Falta de acompañamiento y abandono de programas que aseguran venían funcionando en favor de la población más vulnerable son algunos de los asuntos que en los últimos años han preocupado a varios gremios económicos del país respecto a la gestión del saliente Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.Por eso, con el fin de evitar el aumento de efectos adversos, desde hace un año Asobancaria, Asocajas y Camacol trabajan en propuestas para el nuevo Gobierno nacional, cualquiera que este sea, y que asumirá la administración del país desde el próximo 7 de agosto.Durante el Cuarto Congreso Verde de Camacol en Medellín, el presidente ejecutivo de la entidad, Guillermo Herrera, reveló que la presentación del documento conjunto será el próximo 20 de mayo con iniciativas técnicas respaldadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.En el caso específico del sector de la construcción, Herrera detalló que está el mejoramiento de las condiciones para el acceso de jóvenes a créditos, la reactivación de la economía con mayor número de empleos y la recuperación de programas como Mi Casa Ya, que según el directivo, en sus años de implementación permitió la adquisición de vivienda por parte de más de 360 mil familias en todo el país."Mejorar las condiciones de acceso al crédito para los hogares, sobre todo los hogares conformados por jóvenes y clase media. No es solamente para los hogares de menores ingresos, sino que hay que generar reactivación económica para generar más empleo. Ahí se propone buscar mecanismos para que las tasas de crédito hipotecario sean menores", declaró.El gremio bancario y las cajas de compensación en Colombia también enfrentan varios retos ante el próximo Gobierno nacional, especialmente en materia de regulación, sostenibilidad financiera y reformas sociales.Para los bancos, uno de los principales desafíos será adaptarse a nuevas reglas sobre finanzas abiertas, inclusión financiera y posibles cambios tributarios o regulatorios impulsados desde el Ejecutivo, en medio de preocupaciones del sector por iniciativas que, según Asobancaria, podrían afectar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los usuarios.En el caso de las cajas de compensación, el panorama está marcado por la implementación de la reforma laboral, el aumento de costos asociados a nuevos derechos laborales y la presión financiera derivada de la crisis del sistema de salud y de las EPS intervenidas.
Una llamada que suena exactamente como la de un gerente, un video que imita con precisión el rostro de un cliente o un audio que reproduce la voz de un familiar solicitando una transferencia urgente. Esto hace pocos años parecía parte de una película de ciencia ficción, pero hoy es una herramienta real para cometer fraudes financieros.En Colombia, los deepfakes, contenidos falsificados mediante inteligencia artificial capaces de replicar voz, rostro o gestos humanos, están comenzando a transformar la forma en que operan los delincuentes digitales y a poner a prueba los sistemas de seguridad del sector bancario.En América Latina, y particularmente en Colombia, el crecimiento de identidades sintéticas, deepfakes de voz y esquemas de ingeniería social automatizados están redefiniendo el perfil del fraude financiero. Según cifras de la Superintendencia Financiera, entre enero y julio de 2025 se registraron 27.000 millones de intentos de ciberataque contra establecimientos bancarios, lo que representa un incremento del 69 % frente al mismo periodo del año anterior.En términos operativos, esto equivale a cerca de 94 intentos de vulneración por segundo y a aproximadamente 1.000 colombianos víctimas diarias de robo de datos personales.“El acceso a herramientas de Inteligencia Artificial generativa ha democratizado la sofisticación del fraude. Hoy adversarios con pocos conocimientos técnicos pueden ejecutar ataques altamente convincentes”, explicó José Javier Prada, CEO de Become Digital.Identidades falsas y fallas en la verificaciónUno de los factores que ha facilitado el crecimiento de este tipo de fraude es la persistencia de sistemas de verificación basados en documentos físicos. En muchos procesos de autenticación todavía se depende principalmente de la cédula amarilla, cuyos elementos pueden ser manipulados mediante edición digital, reimpresión o superposición de capas.Esto significa que los motores tradicionales de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y algunos esquemas básicos de biometría no siempre logran detectar alteraciones sutiles pero críticas. Con la llegada de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, videos o audios hiperrealistas, estas debilidades se vuelven aún más evidentes.IA contra IAComo consecuencia, el sector financiero y las empresas tecnológicas han comenzado a desarrollar nuevas arquitecturas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para detectar manipulación digital y fraudes de identidad.En el caso de Become Digital, su tecnología ha sido entrenada durante años con datos y alteraciones reales del mercado colombiano. “Esto permite que la IA identifique patrones gráficos, microvariaciones e inconsistencias estructurales que pueden pasar desapercibidas para los sistemas tradicionales o incluso para el ojo humano”.El modelo alcanza una tasa de detección de fraude superior al 99 %, mientras mantiene niveles de conversión superiores al 75 %, dependiendo del flujo y del perfil de riesgo. Aproximadamente el 85 % de las transacciones se resuelven automáticamente, mientras que el 15 % restante pasa a revisión de auditores especializados.