Luego de que Bolivia expulsara a Elizabeth García, canciller colombiana en ese país, el Gobierno nacional tomó la decisión de hacer lo mismo con el encargado de la oficina de la embajada de ese país en territorio colombiano, como respuesta de "igualdad soberana".
"El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que, no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial", indicó la Cancillería.
La medida intensifica la crisis diplomática entre ambos países generada por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política y social de Bolivia a través de su cuenta de X, en las que calificó las protestas y bloqueos como una “insurrección popular” y cuestionó el manejo que le ha dado el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
Cabe mencionar que esa crisis se ha agravado por protestas masivas contra las medidas económicas del gobierno actual, el aumento del costo de vida y la reducción de subsidios a los combustibles. Las movilizaciones, impulsadas por sindicatos, campesinos y sectores cercanos al expresidente Evo Morales, han provocado bloqueos de carreteras, desabastecimiento y confrontaciones con la fuerza pública.
Lo que más tensionó las relaciones es que Petro respaldó a Morales, quien enfrenta actualmente varios procesos judiciales. El mandatario colombiano incluso planteó la posibilidad de servir como mediador para buscar una salida negociada a la crisis, algo que fue rechazado por la administración actual que lo calificó como una intromisión en asuntos internos. La Cancillería insistió a través de un comunicado en que mantiene disposición de acompañar iniciativas de diálogo y paz “siempre a solicitud del Gobierno boliviano”. Además, subrayó la importancia de preservar las relaciones históricas entre ambos países y evitar una ruptura de los canales diplomáticos.
Bolivia expulsó a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, por considerar "injerencistas" unas declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una "insurrección popular" y afirmó que en Bolivia "hay un pueblo en las calles al que están matando".
Tras la expulsión de García, el mandatario colombiano acusó este miércoles al Gobierno boliviano de caer en "extremismos" y advirtió sobre el riesgo de una "masacre" si no se abre un diálogo nacional.
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En cambio, Estados Unidos dio su absoluto respaldo al Gobierno de Paz.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington "no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente", mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de "un golpe de Estado en marcha".
La crisis boliviana también llegó formalmente a la OEA. Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Aramayo denunció acciones orientadas a la "desestabilización institucional" y pidió atención internacional ante una situación que, según dijo, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático.
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Asimismo, varios Gobiernos de la región respaldaron al Ejecutivo boliviano.
Uruguay pidió resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos.
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