Pese a las modificaciones hechas al proyecto de acuerdo “Por una ciudad Inteligente” durante el primer debate en el Concejo de Bogotá, Asobancaria mantiene sus reparos frente al aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero. La propuesta pasó de contemplar una tarifa de 21x1.000 a una de 20 x1.000 para 2027, con una reducción progresiva que llevaría el impuesto al 19x1.000 en 2028 y al 18x1.000 en 2029. La asociación advierte que el impacto sería mayor para los bancos pequeños y las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech.Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, explicó que la carga no sería igual para todas las entidades y que aumentaría proporcionalmente entre aquellas con menores utilidades. “Para las 20 entidades financieras de menor utilidad, el ICA va a representar el 99 % de la utilidad neta. Entre más pequeña sea la entidad y menor sea el monto de sus utilidades, mucho más grande será lo que representa el ICA como porcentaje de esa utilidad”, señaló.Ruiz también cuestionó que la deducción del ICA, que incluso el Alcalde Carlos Fernando Galan ha presentado como un beneficio, en el impuesto de renta beneficie por igual a todas las compañías. “La deducibilidad se aplica para las entidades que tienen un mayor nivel de utilidad y pueden absorber parte de ese incremento vía un menor impuesto de renta, pero no para las empresas que no tienen suficiente nivel de utilidad”, dijo.El representante de Asobancaria advirtió, además, que algunas entidades podrían revisar el lugar desde el que desarrollan sus operaciones si el incremento representa una parte significativa de sus ganancias. “Para los bancos más pequeños esto va a ser un tema de vida o muerte, y ellos probablemente sí van a tener que sacar toda su operación, porque ellos van a pagar un 99 % de ICA versus el total de su utilidad neta. No van a tener otra opción más que desplazarse a un municipio donde la tarifa sea del 5 por 1000”, afirmó.Asobancaria también cuestionó la comparación de Bogotá con otras ciudades que tienen tarifas de ICA más altas. La asociación señaló que el caso de Cali —que aplica una tarifa del 25x1.000— no puede evaluarse todavía en los mismos términos , debido a que la medida fue implementada recientemente, mientras que Barranquilla —con una tarifa del 30x1.000—, según el gremio, no tiene el mismo peso financiero que la capital.Otro de los puntos de discusión es la sobretasa al impuesto predial para financiar la prestación y modernización del alumbrado público, que ería de 0x1.000 para los estratos 1, 2 y 3; de 0,4x1.000 para los estratos 4, 5 y 6; de 0,8x1.000 para predios dotacionales y lotes, y de 1x1.000 para inmuebles comerciales, financieros e industriales.El concejal Samir Bedoya, del Partido Mira, cuestionó específicamente el destino de esos recursos y señaló que una parte importante se utilizaría para pagar el arriendo de infraestructura de alumbrado público a Enel. Según el cabildante, ese concepto representaría el 46,5 % del dinero destinado al proyecto. “Nosotros vamos a probar aquí un impuestos para pagar arriendo a Enel, Para garantizar el negocio a un monopolio que, como ya se ha visto acá y como se ha discutido en otras áreas de la administración, no tiene el menor cuidado con la ciudad”, afirmó.Finalmente, el proyecto contempla alivios para contribuyentes con deudas tributarias y no tributarias con el Distrito. Quienes se acojan al beneficio deberán pagar el 100 % del capital y el 40 % de las sanciones e intereses, mientras que el 60 % restante sería condonado. La Secretaría Distrital de Hacienda estima que más de dos millones de ciudadanos podrían acceder a esta medida.Samir Bedoya también cuestionó su efectividad, al señalar que durante el Plan Distrital de Desarrollo solo se recuperó el 2,4 % de la cartera y que entre 2024 y 2026 se concretaron 918 acuerdos de pago, menos del 1 % del total. Por eso, pidió que estas medidas tengan mayor impacto y que también respondan a las necesidades de los pequeños comerciantes.Frente a los cuestionamientos sobre el aumento del ICA para el sector financiero, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, defendió que el atractivo de la ciudad no puede medirse únicamente por la tarifa de este impuesto. Señaló que Bogotá concentra una parte importante de la actividad económica y financiera del país, tiene una alta capacidad de endeudamiento y lidera buena parte de la política de vivienda, factores que también generan oportunidades para el sector financiero.Sobre la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público, la funcionaria aseguró que su diseño tuvo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes y que Bogotá tendría un cobro per cápita inferior al de ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín. También destacó que la propuesta aprobada en comisión excluyó a los comercios y familias con menor capacidad de pago y contempla una reducción de las tarifas a partir de 2042.La secretaria también explicó que la sobretasa tendrá límites tanto en el monto máximo que podrá pagar cada predio como en su crecimiento anual. Para los predios residenciales, el incremento no podrá superar la inflación más cinco puntos porcentuales, mientras que para los demás usos el límite será de inflación más ocho puntos. Con estos ajustes, la Administración sostiene que la medida busca garantizar los recursos para la modernización del alumbrado sin generar una carga desproporcionada para los contribuyentes.