¿Cómo enfrentar esta nueva generación de fraudes?Ahora, a lo que le apunta la mayoría de bancos es a saber cómo enfrentar esta nueva generación de fraudes. Espacios como el Congreso CAMP de Asobancaria y los encuentros regionales de Fintech Américas servirán para que reguladores, bancos y proveedores tecnológicos analicen el impacto de la inteligencia artificial, tanto en la evolución del delito como en las estrategias para contenerlo.Las proyecciones del sector muestran que el mercado de inteligencia artificial aplicada a la detección de deepfakes crecerá a una tasa anual compuesta del 33,5 % hasta 2030, alcanzando un valor global cercano a US $38.500 millones, según estimaciones citadas por Asobancaria.Un nuevo modelo de confianza digitalMás allá de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas, el desafío para Colombia será rediseñar el modelo de confianza digital sobre el cual se sostiene la intermediación financiera. La tendencia apunta a que los sistemas antifraude evolucionen desde la verificación tradicional, basada en foto, voz o documento, hacia modelos de autenticación continua basados en comportamiento, capaces de detectar señales humanas difíciles de replicar por la inteligencia artificial.“Hoy incorporamos señales comportamentales, especialmente en los procesos de prueba de vida. No nos limitamos a verificar que exista un rostro frente a la cámara; analizamos cómo se comporta ese rostro durante la validación”, señala Prada.
Tras semanas de tensión entre el Gobierno y el sector financiero, finalmente se alcanzó un acuerdo de una de las medidas que más preocupación había generado en el sector económico: las inversiones forzosas. Luego de más de 12 reuniones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y el gremio financiero representado por Asobancaria, se concluyó que y pactóel reemplazo de las inversiones forzosas, por un paquete de alivios y créditos para reactivar las regiones afectadas por las lluvias atípicas en Colombia que provocó inundaciones y emergencias en varias zonas del país.Abrigo: Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, es la estrategia que busca apoyar a las comunidades y sectores productivos golpeados por el invierno. Con esta decisión, el Gobierno confirmó que no habrá inversiones forzosas para los bancos, una medida que había generado preocupación en el sistema financiero por su posible impacto en la estabilidad económica.La meta es impulsar 2,1 millones de créditos, enfocados en la recuperación económica de familias, pequeños negocios y productores que resultaron afectados por el frente frío.Las medidas estarán dirigidas especialmente a los departamentos que han sido declarados en emergencia por el invierno, entre ellos Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Cesar, Sucre, La Guajira y Magdalena, donde miles de familias han visto afectadas sus viviendas, cultivos y actividades económicas.Uno de los puntos centrales del acuerdo es la refinanciación de créditos en las zonas afectadas, con condiciones especiales para los deudores. Los bancos podrán ofrecer periodos de gracia de hasta 12 meses sin cobro de intereses, lo que significa que durante ese tiempo las personas podrán reorganizar sus finanzas sin que su deuda aumente. Además, se garantizará que los usuarios mantengan su calificación crediticia, no tengan reportes negativos en centrales de riesgo y tampoco se ejecuten garantías del Fondo Nacional de Garantías ni del Fondo Agropecuario de Garantías.Otra medida clave es la suspensión de cobros judiciales y prejurídicos para los afectados, lo que permitirá que las personas y empresas en dificultades tengan un respiro financiero mientras se recuperan de los daños provocados por las lluvias.El programa también contempla nuevas líneas de crédito productivo, un modelo de atención prioritaria para las comunidades afectadas y una campaña de educación financiera para orientar a los ciudadanos sobre cómo acceder a estos alivios y reorganizar sus deudas.Con este acuerdo, el Gobierno y el sector bancario buscan aliviar la carga financiera de los afectados y evitar que la emergencia climática se convierta también en una crisis económica para miles de hogares y empresas en el país.