En medio de las polémicas y las discusiones que se adelantan sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen un llamado al Gobierno Nacional para que garantice el funcionamiento del tribunal y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.Desde el órgano internacional, señalan que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para el debido desarrollo de los procesos de justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, que señalan, son indispensables para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de la propuesta que contempla reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP.Según la CIDH, de concretarse esta medida, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Además, agregan que la propia jurisdicción ha advertido que esta situación podría poner en riesgo su funcionamiento, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes y la implementación de las sanciones propias.Asimismo, la Comisión expresó su preocupación por los recursos previstos para la UBPD, que serían inferiores a sus necesidades operativas y a los asignados en 2026. De acuerdo con información pública de la entidad, esta situación podría afectar capacidades esenciales para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, como las búsquedas en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el trabajo territorial de sus equipos. Además, podría implicar el cierre de al menos la mitad de sus laboratorios forenses y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.La Comisión señaló que, aunque los Estados tienen margen para definir sus prioridades de gasto público, las decisiones presupuestales deben tener en cuenta su impacto sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.“Si bien los Estados cuentan con margen para definir sus políticas de gasto público y prioridades presupuestarias, las decisiones en esta materia deben tomar en consideración su impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló la Comisión.En ese sentido, la CIDH sostuvo que los órganos encargados de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas deben contar con recursos adecuados, suficientes y estables.“La Comisión recuerda que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, exigen dotarles de recursos adecuados, suficientes y estables”, agregó. Es por esto por lo que la CIDH hizo un llamado al Estado para que considere, en la aprobación del Presupuesto, la importancia de la JEP y UBPD para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera, teniendo en cuenta, además, el carácter temporal y excepcional de sus mandatos”, concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de un niño indígena de un año en Colombia al considerar que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal están en riesgo por las dificultades para acceder al tratamiento que requiere para una enfermedad huérfana e incurable.La decisión fue adoptada mediante la Resolución 56 de 2026, después de analizar el caso de un menor diagnosticado con Epidermólisis Bullosa Distrófica Recesiva, una enfermedad genética que exige atención médica permanente, medicamentos, insumos especializados y controles frecuentes, debido a que causa una extrema fragilidad en la piel y en todas las mucosas.De acuerdo con la CIDH, aunque el niño cuenta con una tutela a su favor que ordena garantizar su tratamiento, no existe evidencia de que los medicamentos, insumos y atenciones médicas se estén suministrando de manera regular y continua, lo que podría agravar su estado de salud.Durante el trámite, el Estado colombiano informó que la Nueva EPS, el Hospital Pediátrico La Misericordia, HOMI, y Cafam están atendiendo el caso. También aseguró que la mayoría de los medicamentos e insumos ya fueron entregados y que los pendientes obedecen al desabastecimiento de algunos productos, la renovación de órdenes médicas y ajustes en la formulación de ciertos insumos.Ante esta situación, la Comisión le pidió al Estado garantizar de manera oportuna y continua todos los tratamientos, citas médicas e insumos prescritos, asegurar el transporte del menor a sus controles cuando sea necesario y adoptar un enfoque diferencial por su condición de niño indígena. Además, solicitó que las medidas sean concertadas con sus padres, teniendo en cuenta la edad del menor y el idioma de su madre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de garantizar condiciones de neutralidad institucional y proteger el ejercicio libre del voto en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.Según el documento radicado ante el organismo internacional, los solicitantes advierten sobre una serie de actuaciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, podrían afectar la independencia de las autoridades electorales, la equidad de la contienda y la libre formación de la voluntad de los electores.Entre las medidas solicitadas a la CIDH se encuentra requerir al Estado colombiano que garantice que el presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que puedan influir en el voto ciudadano, promover una candidatura específica o formular denuncias de fraude electoral sin respaldo de las autoridades competentes hasta que concluya el proceso electoral.Asimismo, solicitan que se proteja la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando cualquier tipo de interferencia o deslegitimación por parte del Ejecutivo. También piden que se impida el uso de recursos públicos, medios estatales y plataformas institucionales para la difusión de contenidos con fines electorales durante la campaña de segunda vuelta.La solicitud sostiene que las garantías existentes han resultado insuficientes para preservar la neutralidad institucional, pese a decisiones judiciales previas que ordenaron al mandatario abstenerse de participar en actividades de carácter electoral.Los gremios advirtieron que la cercanía de la segunda vuelta presidencial hace urgente la adopción de medidas preventivas, ya que cualquier eventual afectación a la libertad del sufragio o a las condiciones de igualdad en la contienda tendría efectos irreparables una vez celebradas las elecciones.La CIDH deberá evaluar ahora si la solicitud cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos por su reglamento para decretar medidas cautelares a favor de los ciudadanos colombianos convocados a las urnas el próximo 21 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y pidió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña.El organismo advirtió que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral. Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué ocurrido el pasado 10 de febrero.La CIDH también recordó el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta, y el atentado sufrido por el senador Alexander López el pasado 20 de mayo, después de participar en una actividad política junto al candidato Iván Cepeda.“Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil”, señaló la comisión.Además citó las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.Frente a este panorama, la CIDH destacó algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas. Entre ellas mencionó el Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, así como las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.La Comisión también resaltó la creación de una comisión temporal por parte de la Procuraduría para hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales, así como la apertura de nuevos canales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al derecho de participación política.“La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad”, señala el pronuciamiento.También insistió en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia politica y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del colombiano Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.De acuerdo con la información evaluada por la comisión, Murcia Correa sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada. Posteriormente, el 2 de abril, una valoración médica ordenó su remisión urgente a un centro especializado para practicar una cirugía reconstructiva de pie y tobillo.“Sin embargo, pese a contar con una sentencia de tutela a su favor y diversas solicitudes de remisión, la intervención indicada aún no ha sido practicada, existiendo el riesgo de amputación de su miembro inferior afectado”, señaló la CIDH.La CIDH señaló que, tras revisar los antecedentes del caso, encontró que “pese a las múltiples gestiones de remisión realizadas por las entidades competentes de salud, y una acción de tutela favorable, hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Asimismo, advirtió que han transcurrido “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.Según indicó, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Además, reconoció la gravedad de la condición médica de Murcia y la necesidad urgente de la intervención quirúrgica ordenada.Por esta razón, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Breider Murcia Correa, teniendo en cuenta la valoración médica emitida el 2 de abril de 2026 y las decisiones judiciales que han ordenado su atención.
El excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro y dos de sus ministros de Salud, en medio de una denuncia por la presunta crisis estructural del sistema sanitario en Colombia.La acción jurídica, que toma como uno de sus referentes la muerte del niño Kevin Acosta quien falleció el 13 de febrero por negligencia por parte de la Nueva EPS, advierte sobre un deterioro en la prestación de los servicios de salud que, según el dirigente político, estaría afectando de manera crítica a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.Galán también incluyó en la denuncia a la exministra Carolina Corcho y al actual titular de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno han incidido en la disminución del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y servicios médicos especializados.De acuerdo con lo expuesto en la solicitud presentada ante la CIDH, en el último año y medio han fallecido más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de otros ciudadanos que, según la denuncia, no habrían recibido atención médica a tiempo ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.Desde Washington, Galán afirmó que la situación actual representa una vulneración grave de derechos fundamentales. “No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, señaló, al tiempo que calificó la crisis como un problema estructural que requiere atención urgente a nivel internacional.Galán envió un mensaje al próximo gobierno y aseguró que quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir un proceso profundo de recuperación institucional y financiera del sistema, con el objetivo de restablecer la eficiencia, la sostenibilidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
Luego de más de 23 años de pleitos, el Estado colombiano le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 21 familias víctimas del conflicto en la vereda La Teca de Turbo, asegurando que, “no se han agotado los recursos internos disponibles”.Esta explicación que ha causado gran malestar en el Urabá antioqueño se suma a que el Estado colombiano manifestó que, “no se ha excedido plazo razonable para su decisión”, esto teniendo en cuenta que han pasado más de dos décadas y ya, incluso, se han muerto cuatro de las personas reclamantes.Hay que mencionar que está afectación llegó cuando en 2003 los paramilitares obligaron a varios habitantes de la vereda La Teca a vender los predios donde vivían, generando un desplazamiento forzado de la tierra.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó la labor que se ha hecho como representantes de las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, a la vez que indicó que la CIDH deberá definir si abre un caso contra el Estado Colombiano."Para el estado colombiano es poco tiempo, 23 años, para que a la gente le devuelva la tierra. Esperemos que no muera más gente, esperando que la unidad de restitución de tierras le devuelva la tierra a la familia de la Teca Turbo", dijo. Además, hay que mencionar que el proceso ha tenido varias decisiones como en el 2009, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución o en el 2013 cuando la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó.Por su parte, en el 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy y desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco para finalizar en el 2025 con la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.
