Tras la polémica que ha surgido en materia judicial dentro del proceso en el que varios miembros de la familia Acosta se disputan el control del hospital y la universidad Metropolitana de Barranquilla, el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo confirmó el representante de Ivonne Acosta y su esposo, Carlos Jaller, el abogado Raúl Romero, quien aseguró que jueces y magistrados en Barranquilla han burlado la justicia colombiana con un entramado de corrupción para favorecer una de las vertientes de la familia Acosta.
"Ya están listas las peticiones y acciones jurídicas para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus derechos han sido vulerados ante la jurisdicción colombiana. Van más de 180 tutelas bajo un mismo proceso penal; manipulan el reparto y burlan la administración de justicia. No tienen ni Dios, ni ley", sostuvo Romero.
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El abogado también denunció que "tras una serie de amenazas e intimidaciones contra sus defendidos y el equipo de trabajo que los representa, ha solicitado el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos tendiendo en cuenta que tanto Ivonne Acosta, como su esposo, Carlos Jaller, son ciudadanos norteamericanos".
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Entre los funcionarios públicos investigados por presuntas irregularidades en el proceso jurídico se encuentran el magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, investigado por prevaricato y enriquecimiento ilícito y el cónsul de Polonia en Barranquilla, Luis Fernando Acosta Osío, quien según un testigo de la Fiscalía, habría entregado cerca de 58 millones de pesos al magistrado.
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