La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del colombiano Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.De acuerdo con la información evaluada por la comisión, Murcia Correa sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada. Posteriormente, el 2 de abril, una valoración médica ordenó su remisión urgente a un centro especializado para practicar una cirugía reconstructiva de pie y tobillo.“Sin embargo, pese a contar con una sentencia de tutela a su favor y diversas solicitudes de remisión, la intervención indicada aún no ha sido practicada, existiendo el riesgo de amputación de su miembro inferior afectado”, señaló la CIDH.La CIDH señaló que, tras revisar los antecedentes del caso, encontró que “pese a las múltiples gestiones de remisión realizadas por las entidades competentes de salud, y una acción de tutela favorable, hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Asimismo, advirtió que han transcurrido “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.Según indicó, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Además, reconoció la gravedad de la condición médica de Murcia y la necesidad urgente de la intervención quirúrgica ordenada.Por esta razón, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Breider Murcia Correa, teniendo en cuenta la valoración médica emitida el 2 de abril de 2026 y las decisiones judiciales que han ordenado su atención.
El excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro y dos de sus ministros de Salud, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema sanitario en Colombia.La acción jurídica, que toma como uno de sus referentes la muerte del niño Kevin Acosta quien falleció el 13 de febrero por negligencia por parte de la Nueva EPS, advierte sobre un deterioro en la prestación de los servicios de salud que, según el dirigente político, estaría afectando de manera crítica a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.Galán también incluyó en la denuncia a la exministra Carolina Corcho y al actual titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno han incidido en la disminución del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y servicios médicos especializados.De acuerdo con lo expuesto en la solicitud presentada ante la CIDH, en el último año y medio han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de otros ciudadanos que, según la denuncia, no habrían recibido atención médica a tiempo ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.Desde Washington, Galán afirmó que la situación actual representa una vulneración grave de derechos fundamentales. “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, señaló, al tiempo que calificó la crisis como un problema estructural que requiere atención urgente a nivel internacional.Galán envió un mensaje al próximo gobierno y aseguró que quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema, con el objetivo de restablecer la eficiencia, la sostenibilidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que, “no se han agotado los recursos internos disponibles”.Esta explicación que ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño se suma a que el Estado colombiano manifestó que, “no se ha excedido plazo razonable para su decisión”, esto teniendo en cuenta que han pasado más de dos décadas y ya, incluso, se han muerto cuatro de las personas reclamantes.Hay que mencionar que está afectación llegó cuando en 2003 los paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor que se ha hecho como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, a la vez que indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado Colombiano."Para el estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente, esperando que la unidad de restitución de tierras le devuelva la tierra a la familia de la Teca Turbo", dijo. Además, hay que mencionar que el proceso ha tenido varias decisiones como en el 2009, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución o en el 2013 cuando la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó.Por su parte, en el 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy y desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco para finalizar en el 2025 con la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.
