La organización Pacientes Colombia volvió a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se proteja el derecho a la salud y a la vida. En diálogo con Blu Radio, su vocero, Denis Silva, también se refirió al plan de acción en el que trabaja el Gobierno para la estabilización del sistema y dijo que la ruta de atención a la crisis en el sistema de salud debe tener garantías de no repetición.Según Silva, la organización recurre a la CIDH desde 2025 y atribuye al Gobierno del expresidente Gustavo Petro una crisis humanitaria. “Desde 2025 venimos acudiendo a la Comisión Interamericana por el derecho fundamental a la salud y a la vida. El Gobierno anterior nos dejó una crisis humanitaria sin precedentes, y esa crisis generó víctimas que requieren verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó.El vocero dijo que están de acuerdo con el plan de choque y que la ministra de Salud, Ana María Vesga, va “por el camino correcto”, pero advirtió que, sin garantías, se seguirá afectando a los pacientes. Silva explicó que le preocupan tres puntos: que las EPS son las que postulan a los pacientes con medicamentos pendientes, que son las que cierran los casos y que no permiten verificar la información.“Históricamente, las EPS envían una orden de servicios cuando el usuario presenta una tutela y, en muchos casos, el paciente la pierde. Cuando llega al punto de dispensación o a la cita, le dicen que no hay servicios o que los contratos están vencidos. Por eso pedimos trazabilidad de la información”, dijo.Por otro lado, el vocero hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que respete el presupuesto y se garanticen recursos para el sector. “La invitación es a que se respeten los 3 billones de pesos que la ministra identificó y que son indispensables para estabilizar el sistema de salud. Y que la participación se entienda como un derecho y no como un favor”, sostuvo Silva en diálogo con Blu Radio.Sobre el tamaño del problema, Silva cuestionó las cifras que reportan las aseguradoras. Mencionó que la EPS Mutualser, con cerca de 3 millones de afiliados, reporta solo 4.000 pacientes pendientes en el tablero de seguimiento del Ministerio de Salud, cuando, según él, el número real es “muchísimo mayor”, con corte al 1 de septiembre de 2026. Agregó que otra EPS con un alto número de tutelas por cada 100.000 afiliados reportó apenas 3.000 casos. En el caso de Sanitas, indicó que reportó 536.000 pacientes con pendientes tras el cambio de operador farmacéutico, pues Cruz Verde tenía 12 puntos de dispensación.Frente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Silva fue enfático en que se deben cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. “Hay que acatar lo que la Corte ordenó, eso es innegociable. Si la UPC para 2027 no se genera con suficiencia de recursos, la crisis humanitaria se va a agravar”, advirtió.Finalmente, recordó que el Gobierno anterior se negó a aceptar la visita de la CIDH y pidió al presidente abrir las puertas. “Esperamos que este Gobierno permita una visita de campo. Invitamos al presidente a que abra las puertas para que la Comisión llegue en 2027 a hacer trabajo de campo en Colombia en materia de salud”, concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado venezolano a derogar toda normativa que restrinja de manera indebida la libertad de expresión, en medio del proceso de reforma de la denominada Ley contra el Odio.Por medio de un comunicado, los organismos señalaron que una modificación parcial de esta norma no sería suficiente para corregir las restricciones y los problemas que han advertido desde su promulgación, en 2017.La CIDH y la Relatoría expresaron preocupación por el uso de conceptos amplios y ambiguos que podrían facilitar interpretaciones arbitrarias, así como por las facultades que la ley otorga al Estado para imponer contenidos y exigir a los medios de comunicación retirar información de interés público.Además, advirtieron que la aplicación de esta normativa habría sido utilizada de manera selectiva y desproporcionada para sancionar expresiones críticas. Según cifras citadas por el CIDH, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios señalados por presuntos delitos de odio. Entre ellos había 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación. En 65 de esos casos se habría invocado la Ley contra el Odio.La advertencia se conoce mientras la Asamblea Nacional venezolana adelanta un proceso para reformar parcialmente la ley, con el propósito de avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas en ella.Ante este panorama, la CIDH y su Relatoría insistieron en que el proceso legislativo debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores que puedan verse afectados.Por eso, solicitaron a la Asamblea Nacional publicar el texto completo de la reforma que será discutida y habilitar espacios de participación para conocer las observaciones de estos sectores.Los organismos también alertaron que las restricciones a la libertad de expresión no se limitan a la censura directa, pues las normas ambiguas y las posibles sanciones pueden generar temor, autocensura y desincentivar la participación en el debate público.
