Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, un hallazgo que supone la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo.La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.Los investigadores determinaron que lo que hasta ahora se consideraba un único grupo de felinos ampliamente distribuido está compuesto en realidad por al menos cinco especies diferentes.El estudio, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, fue realizado por un equipo internacional que incluye al científico Eduardo Eizirik, al investigador Jonas Lescroart y a la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.El gato tilcayo es un pequeño felino que mide aproximadamente 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio.Se distingue de sus parientes, las oncillas, por sus manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.El ejemplar utilizado para la investigación es un macho de diez años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.¿Cómo descubrieron la nueva especie de felino en Bolivia?El animal llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para que recibiera cuidados. Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras colaboraba como voluntaria en el santuario.El nombre científico Leopardus tilcayo rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron y cuidaron al animal.Los habitantes de la zona lo llamaban Tilcayo, un nombre que los investigadores decidieron conservar para reconocer el conocimiento ancestral y la relación de las comunidades con el felino.El análisis genómico también permitió validar formalmente otras cuatro especies de este grupo: Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, además de identificar una nueva subespecie en los Yungas de Perú, L. tigrinus antisuyo.Los científicos utilizaron la secuenciación completa del genoma y recurrieron a material genético de ejemplares conservados en museos de Europa y Estados Unidos.Los investigadores todavía desconocen cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo viven en estado silvestre. Nogales Ascarrunz está instalando cámaras trampa en los bosques de los Yungas para documentar la especie, conocer su distribución, comportamiento y necesidades de hábitat, en una región amenazada por la deforestación y la minería.
La detonación "accidental" de material pirotécnico almacenado en un cuartel militar en un municipio del departamento de La Paz dejó este viernes al menos 52 personas heridas y daños materiales "de consideración" en el establecimiento, informaron el Gobierno nacional y las autoridades sanitarias regionales.El suceso se registró cerca de las 2:30 de la tarde, hora local, en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo."De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa", indicó esa cartera de Estado en un comunicado de prensa.Como consecuencia de la detonación, "se registraron daños materiales en la infraestructura y depósitos del recinto militar", indicó el ministerio.Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó a los medios que por el momento se tiene reporte de 52 personas heridas, incluidos civiles, militares, premilitares y algunos policías, que fueron trasladados a hospitales en las ciudades de La Paz y El Alto.De ese número, ocho son heridos "de gran magnitud" y también hay seis menores de edad con "heridas lacerantes en las piernas y la espalda", aunque por ahora ninguno lesionado "de gravedad", indicó.Carrasco señaló que la Gobernación de La Paz activó "todos los protocolos" de emergencia y contingencia para atender a los heridos para su traslado y atención en los centros médicos.También indicó que por el momento no se tiene reporte de personas fallecidas.El Ministerio de Defensa aseguró que se dispuso el "aseguramiento" del área afectada y se activaron las "acciones correspondientes" para determinar las circunstancias en las que ocurrió la detonación y "determinar la magnitud de los daños ocasionados".Según esa entidad, el reporte preliminar no establece, por el momento, "la cantidad de material pirotécnico almacenado, las causas que originaron la detonación ni el monto de las pérdidas materiales".Videos difundidos por medios de Viacha y en las redes sociales alertaron del suceso y reflejaron el susto que causó la explosión en los habitantes de ese municipio, además de los daños ocasionados sobre todo en las ventanas de las casas aledañas al cuartel.
