El pasado 26 de octubre, a través de la sentencia 7-348, la Corte Constitucional estableció que toda publicación en redes sociales que critique el cuerpo de una mujer puede constituir en violencia de genero digital, esto tras una acción de tutela interpuesta por la gestora Stephany Dayana Ortiz Tafur contra Cristian Camilo Paredes Forero por mensajes “denigrantes” en Facebook.“En primer lugar, la Corte Constitucional señaló que el caso concreto se resolvería conforme al enfoque de género, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo estudio, las condiciones particulares de la accionante, los argumentos presentados por aquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en su contra en medios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con reconocimiento público y la relevancia constitucional de erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer”, indicó la Corte en la sentencia.La denuncia indica que Paredes Forero usaba fotos y se refería a su aspecto física para decir que “papel debía cumplir como mujer”, en medio de una discusión política en donde se centró en su apariencia por encima del debate, lo cual la Corte vio como violencia de género, algo a la denuncia que antes han interpuestos algunos congresistas por comentarios a la primera dama.“En la medida en que pretende fortalecer su credibilidad, confianza ciudadana y liderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de programas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía municipal de Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En ese sentido, el perfil de la accionante en Facebook, aunque es de titularidad personal, es usado para la difusión tanto de contenidos personales como para la divulgación de información de interés general relacionada con su labor como gestora social, por la que participa en actividades de la alcaldía municipal de Arauca”, añadió.Asimismo, la Corte Constitucional encontró en el caso estudiado publicaciones que se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Guillermo León Palacio Londoño, señalado de atacar con un agente químico a su expareja sentimental, de 24 años, el pasado 28 de octubre en Medellín, Antioquia. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó.De acuerdo con la investigación, el ataque habría estado precedido por varios años de agresiones físicas y psicológicas, acompañadas de expresiones ofensivas y denigrantes. La víctima decidió terminar la relación, pero el día de los hechos el hombre la habría convencido de encontrarse con el argumento de hablar sobre sus hijos menores de edad.Los elementos materiales probatorios indican que ambos se movilizaban en el taxi que conducía el señalado agresor. En un sector de Aranjuez, el hombre habría detenido el vehículo con el argumento de que presentaba un problema mecánico. Luego se dirigió al baúl, sacó una sustancia química y presuntamente la arrojó sobre la mujer.La víctima sintió ardor en el cuerpo y perdió la visión. Ante la gravedad de lo ocurrido, le pidió a su expareja que la trasladara a un centro médico. Según la Fiscalía, el hombre accedió, pero presuntamente la intimidó para que entregara una versión diferente de los hechos y asegurara que un habitante de calle le había lanzado la sustancia.La mujer recibió atención de urgencias por las lesiones que sufrió en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo. El dictamen de Medicina Legal estableció que presentó quemaduras de segundo grado en el 50 % de su cuerpo, lesiones que pusieron en riesgo su vida y comprometieron su visión.La investigación también señala que el procesado habría sufrido quemaduras durante el ataque. Uniformados de la Policía Nacional lo capturaron después de que recibiera atención médica por esas lesiones.Una fiscal de la URI de la Seccional Medellín le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa. Palacio Londoño no aceptó el cargo y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, por decisión del juez de control de garantías.