La sexagésima edición de la Convención Bancaria no solo ha servido de termómetro para la coyuntura macroeconómica del país, sino que ha puesto sobre la mesa el punto de inflexión tecnológico que atraviesa el sector financiero colombiano. La consolidación de los sistemas de pagos inmediatos interoperables, la ciberseguridad avanzada y la integración de inteligencia artificial en la banca protagonizan las discusiones del evento en la capital de Bolívar.Durante la instalación de las jornadas, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, presentó el balance operativo de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables del país, calificándolo como un hito de coordinación público-privada que está cambiando el hábito transaccional de los ciudadanos.“El éxito ha sido evidente y se refleja en múltiples indicadores: contamos con cerca de 250 entidades financieras participantes, casi 36 millones de clientes registrados y un promedio del orden de 7 millones de transacciones al día, con montos promedio de 150.000 pesos, lo que demuestra la presencia del sistema en la cotidianidad de las personas”, afirmó Villar ante el auditorio en Cartagena.El directivo del Emisor enfatizó que, tras alcanzar la interoperabilidad plena entre billeteras y cuentas de distintas entidades, la hoja de ruta técnica se concentra ahora en fortalecer la infraestructura: “El éxito alcanzado no debe opacar los retos enormes que tenemos por delante para garantizar la escalabilidad del sistema y su tránsito hacia nuevos casos de uso en los que ya venimos trabajando”.La banca 4.0: el motor de la inclusiónPor su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó que la digitalización ya no es un canal complementario, sino el núcleo del crecimiento y la inclusión financiera en el país.“La tecnología resolvió las barreras históricas de acceso. Hoy la verdadera inclusión no es solo tener un producto financiero, sino permitir que cualquier colombiano, desde el comercio de barrio hasta el gran empresario, mueva su dinero en tiempo real, sin costos de fricción y con los más altos estándares de seguridad”, señaló Malagón.Asimismo, el líder gremial destacó la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial en la evaluación crediticia y la prevención de fraudes: “Estamos viendo una banca que usa la inteligencia artificial para entender mejor los perfiles de riesgo de quienes antes estaban por fuera del sistema, permitiendo que el crédito productivo llegue más rápido y a mejores tasas a la economía popular”.Desafíos en el horizonteEntre los temas recurrentes en los paneles técnicos del Centro de Convenciones Cartagena de Indias destacan:Sustitución del efectivo: Llevar los rieles de pago en tiempo real a pagos presenciales en pequeños comercios (P2M) y transporte público.Ciberseguridad y biometría: Despliegue de autenticación biométrica invisible y monitoreo continuo contra ciberataques y suplantación digital.Escalabilidad en la nube: Adopción de arquitecturas híbridas y multicloud para soportar picos transaccionales masivos sin caídas en el servicio.La convención continuará este viernes con sesiones dedicadas a la regulación financiera digital, financiamiento sostenible y la agenda de reactivación económica entre el Gobierno Nacional y el sector privado.
La excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, fue ovacionada por los asistentes a la Convención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, en Cartagena, horas después de que se conociera que no continuaría su nombramiento como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI.La designación en ese gremio privado se habría frustrado en medio de aparentes presiones por algunas posiciones de Soto que no coincidirían con las del actual Gobierno, además de ser la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación durante los primeros seis meses de Gobierno de Gustavo Petro.Durante el foro, la economista mantuvo sus reservas frente a algunas decisiones económicas del Gobierno y advirtió que reducir el presupuesto no será una tarea sencilla.“Requiere apoyo del Congreso y pasa por recortar la nómina del Estado”, afirmó Soto al referirse a la propuesta de reducir el gasto público.Al cierre del encuentro, la excodirectora del Emisor volvió a recibir aplausos y se refirió a la importancia de preservar la independencia del ente emisor, institución de la que destacó su actuación pese a las presiones y dificultades.“Un reconocimiento al banco por haber mantenido su independencia, capacidad, criterio, a pesar de todas las presiones y dificultades. Tenemos un gran banco”, sostuvo.Soto también señaló que la autonomía del Banco de la República hace parte de las garantías democráticas del país y llamó a respetar la independencia entre las diferentes instituciones.“Creo que el andamiaje democrático que tenemos pasa por la independencia del banco y la independencia y el respeto entre los distintos poderes: el Ejecutivo, el Congreso, las cortes, la sociedad civil y el sector privado”, afirmó.El cierre se dio en medio de aplausos a los panelistas y con el consejo de Salomón Kalmanovitz al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, para que baje las tasas de interés cuando pueda, lo que generó risas, porque se trata de una recomendación agradable, pero que es difícil de aplicar mientras no se cumplan algunos indicadores del emisor, como la proyección inflacionaria, entre otros.
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al programa de alivios anunciado por Asobancaria tras el terremoto del pasado lunes. En una primera medida, el mandatario agradeció al gremio por las medidas anunciadas."Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto", dijo De La Espriella en su cuenta de X.Este programa de Asobancaria contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de seguros bancarios en los casos correspondientes."Estas medidas representan un aporte estimado de $1,1 billones, adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca", agregó el mandatario.
Falta de acompañamiento y abandono de programas que aseguran venían funcionando en favor de la población más vulnerable son algunos de los asuntos que en los últimos años han preocupado a varios gremios económicos del país respecto a la gestión del saliente Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.Por eso, con el fin de evitar el aumento de efectos adversos, desde hace un año Asobancaria, Asocajas y Camacol trabajan en propuestas para el nuevo Gobierno nacional, cualquiera que este sea, y que asumirá la administración del país desde el próximo 7 de agosto.Durante el Cuarto Congreso Verde de Camacol en Medellín, el presidente ejecutivo de la entidad, Guillermo Herrera, reveló que la presentación del documento conjunto será el próximo 20 de mayo con iniciativas técnicas respaldadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.En el caso específico del sector de la construcción, Herrera detalló que está el mejoramiento de las condiciones para el acceso de jóvenes a créditos, la reactivación de la economía con mayor número de empleos y la recuperación de programas como Mi Casa Ya, que según el directivo, en sus años de implementación permitió la adquisición de vivienda por parte de más de 360 mil familias en todo el país."Mejorar las condiciones de acceso al crédito para los hogares, sobre todo los hogares conformados por jóvenes y clase media. No es solamente para los hogares de menores ingresos, sino que hay que generar reactivación económica para generar más empleo. Ahí se propone buscar mecanismos para que las tasas de crédito hipotecario sean menores", declaró.El gremio bancario y las cajas de compensación en Colombia también enfrentan varios retos ante el próximo Gobierno nacional, especialmente en materia de regulación, sostenibilidad financiera y reformas sociales.Para los bancos, uno de los principales desafíos será adaptarse a nuevas reglas sobre finanzas abiertas, inclusión financiera y posibles cambios tributarios o regulatorios impulsados desde el Ejecutivo, en medio de preocupaciones del sector por iniciativas que, según Asobancaria, podrían afectar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los usuarios.En el caso de las cajas de compensación, el panorama está marcado por la implementación de la reforma laboral, el aumento de costos asociados a nuevos derechos laborales y la presión financiera derivada de la crisis del sistema de salud y de las EPS intervenidas.
