En los últimos tres años han sido asesinados 21 conductores y tan solo en 2024 ha habido 10 retenciones de vehículos por parte de grupos armados y comunidades.Graves denuncias hizo el gremio de transportadores de carga en Colombia, que ha registrado 70 carros incinerados en los últimos 6 años, 2.200 bloqueos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, 10 retenciones de vehículos por grupos armados o comunidades este año y la lista sigue.A ello se suma que hay ocho departamentos del país con control total de grupos armados, por lo que a los conductores de carga les toca pasar con salvoconductos. A su vez, en los últimos tres años han asesinado 21 conductores. Ante este crudo panorama de inseguridad, este gremio denunció a 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los incumplimientos del Gobierno nacional.Sobre inseguridad en ColombiaAnderson Quiceno, director nacional de los transportadores de carga (ATC), lamentó la situación de inseguridad en Colombia para el gremio que representa.“Nosotros a raíz precisamente de todo el incumplimiento con el Gobierno Nacional lo denunciamos, denunciamos 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH, por la inseguridad que estamos viviendo en todas las carreteras del país con polizones y caminantes”, aseguró el dirigente del gremio.Aunque reconocen que es su problema central, no es el único por el que incluso se sumaron a la manifestación de este domingo en Medellín. Además, piden ayuda con temas como los polizones y caminantes que se trepan en sus vehículos, además de garantías de salud, bajar la sobreoferta, subsidiar las tarifas y tener un régimen pensional especial, por tener una actividad que por lo general es informal.
Del 15 al 19 de abril, los comisionados de la CIDH estuvieron en Bogotá y siete departamentos del país. Esta visita tuvo dos enfoques, iniciando por la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la seguridad ciudadana.“La última visita en Colombia de 2012 se basó en la firma del Acuerdo de Paz. Colombia es un país caracterizado por la violencia, pobreza y desigualdad en algunas regiones, y la transmisión socioeconómica es compleja por la discriminación de clases y el racismo”, expresó la presidente de la CIDH, Roberta Clarke.Además, los comisionados apuntan que el acuerdo de paz marcó un cambio y que estuvo centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y dejar las economías ilegales, pero estas acciones no suponen una sociedad más justa e incluyente.Por otro lado, el relator de Colombia ante la CIDH, José Luis Caballero, expresó que se han excluido a pueblos indígenas, comunidades negras, afros y palenqueras. Además, que paralelamente el patriarcado ha creado una sociedad que subordina mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTI.Conclusiones de la visita de la CIDH a Colombia:1. Llamar al Estado para que desarrolle políticas que garanticen el acceso pleno y disminuya la desigualdad, además de fortalecer su presencia en el territorio.2. El ejecutivo debe proteger la vida e integridad de las comunidades y personas en esos territorios donde se decretaron cese al fuego y seguir la ruta establecida en el acuerdo de paz.3. Llama al Congreso de la República a priorizar el debate constructivo y los consensos para estudiar la reforma a la ley de víctimas.4. Exhorta a la Fiscalía y entes judiciales para juzgar a los autores materiales e intelectuales de delitos en contra de los DD.HH.5. La CIDH confía en que el Estado y la sociedad en conjunto pueden lograr avanzar en las transformaciones para alcanzar la paz y alcanzar la vigencia de los DD.HH en Colombia.Por último, la CIDH se pronunció frente a los ataques del presidente Gustavo Petro a la prensa y dijo que se debe garantizar la libertad de expresión y que bajo ninguna circunstancia se ponga en riesgo a los periodistas con estigmatizaciones.
El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, se reunieron este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que manifestaron "varias preocupaciones" sobre el país, como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de "paz total" del Gobierno."Sobre el proceso de paz de La Habana y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total, expresamos la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto", dijo la senadora Paola Holguín en una rueda de prensa.Holguín mencionó cifras de secuestro y de reclutamiento forzoso de menores, especialmente de comunidades indígenas, así como "la preocupación por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo en las votaciones".Los miembros del Centro Democrático no dieron más detalles de la reunión porque la CIDH les pidió confidencialidad, aunque el exmandatario precisó que la delegación no dijo nada y solo los escuchó.Uribe aprovechó el espacio, y la petición de confidencialidad de la CIDH sobre el encuentro, para volver a insistir en su inocencia en el caso en su contra de soborno de testigos y fraude procesal y repasar todas las pruebas que, según él, demostrarían que se trata de un montaje político en su contra. También detalló que le entregó un dossier con toda la información a la delegación de la CIDH, que se encuentra en Colombia en una visita a petición del Estado que arrancó el lunes 15 de abril y finaliza este viernes y que han aprovechado para reunirse con diversos sectores de la sociedad civil y política colombiana así como con instituciones estatales.El caso Uribe La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe será llamado a juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente colombiano demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos. La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente. Desde que se anunció la decisión de la Fiscalía, Uribe ha insistido en diversas ocasiones en el supuesto "montaje político" que según él representa este caso, y el lunes acusó a Cepeda de ser él quien sobornó a Monsalve.