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, alertó al país sobre las implicaciones de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Trabajo que busca trasladar de manera inmediata recursos masivos de los fondos privados a Colpensiones. Según Velasco, esta medida no solo contraviene lo estipulado en la ley, sino que pone en riesgo el ahorro que pertenece a millones de ciudadanos.El traslado masivo de 27 billones de pesosLa controversia surge a raíz del artículo 76 de la reforma pensional, conocido como la "ventana de oportunidad de traslado". Este artículo permite que personas a menos de 10 años de pensionarse cambien de régimen, siempre que cumplan con ciertos requisitos de semanas cotizadas (750 para mujeres y 900 para hombres) al 30 de junio de 2025.Velasco explicó que el saldo de las cuentas de ahorro individual de quienes han aprovechado esta ventana asciende a cerca de 27 billones de pesos. El decreto del Gobierno pretende que estos recursos sean trasladados a Colpensiones en un plazo de tan solo 15 días después de su expedición, lo cual es calificado por Asofondos como una medida de "cortísimo plazo" y muy grave.El impacto en el ahorro pensional y el mercado de TESUno de los puntos más críticos señalados es que estos recursos no están en "cajas fuertes", sino invertidos para generar rentabilidad a los trabajadores. El portafolio total de los fondos es de 520 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 36% está invertido en Títulos de Deuda Pública (TES).Liquidar repentinamente cerca de 8 billones de pesos en TES para cumplir con el decreto podría generar desvalorizaciones y efectos negativos en los mercados financieros, especialmente en un momento donde el mercado de deuda pública ya enfrenta comportamientos desfavorables. Además, Velasco enfatizó que, según la ley vigente, estos recursos deberían permanecer en las cuentas individuales hasta que las personas cumplan la edad de pensión, momento en el cual pasarían al fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, y no ser gastados inmediatamente por Colpensiones.Crisis fiscal y el futuro de los impuestos en ColombiaPara el presidente de Asofondos, esta jugada del Gobierno busca liberar recursos del Presupuesto General de la Nación. Al recibir estos 27 billones, Colpensiones reduciría su necesidad de pedir recursos al Gobierno Central para pagar las pensiones actuales, permitiendo que el Estado use ese dinero en otros rubros.Sin embargo, Velasco advierte que esto genera un pasivo pensional hacia el futuro. "En la medida en que los recursos... se gasten en el cortísimo plazo... ya esos recursos no van a ser ahorrados", afirmó, señalando que, cuando estas personas se jubilen, la Nación tendrá que cubrir esos pagos mediante impuestos pagados por todos los colombianos. Esta situación se da en un contexto donde el país enfrenta un déficit fiscal estructural del 7% del PIB, lo que equivale a un exceso de gasto de cerca de 140 billones de pesos.
Tras la reunión sostenida con el Gobierno nacional para analizar la posibilidad de decretar inversiones forzosas con el fin de atender la emergencia causada por el frente frío, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), como vocero, aseguró que el diálogo fue “constructivo” y que se están explorando alternativas distintas a la medida principalmente anunciada por el gobierno.Por parte de los banqueros, señalaron que, el objetivo común es brindar soluciones concretas e inmediatas a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las fuertes lluvias atípicas en diferentes zonas del país. Por lo que la prioridad, es diseñar un mecanismo que pueda implementarse rápidamente, que respete los principios de mercado y que permita no solo aliviar las deudas existentes, sino también otorgar nuevos créditos para reactivar las actividades productivas en las zonas afectadas.Aunque no se descartó de manera definitiva la figura de inversiones forzosas, Asobancaria reiteró que continúan las conversaciones con el Gobierno y que el objetivo es presentar al país un anuncio “optimista” a finales de esta semana o comienzos de la próxima.La propuesta de la banca contempla un paquete de alivios para las regiones que se encuentran involucrados en la emergencia, acompañado de nuevos desembolsos productivos que impulsen la recuperación económica. Aunque el alcance final aún se encuentra en discusión.“Es todavía una propuesta, seguimos en conversaciones con el Gobierno, hoy nos dimos la mano para trabajar durante toda esta semana y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación, esta conversación, de suerte que podamos entregarles a los colombianos un plan concreto a finales de esta semana o a comienzos de la próxima”, señaló Jonathan Malagón, presidente Asobancaria.El gremio explicó que durante esta semana se instalarán mesas técnicas con la Superintendencia Financiera y el viceministerio de Hacienda para afinar la propuesta y consolidar un plan conjunto.De concretarse el acuerdo, el país conocería en los próximos días un plan específico para enfrentar la emergencia, en medio del debate sobre si es necesario o no recurrir a medidas extraordinarias como las inversiones forzosas.
