El Fondo Milagro reportó avances en los procesos de contratación para la demolición de edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el informe presentado por su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, los procesos adelantados para intervenir inmuebles en Pereira y Cali suman $7.440 millones.
El documento también precisa que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y tienen como origen un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial, identificado como BIRF 9774-CO. Recursos que fueron incorporados al presupuesto mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.
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La gerencia aclaró que, a la fecha de elaboración del informe, el Fondo no había recibido recursos de otras fuentes previstas, como donaciones, cooperación nacional o internacional y aportes de entidades territoriales o particulares.
Los procesos de demolición en Cali y Pereira
Entre los procesos contractuales reportados se encuentran cuatro intervenciones para demoler edificaciones en Cali y Pereira, junto con sus respectivas interventorías. En total, estos procesos suman $7.440 millones y tienen plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
En Pereira se adelanta el proceso para la demolición por implosión del edificio INVICO, por $3.814 millones, y su interventoría, por $299 millones. También se incluyó la demolición mecánica de la Institución Educativa San Nicolás, por $423 millones, con una interventoría de $88 millones.
En Cali, el Fondo reportó la demolición por implosión del edificio Ana Pilar, por $949 millones, y su interventoría, por $214 millones. A esto se suma la demolición mecánica del edificio Arábico, por $1.393 millones, junto con una interventoría de $258 millones.
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El informe también relaciona una consultoría integral para las demoliciones, a cargo de Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A.S. Su valor corresponde al 10 % del monto de los contratos de demolición adjudicados, por lo que no aparece con una cifra fija en el documento.
La gerencia presenta estos datos como procesos contractuales adelantados y con contratistas seleccionados; no como obras cuya ejecución ya haya finalizado.
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En el informe detalla que Fiducoldex suscribió el contrato de fiducia mercantil el 5 de octubre de 2026. A través de este mecanismo se administra el patrimonio autónomo del Fondo y se formalizan los contratos.
Destacó que en materia de contratación, el Fondo cuenta con un manual aprobado por el Consejo Directivo y adoptado mediante el Acuerdo 002 del 28 de octubre de 2026. Aunque se rige por las normas del derecho privado, debe observar principios de transparencia, objetividad, moralidad, eficiencia, economía y publicidad, además de los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, y las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades.
El manual contempla diferentes modalidades de selección: acuerdos marco, convocatoria abierta, invitación cerrada, selección simplificada, compra ágil y contratación directa, esta última únicamente cuando se configuren las causales previstas, entre ellas la urgencia contractual.
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El gerente tiene a su cargo la ordenación del gasto, la dirección de la etapa precontractual, la selección de contratistas y las instrucciones a Fiducoldex. Sin embargo, algunas decisiones requieren autorización del Consejo Directivo. Entre ellas están los contratos que superen los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, determinadas adiciones contractuales que excedan los límites establecidos, las operaciones sobre bienes inmuebles y las transacciones que superen ese mismo umbral.
El documento también establece que todos los contratos deben contar con un supervisor designado o con una interventoría. Sin el pronunciamiento de esa instancia no se pueden tramitar pagos, modificaciones, cesiones, suspensiones, terminaciones o liquidaciones.
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Además, el Fondo contempla mecanismos de seguimiento como informes mensuales del gerente al Consejo Directivo, auditoría independiente y vigilancia de los organismos de control, incluida la Contraloría.
En cuanto a los mecanismos de transparencia, la gerencia explicó que se solicitan cotizaciones a varios oferentes y se realizan verificaciones sobre el origen de los recursos y la información de los posibles contratistas.
Entre los controles se encuentran las consultas relacionadas con el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), la identificación del beneficiario final, la revisión de inhabilidades y antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, así como la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y del registro de medidas correctivas.
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También se exige una declaración sobre posibles conflictos de interés. Si un oferente no revela una situación de este tipo, su propuesta puede ser rechazada.
Los procesos deben publicarse en los canales del Fondo y en SECOP II, en el módulo de Régimen Especial–Sin oferta, dentro de los tres días hábiles siguientes. Para los procesos que estaban en periodo de transición, el informe fijó como fecha límite de publicación el 20 de noviembre de 2026.
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Criterios para priorizar las intervenciones
El Fondo explicó que la priorización de las intervenciones se realiza en coordinación con alcaldías y gobernaciones, a partir de censos de personas damnificadas, registros de edificaciones y diagnósticos técnicos.
El mecanismo contempla dos líneas de atención: una para proyectos e intervenciones colectivas y otra para apoyos dirigidos a personas y hogares. Además, establece bandas de priorización identificadas como P1, P2, P3 y P4.
Para estudiar las solicitudes se revisan los documentos de los posibles beneficiarios, su registro en el Registro Único de Damnificados (RUD) o la certificación expedida por la autoridad territorial, los actos administrativos que ordenan las demoliciones y los informes técnicos correspondientes.
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El documento señala que se da prioridad a las demoliciones que cuentan con una orden de la autoridad competente y en las que existe un riesgo cierto. Por su parte, las solicitudes de intervención para rehabilitación de vivienda continúan en etapa de priorización y estructuración, mientras que las solicitudes territoriales de demolición están en proceso de validación y estructuración.
Recursos y subsidios para vivienda
Por otro lado, en materia de vivienda nueva, el Fondo proyectó una inversión de $35.000 millones. El beneficio puede llegar hasta los 110 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $192.599.550 para 2026, y el pago se realiza directamente al vendedor del inmueble.
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Según el informe, se habían suscrito 154 documentos de otorgamiento en Cali, Roldanillo, Buenaventura y Trujillo, en el Valle del Cauca, y otros 34 en Armenia. En total, son 188 documentos. Adicionalmente, 283 familias de Pereira, Dosquebradas y Manizales estaban en proceso de cruce y verificación de información con el Ministerio de Vivienda.
Para evitar que una misma familia reciba financiación duplicada, el Fondo indicó que verifica previamente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que el apoyo no se financie también con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. En el caso de vivienda nueva, realiza cruces de información con el Ministerio de Vivienda para confirmar la identidad de los beneficiarios, los datos del grupo familiar y la ausencia de beneficios duplicados.
El informe también da cuenta del proceso de conformación de la estructura administrativa. El Fondo contempla una planta de arranque de hasta 130 cargos, pero a la fecha del documento tenía 26 personas vinculadas, incluido el gerente, mediante contratos laborales a término indefinido.
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La información fue remitida por la gerencia en respuesta a los requerimientos de la Comisión Accidental Bicameral. El gerente no asistió presencialmente a la sesión debido a que se encontraba atendiendo una agenda presidencial en Roldanillo, Valle del Cauca, relacionada con la entrega de beneficios de vivienda.