En medio de las polémicas y las discusiones que se adelantan sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen un llamado al Gobierno Nacional para que garantice el funcionamiento del tribunal y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.Desde el órgano internacional, señalan que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para el debido desarrollo de los procesos de justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, que señalan, son indispensables para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de la propuesta que contempla reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP.Según la CIDH, de concretarse esta medida, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Además, agregan que la propia jurisdicción ha advertido que esta situación podría poner en riesgo su funcionamiento, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes y la implementación de las sanciones propias.Asimismo, la Comisión expresó su preocupación por los recursos previstos para la UBPD, que serían inferiores a sus necesidades operativas y a los asignados en 2026. De acuerdo con información pública de la entidad, esta situación podría afectar capacidades esenciales para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, como las búsquedas en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el trabajo territorial de sus equipos. Además, podría implicar el cierre de al menos la mitad de sus laboratorios forenses y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.La Comisión señaló que, aunque los Estados tienen margen para definir sus prioridades de gasto público, las decisiones presupuestales deben tener en cuenta su impacto sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.“Si bien los Estados cuentan con margen para definir sus políticas de gasto público y prioridades presupuestarias, las decisiones en esta materia deben tomar en consideración su impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló la Comisión.En ese sentido, la CIDH sostuvo que los órganos encargados de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas deben contar con recursos adecuados, suficientes y estables.“La Comisión recuerda que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, exigen dotarles de recursos adecuados, suficientes y estables”, agregó. Es por esto por lo que la CIDH hizo un llamado al Estado para que considere, en la aprobación del Presupuesto, la importancia de la JEP y UBPD para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera, teniendo en cuenta, además, el carácter temporal y excepcional de sus mandatos”, concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de un niño indígena de un año en Colombia al considerar que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal están en riesgo por las dificultades para acceder al tratamiento que requiere para una enfermedad huérfana e incurable.La decisión fue adoptada mediante la Resolución 56 de 2026, después de analizar el caso de un menor diagnosticado con Epidermólisis Bullosa Distrófica Recesiva, una enfermedad genética que exige atención médica permanente, medicamentos, insumos especializados y controles frecuentes, debido a que causa una extrema fragilidad en la piel y en todas las mucosas.De acuerdo con la CIDH, aunque el niño cuenta con una tutela a su favor que ordena garantizar su tratamiento, no existe evidencia de que los medicamentos, insumos y atenciones médicas se estén suministrando de manera regular y continua, lo que podría agravar su estado de salud.Durante el trámite, el Estado colombiano informó que la Nueva EPS, el Hospital Pediátrico La Misericordia, HOMI, y Cafam están atendiendo el caso. También aseguró que la mayoría de los medicamentos e insumos ya fueron entregados y que los pendientes obedecen al desabastecimiento de algunos productos, la renovación de órdenes médicas y ajustes en la formulación de ciertos insumos.Ante esta situación, la Comisión le pidió al Estado garantizar de manera oportuna y continua todos los tratamientos, citas médicas e insumos prescritos, asegurar el transporte del menor a sus controles cuando sea necesario y adoptar un enfoque diferencial por su condición de niño indígena. Además, solicitó que las medidas sean concertadas con sus padres, teniendo en cuenta la edad del menor y el idioma de su madre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del colombiano Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.De acuerdo con la información evaluada por la comisión, Murcia Correa sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada. Posteriormente, el 2 de abril, una valoración médica ordenó su remisión urgente a un centro especializado para practicar una cirugía reconstructiva de pie y tobillo.“Sin embargo, pese a contar con una sentencia de tutela a su favor y diversas solicitudes de remisión, la intervención indicada aún no ha sido practicada, existiendo el riesgo de amputación de su miembro inferior afectado”, señaló la CIDH.La CIDH señaló que, tras revisar los antecedentes del caso, encontró que “pese a las múltiples gestiones de remisión realizadas por las entidades competentes de salud, y una acción de tutela favorable, hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Asimismo, advirtió que han transcurrido “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.Según indicó, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Además, reconoció la gravedad de la condición médica de Murcia y la necesidad urgente de la intervención quirúrgica ordenada.Por esta razón, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Breider Murcia Correa, teniendo en cuenta la valoración médica emitida el 2 de abril de 2026 y las decisiones judiciales que han ordenado su atención.
El excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro y dos de sus ministros de Salud, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema sanitario en Colombia.La acción jurídica, que toma como uno de sus referentes la muerte del niño Kevin Acosta quien falleció el 13 de febrero por negligencia por parte de la Nueva EPS, advierte sobre un deterioro en la prestación de los servicios de salud que, según el dirigente político, estaría afectando de manera crítica a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.Galán también incluyó en la denuncia a la exministra Carolina Corcho y al actual titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno han incidido en la disminución del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y servicios médicos especializados.De acuerdo con lo expuesto en la solicitud presentada ante la CIDH, en el último año y medio han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de otros ciudadanos que, según la denuncia, no habrían recibido atención médica a tiempo ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.Desde Washington, Galán afirmó que la situación actual representa una vulneración grave de derechos fundamentales. “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, señaló, al tiempo que calificó la crisis como un problema estructural que requiere atención urgente a nivel internacional.Galán envió un mensaje al próximo gobierno y aseguró que quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema, con el objetivo de restablecer la eficiencia, la sostenibilidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que, “no se han agotado los recursos internos disponibles”.Esta explicación que ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño se suma a que el Estado colombiano manifestó que, “no se ha excedido plazo razonable para su decisión”, esto teniendo en cuenta que han pasado más de dos décadas y ya, incluso, se han muerto cuatro de las personas reclamantes.Hay que mencionar que está afectación llegó cuando en 2003 los paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor que se ha hecho como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, a la vez que indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado Colombiano."Para el estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente, esperando que la unidad de restitución de tierras le devuelva la tierra a la familia de la Teca Turbo", dijo. Además, hay que mencionar que el proceso ha tenido varias decisiones como en el 2009, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución o en el 2013 cuando la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó.Por su parte, en el 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy y desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco para finalizar en el 2025 con la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.
Creado en 2017 y sumando millones de jugadores años tras años, Fortnite, de Epic Games, se ha convertido en un fenómeno mundial reuniendo incluso competencia millonarias y grandes eventos en el planeta, sin embargo, este noviembre de 2026 ha vivido, tal vez, uno de los mejores momentos de toda su historia.Tras finalizado Halloween, el videojuego anunció una colaboración especial con One Piece, el reconocido anime de Eiichiro Oda, pero con esta llegó algo aún más grande: un tesoro denominado el ‘ticket dorado’ que quienes lo encuentren tendrán acceso gratis a todos los artículos del juego durante 14 días.Aunque parezca algo básico, la estrategia resultó ser un éxito y millones de personas buscan cada hora ese ticket, que, en redes sociales, se ha visto a cientos ya lograrlo, pero no es nada fácil debido a la baja tasa de posibilidad existente que hay para que salga.Esta es la probabilidad del ‘ticket dorado’ de FortniteConseguir el llamado ticket dorado de Fortnite, conocido oficialmente como Pirate Shop Access, es una tarea bastante difícil debido a sus bajas probabilidades de aparición.Según las cifras divulgadas por Epic Games el 7 de noviembre de 2026, cada cofre abierto en una partida normal tiene una posibilidad entre 137.500 de entregar este premio, lo que equivale aproximadamente a un 0,000727 % de probabilidad. Este objeto permite acceder durante 14 días a artículos seleccionados de la tienda del juego sin gastar paVos (V-Bucks), algo que tiene a más de 4 millones de personas al día entrando a jugar al menos una partida.En estas jornadas, la opción de conseguir el ticket puede mejorar 1,5 veces frente a la tasa habitual y, en una sesión especial del 7 de noviembre, llegó a duplicarse, pasando de una posibilidad entre 137.500 a una entre 68.750 cofres. Aun así, no existe una cantidad de cofres que garantice obtenerlo, pues cada apertura representa una nueva oportunidad aleatoria.