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos, "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La Policía sostiene que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.Le puede interesar:
Al menos nueve personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas tras la caída de un minibús en el municipio de Morochata, Bolivia. El vehículo cayó aproximadamente 300 metros por una pendiente, un hecho que conmocionó a la región.Equipos de bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar del accidente, donde llevaron a cabo complejas labores de rescate debido a la difícil geografía del terreno.Para llegar hasta los afectados, fue necesario el uso de cuerdas y equipos especializados, considerando que el minibús terminó en cercanías de un río tras una caída de entre 280 y 300 metros.De acuerdo con medios locales, los heridos fueron evacuados en ambulancias hacia centros de salud del Valle Bajo de Quillacollo, donde reciben atención médica. Según los reportes, presentan diversas lesiones, entre ellas politraumatismos, heridas de consideración, traumatismos encéfalo craneanos (TEC) y otras complicaciones.De acuerdo con el informe preliminar de bomberos, las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación. Sin embargo, las primeras indagaciones señalan que el minibús presuntamente transportaba un número de pasajeros superior a su capacidad.Asimismo, el personal de tránsito continúa haciendo las diligencias y pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Este accidente se suma a otros hechos similares registrados en las vías, donde factores como el error humano, el exceso de velocidad o las fallas mecánicas suelen estar entre las principales causas. Ante este panorama, las autoridades insisten en fortalecer los controles al transporte público y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad vial para reducir el riesgo de nuevas tragedias.*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana
Seis personas fallecieron este domingo al caer una avioneta militar que realizaba un vuelo de "apoyo de acción cívica" en el centro de Bolivia, por causas que son investigadas, informó el Ministerio de Defensa.Los fallecidos son "cuatro militares y dos civiles" que iban en la aeronave Cessna FAB-409, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), señaló el ministerio en un comunicado de prensa, en el que también expresó su "profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la patria".Por su parte, la FAB explicó en un comunicado que la avioneta, que "realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica", partió en la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz, y tenía como destino la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.Según la FAB, durante la operación se mantuvo coordinación con los "servicios de tránsito aéreo", pero posteriormente se perdió contacto, ante lo cual se la declaró en nivel de alerta INCERFA (fase de incertidumbre)."De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia, encontrándose la aeronave siniestrada en el sector Cerro Sayari", en Cochabamba, precisó la entidad.El comunicado agrega que también se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) "para brindar un informe final acerca de las causas del suceso".Según el Ministerio de Defensa, la avioneta accidentada cumplió hace poco una "misión humanitaria" para el traslado de niños enfermos con cáncer desde la región andina de Oruro hasta centros especializados, ante los bloqueos de carreteras que realizan algunos sectores contra el Gobierno de Rodrigo Paz.Esa institución y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana rindieron un homenaje a los fallecidos, en reconocimiento a "su servicio a la nación", y se comprometieron a "acompañar a las familias afectadas en este difícil momento".
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró que las protestas que se desarrollan desde hace más de tres semanas en el país tienen dos componentes: uno relacionado con demandas sociales que, según dijo, ha entrado en una etapa de “desescalada” gracias al diálogo con el Gobierno, y otro encabezado por el expresidente Evo Morales, al que acusó de promover una estrategia de desestabilización política.“Esta demanda liderada por el expresidente Morales y un conjunto de líderes y organizaciones sociales demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuyo carácter obviamente ya no es de conflictividad social, sino un movimiento de desestabilización político de la democracia y el orden constitucional”, afirmó Aramayo durante una entrevista en Recap Blu.El funcionario sostuvo que Morales estaría detrás de las movilizaciones que han derivado en bloqueos y protestas en distintas zonas del país. “No vienen a salir 1.200 representantes de las federaciones que él tiene bajo su control (…) a pedir la renuncia por motu proprio”, señaló.Tensiones diplomáticas con ColombiaDurante la entrevista, el canciller también se refirió a la decisión del Gobierno boliviano de expulsar a la embajadora de Colombia en La Paz tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la situación política boliviana.Aramayo calificó los comentarios del mandatario colombiano como una “completa y total injerencia en la política interna boliviana” y cuestionó las publicaciones en las que Petro se ofreció como mediador en la crisis.“La mediación, el mediador tiene que ser neutral, tiene que ser validado por ambas partes”, afirmó. Además, agregó que el presidente colombiano “da información falsa” y “genera una alerta que no es real”.El canciller insistió en que la medida diplomática no representa una ruptura con Colombia. “Las relaciones con Colombia de hermandad con el pueblo colombiano para nosotros son algo entrañable de décadas y que no va a cambiar por esta situación”, expresó.Acusaciones sobre Evo MoralesAramayo también rechazó las declaraciones de Petro sobre una posible persecución contra Evo Morales y negó que existan acciones de captura impulsadas por Estados Unidos.