La Fiscalía General de la Nación arremetió en contra de la excontralora Sandra Morelli Rico, a quien le imputó los delitos de prevaricato por apropiación y celebración de contratos sin requisitos de ley.
Además, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la congelación de sus bienes para evitar fuga de recursos, en caso de una eventual reparación de llegar a ser condenada. (Lea También: Tribunal Superior de Bogotá ordenó congelar los bienes a la excontralora Morelli)
Carlos Iván Mejía, fiscal delegado ante la Corte Suprema, aseguró que la exfuncionaria se burló de la contratación estatal al saltarse normas y requisitos que la llevaron a incurrir en faltas graves en los cánones de arrendamientos de la nueva sede de la Contraloría, en el sector del Salitre.
“La exfuncionaria causó un detrimento patrimonial de más de 12 mil millones de pesos. Tampoco tuvo en cuenta estudios previos y esto, sumado a otra serie de hechos como no abrirse a la oferta de mercados, la ponen en serios aprietos en la celebración y tramitación de la contratación”, manifestó Mejía.
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Durante la audiencia, el fiscal aseguró que la excontralora, como ordenadora del gasto, “tramitó y celebró tales negocios jurídicos con violación a los principios de planeación, economía, pero también con desprecio de los mínimos requisitos que gobiernan los contratos de arrendamiento”.
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El funcionario reiteró que hubo flagrante desconocimiento de Morelli Rico de la legalidad contractual.
Pese a la estantería y los argumentos del ente acusador, el abogado de la exfuncionaria, José Ledesma, aseguró que tienen pruebas contundentes para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
La medida de aseguramiento para la excontralora será pedida en audiencia el próximo 22 de septiembre. Ese día también se tiene previsto que el delegado de la Fiscalía solicite la Circular Roja que permita su búsqueda y captura en el exterior.