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Durante su mandato entre 2010 y 2015, José “Pepe” Mujica no solo gobernó Uruguay con una impronta austera y popular, sino que impulsó una agenda legislativa que marcó un antes y un después en América Latina.
En un país de poco más de tres millones de habitantes, Mujica promovió leyes que ampliaron derechos, desafiaron al statu quo y colocaron a Uruguay en el radar del mundo como un modelo progresista. ¿Qué impacto tuvieron realmente estas reformas? ¿Cómo cambió el país a partir de ellas?
Uno de los cambios más significativos se produjo en 2012, cuando se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. La Ley N.º 18.987 convirtió a Uruguay en uno de los pocos países latinoamericanos donde las mujeres podían acceder a un aborto legal, gratuito y seguro dentro del sistema de salud.
El impacto fue inmediato. Según cifras oficiales, la mortalidad materna en el país disminuyó drásticamente: pasó de 25 a 14 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre 1999 y 2015. En el continente, solo Cuba y Uruguay presentan cifras similares, lo que refleja la eficacia de una política de salud basada en derechos y prevención.
En abril de 2013, Uruguay se convirtió en el segundo país de la región —después de Argentina— en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Igualitario no solo permitió casarse a las parejas LGBT+, sino que les otorgó derechos plenos como la adopción conjunta y la elección del orden de los apellidos de sus hijos.
“Fue una ley que llegó a tiempo, no solo por la lucha del colectivo, sino por una sociedad madura que estaba lista para aceptarla”, sostuvo en su momento el entonces senador Rafael Michelini. La norma fue celebrada internacionalmente y consolidó a Uruguay como uno de los países más igualitarios del continente.
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En diciembre de 2013, Mujica volvió a hacer historia. La Ley N.º 19.172 convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción, venta y consumo de cannabis bajo control estatal.
La medida, vista con escepticismo en sus inicios, tuvo como principal objetivo debilitar al narcotráfico y promover un enfoque de salud pública en torno al consumo. A más de una década de su implementación, Uruguay cuenta con clubes cannábicos registrados, farmacias autorizadas y cultivos regulados. Además, se abrieron las puertas a una industria incipiente de cannabis medicinal con potencial exportador.
Durante su gobierno, Mujica también impulsó políticas sociales de gran calado. El Plan de Equidad, continuación del PANES, apuntó a reducir la pobreza estructural. Al mismo tiempo, se fortaleció el salario mínimo y se creó la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), ampliando el acceso a la educación superior en el interior del país.
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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza pasó de un 32% en 2006 (inicio de los gobiernos del Frente Amplio) a menos del 10% en 2014, gracias en parte a las políticas aplicadas bajo el mandato de Mujica.
Más allá de las leyes, Mujica dejó una huella imborrable en la forma de hacer política. Rechazó los lujos del cargo, donó el 90% de su salario como presidente y vivió en su humilde chacra en las afueras de Montevideo.
Su coherencia entre el discurso y la acción le granjeó el respeto de líderes internacionales y ciudadanos de todo el espectro político. Como declaró el presidente chileno Gabriel Boric durante el reciente funeral de Mujica: “Pepe no muere, porque su ejemplo trasciende”.
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