El ejercicio del periodismo en Colombia continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el país enfrenta un escenario en el que la violencia no solo afecta a periodistas de manera individual, sino que impacta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.“La violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”.En un estudio realizado en 34 municipios, el 24% de los medios reportó amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por razones de seguridad. La CIDH advierte que esto ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección, especialmente frente a temas como economías ilegales y orden público.Según la Comisión, la violencia también se manifiesta a través de intimidaciones sistemáticas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que grupos armados presionan a periodistas incluso por redes sociales para influir en contenidos informativos.A este panorama se suma la estigmatización, un elemento que la CIDH considera preocupante. El informe advierte que estos hechos no ocurren de forma aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica.“La Relatoría Especial advierte con preocupación que estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.En particular, señala que funcionarios públicos, como el presidente de la República, han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” o “vagabundos”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.La Relatoría tomó nota de declaraciones del presidente en distintas ocasiones, en las que cuestionó el trabajo de medios y periodistas, llegando a afirmar que algunos “mienten” o “construyen falsedades”. Para la CIDH, este tipo de discurso “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público”, sino que puede aumentar el riesgo de agresiones contra la prensa.“La Relatoría Especial ha señalado de manera consistente que el discurso oficial que estigmatiza a la prensa, calificando su labor de “mentiras” o “noticias falsas”, contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población, y en consecuencia puede colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”.Además, advierte que “las periodistas mujeres continúan siendo blanco de agresiones en entornos digitales que ponen en riesgo su seguridad e integridad y que presentan un evidente componente de violencia de género”. Estos ataques, agrega, buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático.La Relatoría también alertó sobre un patrón de violencia dirigido a mujeres periodistas, especialmente en redes sociales, donde se registran amenazas, campañas de desprestigio y contenidos intimidatorios.“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Asimismo, enfatiza que los discursos de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual deben ser especialmente protegidos en la actualidad”.Además de la violencia y la estigmatización, la CIDH alerta sobre el uso de mecanismos judiciales como forma de presión. Procesos penales, tutelas y sanciones han sido utilizados contra periodistas que investigan asuntos de interés público, lo que, según el organismo, constituye “un medio indirecto de censura”. Incluso la amenaza de estos procesos puede generar autocensura por su “efecto amedrentador”.En este contexto, la Comisión insiste en que el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. “Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar” estos crímenes, señala el informe, advirtiendo que la falta de resultados no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava el efecto inhibidor sobre el periodismo.“Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares."Por otra parte, la Relatoría continuó monitoreando la situación de los medios públicos en Colombia. En ese marco, se tomó conocimiento de un estudio de Colombia Risk Analysis que identificó algunos riesgos en el sistema de medios públicos, entre ellos: la alineación editorial de medios públicos con la agenda gubernamental; estigmatización de periodistas que reforzaría la percepción de medios públicos como “voceros del Gobierno” y privados como “defensores de intereses económicos”; y la asignación de recursos publicitarios con criterios políticos, que puede afectar la cobertura y fomentar autocensura838. Además, la organización advirtió sobre incorporación de creadores de contenido o “influencers” en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia”.Según el informe, se han registrado reportes sobre “presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores”.Pese a este panorama, la CIDH reconoce algunos avances, como decisiones judiciales que fortalecen la investigación de crímenes contra periodistas y fallos de la Corte Constitucional en defensa del acceso a la información. Sin embargo, advierte que persisten desafíos en materia de pluralismo informativo e independencia editorial, especialmente en los medios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo y frenar el avance de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que "expandieron sus ataques" a más regiones del país.Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia "persisten desafíos estructurales relacionados con la violencia", como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay o los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016."Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales", aseguró la CIDH.Pese a que el Gobierno presentó planes para garantizar la seguridad en el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado hubo homicidios de personas con liderazgo social y comunitario y de defensores de derechos humanos, así como el magnicidio de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen "desafíos" para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que aumentaron los homicidios en 2025.La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó además el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000 pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos bari y yukpa."En regiones como Buenaventura y Chocó (norte) se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluyendo asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización", expone el informe.Situación de defensores e indígenasDurante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron a la CIDH "elevados niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de defensores de los derechos humanos".Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos de los cuales 1.322 siguen siendo investigados. De ese número, 793 no tuvieron avances significativos, y de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria y solo 20 recibieron sanciones a los autores intelectuales.Por otra parte, la CIDH aseguró que "se registraron avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas", ya que el Estado promulgó varios decretos que impulsan la educación, la reparación integral y restitución de estos pueblos."No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado", puntualiza el informe.En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron "múltiples situaciones de violencia" hacia esta comunidad, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.La CIDH alertó de que las cifras de violencia contra mujeres "siguen siendo alarmantes", considerando que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa."Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular las provenientes de comunidades indígenas", al igual que las amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
