Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Guillermo León Palacio Londoño, señalado de atacar con un agente químico a su expareja sentimental, de 24 años, el pasado 28 de octubre en Medellín, Antioquia. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el ataque habría estado precedido por varios años de agresiones físicas y psicológicas, acompañadas de expresiones ofensivas y denigrantes. La víctima decidió terminar la relación, pero el día de los hechos el hombre la habría convencido de encontrarse con el argumento de hablar sobre sus hijos menores de edad.
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Los elementos materiales probatorios indican que ambos se movilizaban en el taxi que conducía el señalado agresor. En un sector de Aranjuez, el hombre habría detenido el vehículo con el argumento de que presentaba un problema mecánico. Luego se dirigió al baúl, sacó una sustancia química y presuntamente la arrojó sobre la mujer.
La víctima sintió ardor en el cuerpo y perdió la visión. Ante la gravedad de lo ocurrido, le pidió a su expareja que la trasladara a un centro médico. Según la Fiscalía, el hombre accedió, pero presuntamente la intimidó para que entregara una versión diferente de los hechos y asegurara que un habitante de calle le había lanzado la sustancia.
La mujer recibió atención de urgencias por las lesiones que sufrió en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo. El dictamen de Medicina Legal estableció que presentó quemaduras de segundo grado en el 50 % de su cuerpo, lesiones que pusieron en riesgo su vida y comprometieron su visión.
La investigación también señala que el procesado habría sufrido quemaduras durante el ataque. Uniformados de la Policía Nacional lo capturaron después de que recibiera atención médica por esas lesiones.
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Una fiscal de la URI de la Seccional Medellín le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa. Palacio Londoño no aceptó el cargo y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, por decisión del juez de control de garantías.