En medio de una reunión que sostuvieron voceros del Centro Democrático con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se encuentran de visita en el país, el expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse al proceso judicial en su contra por presunta manipulación de testigos.El encuentro tuvo como fin que el Centro Democrático expresara su preocupación por la supuesta violación de las garantías democráticas y también la afectación de las instituciones en Colombia, por las decisiones que ha tomado el Gobierno de Gustavo Petro. Así lo dijo la senadora Paola Holguin, “expresamos nuestra preocupación por el debilitamiento de la Fuerza Pública, el fortalecimiento de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto como el secuestro, cuyas cifras son similares a las que teníamos hace 16 años”.A su vez, el exmandatario afirmó que entregó a este organismo toda la documentación de este caso, que aportará durante la realización de las diligencias que se encuentran en curso.“Entregamos a la Comisión un folio documental muy extenso, se van a demorar muchos días leyendo toda la documentación que les entregué, esto es una documentación que prolija y se les va a agregar el tema de la versión libre”, expresó Uribe.Reiteró su postura negativa de que hubiese ido a las cárceles a buscar testigos para cambiar las declaraciones a su favor y que su único propósito fue verificar testimonios y no sobornar a nadie.
José Luis Caballero, comisionado de la CIDH y relator para Colombia, anunció en la mañana de este lunes 12 de abril, el inicio de la visita in loco a Colombia con varias líneas de trabajo.El principal propósito de esta visita es observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones étnico raciales y de género.Esta visita tendrá dos enfoques, iniciando por la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la seguridad ciudadana, desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta del Estado ante esta problemática.La CIDH no solo estará en la capital del país, sino que además, visitará los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; donde se entrevistará con representantes de los distintos poderes del Estado, con autoridades nacionales, departamentales y municipales.En estos lugares también se mantendrán encuentros con las diversas organizaciones de la sociedad civil para escuchar el más amplio espectro de voces representativas de Colombia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes, 18 de marzo, a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso."La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos", dijo Mudrovitsch.El caso se refiere a la persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano de la que fue víctima a partir de 1990 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 "diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares".En ese contexto "las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos", señaló la CorteIDH."Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la Ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización", añade el tribunal internacional.La CorteIDH también estableció que las víctimas de este caso "sufrieron distintos hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales".A su vez, indicó que si bien determinados hechos de amenazas fueron cometidos por organizaciones paramilitares, "el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a dichas organizaciones información personal de estas últimas".Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".Igualmente, la CorteIDH ordenó al Estado "depurar los archivos de inteligencia para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas con relación a los datos que sobre ellas obren en tales archivos".El Estado también deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y adecuar la Ley 1621 de 2013 a efecto de que su regulación sea compatible con los estándares convencionales sobre la materia".Colombia además deberá "adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia" y realizar una campaña informativa a nivel nacional, "para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos".
De manera poco usual, varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección de fiscal General de la Nación.El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que “alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible”, argumentando que “la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia”.Al final de ese pronunciamiento, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo individualiza, “particularmente al Gobierno” a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias de ningún tipo.Este comunicado se suma a los emitidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA, en los que también le piden a la Corte Suprema que elija con prontitud fiscal General, además con varios detalles imprecisos: la CIDH asegura que la Corte está en moratoria desde el pasado 7 de diciembre frente al trámite, algo que no es cierto, porque ese día apenas comenzó el proceso de votación. La otra imprecisión es la que ha evidenciado el exvicepresidente Humberto De La Calle quien ha criticado al secretario de la OEA Luis Almagro, quien advirtió en un comunicado que en Colombia estaría en desarrollo un supuesto golpe contra el presidente Gustavo Petro, algo que según De La Calle, es una fantasía.Los pronunciamientos de estos organismos de derechos humanos urgiendo a la Corte para elección de fiscal son llamativos porque en ninguna otra oportunidad, ni siquiera cuando los magistrados devolvieron al expresidente Álvaro Uribe una terna y aplazaron hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos la elección de Fiscal General, dijeron una palabra.Ahora viene la ofensiva política y diplomática de congresistas del Centro Democrático que están en Washington para reunirse con el Secretario de la OEA, Luis Almagro e intentarán un encuentro con la CIDH para expresar su posición, desmintiendo al Pacto Histórico, que hace una semana había estado en esos mismos escenarios denunciando un supuesto “golpe blando” contra el presidente Gustavo Petro.