“¿Dónde están las pruebas de ello? (…) me pareció tan inverosímil, pensé que era algún relato hollywoodense”, dijo el canciller sobre las versiones relacionadas con helicópteros y presuntos agentes de la CIA.Asimismo, afirmó que Morales debe responder ante la justicia boliviana por las investigaciones que enfrenta. “Que salga y que responda frente a la justicia”, declaró.Cambios en el Gobierno de Rodrigo PazEn medio de la crisis, el canciller confirmó ajustes en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Indicó que el ministro de Trabajo presentó su renuncia y que el Gobierno avanza en una “nueva arquitectura del Poder Ejecutivo”.Según Aramayo, la administración busca institucionalizar espacios de diálogo con distintos sectores sociales para reducir la conflictividad. “Lo único que queremos de la población es paciencia”, afirmó.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de que Bolivia expulsara a Elizabeth García, canciller colombiana en ese país, el Gobierno nacional tomó la decisión de hacer lo mismo con el encargado de la oficina de la embajada de ese país en territorio colombiano, como respuesta de "igualdad soberana"."El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que, no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial", indicó la Cancillería.La medida intensifica la crisis diplomática entre ambos países generada por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política y social de Bolivia a través de su cuenta de X, en las que calificó las protestas y bloqueos como una “insurrección popular” y cuestionó el manejo que le ha dado el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.Cabe mencionar que esa crisis se ha agravado por protestas masivas contra las medidas económicas del gobierno actual, el aumento del costo de vida y la reducción de subsidios a los combustibles. Las movilizaciones, impulsadas por sindicatos, campesinos y sectores cercanos al expresidente Evo Morales, han provocado bloqueos de carreteras, desabastecimiento y confrontaciones con la fuerza pública.Lo que más tensionó las relaciones es que Petro respaldó a Morales, quien enfrenta actualmente varios procesos judiciales. El mandatario colombiano incluso planteó la posibilidad de servir como mediador para buscar una salida negociada a la crisis, algo que fue rechazado por la administración actual que lo calificó como una intromisión en asuntos internos. La Cancillería insistió a través de un comunicado en que mantiene disposición de acompañar iniciativas de diálogo y paz “siempre a solicitud del Gobierno boliviano”. Además, subrayó la importancia de preservar las relaciones históricas entre ambos países y evitar una ruptura de los canales diplomáticos.Bolivia expulsó a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, por considerar "injerencistas" unas declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una "insurrección popular" y afirmó que en Bolivia "hay un pueblo en las calles al que están matando".Tras la expulsión de García, el mandatario colombiano acusó este miércoles al Gobierno boliviano de caer en "extremismos" y advirtió sobre el riesgo de una "masacre" si no se abre un diálogo nacional.En cambio, Estados Unidos dio su absoluto respaldo al Gobierno de Paz.El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington "no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente", mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de "un golpe de Estado en marcha".La crisis boliviana también llegó formalmente a la OEA. Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Aramayo denunció acciones orientadas a la "desestabilización institucional" y pidió atención internacional ante una situación que, según dijo, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático.Asimismo, varios Gobiernos de la región respaldaron al Ejecutivo boliviano.Uruguay pidió resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país, son un "ataque a la democracia", al justificar la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García."El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.Paz apuntó que la embajadora colombiana "se va" por ser "representante de la voluntad política" y "antidemocrática" de Petro y porque Bolivia no puede aceptar "tremenda injerencia".El mandatario recordó que su gobierno no hizo más que hablar de Colombia "en muy buenos términos" y que "nunca" lo hizo de la forma en que actuó el presidente colombiano.La Cancillería de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia debido a las declaraciones de Petro respecto a los conflictos en Bolivia, lo que fue considerado por las autoridades bolivianas como "una injerencia", aunque se aclaró que la decisión no constituye una "ruptura de relaciones".El presidente Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz.Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor" en la región.Este miércoles, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su respaldo al gobierno boliviano y afirmó que el país norteamericano no permitirá "que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente".El gobierno de Paz afirmó hace unos días que las protestas que exigen la renuncia del mandatario son dirigidas por el expresidente Morales (2006-2019) y financiadas supuestamente con dinero del "narcotráfico", con el objetivo de generar una "ruptura constitucional", algo que el político negó.La Paz, sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustibles e insumos médicos, como oxígeno medicinal.
El Gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los conflictos en Bolivia que las autoridades nacionales consideran una “injerencia”, aunque aseguró que esto no constituye una “ruptura de relaciones”.La Cancillería boliviana señaló este miércoles, en un comunicado, que el Gobierno “ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”.“La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas”, indicó.Cancillería de Bolivia aclara que no habrá ruptura diplomáticaEl Ministerio de Exteriores también señaló que esta decisión “no constituye ruptura de relaciones diplomáticas” con Colombia, “ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados”.Además, consideró “indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”.Añadió que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse “exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos” y “sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización”.Gustavo Petro habló sobre crisis política y protestas en BoliviaEl presidente Gustavo Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una “insurrección popular” que, a su juicio, es una “respuesta a la soberbia geopolítica” frente a las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz.Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis y también pidió que “no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas” y llamó a construir una “democracia profunda, multicolor” en la región.El martes, el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, aseguró que las protestas contra Paz muestran que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia y dijo que le gustaría ver a gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario boliviano.La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y bloqueos de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones contra periodistas, agentes y ciudadanos que no participaban en esas movilizaciones.
El panorama sobre qué está pasando en Bolivia se tornó crítico tras una jornada de violentas protestas en La Paz, caracterizada por ataques a entidades públicas y una escalada de tensión diplomática con Colombia. Las manifestaciones, que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, derivaron este lunes en saqueos al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), destrozos en el sistema de transporte Mi Teleférico y la quema de un vehículo policial, sumando 13 días de bloqueos que mantienen incomunicada a la capital con el resto del país.La movilización de sectores afines al expresidente Evo Morales, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, cercó los accesos a la plaza Murillo, sede del Gobierno. En una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que las protestas responden a "una aspiración mezquina del expresidente Morales" por interrumpir el orden democrático tras su derrota electoral en octubre de 2025. El funcionario afirmó que Morales se encuentra "atrincherado" en la región del Chapare con una milicia propia para evadir requerimientos de la justicia.Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó un clima de hostilidad extrema, documentando 15 agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa en la última semana. Además de los daños a la infraestructura judicial y de transporte, comerciantes locales denunciaron el saqueo de sus pequeños negocios por parte de los manifestantes.Tensión diplomática entre Colombia y Bolivia por declaraciones de Gustavo PetroLa crisis interna boliviana trascendió las fronteras debido a los pronunciamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien a través de redes sociales defendió a Morales y advirtió que una acción en su contra "solo generará sangre en toda América Latina".Ante este escenario, el canciller Aramayo calificó las afirmaciones del mandatario colombiano como una intromisión inaceptable en la soberanía de su nación:“Asociar la conflictividad social boliviana con escenarios de violencia continental realmente es una afirmación irresponsable y peligrosa. Bolivia no acepta ningún tipo de injerencia, venga de donde venga”, dijo.El jefe de la diplomacia boliviana aseguró que el gobierno de Rodrigo Paz ya se encuentra adoptando medidas formales bajo el amparo del derecho internacional, las cuales se oficializarán en las próximas horas, argumentando que Petro no representa de forma adecuada la relación histórica de hermandad entre ambos pueblos.Escuche el programa completo aquí:
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