Una llamada que suena exactamente como la de un gerente, un video que imita con precisión el rostro de un cliente o un audio que reproduce la voz de un familiar solicitando una transferencia urgente. Esto hace pocos años parecía parte de una película de ciencia ficción, pero hoy es una herramienta real para cometer fraudes financieros.En Colombia, los deepfakes, contenidos falsificados mediante inteligencia artificial capaces de replicar voz, rostro o gestos humanos, están comenzando a transformar la forma en que operan los delincuentes digitales y a poner a prueba los sistemas de seguridad del sector bancario.En América Latina, y particularmente en Colombia, el crecimiento de identidades sintéticas, deepfakes de voz y esquemas de ingeniería social automatizados están redefiniendo el perfil del fraude financiero. Según cifras de la Superintendencia Financiera, entre enero y julio de 2025 se registraron 27.000 millones de intentos de ciberataque contra establecimientos bancarios, lo que representa un incremento del 69 % frente al mismo periodo del año anterior.En términos operativos, esto equivale a cerca de 94 intentos de vulneración por segundo y a aproximadamente 1.000 colombianos víctimas diarias de robo de datos personales.“El acceso a herramientas de Inteligencia Artificial generativa ha democratizado la sofisticación del fraude. Hoy adversarios con pocos conocimientos técnicos pueden ejecutar ataques altamente convincentes”, explicó José Javier Prada, CEO de Become Digital.Identidades falsas y fallas en la verificaciónUno de los factores que ha facilitado el crecimiento de este tipo de fraude es la persistencia de sistemas de verificación basados en documentos físicos. En muchos procesos de autenticación todavía se depende principalmente de la cédula amarilla, cuyos elementos pueden ser manipulados mediante edición digital, reimpresión o superposición de capas.Esto significa que los motores tradicionales de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y algunos esquemas básicos de biometría no siempre logran detectar alteraciones sutiles pero críticas. Con la llegada de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, videos o audios hiperrealistas, estas debilidades se vuelven aún más evidentes.IA contra IAComo consecuencia, el sector financiero y las empresas tecnológicas han comenzado a desarrollar nuevas arquitecturas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para detectar manipulación digital y fraudes de identidad.En el caso de Become Digital, su tecnología ha sido entrenada durante años con datos y alteraciones reales del mercado colombiano. “Esto permite que la IA identifique patrones gráficos, microvariaciones e inconsistencias estructurales que pueden pasar desapercibidas para los sistemas tradicionales o incluso para el ojo humano”.El modelo alcanza una tasa de detección de fraude superior al 99 %, mientras mantiene niveles de conversión superiores al 75 %, dependiendo del flujo y del perfil de riesgo. Aproximadamente el 85 % de las transacciones se resuelven automáticamente, mientras que el 15 % restante pasa a revisión de auditores especializados.¿Cómo enfrentar esta nueva generación de fraudes?Ahora, a lo que le apunta la mayoría de bancos es a saber cómo enfrentar esta nueva generación de fraudes. Espacios como el Congreso CAMP de Asobancaria y los encuentros regionales de Fintech Américas servirán para que reguladores, bancos y proveedores tecnológicos analicen el impacto de la inteligencia artificial, tanto en la evolución del delito como en las estrategias para contenerlo.Las proyecciones del sector muestran que el mercado de inteligencia artificial aplicada a la detección de deepfakes crecerá a una tasa anual compuesta del 33,5 % hasta 2030, alcanzando un valor global cercano a US $38.500 millones, según estimaciones citadas por Asobancaria.Un nuevo modelo de confianza digitalMás allá de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas, el desafío para Colombia será rediseñar el modelo de confianza digital sobre el cual se sostiene la intermediación financiera. La tendencia apunta a que los sistemas antifraude evolucionen desde la verificación tradicional, basada en foto, voz o documento, hacia modelos de autenticación continua basados en comportamiento, capaces de detectar señales humanas difíciles de replicar por la inteligencia artificial.“Hoy incorporamos señales comportamentales, especialmente en los procesos de prueba de vida. No nos limitamos a verificar que exista un rostro frente a la cámara; analizamos cómo se comporta ese rostro durante la validación”, señala Prada.