En medio de las alertas por el reclutamiento y uso de menores de edad en el conflicto armado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionó este lunes para recibir denuncias de distintos sectores de la sociedad colombiana que advierten un recrudecimiento del fenómeno, especialmente en el departamento del Cauca.Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), María Eugenia Erazo, reveló que solo en 2025 al menos 233 niños, niñas y adolescentes indígenas han sido víctimas de reclutamiento forzado en los territorios del Cauca. Erazo señaló que esta cifra se suma a los 606 menores reclutados entre 2022 y 2024, lo que demuestra una tendencia sostenida y preocupante.La representante del CRIC explicó que muchos de los menores son trasladados a otros departamentos, como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Caquetá, Guaviare, Meta y Arauca, donde son obligados a participar en actividades ilícitas o en hostilidades dentro de los grupos armados.Según Erazo, el reclutamiento forzado no solo constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sino que también destruye el tejido social y cultural de las comunidades indígenas, afectando su supervivencia y autonomía.Durante la audiencia, los representantes del CRIC pidieron a la CIDH y al Estado colombiano acciones urgentes y coordinadas para frenar el reclutamiento, fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar la protección de los menores en riesgo.El incremento de estos casos en el Cauca refleja la persistencia del conflicto armado y la expansión de los actores ilegales en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo limitada, pese a los esfuerzos del Gobierno por avanzar en su política de “paz total”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado colombiano que entregue explicaciones detalladas sobre las condiciones de seguridad con las que contaba el senador Miguel Uribe Turbay al momento del atentado en su contra, ocurrido el sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá. El organismo internacional también solicitó información urgente sobre las medidas actuales de protección tanto para el congresista como para su familia.Víctor Mosquera, abogado de Uribe Turbay y su familia, confirmó la solicitud y resaltó que la CIDH está indagando por qué el senador no contaba con una protección adecuada en el momento del ataque. “La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca la seguridad actual de Miguel Uribe y la seguridad que se le habría dado a la familia, y qué tipo de medidas se han implementado después de este accidente criminal”, indicó Mosquera.El abogado también anunció que ya se solicitaron medidas cautelares ante la CIDH para proteger a Miguel Uribe, a sus familiares y a los integrantes de su campaña política. Esta petición busca garantizar que se adopten acciones concretas frente al riesgo que enfrentan luego del atentado.“La CIDH está preguntando por qué Miguel no tenía la seguridad adecuada en el momento que pasó este hecho. Agradecemos a la CIDH por ser observador internacional y esperamos que el Estado colombiano haga seguimiento a esta solicitud e implemente las seguridades adecuadas”, concluyó Mosquera.
La misión humanitaria que El Salvador envió a Venezuela logró el rescate de Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanecía atrapada junto a su mascota entre los escombros de un edificio de nueve pisos colapsado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles.El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, informó que la joven fue localizada con vida y que su madre aguardaba en el exterior del inmueble mientras los equipos especializados trabajaban para abrir un acceso seguro hasta el lugar donde se encontraba.El momento del contacto fue compartido por los rescatistas salvadoreños, quienes buscaron transmitir tranquilidad y esperanza a la adolescente mientras continuaban las labores de búsqueda.“Hola, Camila. Buenas tardes. Somos la UHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarte, para sacarte lo más pronto posible”, le expresó uno de los integrantes del equipo, quien también le pidió mantenerse fuerte y responder con golpes sobre la superficie para facilitar su ubicación dentro de la estructura colapsada.Durante el intercambio, los especialistas solicitaron a la joven que describiera qué movimientos podía realizar en el reducido espacio donde permanecía atrapada y le recordaron que todo el equipo trabajaba para llegar hasta ella.“Es un gusto saludarte de parte de nosotros, los salvadoreños, y estamos aquí para hacer todo lo posible y lo necesario que esté a nuestro alcance”, añadió el rescatista, mientras el operativo avanzaba con herramientas especializadas para romper las paredes que aún impedían el acceso al punto donde se encontraba la menor.Horas antes, el presidente Nayib Bukele había informado que los equipos de rescate ya habían localizado a Camila Sofía Medina Rivas con vida y explicó que todavía era necesario atravesar varias paredes para concretar el rescate.La participación de El Salvador forma parte de una amplia operación de asistencia internacional ordenada tras la emergencia sísmica. Inicialmente, el Gobierno salvadoreño ofreció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de búsqueda y atención de víctimas. Posteriormente, la misión fue reforzada con seis aeronaves y un mayor volumen de maquinaria especializada, elevando la capacidad operativa del contingente desplazado hacia La Guaira.Entretanto, autoridades de Venezuela mantienen en 920 la cifra de personas fallecidas y en más de 3.000 los heridos. A esta hora continúa la inspección de los edificios desplomados y la llegada de ayudas internacionales.
El chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales para conocer si lograron acertar alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.Según el resultado oficial del sorteo realizado el viernes 26 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Los jugadores pueden verificar sus resultados en los canales autorizados y puntos de venta oficiales para confirmar cualquier premio obtenido.La quinta balota gana protagonismo en el Sinuano NocheUna de las características que más interés ha despertado entre los apostadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.Incorporada durante 2025, esta modalidad amplía las posibilidades de ganar al permitir nuevas combinaciones y premios adicionales cuando coincide con la selección realizada por el jugador. Gracias a ello, se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por quienes participan frecuentemente en el Sinuano Noche.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.Los interesados pueden participar realizando apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.Modalidades de apuesta disponiblesEl Sinuano Noche cuenta con diferentes alternativas para que cada jugador elija la que mejor se ajuste a sus preferencias.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.Tres cifras directoLa apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uñaPremia a quienes logran acertar únicamente la última cifra sorteada.¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos.Documentos obligatoriosPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Requisitos según el valor del premioPremios menores a 48 UVTSolo se requiere la documentación básica exigida por el operador autorizado.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTLos ganadores deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente con una expedición máxima de 30 días.Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte cada noche en Colombia.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: 8819 - 0.Número ganador: 8819Dos últimas cifras: 19Tres últimas cifras: 819La quinta: 0La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.
A 105 se elevó la cifra de centros médicos clausurados en Soledad, en el Atlántico, donde atendían pacientes sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, aseguraron las autoridades de ese municipio.La más reciente intervención se realizó en las últimas horas de este viernes, cuando un equipo de las secretarías de salud municipal y departamental, junto a la Policía, se tomaron 14 IPS y las sellaron, al encontrar que dichos lugares no garantizaban condiciones adecuadas de infraestructura, bioseguridad, dotación, talento humano ni procesos asistenciales seguros.El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, afirma que el cierre de estos establecimientos constituye una medida preventiva de gran impacto para la salud pública, ya que evita la realización de procedimientos médicos, odontológicos, ópticos y otros servicios que se venían practicando bajo condiciones inseguras, sin supervisión profesional adecuada y sin las garantías legales necesarias para responder ante cualquier eventualidad.“Con estas 14 clausuras, la Administración Municipal alcanza un total de 105 establecimientos de salud cerrados por operar sin el cumplimiento de los requisitos legales durante el actual gobierno. Esta cifra evidencia el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control lideradas por la Secretaría de Salud, así como el compromiso permanente de la Alcaldía de Soledad con la protección de la salud pública y la seguridad de los usuarios de este sistema”, dijo el funcionario.Desde la Alcaldía de Soledad le pidieron a la comunidad verificar que los establecimientos de salud donde reciben atención se encuentren debidamente habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), y denuncien cualquier situación irregular que pueda poner en riesgo su vida.
Cencosud anunció la compra del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, una operación valorada en aproximadamente US$158 millones, que será financiada con recursos propios y que le permitirá fortalecer su presencia en el mercado mayorista del país.Con esta adquisición, la compañía chilena incorporará las 21 tiendas que actualmente opera Makro en 16 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La cadena, con más de 25 años de operación en Colombia, está enfocada en la atención de clientes profesionales, pequeños comerciantes y emprendedores, a través del formato Cash & Carry.La compra representa la entrada de Cencosud a este segmento del mercado colombiano y amplía su portafolio de formatos comerciales en el país. Además, la empresa prevé generar sinergias en áreas como logística, abastecimiento y operación de tiendas.“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, afirmó Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La adquisición también hace parte de la estrategia regional de crecimiento de Cencosud en el negocio mayorista. En 2025, la compañía concretó la compra de Makro en Argentina y actualmente también opera el formato Giga en Brasil.Con presencia en seis países de América, Cencosud suma más de 1.400 tiendas de retail y busca seguir fortaleciendo su oferta multiformato mediante inversiones en supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.
