El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.«El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)», declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.La audiencia para el inicio del juicio contra Morales (2006-2019) se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.Gutiérrez explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía y «no es una atribución» del Ministerio Público.La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron «ninguna clase de justificativo» por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.Por su parte, Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales, indicó a los medios en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un «edicto» judicial, lo que, a su juicio, constituye un «vicio causal de fondo».Además, mencionó que el juicio contra el exmandatario fue «desempolvado» en un momento en el que hay varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que «es un tema político».Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, bajo la custodia de cientos de sus seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por el proceso por presunta trata agravada de personas.En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención contra Morales porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a la región donde permanece resguardado.El exmandatario está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.Durante la fase preliminar de investigación del caso, a principios de 2025, un juez ya había declarado en rebeldía al exmandatario después de que no compareciera en dos ocasiones a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, alegando problemas de salud.En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.
Al menos ocho asesinatos en una semana en Santa Cruz de la Sierra y Tarija, Bolivia, tienen en alerta a las autoridades, porque sospechan que no se trata de hechos aislados o de delincuencia común. No descartan que los homicidios estén relacionados con una reconfiguración de estructuras del narcotráfico, después de la captura y extradición inmediata a Estados Unidos de Sebastián Marset.El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, llegó este sábado a Santa Cruz para reunirse con autoridades locales, así como con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y la Policía, para evaluar la situación de orden público.El suceso más reciente Fue el asesinato de un ciudadano colombiano, no identificado oficialmente hasta el momento, a las afueras de una discoteca en Santa Cruz a las 6:45 de la mañana de este 2 de mayo.Cuando discutía con vendedores informales llegaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron tres disparos en el tórax y dos más en la cabeza.Según el comandante departamental de la Policía, el coronel David Gómez, el crimen del ciudadano colombiano podría estar vinculado con otros hechos violentos recientes.De acuerdo con las primeras hipótesis, se trataría de una disputa entre organizaciones criminales que buscan ocupar el espacio dejado por Marset, quien operaba en varios países de la región. El uruguayo fue detenido en Bolivia, aunque también tenía actividades ilícitas en Paraguay, donde fue dueño de un equipo de fútbol; y presuntos vínculos en Colombia. Durante un tiempo estuvo en Dubai con un pasaporte falso.Marset y el caso PecciMarset es señalado como parte del Primer Cartel Uruguayo y presuntamente ligado a la red autora intelectual del crimen del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Isla Barú, Cartagena.Pecci era el fiscal contra el crimen organizado de Paraguay. Sin embargo, judicialmente aún no hay sentencia sobre quién dio la orden de asesinarlo. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, estaba embarazada en el momento de los hechos.
El Ministerio de Igualdad de España confirmó este martes como crimen machista el asesinato de una mujer boliviana de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada con un machete presuntamente a manos de su expareja, a quien ella misma había denunciado recientemente por violencia de género.Tulia Ester, nacida en Bolivia, murió asesinada este lunes en su vivienda en Córdoba, ciudad en el sur de España, tras ser apuñalada con un machete presuntamente a manos de su expareja, un español de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado.Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en el país a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género en España ) y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril.En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la agarró por el pecho y la amenazó con destrozarle la vivienda.Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición judicial, para quedar después en libertad provisional con medidas cautelares.La ministra de Igualdad española, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron en un comunicado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista.Ambas trasladaron todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Pidieron, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".
