La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de un niño indígena de un año en Colombia al considerar que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal están en riesgo por las dificultades para acceder al tratamiento que requiere para una enfermedad huérfana e incurable.La decisión fue adoptada mediante la Resolución 56 de 2026, después de analizar el caso de un menor diagnosticado con Epidermólisis Bullosa Distrófica Recesiva, una enfermedad genética que exige atención médica permanente, medicamentos, insumos especializados y controles frecuentes, debido a que causa una extrema fragilidad en la piel y en todas las mucosas.De acuerdo con la CIDH, aunque el niño cuenta con una tutela a su favor que ordena garantizar su tratamiento, no existe evidencia de que los medicamentos, insumos y atenciones médicas se estén suministrando de manera regular y continua, lo que podría agravar su estado de salud.Durante el trámite, el Estado colombiano informó que la Nueva EPS, el Hospital Pediátrico La Misericordia, HOMI, y Cafam están atendiendo el caso. También aseguró que la mayoría de los medicamentos e insumos ya fueron entregados y que los pendientes obedecen al desabastecimiento de algunos productos, la renovación de órdenes médicas y ajustes en la formulación de ciertos insumos.Ante esta situación, la Comisión le pidió al Estado garantizar de manera oportuna y continua todos los tratamientos, citas médicas e insumos prescritos, asegurar el transporte del menor a sus controles cuando sea necesario y adoptar un enfoque diferencial por su condición de niño indígena. Además, solicitó que las medidas sean concertadas con sus padres, teniendo en cuenta la edad del menor y el idioma de su madre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del colombiano Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.De acuerdo con la información evaluada por la comisión, Murcia Correa sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada. Posteriormente, el 2 de abril, una valoración médica ordenó su remisión urgente a un centro especializado para practicar una cirugía reconstructiva de pie y tobillo.“Sin embargo, pese a contar con una sentencia de tutela a su favor y diversas solicitudes de remisión, la intervención indicada aún no ha sido practicada, existiendo el riesgo de amputación de su miembro inferior afectado”, señaló la CIDH.La CIDH señaló que, tras revisar los antecedentes del caso, encontró que “pese a las múltiples gestiones de remisión realizadas por las entidades competentes de salud, y una acción de tutela favorable, hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Asimismo, advirtió que han transcurrido “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.Según indicó, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Además, reconoció la gravedad de la condición médica de Murcia y la necesidad urgente de la intervención quirúrgica ordenada.Por esta razón, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Breider Murcia Correa, teniendo en cuenta la valoración médica emitida el 2 de abril de 2026 y las decisiones judiciales que han ordenado su atención.
El excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro y dos de sus ministros de Salud, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema sanitario en Colombia.La acción jurídica, que toma como uno de sus referentes la muerte del niño Kevin Acosta quien falleció el 13 de febrero por negligencia por parte de la Nueva EPS, advierte sobre un deterioro en la prestación de los servicios de salud que, según el dirigente político, estaría afectando de manera crítica a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.Galán también incluyó en la denuncia a la exministra Carolina Corcho y al actual titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno han incidido en la disminución del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y servicios médicos especializados.De acuerdo con lo expuesto en la solicitud presentada ante la CIDH, en el último año y medio han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de otros ciudadanos que, según la denuncia, no habrían recibido atención médica a tiempo ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.Desde Washington, Galán afirmó que la situación actual representa una vulneración grave de derechos fundamentales. “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, señaló, al tiempo que calificó la crisis como un problema estructural que requiere atención urgente a nivel internacional.Galán envió un mensaje al próximo gobierno y aseguró que quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema, con el objetivo de restablecer la eficiencia, la sostenibilidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que, “no se han agotado los recursos internos disponibles”.Esta explicación que ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño se suma a que el Estado colombiano manifestó que, “no se ha excedido plazo razonable para su decisión”, esto teniendo en cuenta que han pasado más de dos décadas y ya, incluso, se han muerto cuatro de las personas reclamantes.Hay que mencionar que está afectación llegó cuando en 2003 los paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor que se ha hecho como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, a la vez que indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado Colombiano."Para el estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente, esperando que la unidad de restitución de tierras le devuelva la tierra a la familia de la Teca Turbo", dijo. Además, hay que mencionar que el proceso ha tenido varias decisiones como en el 2009, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución o en el 2013 cuando la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó.Por su parte, en el 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy y desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco para finalizar en el 2025 con la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.