La contienda jurídica por la Alcaldía de Santa Marta no termina. A pesar de que Carlos Pinedo viene ejerciendo su mandato en la capital del Magdalena, el grupo político de su contrincante, Jorge Agudelo, no se da por vencido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, llegó un grupo de congresistas de Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico, quienes explicaron lo que ellos consideran un “robo a la democracia”.Ingrid Aguirre, representante del Magdalena por el partido Fuerza Ciudadana, entregó los detalles de esta reunión que busca que se le devuelva los derechos políticos al candidato Agudelo, quien fue sacado de la contienda tras una decisión del Tribunal Superior del Magdalena adoptada por comisión escrutadora que decidió considerar como votos no marcados los depositados a favor del aspirante naranja, sustentando que su inscripción fue extemporal.“Expusimos el asalto a la democracia en el Distrito durante las pasadas elecciones, donde el pueblo samario eligió a Jorge Agudelo como su alcalde y una comisión borró los votos favoreciendo al candidato de las mafias”, dijo la congresista desde la entrada del edificio de la CIDH.La reunión con miembros de este organismo también sirvió para tocar temas que evidencian la guerra jurídica y mediática dirigida contra figuras nacionales, los mismos que han venido venciendo en las urnas a la extrema derecha.“Les dimos a conocer el lawfare constante contra nuestro presidente fundador, Carlos Caicedo, por parte de la Fiscalía; la estigmatización a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el movimiento sindical; y el ataque del fiscal Francisco Barbosa y los órganos de control al Gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la congresista de Fuerza Ciudadana.Demanda electoralEn las últimas horas, se conoció el oficio enviado por el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Superior del Magdalena en la cual expresa: "no acceder a la solicitud de medida cautelar" solicitada por Jorge Agudelo Apreza que implica la suspensión temporal de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta.De igual forma, el Tribunal Superior notificó de dicha demanda a Carlos Pinedo, quien tiene cinco días hábiles para pronunciarse al respecto. Se espera que después de Carnavales el Tribunal tome una decisión de fondo en este caso y se conozca cuál será el futuro de la Alcaldía de Santa Marta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de "regímenes autoritarios", por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.Para la Cidh, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición "se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno".Adicionalmente, en su opinión, "se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas".La Cidh es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.El Gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la Cidh, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido."Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal", dijo la CIDH, subrayando que "en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad".En Venezuela, añadió, "es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público", y también se deben adoptar "con urgencia" medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos."Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas", concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Bogotá es la cuna histórica del rock en español colombia. Si bien Juanes colocó la esencia nacional en el mapa siendo de Antioquia, muchos otros lograron crear su propia comunidad en la capital del país que sigue estando vigente en el día a día en los sonidos de las calles de la ciudad para que bandas como Lika Nova aparezcan en ese movimiento.“Siento que este es un país rockero en sus huesos. Si bien hay muchos géneros que están por fuera y no conviven mucho en el rock, la mayoría de las bandas nacimos en ese entorno. El rock puede que no esté presente en el sonido, pero en el formato e imaginario de todos de cierta forma nos ha influenciado (…) La actualidad del género es que hay mucho por explorar, muchos proyectos que los mantienen vivo y se ven festivales como el FEP, Cordillera o Rock al Parque”, dijo Josué, baterista de Lika Nova, en diálogo con Blu Radio.Aunque hoy las listas de reproducción sean líderes por cantantes como Feid, Blessd, Karol G y otros urbanos, el rock sigue latiendo en los corazones, incluso, de los más jóvenes del país debido a que la conexión, según Josué, sigue siendo algo personal y espiritual, una serie de himnos que de pronto otros géneros no tienen.“Lo más chévere es que el rockero bogotano escucha reggaetón con orgullo, antes era un pecado. Pero a la final son dos discursos diferentes y de pronto esta música está hecha para festejar; pero las bandas aún te acompañan en momentos difíciles de la vida, son las bandas sonoras que acompañan cuando están felices, tristes y todo esto (…) Siento que es el peso que tienen estos proyectos. No mucha gente dice, se murió un familiar y pondré un perreo, pues no”, añadió.¿Qué es Lika Nova?Levy y Josué Bessolo (bajista y baterista, mellizos), David Useche (teclados), Brian Coronado (guitarra) y Luis Rojas (voz) son los integrantes de esta banda alternativa de voz en español bogotana que maneja sonidos funky, que, según ellos, se ha visto influenciada por los sonidos de la capital y las experiencias del proyecto por diversos lugares.Buscan su tercer disco y salieron dos canciones de un trabajo de dos años buscando resumir el ADN de lo que son ellos en sí. “Se ha construido en una serie de giras, viajes y cosas importantes de la banda”.
