficiencias presupuestales para completar las intervenciones.
A esto se suman debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos que inicialmente habían sido aprobados. Estas situaciones podrían generar mayores costos, retrasos y afectar la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.
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La Contraloría insistió en que no basta con ejecutar los recursos o terminar las construcciones, sino que se debe garantizar que los hospitales entren en funcionamiento, presten servicios efectivos y mejoren las condiciones de atención para los colombianos.