Familiares, amigos y habitantes de Santander despidieron en medio del dolor a Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue asesinada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote. Su muerte, presuntamente a manos de un hombre de 63 años que habría desarrollado una obsesión por ella, ha generado rechazo e indignación en el departamento.La despedida de Paula estuvo marcada por las muestras de solidaridad hacia sus familiares y los mensajes que reclaman justicia por un crimen que apagó los sueños de una joven que tenía toda una vida por delante.El feminicidio ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre, en un café ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro, en jurisdicción de Pinchote. De acuerdo con la información conocida, Paula se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando el hombre llegó al establecimiento y, en medio de una discusión, la atacó en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.La joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico.Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este caso es que, según información conocida por Blu Radio, Paula se había graduado recientemente como tecnóloga en Investigación Policial y tenía el sueño de ingresar a la institución.Personas cercanas a la joven denunciaron que presuntamente venía siendo acosada por el hombre de 63 años, quien, según las primeras versiones, no aceptaba que ella tuviera una relación sentimental con otra persona.Incluso, versiones preliminares señalan que durante la discusión el hombre habría pronunciado una frase amenazante: «Si no era para mí, no es para nadie más». Este señalamiento deberá ser contrastado dentro de la investigación judicial y no ha sido establecido oficialmente como parte de los hechos probados.Después de atacar a Paula, el hombre habría escapado por la vía nacional en dirección a San Gil. La Policía activó un plan candado que permitió ubicarlo y capturarlo en el sector de la plaza de ferias de ese municipio.De acuerdo con el teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira, comandante del Distrito de Policía de San Gil, el hombre presentaba lesiones que presuntamente se había ocasionado a sí mismo al momento de ser interceptado, por lo que fue trasladado a un centro médico bajo custodia policial. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Este martes 3 de noviembre, durante la mañana, está prevista la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el capturado, diligencia en la que la Fiscalía expondrá los elementos de la investigación ante un juez de control de garantías.Por su parte, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero Jaimes, rechazó el crimen y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.Mientras avanza el proceso judicial, familiares y amigos de Paula le dieron el último adiós en el municipio de Valle de San José, en una despedida atravesada por el dolor y el reclamo de justicia. Su asesinato vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres y las consecuencias de las conductas de acoso, persecución y control que pueden anteceder a un feminicidio.
En estado crítico y bajo intubación médica permanece una mujer de 26 años luego de sufrir quemaduras en la cara y el pecho con un agente químico no identificado, en hechos registrados sobre la avenida Regional, cerca del puente del Mico. Tras la agresión que inicialmente fue reportada como un atraco en vía pública, las autoridades capturaron a la pareja sentimental de la víctima por su presunta responsabilidad en el ataque.Debido a la sustancia química aún desconocida, la mujer sufrió severas quemaduras en el rostro y el tórax. El ataque le causó lesiones de gravedad que afectaron sus vías respiratorias, obligando a los médicos de urgencias de la Policlínica a intubarla de manera inmediata para salvarle la vida.A la clínica llegó acompañada por su pareja, un taxista de 29 años que también presentaba quemaduras en la cara y en un brazo. En un principio, el hombre aseguró a la Policía que dos personas en situación de calle los habían atacado con el químico al negarse a entregarles dinero mientras revisaban una llanta del vehículo.Sin embargo, durante las indagaciones e inspecciones en el centro hospitalario, los investigadores hallaron contradicciones en su testimonio. Minutos después, el conductor habría admitido ante la Policía ser el autor de la agresión contra la mujer, por lo que las patrullas hicieron efectiva su captura en el mismo sitio.El hombre detenido quedó bajo custodia de la Fiscalía a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de lesiones con agentes químicos.