El ejercicio del periodismo en Colombia continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el país enfrenta un escenario en el que la violencia no solo afecta a periodistas de manera individual, sino que impacta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.“La violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”.En un estudio realizado en 34 municipios, el 24% de los medios reportó amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por razones de seguridad. La CIDH advierte que esto ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección, especialmente frente a temas como economías ilegales y orden público.Según la Comisión, la violencia también se manifiesta a través de intimidaciones sistemáticas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que grupos armados presionan a periodistas incluso por redes sociales para influir en contenidos informativos.A este panorama se suma la estigmatización, un elemento que la CIDH considera preocupante. El informe advierte que estos hechos no ocurren de forma aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica.“La Relatoría Especial advierte con preocupación que estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.En particular, señala que funcionarios públicos, como el presidente de la República, han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” o “vagabundos”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.La Relatoría tomó nota de declaraciones del presidente en distintas ocasiones, en las que cuestionó el trabajo de medios y periodistas, llegando a afirmar que algunos “mienten” o “construyen falsedades”. Para la CIDH, este tipo de discurso “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público”, sino que puede aumentar el riesgo de agresiones contra la prensa.“La Relatoría Especial ha señalado de manera consistente que el discurso oficial que estigmatiza a la prensa, calificando su labor de “mentiras” o “noticias falsas”, contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población, y en consecuencia puede colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”.Además, advierte que “las periodistas mujeres continúan siendo blanco de agresiones en entornos digitales que ponen en riesgo su seguridad e integridad y que presentan un evidente componente de violencia de género”. Estos ataques, agrega, buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático.La Relatoría también alertó sobre un patrón de violencia dirigido a mujeres periodistas, especialmente en redes sociales, donde se registran amenazas, campañas de desprestigio y contenidos intimidatorios.“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Asimismo, enfatiza que los discursos de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual deben ser especialmente protegidos en la actualidad”.Además de la violencia y la estigmatización, la CIDH alerta sobre el uso de mecanismos judiciales como forma de presión. Procesos penales, tutelas y sanciones han sido utilizados contra periodistas que investigan asuntos de interés público, lo que, según el organismo, constituye “un medio indirecto de censura”. Incluso la amenaza de estos procesos puede generar autocensura por su “efecto amedrentador”.En este contexto, la Comisión insiste en que el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. “Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar” estos crímenes, señala el informe, advirtiendo que la falta de resultados no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava el efecto inhibidor sobre el periodismo.“Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares."Por otra parte, la Relatoría continuó monitoreando la situación de los medios públicos en Colombia. En ese marco, se tomó conocimiento de un estudio de Colombia Risk Analysis que identificó algunos riesgos en el sistema de medios públicos, entre ellos: la alineación editorial de medios públicos con la agenda gubernamental; estigmatización de periodistas que reforzaría la percepción de medios públicos como “voceros del Gobierno” y privados como “defensores de intereses económicos”; y la asignación de recursos publicitarios con criterios políticos, que puede afectar la cobertura y fomentar autocensura838. Además, la organización advirtió sobre incorporación de creadores de contenido o “influencers” en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia”.Según el informe, se han registrado reportes sobre “presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores”.Pese a este panorama, la CIDH reconoce algunos avances, como decisiones judiciales que fortalecen la investigación de crímenes contra periodistas y fallos de la Corte Constitucional en defensa del acceso a la información. Sin embargo, advierte que persisten desafíos en materia de pluralismo informativo e independencia editorial, especialmente en los medios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo y frenar el avance de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que "expandieron sus ataques" a más regiones del país.Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia "persisten desafíos estructurales relacionados con la violencia", como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay o los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016."Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales", aseguró la CIDH.Pese a que el Gobierno presentó planes para garantizar la seguridad en el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado hubo homicidios de personas con liderazgo social y comunitario y de defensores de derechos humanos, así como el magnicidio de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen "desafíos" para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que aumentaron los homicidios en 2025.La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó además el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000 pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos bari y yukpa."En regiones como Buenaventura y Chocó (norte) se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluyendo asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización", expone el informe.Situación de defensores e indígenasDurante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron a la CIDH "elevados niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de defensores de los derechos humanos".Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos de los cuales 1.322 siguen siendo investigados. De ese número, 793 no tuvieron avances significativos, y de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria y solo 20 recibieron sanciones a los autores intelectuales.Por otra parte, la CIDH aseguró que "se registraron avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas", ya que el Estado promulgó varios decretos que impulsan la educación, la reparación integral y restitución de estos pueblos."No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado", puntualiza el informe.En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron "múltiples situaciones de violencia" hacia esta comunidad, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.La CIDH alertó de que las cifras de violencia contra mujeres "siguen siendo alarmantes", considerando que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa."Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular las provenientes de comunidades indígenas", al igual que las amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
