mina ilegal.
Y ahora se presenta una tragedia en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Esta vez un derrumbe mató a 3 personas, causó heridas a 5 personas y 20 más están desaparecidas, muy probablemente fallecidas debajo del lodo y las piedras.
La minería ilegal es cada vez unos de los problemas más serios que debe afrontar el Estado colombiano.
Además de causar tragedias y violencia, acabar el medio ambiente, es una amenaza a la seguridad, una fuente de financiación de las bandas criminales, las FARC y el ELN, además de una forma de tener control social de tales grupos delincuenciales sobre la población. Personas humildes que desprovistas de oportunidades arañan la tierra para conseguir el sustento diario.
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La cosa es tan grave que en el Cauca las FARC se tomaron con acciones armadas bien planeadas y ejecutadas las áreas de producción.
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La repuesta del gobierno ha sido solo en el discurso.
Como en todo, la ambigüedad de Santos y de su gobierno ha tenido consecuencias desastrosas.
El año pasado, por ejemplo, en cumplimiento de una decisión de la Comunidad Andina de Naciones el gobierno expidió el Decreto 2235 de 2012, con el cual se habilitó a la Policía Nacional para destruir dragas, retroexcavadoras, buldóceres u “otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales, con similares características técnicas”.
Bastaba que no se acreditara el título minero en el Registro Minero Nacional y la licencia ambiental para que se procediera a la destrucción de las máquinas.
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Luego de 45 días del paro minero, detrás del cual estuvieron las guerrillas y las bacrim, el gobierno pactó no aplicar la norma.
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La delincuencia le ganó el pulso al gobierno en esa oportunidad.
Lo ocurrido es una muestra más de la política de debilidad del gobierno Santos frente a las organizaciones criminales.
Los delincuentes ya saben que deben hacer ante cada intento del Estado por garantizar el imperio de la ley: promover paros, bloquear vías y ejercer violencia. Saben que al final Santos siempre cederá.
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