La historia de Gerlein Joya, una joven santandereana de 22 años, hoy está marcada por un acto de amor que podría cambiar la vida de otras familias, en medio del dolor por su partida, sus seres queridos decidieron permitir la donación de sus órganos y tejidos, con la esperanza de beneficiar a más de 30 personas y mantener vivo el recuerdo de quien cariñosamente llamaban "la chata".Para Maribel Ibáñez Otalvarez, tía de Gerlein, esta decisión representa una manera de honrar la vida de una joven que tenía sueños, trabajaba para salir adelante y quería ser independiente. Su familia encontró en la donación una forma de convertir una pérdida irreparable en una oportunidad para quienes esperan una segunda oportunidad de vida con sus familiares."Quisimos honrar lo que ella fue, lo que ella es y seguirá siendo, vida. Fue nuestra alegría, la forma bonita de vivir a pesar de todo, se puede seguir luchando", expresó Maribel al recordar a su sobrina.Según relató, la donación de órganos y tejidos podría ayudar a cerca de 30 personas. Para la familia, saber que Gerlein puede convertirse en una oportunidad para otros es una manera de preservar ese brillo que, asegura su tía, siempre tuvo en los ojos."Sabemos que así como sentimos esta pérdida, hay otras familias que dicen 'Tenemos oportunidad de tener a sus familiares', siendo mi chata un canal de vida, para honrar el brillo que ella tenía en sus ojitos", manifestó.Detrás de esta decisión solidaria también hay preguntas que la familia espera resolver. Gerlein se movilizaba en su motocicleta hacia las 5:30 o 6:00 de la mañana cuando ocurrió el hecho que terminó con su vida.De acuerdo con el relato de su tía, inicialmente les indicaron que la joven habría sufrido un accidente de tránsito. Por eso, cuando fue trasladada en ambulancia a Bucaramanga, le solicitaron a la familia la información del SOAT.Sin embargo, minutos después, una llamada médica cambió por completo la información que habían recibido."Me piden SOAT porque supuestamente fue un accidente de tránsito; sin embargo, a los minutos me llama la doctora y me dice: 'Ella no tuvo accidente, tiene tres disparos'", relató Maribel Ibáñez Joya.La joven llegó a Bucaramanga aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Según su familiar, presentaba tres impactos de bala en la cabeza. Las circunstancias en las que resultó herida no están claras para la familia y el caso se encuentra bajo investigación.Ahora, además de afrontar la ausencia de Gerlein, sus seres queridos esperan que las autoridades esclarezcan qué ocurrió aquella madrugada y quiénes serían los responsables.Gerlein soñaba con ser independiente y trabajaba en una empresa palmicultora. Su familia la recuerda como una joven alegre, llena de proyectos y con deseos de construir su propio futuro.Su vida terminó de manera inesperada, pero sus seres queridos decidieron que su historia no quedara reducida a las circunstancias de su muerte. Con la donación de órganos y tejidos, esperan que su recuerdo permanezca también en las personas a las que pueda ayudar.Mientras la investigación avanza, la familia Joya intenta encontrar consuelo en esa decisión. Para ellos, "la chata" seguirá siendo vida, esperanza y una muestra de que, incluso en medio del dolor más profundo, es posible pensar en los demás.
Una joven de 22 años, identificada como Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, fue asesinada en circunstancias que son denunciadas como un presunto feminicidio en Puerto Wilches, Santander. La concejal de ese municipio, Erika Johana Passos, denunció el caso y pidió que los hechos no queden en la impunidad.De acuerdo con la denuncia, Giovanna residía en el corregimiento de San Claver, en el kilómetro 16 de Puerto Wilches. Días antes del crimen, le habría manifestado a su expareja que no quería continuar con la relación sentimental.Según la información divulgada por la concejal, posteriormente el hombre la habría interceptado cuando se dirigía a su lugar de trabajo y le habría disparado en tres ocasiones en la cabeza. Después, presuntamente, incendió la motocicleta.Las circunstancias del crimen deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales, que tendrán que establecer las responsabilidades y determinar si el caso constituye un feminicidio.Este hecho vuelve a llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres en Santander, especialmente frente a las agresiones que pueden presentarse después de que una mujer decide terminar una relación sentimental. La negativa a aceptar una separación, las amenazas, el control y las agresiones contra las exparejas son señales de riesgo que requieren atención oportuna."El caso de Giovanna también reitera la importancia de fortalecer las rutas de protección, la atención a las denuncias y la respuesta institucional para evitar que las amenazas y las agresiones escalen hasta convertirse en hechos mortales", dijo la concejal. La denuncia de la concejal Erika Johana Passos se suma a los llamados para que se investigue lo ocurrido, se identifique y judicialice a los responsables y se garantice justicia para la joven y su familia.Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para reforzar la prevención de las violencias basadas en género y evitar que más mujeres pierdan la vida.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga fortalecerá la capacidad operativa de las Patrullas Púrpura con recursos vehiculares, talento humano y medios logísticos para mejorar la prevención y atención de las violencias basadas en género en la capital santandereana y los municipios del área metropolitana.Como parte de esta estrategia, fueron entregados tres nuevos vehículos que, sumados al que ya estaba en servicio, completan una flota de cuatro patrullas destinadas a desarrollar actividades de prevención, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.Estas unidades cumplen labores de orientación, activación de rutas de atención y articulación con las autoridades competentes para facilitar el acceso de las víctimas a la protección y la justicia.El secretario del Interior encargado de Santander, Douglas Javier Arenas, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía para enfrentar esta problemática.“La violencia contra la mujer tiene que ser un problema de atención de absolutamente toda la comunidad. No podemos dejar este problema solamente en manos de las autoridades”, afirmó el funcionario.Durante su intervención, Arenas presentó cifras que muestran una reducción en varios indicadores de violencia en el área metropolitana. Según el balance expuesto, las denuncias por violencia intrafamiliar pasaron de 2.919 en 2025 a 2.757 en 2026, una disminución del 6 %.En cuanto a los delitos sexuales, los registros bajaron de 480 a 451 casos, mientras que las lesiones personales pasaron de 1.653 a 1.618. Respecto a los feminicidios, se reportaron cinco casos en 2025 y dos en lo corrido de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas.El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la protección de las mujeres es una prioridad para la institución y que se fortalecerán las capacidades de las Patrullas Púrpura para garantizar una atención oportuna y cercana a las víctimas.En materia operativa, la Policía reportó que durante octubre se han realizado 12 capturas por orden judicial relacionadas con delitos asociados a las violencias basadas en género. Cinco corresponden a violencia intrafamiliar, cinco a delitos sexuales y dos a lesiones personales.Con el fortalecimiento de las Patrullas Púrpura, las autoridades buscan mejorar la respuesta ante las denuncias, acompañar a las víctimas y facilitar la coordinación institucional para prevenir nuevas agresiones.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Óscar Javier Suárez Suárez, soldado profesional adscrito al Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate (ASPC) n.º 5 Mercedes Ábrego, en Bucaramanga, por su presunta participación en hechos relacionados con una conducta de acceso carnal.Según el organismo de control, la investigación busca establecer si el uniformado, mientras se desempeñaba como conductor de una ambulancia del Dispensario Médico de Bucaramanga, desvió el recorrido hacia su lugar de residencia después de trasladar a un paciente.De acuerdo con la hipótesis investigativa, el militar habría intimidado con un arma blanca al auxiliar de enfermería que lo acompañaba en el vehículo y presuntamente lo habría sometido a una agresión sexual.Los hechos investigados habrían ocurrido en marzo de 2025. La Procuraduría busca determinar si la conducta atribuida al uniformado fue contraria a los deberes funcionales, los principios y los valores que rigen a los integrantes de las Fuerzas Militares.Por la gravedad de los hechos materia de investigación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como gravísima, a título de dolo.La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del proceso disciplinario y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.