La selección de Irak derrotó hoy por 2-1 a Bolivia y se adjudicó el último boleto disponible para la Copa Mundial de fútbol a la que regresa después de 40 años de ausencia.Ali Alhamadi y Aymen Hussein le dieron el triunfo a Irak, en tanto Moisés Paniagua descontó por los bolivianos. Bolivia tuvo la posesión de la pelota en el inicio del partido, pero Irak presionó y en el minuto 9 estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de Amir Alammari en un tiro libre, despejado por el guardameta boliviano Guillermo Viscarra.Un minuto después, en un tiro de esquina, Alhamadi aprovechó la pobre marca y de cabeza puso el 1-0. Bolivia fue paciente; Irak mantuvo el orden, hasta que en el minuto 38, Paniagua convirtió de derecha a pase de Ramiro Vaca para empatar el duelo y estremecer a los miles de hinchas bolivianos en las tribunas, algunos de los cuales pagaron más de 1.000 dólares por estar en el estadio.Bolivia terminó mejor la mitad inicial, aunque no pudo cosechar frutos de su dominio. La segunda parte empezó con lucha en mitad de la cancha. En el minuto 52, el estratega de Irak hizo cambios, entre ellos el del ingreso a la cancha de Marko Farji, quien segundos más tarde le puso un balón a Hussein, letal en el remate de derecha, el 2-1.Con el consentimiento del rival, Bolivia se adueñó de la pelota, sin embargo, no creó peligro ante un oponente ordenado atrás. En los últimos minutos, Bolivia acosó a Irak, mas careció de contundencia y dejó ir la oportunidad de regresar a un Mundial, después de 32 años. Irak jugará el Mundial en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.- Ficha técnica:2. Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tah Seen, Akam Hashim, Merchas Doski; Youssef Amyn (Marko Farji m.52), Ibrahim Bayesh (Kevin Yakob m.84), Amir Alammari, Aimar Sher (Zaid Ismael m.52); Ali Alhamadi (Ali Jasim m.66), Aymen Hussein (Mohanah Ali m.66).Seleccionador: Graham Arnold.1. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina (Lucas Macazaga m.67), Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ramiro Vaca (Fernando Nava m.70), Robson Matheus (Enzo Monteiro m.90), Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Moisés Paniagua, Juan Godoy.Seleccionador: Óscar Villegas.Goles: 1-0, m.10: Ali Alhamadi; 1-1, m.38: Moisés Paniagua; 2-1, m.53: Aymen Hussein.Árbitro: Iván Barton, de El Salvador: Amonestó a Ibrahim Bayesh, Zaid Ismael, Marco Farji; Efraín Morales y Lucas Macazaga.Incidencias: Partido entre las selecciones de Irak y Bolivia que decidió el último boleto para la Copa Mundial que se celebrará el próximo verano, celebrado en el Estadio BBVA de Monterrey, norte de México, ante unos 50.000 aficionados
Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera YPFB, informó este miércoles la compañía.El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver una grave crisis de desabastecimiento de carburantes.Esa política de subsidios, sostenida durante 20 años por los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó las reservas en dólares y complicó nuevas importaciones de combustibles.¿Por qué hay gasolina de mala calidad?Paz eliminó en diciembre las subvenciones. Y aunque las largas colas en los surtidores desaparecieron, los bolivianos todavía temen que al cargar sus vehículos sus motores se ennegrezcan y estropeen."Estamos en el orden de 10.874 personas que han iniciado el reclamo" de una compensación por sus motores dañados, dijo en rueda de prensa Yussef Akly, presidente de YPFB.El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció la semana pasada que tanques de almacenamiento acumularon restos de oxidación por falta de uso, pero que al volver a utilizarse los residuos se mezclaron con los combustibles.El gobierno de Paz ha calificado la inacción de los funcionarios, que trabajan desde la gestión anterior y que debieron advertir estos problemas, como un "sabotaje".El mandatario ordenó en febrero militarizar 16 plantas de almacenamiento de YPFB a nivel nacional, pero las autoridades no volvieron a pronunciarse si continúa esta vigilancia interna.Akly señaló este miércoles que "tenemos varias personas que están en proceso de investigación" para determinar su responsabilidad, pero no dio más detalles.También explicó que el daño no alcanzó a todo el parque automotor."Esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes" importados y "en situaciones muy puntuales", detalló.Una línea telefónica se habilitó para registrar las quejas de los usuarios. Las compensaciones se iniciarán esta semana.Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.
