La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de un niño indígena de un año en Colombia al considerar que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal están en riesgo por las dificultades para acceder al tratamiento que requiere para una enfermedad huérfana e incurable.La decisión fue adoptada mediante la Resolución 56 de 2026, después de analizar el caso de un menor diagnosticado con Epidermólisis Bullosa Distrófica Recesiva, una enfermedad genética que exige atención médica permanente, medicamentos, insumos especializados y controles frecuentes, debido a que causa una extrema fragilidad en la piel y en todas las mucosas.De acuerdo con la CIDH, aunque el niño cuenta con una tutela a su favor que ordena garantizar su tratamiento, no existe evidencia de que los medicamentos, insumos y atenciones médicas se estén suministrando de manera regular y continua, lo que podría agravar su estado de salud.Durante el trámite, el Estado colombiano informó que la Nueva EPS, el Hospital Pediátrico La Misericordia, HOMI, y Cafam están atendiendo el caso. También aseguró que la mayoría de los medicamentos e insumos ya fueron entregados y que los pendientes obedecen al desabastecimiento de algunos productos, la renovación de órdenes médicas y ajustes en la formulación de ciertos insumos.Ante esta situación, la Comisión le pidió al Estado garantizar de manera oportuna y continua todos los tratamientos, citas médicas e insumos prescritos, asegurar el transporte del menor a sus controles cuando sea necesario y adoptar un enfoque diferencial por su condición de niño indígena. Además, solicitó que las medidas sean concertadas con sus padres, teniendo en cuenta la edad del menor y el idioma de su madre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del colombiano Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.De acuerdo con la información evaluada por la comisión, Murcia Correa sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada. Posteriormente, el 2 de abril, una valoración médica ordenó su remisión urgente a un centro especializado para practicar una cirugía reconstructiva de pie y tobillo.“Sin embargo, pese a contar con una sentencia de tutela a su favor y diversas solicitudes de remisión, la intervención indicada aún no ha sido practicada, existiendo el riesgo de amputación de su miembro inferior afectado”, señaló la CIDH.La CIDH señaló que, tras revisar los antecedentes del caso, encontró que “pese a las múltiples gestiones de remisión realizadas por las entidades competentes de salud, y una acción de tutela favorable, hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Asimismo, advirtió que han transcurrido “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.Según indicó, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Además, reconoció la gravedad de la condición médica de Murcia y la necesidad urgente de la intervención quirúrgica ordenada.Por esta razón, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Breider Murcia Correa, teniendo en cuenta la valoración médica emitida el 2 de abril de 2026 y las decisiones judiciales que han ordenado su atención.
El excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro y dos de sus ministros de Salud, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema sanitario en Colombia.La acción jurídica, que toma como uno de sus referentes la muerte del niño Kevin Acosta quien falleció el 13 de febrero por negligencia por parte de la Nueva EPS, advierte sobre un deterioro en la prestación de los servicios de salud que, según el dirigente político, estaría afectando de manera crítica a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.Galán también incluyó en la denuncia a la exministra Carolina Corcho y al actual titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno han incidido en la disminución del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y servicios médicos especializados.De acuerdo con lo expuesto en la solicitud presentada ante la CIDH, en el último año y medio han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de otros ciudadanos que, según la denuncia, no habrían recibido atención médica a tiempo ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.Desde Washington, Galán afirmó que la situación actual representa una vulneración grave de derechos fundamentales. “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, señaló, al tiempo que calificó la crisis como un problema estructural que requiere atención urgente a nivel internacional.Galán envió un mensaje al próximo gobierno y aseguró que quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema, con el objetivo de restablecer la eficiencia, la sostenibilidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que, “no se han agotado los recursos internos disponibles”.Esta explicación que ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño se suma a que el Estado colombiano manifestó que, “no se ha excedido plazo razonable para su decisión”, esto teniendo en cuenta que han pasado más de dos décadas y ya, incluso, se han muerto cuatro de las personas reclamantes.Hay que mencionar que está afectación llegó cuando en 2003 los paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor que se ha hecho como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, a la vez que indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado Colombiano."Para el estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente, esperando que la unidad de restitución de tierras le devuelva la tierra a la familia de la Teca Turbo", dijo. Además, hay que mencionar que el proceso ha tenido varias decisiones como en el 2009, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución o en el 2013 cuando la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó.Por su parte, en el 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy y desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco para finalizar en el 2025 con la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.