El ejercicio del periodismo en Colombia continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el país enfrenta un escenario en el que la violencia no solo afecta a periodistas de manera individual, sino que impacta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.“La violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”.En un estudio realizado en 34 municipios, el 24% de los medios reportó amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por razones de seguridad. La CIDH advierte que esto ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección, especialmente frente a temas como economías ilegales y orden público.Según la Comisión, la violencia también se manifiesta a través de intimidaciones sistemáticas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que grupos armados presionan a periodistas incluso por redes sociales para influir en contenidos informativos.A este panorama se suma la estigmatización, un elemento que la CIDH considera preocupante. El informe advierte que estos hechos no ocurren de forma aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica.“La Relatoría Especial advierte con preocupación que estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.En particular, señala que funcionarios públicos, como el presidente de la República, han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” o “vagabundos”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.La Relatoría tomó nota de declaraciones del presidente en distintas ocasiones, en las que cuestionó el trabajo de medios y periodistas, llegando a afirmar que algunos “mienten” o “construyen falsedades”. Para la CIDH, este tipo de discurso “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público”, sino que puede aumentar el riesgo de agresiones contra la prensa.“La Relatoría Especial ha señalado de manera consistente que el discurso oficial que estigmatiza a la prensa, calificando su labor de “mentiras” o “noticias falsas”, contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población, y en consecuencia puede colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”.Además, advierte que “las periodistas mujeres continúan siendo blanco de agresiones en entornos digitales que ponen en riesgo su seguridad e integridad y que presentan un evidente componente de violencia de género”. Estos ataques, agrega, buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático.La Relatoría también alertó sobre un patrón de violencia dirigido a mujeres periodistas, especialmente en redes sociales, donde se registran amenazas, campañas de desprestigio y contenidos intimidatorios.“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Asimismo, enfatiza que los discursos de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual deben ser especialmente protegidos en la actualidad”.Además de la violencia y la estigmatización, la CIDH alerta sobre el uso de mecanismos judiciales como forma de presión. Procesos penales, tutelas y sanciones han sido utilizados contra periodistas que investigan asuntos de interés público, lo que, según el organismo, constituye “un medio indirecto de censura”. Incluso la amenaza de estos procesos puede generar autocensura por su “efecto amedrentador”.En este contexto, la Comisión insiste en que el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. “Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar” estos crímenes, señala el informe, advirtiendo que la falta de resultados no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava el efecto inhibidor sobre el periodismo.“Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares."Por otra parte, la Relatoría continuó monitoreando la situación de los medios públicos en Colombia. En ese marco, se tomó conocimiento de un estudio de Colombia Risk Analysis que identificó algunos riesgos en el sistema de medios públicos, entre ellos: la alineación editorial de medios públicos con la agenda gubernamental; estigmatización de periodistas que reforzaría la percepción de medios públicos como “voceros del Gobierno” y privados como “defensores de intereses económicos”; y la asignación de recursos publicitarios con criterios políticos, que puede afectar la cobertura y fomentar autocensura838. Además, la organización advirtió sobre incorporación de creadores de contenido o “influencers” en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia”.Según el informe, se han registrado reportes sobre “presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores”.Pese a este panorama, la CIDH reconoce algunos avances, como decisiones judiciales que fortalecen la investigación de crímenes contra periodistas y fallos de la Corte Constitucional en defensa del acceso a la información. Sin embargo, advierte que persisten desafíos en materia de pluralismo informativo e independencia editorial, especialmente en los medios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo y frenar el avance de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que "expandieron sus ataques" a más regiones del país.Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia "persisten desafíos estructurales relacionados con la violencia", como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay o los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016."Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales", aseguró la CIDH.Pese a que el Gobierno presentó planes para garantizar la seguridad en el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado hubo homicidios de personas con liderazgo social y comunitario y de defensores de derechos humanos, así como el magnicidio de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen "desafíos" para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que aumentaron los homicidios en 2025.La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó además el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000 pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos bari y yukpa."En regiones como Buenaventura y Chocó (norte) se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluyendo asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización", expone el informe.Situación de defensores e indígenasDurante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron a la CIDH "elevados niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de defensores de los derechos humanos".Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos de los cuales 1.322 siguen siendo investigados. De ese número, 793 no tuvieron avances significativos, y de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria y solo 20 recibieron sanciones a los autores intelectuales.Por otra parte, la CIDH aseguró que "se registraron avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas", ya que el Estado promulgó varios decretos que impulsan la educación, la reparación integral y restitución de estos pueblos."No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado", puntualiza el informe.En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron "múltiples situaciones de violencia" hacia esta comunidad, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.La CIDH alertó de que las cifras de violencia contra mujeres "siguen siendo alarmantes", considerando que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa."Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular las provenientes de comunidades indígenas", al igual que las amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH.