En palabras del técnico Néstor Lorenzo, la Selección Colombia se ha visto beneficiadas por clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior, Envigado, entre otros, con el talento que sale de su cantera y suman en su once titular en cada semestre; sin embargo, la situación no es igual por la capital con Santa Fe y Millonarios, que, según ranking, pasa todo lo contrario.De acuerdo con el reciente ranking del Cies Football Observatory, Santa Fe y Millonarios se encuentran entre los clubes sudamericanos más viejos del continente, es decir, que la media de edad de su plantel supera los 30 años de edad, demostrando que, desde hace tiempo, ambos clubes no potencian talento desde la cantera.Si bien Millonarios formó futbolistas como Carlos Andrés Gómez o Oscar Cortés, el plantel embajador se ha mantenido casi con los mismos nombres en los últimos años, sumando poco jugador de la cantera, mismo caso de Santa Fe, que, si bien son jugadores que por su experiencia permiten al equipo competir al más alto nivel, no se da casi oportunidades a las fuerzas básicas del equipo.El ranking lo lidera el Huancayo de Perú, que tiene un promedio de 31.3 años, seguido de Santa Fe con 31.0, Fluminense es tercero con 30.9 y Millonarios cuarto con 30.7 años.Esta es la media de edad del FPC, según TransferMarktIndependiente Santa Fe: 30,1 añosMillonarios FC: 30.7 añosJaguares de Córdoba: 29,7 añosAsociación Deportivo Pasto: 28,7 añosJunior de Barranquilla: 28,6 añosAtlético Bucaramanga: 28,6 añosAtlético Nacional: 28,5 añosDeportivo Cali: 28,3 añosOnce Caldas: 27,5 añosIndependiente Medellín: 27,3 añosÁguilas Doradas: 27,1 añosLlaneros FC: 26,9 añosCD América de Cali: 26,6 añosAlianza FC: 26,6 añosCúcuta Deportivo: 26,4 añosDeportes Tolima: 25,6 añosInternacional de Bogotá: 25,5 añosBoyacá Chicó FC: 25,4 añosDeportivo Pereira: 24,9 añosFortaleza CEIF: 24,6 años
El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que solicitará ante la plenaria del Senado la revocatoria del permiso que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país durante un año. La iniciativa busca que el Congreso revise la autorización concedida el pasado 12 de agosto, luego de los nuevos escándalos y denuncias que han surgido alrededor de la anterior administración. En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió su propuesta y aseguró que el exmandatario debe permanecer en Colombia mientras se esclarecen los señalamientos. "Si no tiene nada que temer, pues que se quede y entregue los soportes", manifestó el senador.Rodríguez explicó que su solicitud está relacionada con las recientes declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como con las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y posibles hechos de corrupción en diferentes entidades del Estado. También mencionó las investigaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente la captura de un funcionario señalado de participar en posibles interceptaciones y seguimientos a expresidentes de la República mediante dispositivos GPS instalados en sus vehículos blindados. Para el senador, estos hechos representan nuevos elementos que, a su juicio, justifican revisar el permiso otorgado a Petro.El congresista también anunció que solicitará a la Secretaría del Senado información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para las salidas del expresidente. Según explicó, aunque la autorización tiene una vigencia de un año, Petro debe presentar informes cada vez que salga y regrese al territorio nacional, con el propósito de informar sobre sus desplazamientos. Rodríguez cuestionó si ese procedimiento se ha cumplido y pidió verificar los antecedentes documentales antes de discutir la posible revocatoria.Sobre la posibilidad de que el Senado respalde la iniciativa, Rodríguez aseguró que ha sostenido conversaciones con diferentes congresistas para conseguir apoyo a la proposición. Aunque no dio nombres, afirmó que ha encontrado disposición entre algunos sectores políticos, incluido el Centro Democrático."Hay que hacerles caer en cuenta que en esos tres meses hay nuevas pruebas. Es diferente el Gustavo Petro de hace tres meses. Pero vuelvo y repito, Eva Ferrer hace unas declaraciones demasiado graves donde habla de narcotráfico, armamento y de dinero", agregó.Finalmente, Rodríguez insistió en que el objetivo de su propuesta es que el Congreso ejerza sus facultades y revise una autorización que, según su postura, debe responder a las circunstancias actuales."Nadie está por encima de la ley", afirmó, al señalar que Gustavo Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por tanto, debe someterse a las decisiones de las instituciones.
MiLoto realiza este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes, 9 de noviembre de 2026 es: MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $600 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El sorteo 2.733 de Baloto, de este lunes 9 de noviembre de 2026, espera por un ganador del premio mayor, quien debe acertar los cinco números y la superbalota.Combinación ganadora del Baloto Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:Números de la suerte:Súper Balota (SB): Combinación ganadora de Revancha Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:Números de la suerte: Súper Balota (SB): ¿Cómo jugar Baloto y Revancha? Participar en Baloto y Revancha es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir ninguno, y elegir una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación será la que les permitirá participar por los premios acumulados que ofrece el juego.Por su parte, quienes deseen participar también en Revancha pueden hacerlo utilizando los mismos números seleccionados para Baloto. Para ello, deben pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido, con el que tendrán la oportunidad de competir por el acumulado multimillonario de esta modalidad. Es importante tener en cuenta que para jugar Revancha es obligatorio realizar primero una apuesta en Baloto.Próximo sorteo programadoFecha del evento: Miércoles 11 de noviembre de 2026.Bolsa conjunta en juego: Más de $24.200 millones de pesos entre ambas modalidades.Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