La captura este viernes del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia pone fin a una prolongada persecución regional contra uno de los personajes más buscados del crimen organizado en Suramérica, señalado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que lo convirtió en el tercero más buscado de la DEA.Marset, nacido en Uruguay, permaneció prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, episodio que marcó el inicio de una búsqueda internacional que lo convirtió en uno de los más perseguidos de la región.El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con la identidad falsa del brasileño Luis Paulo Amorim Santos y logró regularizar su estadía en el país, lo que puso en entredicho la labor de varias instituciones bolivianas por la facilidad con la que obtuvo dicha documentación.Asimismo, en Bolivia figuraba como jugador y dueño del equipo Leones del Torno, de la segunda división del país.La Fiscalía de Bolivia señaló a Marset como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.Por estos hechos, fue requerido por las autoridades de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Estados Unidos, además de organismos internacionales como Interpol, Europol y la agencia antidrogas estadounidense (DEA, en inglés).Las autoridades bolivianas imputaron a Marset en julio de 2023 por legitimación de ganancias ilícitas.Durante las pesquisas, la Policía boliviana realizó diversos operativos en Santa Cruz, donde allanó varias propiedades vinculadas a su organización y encontró armamento, vehículos y otros bienes presuntamente utilizados para actividades ilícitas.Cuatro meses después de su fuga, Marset accedió a una entrevista con un medio del exterior, mientras estaba en la clandestinidad, para señalar que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados con su salida de Bolivia.Relató que su fuga fue tras el aviso sobre el operativo de allanamiento para su detención en la ciudad de Santa Cruz y calificó de “corrupto” al ahora exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.También, difundió un par de videos grabados por él, en los que se burlaba de las autoridades y de los operativos que realizaban con el objetivo de encontrarlo.Uno de los hallazgos más importantes ocurrió en septiembre de 2024, cuando las fuerzas de seguridad localizaron un hangar en esa región donde había nueve avionetas, cuatro vehículos y otros objetos relacionados con la presunta estructura criminal de Marset.Según informó en su momento el viceministerio de Régimen Interior de Bolivia, el lugar estaba vinculado con Erland G. L., señalado como presunto cómplice y “mano derecha” del narcotraficante uruguayo. En ese hangar también se encontraron camisetas del club de fútbol presidido por Marset.En paralelo, las investigaciones internacionales contra el narcotraficante uruguayo se han extendido a su entorno familiar. Su esposa, Gianina García Troche, que fue detenida en España y luego trasladada a Paraguay donde guarda detención preventiva.El caso Marset también ha despertado preocupación en organismos de seguridad regionales por la posibilidad de alianzas con grandes organizaciones criminales.El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, advirtió recientemente sobre un posible vínculo entre el uruguayo y la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.Durante los años en que logró evadir a la justicia, Marset se convirtió en una figura de alto perfil dentro del mundo del narcotráfico regional, con un historial que incluye su presencia en varios países y una red criminal señalada por mover grandes cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.Su captura en Bolivia abre ahora un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado en Suramérica.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Ministerio de Salud confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia."Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.La ministra de Salud y Deportes, Marcela flores, confirmó horas después el deceso de otras dos personas. Hasta este viernes, la unidad de Bomberos había reportado 15 personas fallecidas y otras desaparecidas.La Fiscalía señaló que en el lugar del accidente "también se desarrollaron procedimientos forenses con estricto apego a los protocolos científicos, incluyendo la toma de muestras biológicas y recolección de evidencias".Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas resguardan todo el perímetro del lugar del hecho, dentro del cual aún hay restos de cuerpos que deben ser levantados por las autoridades pertinentes, revelaron autoridades policiales.El director nacional de la unidad de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que hay además 29 personas heridas, 22 civiles que están hospitalizados y siete militares que eran parte de la tripulación del avión.El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó movilizar "de manera inmediata" equipos forenses de todo el país y unidades móviles del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hacia la ciudad de El Alto para que se realice el procesamiento legal y forense de las víctimas.El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado que 50 personas fueron detenidas después de haber descubiertas portando paquetes de billetes.
Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.El director nacional de Bomberos, el coronel Pavel Tovar, dijo al canal privado Unitel que son "como 15 vehículos afectados", unas "15 personas fallecidas" y al menos unos "seis heridos que han sido evacuados a diferentes centros" de salud tras el accidente ocurrido esta tarde cerca de El Alto.Una fuente oficial dijo a EFE que el avión, un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, por lo que terminó fuera del perímetro del aeropuerto, con las afectaciones mencionadas por Tovar.El hecho quedó registradoLa gente que estaba en el lugar reportó en videos difundidos en las redes sociales que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.Tovar denunció que los bomberos fueron agredidos por la gente que intentaba entrar al lugar del accidente y pidió a la población de El Alto que no lo haga, pues "no hay ningún tipo de valores que puedan adquirir" en el sitio.La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.BoA señaló que, si bien la situación es "completamente ajena" a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto "podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones" en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz "hasta que se restablezcan las condiciones normales" en la terminal aeroportuaria.
El actor y comediante boliviano David Santalla falleció este sábado a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, informaron los médicos que se encargaban de su tratamiento con autorización de su familia."Tengo que informar, obviamente con la venia familiar, el fallecimiento del señor David Santalla a las 15:20 (19:20 GMT)", declaró a los medios locales el director del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), Jorge Tango.El especialista indicó que Santalla padecía una enfermedad oncohematológica y que en el último tiempo recibía el tratamiento correspondiente en la ciudad de Sucre (sureste), aunque su estado general se deterioró progresivamente."Hace unos minutos, mi papá ha fallecido... Lo amé tanto, aprendí tanto, y no se puede describir lo que se siente en la profundidad del cuerpo. ¡Él siempre será! Como la lluvia que cae en el campo, como un lápiz al dibujar, como un gesto amable cuando lo necesitas... ¡Por siempre serás!", escribió en sus redes sociales Yungaro Santalla.Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó en X que: "hoy Bolivia pierde no solo a un artista, sino al hombre que mejor supo leer nuestra alma a través de la risa. David fue el espejo donde nos miramos con ternura, crítica y orgullo; un genio que convirtió el escenario en un altar de la identidad nacional".Santalla nació en La Paz el 16 de agosto de 1939. A los 10 años se trasladó a Chile debido al exilio de su padre, militar de profesión. En ese país llegó a integrar la selección chilena de gimnasia y natación en 1957, antes de regresar a Bolivia.Ya en su país natal, desarrolló un estilo propio basado en la recreación de acentos y personajes de distintas regiones, combinados con un humor fino y observacional. De esa etapa surgieron figuras emblemáticas como Toribio, un hombre de origen humilde que busca superarse; la cholita Salustiana, de carácter divertido y a la vez osado; y don Enredoncio, un adulto mayor algo gruñón con una mirada singular sobre la vida cotidiana.También tuvo una destacada participación en el cine boliviano. Actuó en "Chuquiago", de Antonio Eguino (1977), y en "Cuestión de Fe", de Marcos Loayza (1995). Su papel más recordado en la pantalla grande fue en "Mi Socio", de Paolo Agazzi (1983), considerada una de las películas más importantes del cine boliviano y que tuvo una segunda parte en 2019.Además, Santalla publicó varios libros vinculados a sus vivencias personales y a su trayectoria en el teatro.