Cada jornada, miles de participantes están pendientes de los resultados oficiales del Sinuano Noche para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones ganadoras. Además, la quinta balota, incorporada en 2025, ofrece una alternativa adicional dentro de las opciones disponibles para los jugadores.¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Noche hoy?El resultado del sorteo del chance Sinuano Noche de este lunes 12 de octubre de 2026 es el (en minutos). Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para verificar si obtuvieron algún premio.Número ganador: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: La quinta: Los participantes deben comparar las cifras de su tiquete con el resultado oficial para determinar si su apuesta fue ganadora.¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?Una de las novedades que ha despertado interés entre los jugadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.Esta modalidad, incorporada durante 2025, amplía las opciones de participación y permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones establecidas y existe coincidencia con la selección realizada por el apostador.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El chance Sinuano Noche realiza sorteos todos los días. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada y el monto que deseen jugar.¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?El juego ofrece diferentes alternativas, de acuerdo con la cantidad de cifras que se quieran acertar y el orden en el que aparecen en el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador.Documentos obligatorios:Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.Los resultados oficiales permiten confirmar si una apuesta fue ganadora y adelantar el trámite correspondiente. Por ello, los participantes deben conservar el tiquete original y verificar las condiciones de cobro vigentes antes de reclamar el premio.
Este juego, inspirado en la identidad regional asociada al chontaduro, cuenta con diferentes opciones para participar y obtener premios según las cifras acertadas. Desde 2025, también incorporó alternativas como la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de combinación.¿Cuál es el número ganador de Chontico Noche hoy?El resultado del sorteo de Chontico Noche de este lunes 12 de octubre de 2026 es el (en minutos). Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales después de la realización del sorteo y verificar si su tiquete coincide con el resultado.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: ¿Cómo funciona la quinta balota de Chontico Noche?La quinta balota es un número adicional que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones establecidas y el número coincide con las cifras jugadas.Su incorporación amplió las alternativas disponibles para los participantes, quienes pueden consultar las condiciones vigentes para conocer cómo funciona esta opción dentro de cada apuesta.¿A qué hora juega Chontico Noche?El sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que cambian según el día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de Chontico Noche, existen otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche. Este último se juega los jueves en horario nocturno.¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Chontico Noche?Los participantes pueden elegir entre varias modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que deseen jugar y el orden en el que esperan acertarlas.Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del sorteo.Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra del número ganador.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos establecidos son:Valor mínimo del tiquete: $500.Valor máximo por apuesta: $10.000.El monto final depende de la jugada seleccionada y de las condiciones aplicables a cada modalidad.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Chontico Noche?Los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados para realizar el trámite de cobro.Los documentos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios menores a 48 UVT: se exige únicamente la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Los apostadores deben verificar los resultados oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, conocida con el alias de ‘Lucía’, señalada de ser coordinadora y financiera de la banda criminal ‘Los Pepes’, en Barranquilla.De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la mujer fue capturada en flagrancia este lunes 12 de octubre en el barrio Caribe Verde, durante un operativo adelantado por unidades de la SIJIN y SIPOL, en coordinación con la Fiscalía Seccional Atlántico. La detención de alias ‘Lucía’ se produjo por el delito de fuga de presos.Según el presidente, esta mujer tendría más de ocho años de trayectoria criminal y sería la pareja sentimental de alias ‘Gomelo’, señalado como hombre de confianza de Digno Palomino, quien es identificado por las autoridades como cabecilla principal de esa estructura delincuencial.Una de las principales líneas de investigación de las que informó el mandatario, es la posible participación de alias ‘Lucía’ en la coordinación del atentado ocurrido el pasado 10 de octubre contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).El ataque dejó heridos a los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes fueron atacados por hombres armados cuando se movilizaban en motocicleta, después de terminar su turno en la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.El mandatario destacó además, que durante el procedimiento de captura de alias ‘Lucía’, las autoridades incautaron un teléfono celular iPhone. Según explicó el presidente, en una revisión preliminar del dispositivo se observaron panfletos con características similares a los utilizados para intimidar a los guardianes del Inpec previo al atentado.El hallazgo será materia de verificación dentro de la investigación para determinar el origen de esos documentos y establecer si tienen relación con el ataque armado.“Durante el procedimiento se incautó un iPhone. En una revisión preliminar se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes. Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades”, dijo el mandatario en el mensaje de su cuenta de X.Finalmente, el mandatario aseguró que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.