Vanessa Vera falleció este lunes, 19 de octubre, luego de permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por las graves heridas que sufrió al intentar auxiliar a una vecina que, presuntamente, era víctima de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá. La mujer fue atacada con un arma cortopunzante el 17 de octubre y recibió una lesión en la tráquea que comprometió su estado de salud.Según relató su familia a Noticias Caracol, Vanessa se encontraba en su apartamento cuando escuchó los gritos de una vecina que, al parecer, estaba siendo golpeada por su pareja. Al intentar intervenir y acercarse a la vivienda para ayudarla, habría sido atacada por el hombre, quien presuntamente portaba un cuchillo.“Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales”, contó una familiar de la víctima.La gravedad de las lesiones aumentó con el paso de los días. Nathaly Vera, hermana de Vanessa, explicó que durante una intervención quirúrgica los médicos encontraron afectaciones en varios órganos vitales, entre ellos los riñones, el bazo y el hígado. Según su testimonio, el estado de salud de la mujer era crítico.Exigen justiciaTras conocerse el fallecimiento, la familia denunció presuntas demoras en el proceso judicial contra el señalado agresor. Nathaly Vera aseguró que, durante las actuaciones relacionadas con el caso, les indicaron que no habría elementos suficientes para ordenar la privación de la libertad del sospechoso y que los hechos se considerarían lesiones personales, en lugar de un intento de homicidio. Por esta razón, los allegados de Vanessa reclamaron una respuesta de las autoridades y pidieron que se avance con rapidez en las actuaciones judiciales.De acuerdo con el relato entregado por la familia, el hombre señalado de atacar a Vanessa habría escapado del lugar junto con la mujer a la que presuntamente agredía y sus hijos. Los familiares aseguran que el sospechoso está identificado y solicitan que las autoridades adelanten las acciones necesarias para localizarlo y llevarlo ante la justicia.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José David López Celis por el delito de feminicidio agravado de su expareja sentimental, Laura Valentina Lozano, una estudiante universitaria y patinadora artística de 21 años, quien murió el pasado 21 de febrero en un apartamento del barrio Cedritos, en Bogotá.De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la joven acudió al inmueble para recoger sus pertenencias y a su mascota, luego de tomar la decisión de terminar la relación sentimental.Según la hipótesis del ente acusador, López Celis habría intentado impedir que la mujer se marchara mediante amenazas de hacerse daño. Cuando ella ingresó nuevamente al apartamento, el hombre presuntamente la agredió físicamente y le causó la muerte por asfixia mecánica.La Fiscalía sostiene que la relación estuvo marcada por episodios de violencia psicológica y patrimonial, así como por conductas de control, manipulación y amenazas atribuidas al procesado. Estos elementos hacen parte de la investigación con la que el ente acusador busca demostrar la responsabilidad del señalado en el crimen.Además, la Fiscalía incorporó a la acusación la circunstancia de agravación relacionada con el estado de indefensión en el que, según la investigación, habría sido puesta la víctima. Con esta decisión, el caso avanza hacia la etapa de juicio, en la que deberán presentarse y controvertirse las pruebas para establecer la responsabilidad penal del acusado.López Celis había sido capturado inicialmente en flagrancia, pero recuperó la libertad. Posteriormente, en agosto, fue capturado nuevamente de manera definitiva y deberá responder ante la justicia por el feminicidio agravado de su expareja.