Tras semanas de tensión entre el Gobierno y el sector financiero, finalmente se alcanzó un acuerdo de una de las medidas que más preocupación había generado en el sector económico: las inversiones forzosas. Luego de más de 12 reuniones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y el gremio financiero representado por Asobancaria, se concluyó que y pactóel reemplazo de las inversiones forzosas, por un paquete de alivios y créditos para reactivar las regiones afectadas por las lluvias atípicas en Colombia que provocó inundaciones y emergencias en varias zonas del país.Abrigo: Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, es la estrategia que busca apoyar a las comunidades y sectores productivos golpeados por el invierno. Con esta decisión, el Gobierno confirmó que no habrá inversiones forzosas para los bancos, una medida que había generado preocupación en el sistema financiero por su posible impacto en la estabilidad económica.La meta es impulsar 2,1 millones de créditos, enfocados en la recuperación económica de familias, pequeños negocios y productores que resultaron afectados por el frente frío.Las medidas estarán dirigidas especialmente a los departamentos que han sido declarados en emergencia por el invierno, entre ellos Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Cesar, Sucre, La Guajira y Magdalena, donde miles de familias han visto afectadas sus viviendas, cultivos y actividades económicas.Uno de los puntos centrales del acuerdo es la refinanciación de créditos en las zonas afectadas, con condiciones especiales para los deudores. Los bancos podrán ofrecer periodos de gracia de hasta 12 meses sin cobro de intereses, lo que significa que durante ese tiempo las personas podrán reorganizar sus finanzas sin que su deuda aumente. Además, se garantizará que los usuarios mantengan su calificación crediticia, no tengan reportes negativos en centrales de riesgo y tampoco se ejecuten garantías del Fondo Nacional de Garantías ni del Fondo Agropecuario de Garantías.Otra medida clave es la suspensión de cobros judiciales y prejurídicos para los afectados, lo que permitirá que las personas y empresas en dificultades tengan un respiro financiero mientras se recuperan de los daños provocados por las lluvias.El programa también contempla nuevas líneas de crédito productivo, un modelo de atención prioritaria para las comunidades afectadas y una campaña de educación financiera para orientar a los ciudadanos sobre cómo acceder a estos alivios y reorganizar sus deudas.Con este acuerdo, el Gobierno y el sector bancario buscan aliviar la carga financiera de los afectados y evitar que la emergencia climática se convierta también en una crisis económica para miles de hogares y empresas en el país.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, alertó al país sobre las implicaciones de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Trabajo que busca trasladar de manera inmediata recursos masivos de los fondos privados a Colpensiones. Según Velasco, esta medida no solo contraviene lo estipulado en la ley, sino que pone en riesgo el ahorro que pertenece a millones de ciudadanos.El traslado masivo de 27 billones de pesosLa controversia surge a raíz del artículo 76 de la reforma pensional, conocido como la "ventana de oportunidad de traslado". Este artículo permite que personas a menos de 10 años de pensionarse cambien de régimen, siempre que cumplan con ciertos requisitos de semanas cotizadas (750 para mujeres y 900 para hombres) al 30 de junio de 2025.Velasco explicó que el saldo de las cuentas de ahorro individual de quienes han aprovechado esta ventana asciende a cerca de 27 billones de pesos. El decreto del Gobierno pretende que estos recursos sean trasladados a Colpensiones en un plazo de tan solo 15 días después de su expedición, lo cual es calificado por Asofondos como una medida de "cortísimo plazo" y muy grave.El impacto en el ahorro pensional y el mercado de TESUno de los puntos más críticos señalados es que estos recursos no están en "cajas fuertes", sino invertidos para generar rentabilidad a los trabajadores. El portafolio total de los fondos es de 520 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 36% está invertido en Títulos de Deuda Pública (TES).Liquidar repentinamente cerca de 8 billones de pesos en TES para cumplir con el decreto podría generar desvalorizaciones y efectos negativos en los mercados financieros, especialmente en un momento donde el mercado de deuda pública ya enfrenta comportamientos desfavorables. Además, Velasco enfatizó que, según la ley vigente, estos recursos deberían permanecer en las cuentas individuales hasta que las personas cumplan la edad de pensión, momento en el cual pasarían al fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, y no ser gastados inmediatamente por Colpensiones.Crisis fiscal y el futuro de los impuestos en ColombiaPara el presidente de Asofondos, esta jugada del Gobierno busca liberar recursos del Presupuesto General de la Nación. Al recibir estos 27 billones, Colpensiones reduciría su necesidad de pedir recursos al Gobierno Central para pagar las pensiones actuales, permitiendo que el Estado use ese dinero en otros rubros.Sin embargo, Velasco advierte que esto genera un pasivo pensional hacia el futuro. "En la medida en que los recursos... se gasten en el cortísimo plazo... ya esos recursos no van a ser ahorrados", afirmó, señalando que, cuando estas personas se jubilen, la Nación tendrá que cubrir esos pagos mediante impuestos pagados por todos los colombianos. Esta situación se da en un contexto donde el país enfrenta un déficit fiscal estructural del 7% del PIB, lo que equivale a un exceso de gasto de cerca de 140 billones de pesos.