Inversiones forzosas vuelven al centro del debate económico tras el anuncio del Gobierno de decretarlas en la emergencia económica. Asobancaria advierte que los recursos no son de los bancos, sino de 36,5 millones de ahorradores.En entrevista con Mañanas Blu, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, respondió al anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Según el mandatario, la medida busca redirigir recursos hacia sectores productivos tras un supuesto incumplimiento del Pacto por el Crédito.Malagón fue enfático: “No es inversión forzosa para los bancos, es para los colombianos”. Explicó que el sistema administra cerca de 790 billones de pesos en depósitos y que una porción sería obligatoriamente destinada a programas definidos por el Gobierno.¿Qué son las inversiones forzosas y cómo afectarían a los ahorradores?El dirigente gremial aseguró que el mecanismo implica que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno”. A su juicio, esto reduce los fondos disponibles para el resto de la economía y presiona al alza las tasas de interés.“Asumimos que quitar el 5 % de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”, afirmó. En créditos hipotecarios de largo plazo, ese ajuste podría representar hasta 37 millones de pesos adicionales en el costo total.Malagón recordó que en América Latina esta figura ha sido marginal en el siglo XXI y sostuvo que en Colombia ya existe un antecedente con los Títulos de Desarrollo Agropecuario administrados a través de Finagro.Pacto por el crédito e impuesto al patrimonioFrente al señalamiento presidencial de incumplimiento del acuerdo de 250 billones de pesos pactado en 2024, Malagón aseguró que, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el desembolso alcanza el 96-97 %. “Los sectores priorizados crecieron 20 % en crédito, mientras el resto lo hizo al 10 %”, dijo.Sobre el nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas anunciado por el ministro Germán Ávila, advirtió que gravar más a la banca podría trasladarse a mayores tasas. “Cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad”, afirmó.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, cuestionó la declaratoria de emergencia económica al advertir que carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos y que no existe “hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo”.Para el presidente del gremio, Jonathan Malagón, esta decisión “revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria derrotada en democracia en el Congreso de la República”.Asobancaria advirtió que el impacto sería especialmente grave para el sector financiero, ya que el decreto introduce una sobretasa que elevaría el impuesto de renta hasta el 50 %.“La mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado”, señaló Malagón, al advertir que Colombia pasaría a ubicarse entre los países con menor competitividad tributaria para el negocio financiero, junto a Islas Comoras.“Esto trae implicaciones para las familias que quieren acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieren ampliar su producción y para los estudiantes que quieren financiar su educación”, afirmó el presidente del gremio, quien aseguró que para el crédito en general se generaría un desestímulo y una restricción.Finalmente, Asobancaria sostuvo que el país necesita condiciones que impulsen la inversión y el crecimiento económico, al advertir que medidas de este tipo terminan “desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”.
Este jueves se reunió en Barranquilla el Frente de Seguridad Bancaria, del que hacen parte representantes del sector financiero, Gobernación, Alcaldía y Policía.Durante el mencionado encuentro, el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reportó reducciones en diversas modalidades de robo que impactan al gremio bancario en este territorio."Tenemos 40% de disminución en materia de fleteo, 37% de reducción en los taquillazos, modalidad de hurto en entidad financiera, y una reducción del 14% en delitos informáticos", dijo."Es un importante resultado al igual que el de nuestra Seccional de Investigación Criminal que ha logrado 15 capturas, con dos estructuras desarticuladas", agregó.Alejandro Rincón, director de seguridad de Asobancaria, destacó que estas reducciones son resultado de un trabajo conjunto entre todas las autoridades, quienes deben seguir la lucha para poner tras las rejas a los delincuentes que atacan a