televisión abierta, debido a que no se está garantizando el acceso gratuito de los colombianos a este servicio.
La advertencia va dirigida al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Autoridad Nacional de Televisión, a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y RTVC, pues para la Contraloría no tiene sentido que los colombianos paguen por un servicio que es gratuito.
El ente de control asegura que esta problemática afecta no solamente el derecho constitucional de los colombianos al acceso gratuito a la información, sino que también podría tener incidencia fiscal por los recursos públicos invertidos en la infraestructura de la red de televisión abierta, nacional, regional y local.
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