Una nueva tragedia sacude a Bolivia y deja al descubierto, una vez más, los riesgos que persisten en las carreteras del país. Al menos 12 personas, integrantes de una misma familia, murieron en un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en el oriente boliviano, cerca de la frontera con Brasil. El siniestro se registró cuando un autobús chocó contra un árbol en la ruta Bioceánica, una vía clave que conecta a Puerto Quijarro con Puerto Suárez.El impacto fue devastador. Según el reporte preliminar de la Policía de Bolivia, el vehículo se salió de la carretera y terminó estrellándose contra un árbol de gran tamaño, que segundos después cayó sobre el autobús, aplastando a la mayoría de los ocupantes. La escena dejó múltiples víctimas fatales en el lugar y varios heridos de gravedad.Al menos 12 personas perdieron la vida durante accidente de autobús en BoliviaLas autoridades confirmaron que entre las personas fallecidas se encontraban adultos y al menos cuatro menores de edad. Inicialmente se reportaron 11 muertos, pero horas más tarde, desde el hospital Príncipe de Paz, se confirmó el fallecimiento de una adolescente que había sido trasladada con vida, elevando la cifra total a 12 víctimas.El accidente ocurrió a unos 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz y movilizó a unidades de Tránsito, personal médico y equipos de rescate que trabajaron durante varias horas para recuperar los cuerpos y auxiliar a los sobrevivientes.Conductor adolescente y presunto estado de ebriedadDe acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, el autobús era conducido por un adolescente de 13 años, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. El menor habría tomado el control del vehículo cuando la familia regresaba de una fiesta de 15 años, lo que derivó en la pérdida de control y el posterior choque.Un jefe policial de la unidad de Tránsito señaló que se continúan recolectando indicios para establecer con claridad las causas del accidente y determinar responsabilidades, mientras el vehículo permanece en el lugar del siniestro a la espera de ser retirado.Los heridos fueron trasladados al hospital de Puerto Quijarro y, debido a la gravedad de algunos casos, otros fueron remitidos a centros médicos de Corumbá, en Brasil. Los familiares de las víctimas llegaron hasta la morgue para reconocer los cuerpos y se opusieron a que fueran llevados a Santa Cruz para las autopsias de ley.En medio del dolor, los allegados hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad para poder costear los ataúdes, al asegurar que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Este trágico hecho vuelve a reflejar una problemática persistente en Bolivia, donde cada año los accidentes de tránsito dejan miles de heridos y más de mil víctimas mortales, en su mayoría por causas humanas que pudieron evitarse.
Dentro de los elementos considerados clave por la Fiscalía figuran audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el mandatario solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística.Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las partes debatieron sobre la legalidad y autenticidad de esas pruebas.En entrevista con Blu Radio, El abogado defensor del alcalde, Ricardo Burgos, aseguró que un peritazgo informático contratado por la defensa habría encontrado presuntas alteraciones en los audios y mensajes entregados dentro de la denuncia.“Efectivamente hicimos un peritazgo con una empresa muy reconocida también, de peritos informáticos, y lo que nos manifiestan es, primero, que toda la extracción tiene manipulación, ha sido alterada”, afirmó Burgos.La defensa también cuestionó la forma en que se realizó la extracción del material digital entregado a la Fiscalía “Resulta que en un peritazgo no pasa los parámetros legales establecidos para tal hecho” .Según su versión, el informe técnico ”advertiría que los audios no provienen de un dispositivo móvil nativo original, es decir, que fueron aportados o pasados o manipulados por varios programas”.Frente a esos cuestionamientos, el abogado Alejandro Cadena, quien representa a las presuntas víctimas y denunciantes del caso, rechazó las afirmaciones de la defensa y defendió la legalidad del material entregado.“Confiamos en la administración de justicia y en la señora Juez que es la única que conoce la gran cantidad de elementos de prueba que soportan la denuncia y la legalidad de las grabaciones.Hemos sido tan rigurosos con el manejo y cadena de custodia de las grabaciones que al día de hoy no las conoce la opinión pública, como para que la defensa diga que han sido alteradas. Es una acusación muy grave que tendría que haber probado en la audiencia y no lo hizo”, manifestó.También afirmó que “cuando se conozcan los audios no quedará duda alguna sobre su autenticidad”.Sobre el origen del conflicto, la defensa del alcalde explicó que inicialmente existía una licencia urbanística para una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, pero posteriormente se habría solicitado una ampliación y modificaciones que, según Burgos, no fueron aprobadas porque no cumplían con requisitos.