Cerca de 200.000 contribuyentes tienen obligaciones pendientes con la DIAN, por un monto de $22,9 billones. Para ponerse al día, pueden acogerse a un beneficio tributario que permite reducir el 85 % de las sanciones y liquidar los intereses de mora con una tasa del 4,5 % anual. Sin embargo, tienen plazo únicamente hasta el 19 de noviembre de 2026 para cumplir las condiciones.El alivio está contemplado en el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y aplica en todo el país para obligaciones tributarias vencidas antes del 10 de agosto de este año. La medida no elimina el capital adeudado: los contribuyentes deben pagar el impuesto correspondiente, los intereses con la tasa especial y el 15 % de las sanciones.Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (OIEM), explicó que el ahorro puede representar una oportunidad para las compañías con deudas tributarias."En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20 % y el 30 % de lo que deben. Si alguien debe 600 millones de pesos, con el alivio puede pagar cerca de 200 y quedar al día", señaló.¿Cómo aprovechar los descuentos de la DIAN antes del 19 de noviembre?De acuerdo con Bustos, no es necesario solicitar autorización ni presentar documentos para acogerse al beneficio. El procedimiento consiste en liquidar cada obligación con los intereses y las sanciones correspondientes al alivio y realizar el pago.No obstante, el especialista identificó cinco errores que pueden impedir que los contribuyentes aprovechen la reducción:Descartar el beneficio por falta de liquidez: antes de desistir, recomienda evaluar alternativas de financiación y comparar sus costos con el ahorro que representa normalizar la deuda.Calcular mal intereses y sanciones: una liquidación incorrecta puede dejar obligaciones pendientes y poner en riesgo el acceso al descuento. "No se equivoquen en el cálculo", advirtió Bustos.Realizar pagos parciales: no es obligatorio normalizar todas las deudas al mismo tiempo, pero cada obligación seleccionada debe pagarse completamente para cumplir las condiciones.Suponer que todas las empresas tienen los mismos acuerdos: las facilidades especiales previstas para determinados contribuyentes afectados por la emergencia no se extienden automáticamente a todos los negocios.Esperar hasta el último día: los errores de liquidación o las dificultades operativas pueden impedir completar el procedimiento antes del vencimiento.¿Qué pasa si no se aprovecha el descuento tributario?Las empresas que no cumplan las condiciones dentro del plazo deberán atender sus obligaciones bajo las reglas tributarias aplicables. Además del ahorro económico, normalizar las deudas puede ayudar a resolver situaciones como embargos de cuentas y procesos de cobro coactivo, dependiendo de cada caso.Bustos recomendó que las compañías revisen sus obligaciones y evalúen cómo obtener los recursos para realizar los pagos antes del 19 de noviembre, fecha límite para acceder al beneficio.
Después de un fin de semana particularmente violento contra las mujeres, con el asesinato de cuatro de ellas en hechos aislados, pues la tendencia continuó este lunes con el ataque a una cajera de la Olímpica, en pleno supermercado en el sur de la ciudad.En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.
A dos años de la sentencia condenatoria por el feminicidio y abuso sexual de Erika Valeria Guzmán Sierra, su madre, Jenny Carolina Sierra, pidió que se haga efectiva la captura de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, anteriormente identificado como Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien fue hallado responsable de los hechos cometidos contra la menor de 17 años el 26 de noviembre de 2019, en el barrio La Coruña, en Bogotá.La preocupación de la madre está relacionada con que, pese a la sentencia, el condenado, quien es su hermanastro, no ha sido capturado. De acuerdo con información de la familia y los registros de Migración Colombia, Sierra Ortiz salió de Colombia en mayo de 2023 con destino a Países Bajos. Por esta razón, también reclama avances en el trámite de ubicación y extradición.El caso se remonta al 26 de noviembre de 2019. De acuerdo con la sentencia, Erika Valeria tenía 17 años y ocho días después de recibir su grado de bachiller, los demás integrantes del núcleo familiar salieron del apartamento 406 de un conjunto residencial ubicado en el barrio La Coruña, por lo que la menor quedó sola en la vivienda con Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien posteriormente cambió y adoptó legalmente el nombre de Massimo Alessandro Sierra Ortiz y tenía 18 años para la época de los hechos.Hacia el mediodía, la madre perdió comunicación telefónica con Erika, debido