La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, hasta el 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La diligencia fue reprogramada porque las defensas aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia.
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Este mismo inconveniente ya había provocado el aplazamiento de la audiencia en una primera oportunidad. Los abogados de los exministros han advertido dificultades para acceder a los archivos, entre documentos que no abren, están encriptados o requieren contraseñas.
La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes puedan completar la revisión de los elementos probatorios y superar las dificultades técnicas, especialmente las relacionadas con la apertura de los documentos bajo custodia. Por lo que pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.
“Entendemos que, para abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia, lo que va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes, para que se complemente el descubrimiento probatorio”, señaló la magistrada.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, ni siquiera conoce y aseguró que esta situación está dificultando el trabajo de la defensa. También reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que considera relevantes para el proceso.
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“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce? (...) Atosigando a la defensa para que no podamos concentrarnos, por ejemplo, en los chats de Olmedo que la Fiscalía no vio y que tiene cosas gravísimas que el país debe conocer. Pero la Fiscalía no vio. Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido”, indicó Velasco.
A su turno, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuestionó que entre los documentos entregados haya información que, según él, no tiene relación con la investigación. Sin embargo, su principal reclamo fue que la Fiscalía habría dejado por fuera elementos que considera necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos.
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“Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró. La Fiscalía no trae nada absolutamente ni hizo seguimiento de pruebas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se quedó con eso, se quedó con la confesión y no lo siguió. (...) La Fiscalía no ha sido leal con nosotros”, señaló Bonilla.
Frente a estos cuestionamientos, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de las pruebas signifiquen una falta de transparencia del ente acusador. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema y que recibió copias completas de los expedientes, incluso de información que no había requerido específicamente, por lo que decidió entregar todo ese material a las defensas.
“La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene. (...) Hemos sido tan leales que hemos descubierto con total transparencia todo lo que tenemos. Si ello no fuera así, el alegato de hoy no sería que nosotros les damos información que no es pertinente”.
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La fiscal también sostuvo que corresponde a las defensas adelantar sus propias investigaciones y buscar los elementos que consideren necesarios para respaldar sus teorías del caso.
La magistrada, por su parte, aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no estaba atribuyendo una actuación desleal a la Fiscalía. El proceso continuará el 2 de febrero de 2027.