“Vamos a extirpar el cáncer del crimen para liberar a Colombia de una buena vez”, señaló el presidente De La Espriella.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó lo que calificó como una estrategia sistemática de calumnias y desinformación para desacreditar su trabajo y a sus magistrados. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a contrastar la información, consultar las decisiones judiciales y evaluar los resultados de la justicia transicional.Por medio de un comunicado, la jurisdicción advirtió que la circulación de noticias falsas, la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial y las agresiones personales contra quienes administran justicia pueden afectar la confianza en las instituciones, el debate público y la separación de poderes.La JEP aclaró varios cuestionamientos relacionados con su presupuesto, la transparencia de su gestión, el número de decisiones judiciales, la duración de su mandato y las sanciones impuestas a antiguos integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública.En primer lugar y frente a las críticas por el uso de recursos públicos, la jurisdicción señaló que su presupuesto representa el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y está destinado a investigar más de 250.000 crímenes, atender a más de 600.000 víctimas acreditadas y resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes.También aseguró que, durante sus ocho años de funcionamiento, ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, sin que, según el comunicado, se hayan registrado hallazgos de corrupción. Además, indicó que en 2025 ejecutó el 99,3 % de su presupuesto asignado.La entidad reiteró su preocupación por la reducción adicional de $170.000 millones a los recursos inicialmente asignados para su funcionamiento. Según el tribunal, este recorte podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la seguridad jurídica de los firmantes de paz y de integrantes de la fuerza pública sometidos a la jurisdicción.Por otro lado, explicó que, aunque ha emitido cuatro sentencias principales que cierran miles de procesos, ha adoptado un total de 3.618 decisiones con efectos de sentencia.Entre los resultados mencionados están las condenas contra siete ex integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros y contra 12 integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la costa Caribe.Además, informó que ha identificado a 367 máximos responsables de graves crímenes, de los cuales 21 tienen condenas y 19 ya están en ejecución. Asimismo, informó que ha apoyado la entrega de 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ha protegido más de 80 lugares relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.Ante las críticas sobre una posible prolongación de su funcionamiento, la Jurisdicción recordó que su mandato constitucional es de 15 años. De acuerdo con el comunicado, actualmente ha cumplido ocho años y medio y tiene previsto cerrar en 2033. La entidad aseguró que no ha promovido una prórroga de su mandato y que, dentro de su planeación institucional, ha descartado impulsar ese trámite.También defendió el trato que reciben los comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública, al afirmar que ambos están sometidos al mismo régimen de justicia transicional.Sobre las sanciones propias, explicó que estas incluyen restricciones de libertad y movilidad, monitoreo electrónico y trabajos restaurativos en favor de las víctimas, entre ellos actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.Por esto, el tribunal sostuvo que está abierta a la crítica y al escrutinio público, sin embargo, pidió que el debate sobre su gestión se base en información verificable y datos reales.
Administrado por Paga Todo, el Dorado Noche ofrece diferentes opciones para participar y ganar, según las cifras acertadas y la modalidad seleccionada. Los resultados oficiales pueden verificarse en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador.¿Cuál fue el resultado del Dorado Noche hoy?El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes 12 de octubre de 2026 es el 0963 - 0. Una vez finalizado el sorteo, los participantes pueden consultar las cifras oficiales y comprobar si su tiquete coincide con el resultado.Número ganador: 0963Dos últimas cifras: 63Tres últimas cifras: 963La quinta: 0Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y a través de sus canales oficiales.¿Cómo se juega el Dorado Noche?Para participar, el jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. El premio depende de las cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Estas son las principales modalidades del Dorado Noche:4 cifras directo: permite ganar al acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.4 cifras combinado: premia a quienes aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.3 últimas cifras directo: exige acertar las tres cifras finales en el orden establecido.3 últimas cifras combinado: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.2 últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del resultado.1 cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.¿Cuánto paga el chance Dorado Noche?El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado. Según el plan de premios descrito para este juego, los pagos son los siguientes:4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.Los participantes deben consultar las condiciones vigentes del operador para conocer los términos aplicables a cada modalidad.¿A qué hora juega el Dorado Noche?El horario del chance Dorado Noche varía según el día de la semana:Sábados: 10:15 p. m.Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar cada sorteo, a través de los canales autorizados.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para recibir el dinero correspondiente. Según la información suministrada, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados.Para realizar el trámite, se requiere:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.El Dorado Noche cuenta con distintas modalidades de apuesta y premios según el nivel de acierto. Por ello, los jugadores deben verificar el resultado oficial y conservar el tiquete para adelantar el proceso de cobro, en caso de resultar ganadores.