a que las llamadas y mensajes dejaron de ingresar. Ante la falta de contacto, durante la tarde alertó al exnovio de la joven, Kevin Andrés Talero Cardozo, y a su abuelo, Alfonso Sierra Sánchez, para que fueran hasta la vivienda a verificar qué había ocurrido.En la sentencia se estableció sobre la responsabilidad del condenado “El encartado ejecutará las conductas punibles que fueron atribuidas, dado que el encartado y la víctima convivieron en la misma residencia, y para el día de marras en concreto ellos dos quedaron solos en el inmueble, es decir, existía una verdadera unidad doméstica. Asimismo, estimó que se ejerció sobre el cuerpo de la menor actos de instrumentalización, de opresión y dominio, como quiera que ella no accedió a ese encuentro sexual, tan así que fue ejercido mediante el uso de la violencia”.El cuerpo de Erika fue encontrado en horas de la noche por su abuelo y su exnovio dentro de la vivienda. De acuerdo con el material aportado, la inspección técnica y la necropsia establecieron como causa de muerte una asfixia mecánica por estrangulación, además de hallazgos relacionados con violencia sexual.Dos años después de la condena, la madre asegura que continúa sin conocer con certeza si la orden de captura internacional ya fue activada y cuál es el estado del trámite para ubicar al condenado en el exterior. En entrevista con Blu Radio, Jenny Carolina Sierra expresó su preocupación por la falta de materialización de la decisión judicial.“Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel. Porque no hemos llegado a fin de hacerlo efectivo. Entonces, a veces, me he quedado esperando, bueno, pero al fin, ¿cuándo? Prácticamente, no tengo mucho conocimiento en estos momentos si esa orden ya salió o si ya lo solicitó el juzgado que tiene en estos momentos mi proceso. Entonces, esperé mucho que llegara el fallo condenatorio, pero me quedé con el mismo sinsabor, pues no hay captura”.La madre también explicó que, después de la sentencia, el proceso pasó al juzgado de ejecución de penas en donde se solicitó impulsar la expedición de una circular roja de Interpol.“Yo a esto llegué sin saber nada. Uno como víctima no tiene ni idea de estos procesos, y en el caso mío, yo no conozco de leyes, yo no soy abogada. Y llegué imaginándome que todo este camino que me esperaba después de la muerte de Erika era fácil. Llegamos a la sentencia y, ya la Fiscalía, digamos, como que ellos ya no tienen nada más que ver en el proceso. Cambia de juzgado al juzgado de penas. Y solicitamos, con un impulso procesal, la orden de la Interpol. Efectivamente, él sí tiene orden de captura colombiana”.Sierra agregó que tenía conocimiento de que el trámite ante Interpol se encontraba en curso desde mayo, pero que no había recibido una actualización sobre su estado.“Estaban como en ese proceso desde mayo de enviarle a Interpol la solicitud pero, no supe más. No se si finalmente ya está la circular roja, si efectivamente sí lo están buscando. Y también es un poco desgastante, ya llega el punto en que uno dice, pero ¿qué más hago? Ya pierde uno hasta las esperanzas”.La madre también pidió que la búsqueda no se limite a un solo país, debido a que, de acuerdo con el último registro oficial que se conoce, el condenado salió de Colombia hacia Países Bajos en mayo de 2023.“Entonces, que si la orden que Interpol aún no está, pues, que sea un poco más rápido este proceso y ya sea activada. Y, obviamente, que no se vayan a centrar en un solo país a buscarlo, porque es lógico que él ha estado moviéndose por todo ese continente, digámoslo así. Lo ideal sería, no sé cómo son las leyes, pero sí sería bueno que las cambien, porque no es posible que, durante un proceso de estos, les permitan la salida del país a personas como estas”. El hombre habría salido de Colombia en 2023 en medio del juicio en su contra y que inicialmente se entregó ante las autoridades, pero no fue capturado.Por ahora, desde mayo, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá solicitó al Ministerio de Justicia avanzar en el proceso de ubicación y solicitud de extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz. Sin embargo, no se registra una actualización reciente sobre el estado de ese trámite.