“Toros sí, toreos no” es lo que gritaban los antitaurinos luego de una larga jornada donde se estuvo discutiendo la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros, ya que afirman que es una práctica que atenta contra la dignidad y la vida de los animales.Aunque no se aprobó en la sesión la totalidad del proyecto, se dio un gran avance este martes, 7 de mayo, con la votación de las proposiciones que buscaban archivar este proyecto que finalmente fueron negadas.En la sesión se contó con la presencia de protectores de animales así como también de novilleros que defienden esta práctica.Este 8 de mayo, desde la 1:00 de la tarde se espera retomar el debate de este proyecto que está a solo un paso de ser ley de la República.Cabe recalcar que con este se planea crear programas de reconversión laboral con quienes viven de este oficio.El representante Alejandro García, ponente de esta iniciativa, aseguró que "es un día histórico para el Congreso, es la primera vez que llega un proyecto que prohíbe las corridas de toros a cuarto debate".Por otro lado, cabe recalcar que el proyecto también le apuesta a transformar las plazas de toros, adecuándolas para conciertos, ferias, actividades deportivas o como establecimientos comerciales.La sesión estuvo presidida de varios sucesos que buscaban que se aplazara la discusión, entre esas se presentó una proposición de aplazamiento por el representante José Jaime Uscátegui, quien afirmó que se debían aplazar la discusión y votación de proyectos de iniciativa gubernamental después de los escándalos de corrupción conocidos por todo el país durante los últimos días.Cabe recalcar que en la jornada también estuvo el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien no se refirió en ningún momento al escándalo de corrupción tras las declaraciones de Sneyder Pinilla, donde este resultó salpicado. El funcionario guardó silencio frente al tema durante toda la sesión.
A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al Gobierno nacional por las últimas decisiones que se han tomado sobre la ciudad y aseguró que “es un irrespeto” contra la autonomía de la ciudad con este tipo de decisiones.“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseveró el mandatario.Y es que Galán se refirió puntualmente a dos temas: la intervención de SuperSalud a la Subred Centro Oriente y el POT que anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la Región Metropolitana de Bogotá; casos que criticó al decir que son decisiones que pasan por encima de la autonomía del Distrito.“Si bien el Ministerio de Salud en su última calificación consideró que la Subred Centro Oriente representaba un riesgo bajo, sabemos que existen problemas estructurales e históricos que deben ser solucionados (…) Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo el alcalde, quien también aseguró que les tomó por sorpresa la decisión pidiendo que el superintendente primero dialogue con las autoridades del Distrito.Por otro lado, Galán advirtió que “está en riesgo la autonomía territorial en Bogotá” luego de que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, suspendiera tres proyectos de la empresa Acueducto y le recordó que es la Secretaría de Ambiente la encargada y advirtió que la Secretaría Jurídica tomará acciones judiciales para cuidar el bienestar de los ciudadanos.“Nos llama la atención que, mientras estamos enfocados en aliviar la crítica situación del agua, la Superintendencia de Servicios Públicos ha desplegado acciones frente a lo que ha determinado una vigilancia especial, solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas. Información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes que no tienen relación con el racionamiento, generando dificultades operativas”, añadió y pidió respeto por la autonomía de Bogotá.¿Qué dijo la ministra de Ambiente?El pasado lunes, 6 de mayo, desde Soacha en medio de un evento con el presidente Gustavo Petro, la ministra aseguró que están preparando el POT de la región metropolitana.“Es mejor que tengamos los determinantes claros antes de entrar a esos procesos. Debemos definir eso y también MinAmbiente tiene la potestad porque la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional. De definir los polígonos compatibles con minería, definir en donde se hace minería en la sabana de Bogotá y donde no”, detalló Muhammad.En ese espacio, la ministra aseguró que se deberían hacer cambios en tres proyectos de infraestructura de la empresa de acueducto de Bogotá lo cual, según Galán, es una extralimitación del Gobierno nacional.“La autoridad ambiental en Bogotá es la Secretaría de Ambiente, que mucho antes de esta decisión había desplegado todas las acciones encaminadas al desarrollo sostenible de Bogotá, ejerciendo la administración, control y seguimiento ambiental de los 17 humedales ubicados en la ciudad y garantizando así su conservación”, comentó Galán.El alcalde alertó además por lo que sería otra intervención del orden nacional, y es que en la Superintendencia de Servicios inició una vigilancia especial solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas.