Tras la reunión sostenida con el Gobierno nacional para analizar la posibilidad de decretar inversiones forzosas con el fin de atender la emergencia causada por el frente frío, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), como vocero, aseguró que el diálogo fue “constructivo” y que se están explorando alternativas distintas a la medida principalmente anunciada por el gobierno.Por parte de los banqueros, señalaron que, el objetivo común es brindar soluciones concretas e inmediatas a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las fuertes lluvias atípicas en diferentes zonas del país. Por lo que la prioridad, es diseñar un mecanismo que pueda implementarse rápidamente, que respete los principios de mercado y que permita no solo aliviar las deudas existentes, sino también otorgar nuevos créditos para reactivar las actividades productivas en las zonas afectadas.Aunque no se descartó de manera definitiva la figura de inversiones forzosas, Asobancaria reiteró que continúan las conversaciones con el Gobierno y que el objetivo es presentar al país un anuncio “optimista” a finales de esta semana o comienzos de la próxima.La propuesta de la banca contempla un paquete de alivios para las regiones que se encuentran involucrados en la emergencia, acompañado de nuevos desembolsos productivos que impulsen la recuperación económica. Aunque el alcance final aún se encuentra en discusión.“Es todavía una propuesta, seguimos en conversaciones con el Gobierno, hoy nos dimos la mano para trabajar durante toda esta semana y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación, esta conversación, de suerte que podamos entregarles a los colombianos un plan concreto a finales de esta semana o a comienzos de la próxima”, señaló Jonathan Malagón, presidente Asobancaria.El gremio explicó que durante esta semana se instalarán mesas técnicas con la Superintendencia Financiera y el viceministerio de Hacienda para afinar la propuesta y consolidar un plan conjunto.De concretarse el acuerdo, el país conocería en los próximos días un plan específico para enfrentar la emergencia, en medio del debate sobre si es necesario o no recurrir a medidas extraordinarias como las inversiones forzosas.
Inversiones forzosas vuelven al centro del debate económico tras el anuncio del Gobierno de decretarlas en la emergencia económica. Asobancaria advierte que los recursos no son de los bancos, sino de 36,5 millones de ahorradores.En entrevista con Mañanas Blu, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, respondió al anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Según el mandatario, la medida busca redirigir recursos hacia sectores productivos tras un supuesto incumplimiento del Pacto por el Crédito.Malagón fue enfático: “No es inversión forzosa para los bancos, es para los colombianos”. Explicó que el sistema administra cerca de 790 billones de pesos en depósitos y que una porción sería obligatoriamente destinada a programas definidos por el Gobierno.¿Qué son las inversiones forzosas y cómo afectarían a los ahorradores?El dirigente gremial aseguró que el mecanismo implica que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno”. A su juicio, esto reduce los fondos disponibles para el resto de la economía y presiona al alza las tasas de interés.“Asumimos que quitar el 5 % de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”, afirmó. En créditos hipotecarios de largo plazo, ese ajuste podría representar hasta 37 millones de pesos adicionales en el costo total.Malagón recordó que en América Latina esta figura ha sido marginal en el siglo XXI y sostuvo que en Colombia ya existe un antecedente con los Títulos de Desarrollo Agropecuario administrados a través de Finagro.Pacto por el crédito e impuesto al patrimonioFrente al señalamiento presidencial de incumplimiento del acuerdo de 250 billones de pesos pactado en 2024, Malagón aseguró que, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el desembolso alcanza el 96-97 %. “Los sectores priorizados crecieron 20 % en crédito, mientras el resto lo hizo al 10 %”, dijo.Sobre el nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas anunciado por el ministro Germán Ávila, advirtió que gravar más a la banca podría trasladarse a mayores tasas. “Cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad”, afirmó.