los bancos y sus clientes.En la misma vía se pronunció Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia del Distrito: "esta articulación entre el sector privado, la Administración distrital, la Policía y Fiscalía siempre dan buenos resultados en materia de prevención, principalmente, pero también para adoptar estrategias que permitan atacar el delito", dijo.El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó, además, que este año se han logrado 5.100 capturas por diferentes delitos y 450 de ellas se han materializado a través de órdenes judiciales.A la fecha, el Distrito de Barranquilla ha entregado 409 motocicletas, 70 camionetas, más de 350 radios de comunicaciones y ha hecho la instalación de 100 cámaras de seguridad priorizadas en lugares estratégicos de la ciudad para mejorar la vigilancia en la ciudad y su área metropolitana.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, se sumó a la lista de gremios que han manifestado sus reparos a la propuesta del presidente Gustavo Petro de avalar las inversión forzosas para direccionar recursos y créditos a diferentes sectores como el agro.Jonathan Malagón González, presidente del gremio, dijo que el plan era inconveniente, pues reduciría los fondos disponibles y aumentaría las tasas de interés.“... constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”, señaló Malagón hablando en nombre del sector financiero.El líder de los banqueros aseguró que, si bien han mantenido el diálogo con varias dependencias del Gobierno, es necesario acordar otras estrategias que sí impulsen el crédito para el sector productivo.“Avanzar en un Gran Pacto por el crédito con criterios de eficiencia es la mejor vía para la recuperación económica. En cualquier caso, los ahorros de los colombianos en las entidades financieras no están ni estarán en riesgo”, aclaró Malagón.Según ha dicho en varias ocasiones el presidente de Asobancaria, esa propuesta busca aumentar los créditos para manufactura, agro, turismo, economía popular y vivienda en al menos $35 billones.La posición de Asobancaria sigue la misma línea que Fenalco, la Andi y otros gremios que han advertido que una línea de inversión forzosa solo afectaría la economía del país.No obstante, el Gobierno sigue defendiendo: Laura Sarabia, directora del Dapre, señaló que era completamente falso que buscaran expropiar los dineros ahorrados.“Una cosa es estar en desacuerdo con la propuesta de inversiones forzosas y buscar otras alternativas con el objetivo de llevar inversión. Y otra cosa diferente es decir que se van a expropiar los ahorros de la gente o expropiar los bancos”, reiteró.Mientras que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, envió un mensaje de tranquilidad a todos los actores del sector."Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso", explicó Bonilla.
Global Finance publicó el listado de los Mejores Laboratorios de Innovación Financiera 2024, y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) fue una de las destacadas en esta edición. El informe anual "Best Financial Innovation Labs", que se publica en su séptimo año, analiza los actores principales y las tendencias emergentes en materia de innovación en tecnología financiera, reconociendo a los laboratorios líderes dirigidos por empresas de servicios financieros, organizaciones de desarrollo económico y entidades independientes.“Las instituciones reconocidas como los Mejores Laboratorios de Innovación Financiera 2024 de Global Finance ejemplifican la excelencia al traspasar los límites y crear soluciones impactantes que abordan los complejos desafíos financieros actuales”, afirmó Joseph Giarraputo, editor y director editorial de la revista Global Finance.Otro banco digital se mete en la pelea por ser el que más rinde la plata ahorradaTodas las selecciones fueron realizadas por el consejo editorial de Global Finance con el aporte de periodistas expertos en las funciones que desempeñan estos innovadores. No se exigió la participación de los autores para su consideración, pero se evaluaron cuidadosamente las propuestas de bancos, consultores y otras organizaciones como parte del proceso de decisión.Vale la pena destacar que el Laboratorio de Innovación Social fue reconocido en la categoría “Desarrollo Económico”, junto con el Laboratorio Brasileño de Innovación Financiera, el Laboratorio de Tecnología Financiera de Copenhague y el Laboratorio de Tecnología Financiera de Seúl.
