La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la certificación de una empresa que acompañaba técnicamente a Vertol Systems, compañía que obtuvo un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
La investigación se centra en el trámite de renovación del Certificado de Funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de una compañía que participaba en el proceso de adjudicación del contrato. Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, Brenez Vanegas viajó a Florida, Estados Unidos, para adelantar una inspección técnica. Entre las capacidades solicitadas por la empresa estaba la de overhaul, que corresponde a la reparación mayor o general de aeronaves.
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El 20 de noviembre de ese año, el funcionario presentó un informe en el que identificó 19 no conformidades y ordenó implementar un Plan de Acción Correctiva en los siguientes diez días. Entre las deficiencias registradas advirtió que la compañía no tenía capacidad para realizar mantenimiento a aeronaves de mayor envergadura, como los helicópteros rusos MI-17, requisito para desarrollar las labores relacionadas con el contrato.
La Fiscalía también señaló que el inspector conocía previamente un reporte del fabricante de los helicópteros, en el que se advertía a la Aerocivil que la empresa solicitante no recibía asesoría, apoyo técnico ni capacitaciones para desarrollar actividades de overhaul.
Sin embargo, ese mismo 20 de noviembre, Brenez Vanegas habría emitido un segundo reporte en el que entregó concepto técnico favorable a la compañía e incluyó la capacidad de reparación mayor, pese a que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, las inconsistencias identificadas inicialmente no habían sido subsanadas.
Según la Fiscalía, este segundo informe habría inducido a error a otros funcionarios de la Aerocivil, quienes el 26 de noviembre de 2024 expidieron el Certificado de Funcionamiento con las capacidades solicitadas. Esa certificación le habría permitido a la empresa quedarse con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros militares. Posteriormente, el 9 de diciembre de ese año, la compañía presentó el Plan de Acción Correctiva.
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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Brenez Vanegas los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El funcionario no aceptó los cargos.