En las últimas horas la Policía Metropolitana logró la captura de Jesús David Colina Ruíz, alias ‘Chucho’, de 19 años. Unidades de Investigación Criminal de la institución realizaron el operativo en una vivienda del barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad, mediante una diligencia de allanamiento.Investigadores de la Policía revelaron que alias ‘Chucho’, al parecer, sería integrante del Grupo Delincuencial ‘Los del Freseo’, y, es requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego y municiones.De acuerdo con los elementos recopilados durante el proceso investigativo, el capturado sería el presunto autor material de un homicidio ocurrido el pasado 27 de julio de 2026 en el barrio Rebolo, hecho en el que una persona perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado.Agrega la institución que las labores de investigación lo relacionarían con por lo menos tres acciones sicariales registradas este año.La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones responden a una planeación focalizada contra los actores que generan violencia en Barranquilla y su área metropolitana.Agregó que estos operativos contra el homicidio están siendo directamente planeados, organizados y ejecutados bajo los lineamientos presidenciales y de la Dirección General de la Policía Nacional.“Estamos haciendo efectivas estas directrices de manera contundente, con el propósito de sacar de circulación a quienes participan en hechos violentos y a las estructuras criminales que afectan la convivencia y seguridad de nuestros ciudadanos”, concluyó la oficial.Hay que recordar que este año los grupos delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los del Freseo’ libran una guerra por el control de rentas criminales que deja decenas de muertos en el departamento del Atlántico.
Hasta el sector de Ciudad Paraíso en el centro de Cali, llegó el director de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera para realizar un recorrido junto al alcalde Alejandro Eder, en el que verificó la intervención que se está adelantando ahí, para transformar el lugar que durante al menos cuatro décadas era considerado como la 'olla del microtráfico' en de la ciudad.Este sector fue el mismo que fue intervenido hace dos semanas con la operación 'Iron', que fue liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, y a partir de ese momento se avanza con un proceso de renovación, que incluye demolición de casas que antes eran utilizadas como sitios expendio, y atención social para sus habitantes.Durante el recorrido se hizo la verificación del despliegue institucional que se adelanta en ese punto de la ciudad, y además se confirmó que durante las últimas semanas se ha logrado evidenciar una reducción del 80 % en el índice de criminalidad de la zona."La intención es que aquellos que viven del narcotráfico, de la extorsión, del miedo, los vamos a buscar con inteligencia, con investigación y con todo el despliegue operativo. Y vamos a ir también por sus rentas criminales, vamos a ir por sus redes, vamos a ir por su logística. La intención es acabar con todo su ecosistema criminal", señaló el general Barrera en Cali.Después del recorrido por el centro de la ciudad, se adelantó la ceremonia de transmisión de mando de los comandos de la Policía del la región, donde el coronel Nelson Pineda quedó a cargo de la Metropolitana de Cali. El coronel Amaury Aguilera es el nuevo comandante de la Policía Valle. Y quedó en firme el regreso del general Carlos Oviedo al suroccidente del país, esta vez al mando de la regional 4 de la Policía.
Todo parece indicar que el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max no esá cumpliendo las expectativas que tenía Apple. Apenas unas semanas después de su llegada al mercado, la compañía habría comenzado a modificar los pedidos a sus proveedores, una decisión que también repercutió en el comportamiento de sus acciones este viernes 9 de octubre.La información fue publicada originalmente por el medio japonés Nikkei Asia, que señaló que la compañia de la manzana está adoptando una postura más conservadora frente a la demanda de sus teléfonos de gama alta, en un momento en el que la escasez mundial de memorias y el aumento de los costos de fabricación están aumentando los precios de los dispositivos electrónicos.Aunque Reuters preguntó directamente a Apple sobre la veracidad de esta información, la compañía no ha respondido oficialmente. Sin embargo, la noticia despertó dudas sobre el desempeño comercial de su generación más reciente de celulares.¿Por qué Apple redujo los pedidos del iPhone 18 Pro?Según el medio japonés, Apple le solicitó a algunos de sus proveedores que redujeran entre un 15 % y un 20 % los pedidos de componentes para los iPhone 18 Pro y Pro Max durante octubre, en comparación con las cantidades inicialmente previstas.Esta decisión corresponde a que la demanda estaría por debajo de lo esperado, especialmente debido a que los nuevos modelos llegaron con precios superiores a los de la generación anterior.En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro tiene un precio base de US$1.199 y el Pro Max en US$1.299, lo que representa un incremento de 100 dólares frente a sus antecesores.Sin embargo, el factor que más ha golpeado a la industria tecnológica en los últimos años es la escasez de chips de memoria impulsada, en parte, por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial.La creciente demanda de estos componentes ha elevado sus costos y afectado a fabricantes de computadores, celulares, consolas y demás dispositivos. De hecho, la propia compañía con sede en Cupertino había anticipado que el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento estaba afectando sus precios.