El presidente Gustavo Petro pidió este martes a la Fiscalía investigar los contratos de los últimos ocho años en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), centro de un escándalo de corrupción por el supuesto robo de recursos de esa entidad."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario en una alocución al país.Los contratos de los últimos ocho años en la UNGRD que Petro pide investigar incluyen los dos últimos de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Petro reconoció las irregularidades en la UNGRD durante su Gobierno y agregó que "ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción" pues ese delito "está en todos los partidos y en todos los rincones".Escándalo crecienteLa prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.El caso tomó vuelo el viernes pasado luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.Esto con el objetivo de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del Gobierno de Petro.El presidente colombiano manifestó que el hecho de que la Corte Constitucional tumbara los decretos de emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno había promulgado para atender los problemas de La Guajira, no era "una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos", como pasó con la UNGRD.Igualmente manifestó que la decisión de comprar los camiones cisterna no fue una "directriz" suya, porque justamente el Gobierno buscaba solucionar el problema del agua con los decretos."La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia", añadió el presidente.El escándalo que ha estremecido al Gobierno colombiano motivó la renuncia de la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien según Pinilla, hizo de "mensajera" para llevar las maletas con dinero a Name, que al igual que ella es miembro del partido Alianza Verde.
Con Miguel Monsalve como figura, Independiente Medellín consiguió una contundente victoria en Copa Sudamericana al golear este martes, en condición de visitante (1-5), a César Vallejo de Perú por la cuarta fecha de la fase de grupos.Las emociones del compromiso no tardaron en llegar. Solo 2' después de haber comenzado el juego en territorio peruano, el DIM dio el primer aviso de sus intensiones por intermedio de un cabezazo de Bryan León al piso que se desviado por poco. La respuesta local no tardó tampoco y a los 7' César Vallejo se arrimó en luego de una serie de rebotes dentro del área del poderoso.Más tarde, luego de unos minutos de relativa calma en el juego, César Vallejo generó un contragolpe que terminó con un remate cruzado que no alcanzó a desviar Yorleys Mena, aunque se encontraba en posición irregular.Acto seguido, el DIM abrió el marcador. A los 14', los dirigidos por Alfredo Arias se fueron arriba gracias a Bryan León, que definió rápidamente y de buena manera un pase de Monsalve ante la salida del golero visitante.La igualdad peruano llegó a los 21', cuando, aprovechando un error del arquero Éder Chaux en una salida a cortar un centro desde la izquierda, Jairo Vélez envió el útil al fondo: 1-1.De ahí hasta el final del primer tiempo el DIM fue levemente superior a su rival, pero le bastó para, de nuevo, reflejar esa diferencia en el marcador cuando, sobre el tiempo de adición, Muñis, aprovechando un error en un saque de banda hacia atrás de César Vallejo, volvió a poner arriba al poderoso.Aunque el inicio del periodo complementario tuvo una ocasión de gol para el local, que terminó desviando de buena manera Chaux, de ahí hasta el final fue, prácticamente, una exhibición del DIM.Con un Monsalve encendido, haciendo honor a la cinta de capitán que se acostumbró a lucir en los últimos juegos, Ménder García (60'), el propio Monsalve (73') y Baldomero Perlaza a los 79', solo algunos minutos después de haber ingresado en lugar de Vásquez, dieron cifras al sólido triunfo del rojo.Con la victoria, el DIM, que tendrá su próximo partido en Argentina ante Defensa y Justicia, el poderoso llegó a 9 puntos y asumió el liderato del grupo A, al menos de manera parcial.