“En la alcaldía anterior a la de Víctor Gamboa les niegan una ampliación porque afectan fuentes hídricas. Entonces, estaban construyendo, al parecer, una piscina dentro de una quebrada”, afirmó.Por su parte, el abogado Cadena negó dicha versión y aseguró que la licencia inicial era válida, posteriormente se solicitó una modificación para ampliar algunos espacios del proyecto.Según explicó, al no obtener respuesta de la administración dentro de los tiempos legales, acudieron a la figura del silencio administrativo positivo, protocolizando el trámite mediante escritura pública con el objetivo de tener avances en el proyecto bajo la norma. Cuando un Tribunal suspendió ese acto, aseguran que pararon la obra y solo hicieron reparaciones menores.El representante de las víctimas también sostuvo que la denuncia señala que el alcalde habría exigido la contratación de una persona cercana e intentado pedir dinero a cambio de facilitar el licenciamiento del proyecto.De acuerdo con esa versión, tras negarse a esas supuestas exigencias, la administración habría rechazado pruebas, declarado desistida la solicitud y posteriormente emitido actos administrativos que ordenaban la demolición.Durante la diligencia, la representación de víctimas solicitó que el alcalde sea enviado a prisión argumentando presunto riesgo de reincidencia, posible obstrucción a la justicia y antecedentes relacionados con delitos contra la administración pública.Por ahora, se definirá la próxima semana si el Alcalde continuará vinculado al proceso en libertad o con una medida de aseguramiento, mientras que estas versiones opuestas deberán ser debatidas en un futuro llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
En una operación de inteligencia considerada de alto impacto, la Policía Nacional desmanteló una red criminal dedicada a fabricar y suministrar drones acondicionados con explosivos, material bélico y tecnología de guerra al servicio de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.La ofensiva, denominada “CERCO”, fue ejecutada de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), donde las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de esta estructura ilegal.Según la investigación adelantada por la Dirección de Inteligencia Policial, la red era la principal conexión para el aprovisionamiento y desarrollo tecnológico de drones letales utilizados en acciones terroristas en departamentos como Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare.Entre los capturados figura alias ‘Dron’, señalado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y entrenar a integrantes armados en el manejo táctico de drones para ejecutar ataques contra tropas de la Fuerza Pública y civiles.Las autoridades también establecieron que los integrantes de esta organización realizaban labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión y secuestro, además de ubicar posibles objetivos para atentados terroristas. De acuerdo con el informe oficial, también coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia campamentos ilegales bajo órdenes de alias ‘Antonio Medina’ y alias ‘Ruso’, cabecillas del denominado Comando Conjunto de Oriente.Durante los allanamientos, la Policía incautó más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco controles remotos, ochenta piezas de repuesto para aeronaves no tripuladas, un kit de gafas FPV, un sistema GPS, una antena satelital, dos antenas de largo alcance, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento digital y material propagandístico relacionado con las Farc.El director de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, aseguró que este resultado representa un golpe contundente contra las capacidades terroristas de las disidencias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.
Al menos seis trabajadores resultaron heridos este viernes por un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande de Venezuela, operada de forma conjunta por la estatal PDVSA y la firma China Concord Resources Corp (CCRC), dijo a EFE una fuente vinculada al sector.Dos de los heridos fueron trasladados hasta un hospital en la ciudad de Maracaibo (la capital del estado Zulia), mientras que otros cuatro fueron enviados a un muelle en una embarcación, sin que se conozca hasta el momento sus condiciones de salud.El incendio tuvo lugar en la planta lacustre Lamargas, ubicada en el bloque 5, donde hubo un "desperfecto en una válvula de cierre" del paso del gas, aseguró la fuente, quien pidió no ser identificada.De momento, se desconoce el número de personas que estaban en la instalación. Tampoco se ha precisado si el fuego ya fue controlado y extinguido por completo por los bomberos.Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.Además, en las imágenes difundidas se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.Hasta las 14:30 hora local (18:30 GMT), ni PDVSA ni el Ministerio de Hidrocarburos u otra fuente gubernamental se habían pronunciado sobre el accidente. Tampoco las autoridades locales.El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón (noroeste, vecino de Zulia) por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos.Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia. La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente.