¿Cuánto cuestan las acciones de Apple?Durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Apple llegaron a caer cerca de un 1,9 %, después de conocerse la información sobre los recortes de componentes. Posteriormente, la caída llegó a superar en cierto momento el 2,8 % con un mínimo de US$330,70. frente a los US$340,42 con los que cerró el día anterior.Esta reacción en bolsa es el reflejo de la preocupación de los inversionistas por el desempeño de uno de los productos más importantes para los ingresos de la compañía.¿Qué está pasando con las ventas del iPhone 18 Pro?Hay que tener en cuenta que, para este año, Apple modificó su calendario habitual de lanzamientos. El pasado mes de septiembre presentó los modelos Pro junto con el nuevo iPhone Duo, su primer teléfono plegable, mientras que el iPhone 18 convencional —el más económico— llegará posteriormente.Esta estrategia supone un cambio frente a otros años, cuando buena parte de la familia iPhone se anunciaba y comercializaba durante el mismo periodo. Es por eso que algunos analistas consideran que esa modificación podría estar influyendo en las ventas y en los tiempos de entrega de los nuevos dispositivos.Por ahora, Apple no ha confirmado que exista una caída en sus ventas ni ha confirmado públicamente el recorte de producción, pues las cifras proceden de fuentes de la cadena de suministro y deben tomarse con precauciónLa evolución de la demanda durante los próximos meses será determinante para saber si se trata de un ajuste temporal o de una señal de que los consumidores están comenzando a resistirse a los precios cada vez más altos de los celulares de gama premium.
Tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en la explotación sexual de dos mujeres en un estudio clandestino de transmisiones digitales que habría funcionado entre agosto y octubre de 2025 en Villa del Rosario, Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentra una adolescente de 16 años.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, al lugar habrían sido llevadas la menor de edad y una mujer de 19 años, quienes debían cumplir horarios y atender las solicitudes de los usuarios durante las transmisiones en vivo para generar mayores ingresos. Los pagos se realizaban en dólares y eran recibidos por los administradores del establecimiento.Los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, ambos de nacionalidad venezolana, serían los encargados de vigilar y supervisar a las víctimas. Según las autoridades, también les imponían multas cuando presuntamente incumplían las reglas establecidas en el lugar. La investigación también involucra a la madre de la adolescente, quien, al parecer, habría permitido que su hija acudiera al estudio y fuera víctima de explotación sexual.“Al llegar a un acuerdo con la señora, la cual la contactó a través de la plataforma, quien le realizó ofrecimientos de laborar en una página web para llevar a cabo actividades de contenido sexual con fines de pagos monetarios por medio de porcentajes según la actividad sexual realizada en las plataformas virtuales”, afirmó la fiscal del caso.La Fiscalía imputó a los tres procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Los señalados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Tras la agresión que generó conmoción en el sur del Valle de Aburrá esta semana, la Procuraduría General de la Nación anunció que constituyó dos agencias especiales para intervenir en el caso de una bebé de cinco meses que permanece bajo atención médica especializada, luego de ingresar a un centro asistencial de Itagüí, Antioquia, con múltiples lesiones, algunas de ellas en la cabeza.El organismo de control designó, por una parte, a un procurador judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín, quien hará seguimiento a las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás autoridades competentes.Su labor, según explicó el Ministerio Público, será verificar las medidas de protección adoptadas, la atención integral en salud y las acciones encaminadas a garantizar y restablecer los derechos de la menor, así como la activación de las rutas de atención correspondientes.De manera paralela, la Procuraduría designó a un procurador penal de Medellín para intervenir en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el padre de la bebé, señalado como presunto responsable de la agresión.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre, de 31 años, fue capturado luego de una alerta ciudadana que permitió la reacción de la Policía Nacional. Inicialmente, el caso fue tipificado como violencia intrafamiliar, mientras que el señalado también es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado."Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro, una persona de 31 años de edad, señalado de haber lesionado en múltiples ocasiones a su hija de cinco meses, quien se encuentra al borde de la muerte, con pronóstico reservado", dijo el secretario de Seguridad de esa localidad, Rafael Otálvaro.La bebé fue ingresada a inicios de esta semana a una clínica con lesiones que comprometían gravemente su estado de salud. El personal médico realizó procedimientos para estabilizarla y su pronóstico fue reportado como reservado.Por su parte, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para la menor y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social.