El ejercicio del periodismo en Colombia continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el país enfrenta un escenario en el que la violencia no solo afecta a periodistas de manera individual, sino que impacta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.“La violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”.En un estudio realizado en 34 municipios, el 24% de los medios reportó amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por razones de seguridad. La CIDH advierte que esto ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección, especialmente frente a temas como economías ilegales y orden público.Según la Comisión, la violencia también se manifiesta a través de intimidaciones sistemáticas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que grupos armados presionan a periodistas incluso por redes sociales para influir en contenidos informativos.A este panorama se suma la estigmatización, un elemento que la CIDH considera preocupante. El informe advierte que estos hechos no ocurren de forma aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica.“La Relatoría Especial advierte con preocupación que estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.En particular, señala que funcionarios públicos, como el presidente de la República, han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” o “vagabundos”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.La Relatoría tomó nota de declaraciones del presidente en distintas ocasiones, en las que cuestionó el trabajo de medios y periodistas, llegando a afirmar que algunos “mienten” o “construyen falsedades”. Para la CIDH, este tipo de discurso “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público”, sino que puede aumentar el riesgo de agresiones contra la prensa.“La Relatoría Especial ha señalado de manera consistente que el discurso oficial que estigmatiza a la prensa, calificando su labor de “mentiras” o “noticias falsas”, contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población, y en consecuencia puede colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”.Además, advierte que “las periodistas mujeres continúan siendo blanco de agresiones en entornos digitales que ponen en riesgo su seguridad e integridad y que presentan un evidente componente de violencia de género”. Estos ataques, agrega, buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático.La Relatoría también alertó sobre un patrón de violencia dirigido a mujeres periodistas, especialmente en redes sociales, donde se registran amenazas, campañas de desprestigio y contenidos intimidatorios.“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Asimismo, enfatiza que los discursos de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual deben ser especialmente protegidos en la actualidad”.Además de la violencia y la estigmatización, la CIDH alerta sobre el uso de mecanismos judiciales como forma de presión. Procesos penales, tutelas y sanciones han sido utilizados contra periodistas que investigan asuntos de interés público, lo que, según el organismo, constituye “un medio indirecto de censura”. Incluso la amenaza de estos procesos puede generar autocensura por su “efecto amedrentador”.En este contexto, la Comisión insiste en que el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. “Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar” estos crímenes, señala el informe, advirtiendo que la falta de resultados no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava el efecto inhibidor sobre el periodismo.“Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares."Por otra parte, la Relatoría continuó monitoreando la situación de los medios públicos en Colombia. En ese marco, se tomó conocimiento de un estudio de Colombia Risk Analysis que identificó algunos riesgos en el sistema de medios públicos, entre ellos: la alineación editorial de medios públicos con la agenda gubernamental; estigmatización de periodistas que reforzaría la percepción de medios públicos como “voceros del Gobierno” y privados como “defensores de intereses económicos”; y la asignación de recursos publicitarios con criterios políticos, que puede afectar la cobertura y fomentar autocensura838. Además, la organización advirtió sobre incorporación de creadores de contenido o “influencers” en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia”.Según el informe, se han registrado reportes sobre “presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores”.Pese a este panorama, la CIDH reconoce algunos avances, como decisiones judiciales que fortalecen la investigación de crímenes contra periodistas y fallos de la Corte Constitucional en defensa del acceso a la información. Sin embargo, advierte que persisten desafíos en materia de pluralismo informativo e independencia editorial, especialmente en los medios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo y frenar el avance de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que "expandieron sus ataques" a más regiones del país.Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia "persisten desafíos estructurales relacionados con la violencia", como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay o los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016."Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales", aseguró la CIDH.Pese a que el Gobierno presentó planes para garantizar la seguridad en el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado hubo homicidios de personas con liderazgo social y comunitario y de defensores de derechos humanos, así como el magnicidio de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen "desafíos" para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que aumentaron los homicidios en 2025.La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó además el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000 pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos bari y yukpa."En regiones como Buenaventura y Chocó (norte) se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluyendo asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización", expone el informe.Situación de defensores e indígenasDurante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron a la CIDH "elevados niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de defensores de los derechos humanos".Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos de los cuales 1.322 siguen siendo investigados. De ese número, 793 no tuvieron avances significativos, y de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria y solo 20 recibieron sanciones a los autores intelectuales.Por otra parte, la CIDH aseguró que "se registraron avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas", ya que el Estado promulgó varios decretos que impulsan la educación, la reparación integral y restitución de estos pueblos."No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado", puntualiza el informe.En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron "múltiples situaciones de violencia" hacia esta comunidad, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.La CIDH alertó de que las cifras de violencia contra mujeres "siguen siendo alarmantes", considerando que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa."Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular las provenientes de comunidades indígenas", al igual que las amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