Las autoridades de la capital de Antioquia refuerzan el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención durante la actual temporada de verano por la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, luego de que en las últimas semanas se registraron varios incendios que pusieron en riesgo la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la ciudad. "Estamos experimentando una condición climática caracterizada por la reducción prolongada de las lluvias y el aumento de la temperatura en la ciudad. Es fundamental que entre todos prevengamos la ocurrencia de incendios dentro de nuestras áreas naturales y, en general, en la ciudad", señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.Para reducir el riesgo de conflagraciones, el Distrito recomienda evitar la quema de basura, hojas, escombros o residuos vegetales; no hacer fogatas en zonas verdes, bosques o áreas rurales; no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos inflamables; evitar la liberación de globos y no abandonar botellas, plásticos o vidrios en espacios naturales."No generar fogatas ni dejar colillas o elementos que puedan iniciar un incendio. Por las temperaturas y por la resequedad que tenemos, por la falta de lluvia, se pueden propagar fácilmente", indicó la funcionaria.El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín tienen previsto un plan de contingencia para abordar el fenómeno de los incendios forestales. También, las nueve estaciones de bomberos con que cuenta la ciudad monitorean e inspeccionan zonas boscosas y de ladera.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios destinos internacionales.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y en el departamento de San Andrés, desde donde coordinaba el envío de estupefacientes ocultos en el cuerpo de jóvenes reclutadas para viajar a países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.Además, las pesquisas permitieron establecer que parte de la droga también era ingresada a centros penitenciarios del país y que, incluso, causando la muerte de una de las víctimas.Entre los judicializados se encuentran Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido con el alias de 'El Mago', señalado como el presunto cabecilla de la organización; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias 'El Negro'; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias 'Margara'; María Salomé González, alias 'Salo'; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias 'Mochita'.Las autoridades establecieron que alias 'Margara' sería la encargada de ubicar y convencer a las mujeres para participar en la actividad ilícita, mientras que alias 'Salo' y alias 'Mochita' presuntamente transportaban pequeñas cantidades de droga a establecimientos carcelarios. Por su parte, alias 'El Negro' habría coordinado la adquisición de los estupefacientes y los envíos desde San Andrés hacia el exterior.Según las autoridades, permitió documentar hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026, y por ello un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón Ospina, por presuntamente incumplir con la obligación legal de publicar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante el periodo en que ejerció como mandatario.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que señaló que el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, habría omitido cargar esta información en el aplicativo de Integridad Pública durante su administración entre 2020 y 2023, como lo establece la Ley 2013 de 2019.De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta omisión representa un posible incumplimiento de los deberes de transparencia que deben observar los servidores públicos, al no divulgar la información patrimonial y de posibles conflictos de interés exigida por la normativa vigente.Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jorge Humberto Tascón Ospina y, de manera provisional, calificó la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.El proceso disciplinario continuará con las etapas previstas por la ley para determinar la responsabilidad del exmandatario y adoptar la decisión correspondiente.
Comprar un apartamento o lote suele ser una meta que muchas personas aplazan por los altos costos del mercado. Sin embargo, pocos conocen que en Bogotá existen alternativas como la venta de inmuebles mediante procesos abiertos, un mecanismo que permite acceder a diferentes tipos de predios bajo reglas públicas y transparentes.Durante julio, la Alcaldía de Bogotá, por medio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), abrió una nueva convocatoria para vender apartamentos, lotes, predios con edificaciones y otros bienes de propiedad del Distrito.Por ello, la venta se realizará en la plataforma SECOP II, donde cualquier persona natural o jurídica podrá participar si cumple los requisitos exigidos.Cómo comprar un predio de la Alcaldía de BogotáEl primer paso es ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotá, donde se encuentra el listado de inmuebles disponibles para la venta.Allí, cada predio cuenta con información detallada para que los interesados conozcan exactamente qué van a comprar. Entre los datos publicados aparecen:Ubicación del inmueble.Área del predio.Avalúo comercial.Estado jurídico.Características físicas.Documentos técnicos.Condiciones de la subasta.La entidad recomienda revisar cuidadosamente toda esta información antes de presentar una oferta, especialmente si se trata de predios con construcciones, restricciones urbanísticas o situaciones jurídicas particulares.Paso a paso para acceder a la subasta de prediosUna vez elegido el inmueble, el ciudadano debe dar clic en la opción "Estoy interesado", disponible en el Portal Inmobiliario de Bogotá.Después deberá continuar el proceso en SECOP II, la plataforma oficial donde se desarrollan las subastas públicas del Estado.Para participar es indispensable:Registrarse como proveedor en SECOP II.Buscar la subasta correspondiente al predio seleccionado.Leer todas las condiciones del proceso.Presentar la oferta dentro del plazo establecido.En la plataforma también podrá consultar el precio base del inmueble, las garantías exigidas, las fechas de apertura y cierre de la convocatoria y los documentos que deben entregarse.Qué tener en cuenta antes de presentar una ofertaLa Alcaldía recordó que la compra de estos predios no se realiza de manera presencial en las oficinas del DADEP ni por medio de intermediarios. Todo el proceso se adelanta a través de los canales oficiales.Además, recomienda verificar aspectos como:Si el inmueble cuenta con servicios públicos.El acceso vial.Posibles afectaciones o restricciones.El cumplimiento de todos los requisitos exigidos.Finalmente, las autoridades advierten que presentar documentos incompletos o radicar la propuesta fuera de los tiempos establecidos puede dejar por fuera al interesado.