El arte también puede convertirse en una forma de sanar, recordar y construir nuevos caminos. Por eso, Bogotá tendrá este martes 10 de noviembre una jornada especial en la que las historias de quienes han vivido de cerca el conflicto armado serán las protagonistas. Se trata de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos, un encuentro que reunirá a más de 90 artistas y personas víctimas de la violencia en una muestra de creación colectiva, memoria y resiliencia. La cita será a las 5:00 de la tarde en el Teatro El Ensueño, ubicado en Ciudad Bolívar, con entrada gratuita e inscripción previa, hasta completar el aforo.Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es el resultado de cuatro Laboratorios de Paz que hacen parte de la estrategia Barrios Vivos. En estos espacios participaron 97 personas de diferentes sectores que, desde sus propias experiencias, encontraron en el arte una oportunidad para compartir sus historias, hacer visibles sus vivencias y construir nuevos relatos alrededor de la paz.Entre los participantes están 23 mujeres buscadoras, 20 integrantes del Ejército Nacional y sus familias, 23 jóvenes víctimas del conflicto armado y 31 personas víctimas de la violencia en Ciudad Bolívar.Cada uno de estos laboratorios tiene una historia y un propósito particular. El de Mujeres Buscadoras busca reconocer las voces y experiencias de quienes siguen buscando a sus seres queridos mientras que el de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado les abre un espacio a las nuevas generaciones para expresar lo que han vivido y construir otras historias sobre su futuro.Por su parte, el laboratorio del Ejército Nacional y sus familias busca visibilizar las experiencias de quienes también han sufrido las consecuencias de la guerra. Mientras tanto, el proceso desarrollado en Ciudad Bolívar gira alrededor del desplazamiento forzado y de Bogotá como una ciudad de acogida, teniendo en cuenta las historias de las comunidades que han tenido que reconstruir sus vidas en la capital.Todo ese trabajo se verá reflejado en una programación artística que reunirá diferentes expresiones y formas de contar historias. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas de moda performática, tres obras de teatro, música, pintura, danza, intervenciones artísticas, performances e instalaciones inmersivas.Además, la jornada tendrá dos invitados especiales, los artistas César López y Victoria Sur, quienes han encontrado en la música y la sensibilidad social herramientas para promover la memoria, la convivencia y la construcción de paz.La apuesta de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos es demostrar que, a través de la cultura, también es posible reunir a personas con historias y experiencias muy distintas, incluso cuando están marcadas por el dolor. La idea es que sus voces puedan encontrarse en un mismo escenario y que el arte sirva como un puente para recordar, compartir y transformar esas experiencias.Esta iniciativa hace parte de Barrios Vivos, una estrategia de la Secretaría de Cultura que busca que las comunidades sean protagonistas de los cambios en sus propios territorios, reconociendo sus capacidades creativas y utilizando la cultura como una herramienta para fortalecer la convivencia y la transformación social.
Un millonario robo se registró en el municipio de Pitalito, en el sur del Huila. Una mujer fue despojada de cerca de 800 millones de pesos cuando se disponía a realizar una consignación en una sucursal del Banco de Bogotá, ubicada en el centro comercial Gran Plaza San Antonio.De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió al interior de la entidad bancaria, donde la víctima habría sido abordada por dos delincuentes que portaban armas de fuego. Los sujetos la intimidaron y le hurtaron el dinero que llevaba para realizar la operación financiera.De acuerdo con el reporte preliminar del hurto, la mujer contaría con acompañamiento de escoltas, quienes, al parecer, no ingresaron con ella a las instalaciones del banco. Esta circunstancia hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.El teniente coronel Camilo Buitrago, subcomandante encargado de la Policía del Huila, confirmó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta estarían involucradas en el millonario hurto ocurrido en Pitalito."La Policía Nacional del Departamento de Policía Huila adelanta las acciones investigativas y operativas para esclarecer un hurto ocurrido en el interior de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del municipio de Pitalito", señaló el oficial.Asimismo, indicó que los delincuentes intimidaron con un arma de fuego a la ciudadana cuando se disponía a realizar una consignación bancaria y le hurtaron una suma cercana a los 800 millones de pesos.Tras conocerse el millonario robo, unidades de la Policía llegaron al centro comercial Gran Plaza San Antonio y comenzaron las labores de investigación. Entre las acciones adelantadas está la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer su paradero.Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el asalto y dar con los responsables de este millonario hurto que generó momentos de tensión en el centro comercial de Pitalito, Huila.