La propuesta de Asobancaria es simple: limitar en la próxima reforma tributaria la compra en efectivo de bienes inmuebles, vehículos de "gran valor" y maquinaria pesada para que solamente puedan hacerse mediante productos financieros como cheques, tarjetas o transferencias como un mecanismo para luchar contra la elevada evasión de impuestos.
¿Quién verificaría la nueva restricción? Los concesionarios, en el caso de los vehículos, y las oficinas de registro, en el caso de los inmuebles. Ninguna de estas entidades procesa estas operaciones en efectivo y eso obligaría a que todas las ventas sean reportadas a la DIAN y se paguen impuestos.
"La informalidad hace que no se cumplan las obligaciones con los trabajadores, la informalidad hace que no se cumpla con las obligaciones fiscales, hace que no se cumpla con las obligaciones con el medio ambiente. Sí claro, lo que necesitamos es buscar mecanismos que presionen la formalización y una manera de hacerlo es entorpeciendo las operaciones en efectivo", aseguró el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez.
Gómez aclaró que la idea no es perseguir pequeñas transacciones, sino controlar las de montos considerables, probablemente por encima de los 10 o 20 millones de pesos. Dichas transacciones en efectivo, asegura, normalmente están ligadas a la evasión de impuestos o a delitos como la minería ilegal y el contrabando.
Frente al costo que implicaría bancarizar sus transacciones para sectores informales, Asobancaria asegura que hay una amplia oferta de productos, incluso gratuitos, por lo que tener el dinero debajo del colchón es una mala práctica y una muy insegura.
En 2019, según el reporte de inclusión financiera, el 82.5% de los adultos en el país contaba con al menos un producto financiero.