Tres mineros fueron sacados de sus viviendas y asesinados en zona rural. Las autoridades confirmaron que dos de los cuerpos fueron hallados en el municipio de Andes y otro en la vecina localidad de Jardín. Al parecer, los responsables serían miembros del Clan del Golfo.Las autoridades confirmaron un triple homicidio registrado en las últimas horas en el corregimiento Santa Rita, zona rural del municipio de Andes.Según información preliminar, las tres víctimas, que desarrollaban labores en la mina San Miguel, fueron sacadas de sus viviendas en la madrugada por al menos cuatro hombres que pertenecerían al Clan del Golfo. El socavón está ubicado sobre la vía que conecta el casco urbano de Andes con Santa Rita.La primera víctima fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, oriundo del municipio de Andes, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la vía, atado de pies y manos y con impactos de arma de fuego.Los otros dos hombres también fueron ultimados con arma de fuego y abandonados varios kilómetros más adelante, uno de ellos ya en jurisdicción de la vecina localidad de Jardín.Blu Radio conoció que la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los responsables serían miembros del Clan del Golfo por el no pago de extorsiones; sin embargo, la investigación deberá esclarecer los hechos.
La defensa de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad', apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que dejó sin efectos su acreditación como víctima dentro del Caso 06, relacionado con hechos contra integrantes de la Unión Patriótica.Su abogada sostiene que la determinación representa una “regresión grave” de sus derechos y cuestiona que la Jurisdicción haya argumentado un supuesto “error humano” para corregir la decisión inicial.Según el recurso, existe una “contradicción” dentro de la propia JEP que terminó produciendo la “desacreditación tácita” de un compareciente de las antiguas FARC-EP.La apoderada argumenta que la decisión no estuvo suficientemente motivada y sostiene que la JEP no explicó por qué se reversó una acreditación que, según el recurso, ya había sido reconocida formalmente junto con las pruebas que sustentaban esa condición.“La carga argumentativa que se le exige a la Sala de Reconocimiento para revocar una decisión que acreditó a una víctima en el proceso es sumamente alta. Debe explicar la forma en que, por un lado, respeta el principio províctima y, por otro, la decisión resulta más garantista que la acreditación. El Auto CGD-06 056 de 2026 no evalúa siquiera estos elementos, limitándose a anunciar un “error humano” sin detallar la evaluación de las consecuencias de revertir una acreditación procesal de una víctima. No obstante, el Auto posterior carece de los elementos que, por vía jurisprudencial, son necesarios para debidamente motivar una decisión judicial”, señala el documento.En el recurso, la representante de Trinidad también asegura que la medida afecta derechos de participación dentro del macrocaso, como presentar observaciones, aportar pruebas o intervenir en audiencias. “Se le está negando al señor Palmera Pineda ser escuchado en su relato”, afirma el documento.La defensa además plantea que podría existir una estigmatización contra Trinidad “por ser quien representa a las FARC-EP”, y señala que la pérdida de su acreditación impediría que pueda participar como víctima dentro del proceso relacionado con la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.“Lo relatado también guarda amplia similitud con un hecho que, aunque no está expresamente determinado en ninguna de las decisiones, sí refleja un escenario de posible estigmatización en contra de la víctima por ser quien “representa” a las FARC-EP”.La abogada insiste además en que el Acuerdo de Paz reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sufrido afectaciones en el marco del conflicto, incluso si fueron combatientes, y sostiene que excluir a Trinidad desconoce ese principio.“Lo mencionado en tanto podría entenderse, tácitamente, que su proceso de negación de derechos adquiridos como víctima se debió a la posición que este firmante representó para el país, mismo que la JEP mediante diversas decisiones de la SALA DE AMNISTÍA E INDULTO e incluso la SRVR, ha trabajado por desmitificar”.Por eso, pidió revocar la decisión que corrigió la acreditación y mantener en firme el reconocimiento inicial de Simón Trinidad como víctima dentro del Caso 06. Además, solicitó que se garantice “la materialización del principio de las víctimas como el centro del Acuerdo”. En caso de que la reposición no prospere, pidió que el expediente sea enviado a la Sección de Apelación de la JEP para que estudie el caso.