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Continúan las reacciones en Antioquia tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordena al Inpec y las administraciones municipales del Valle de Aburrá cumplir medidas inmediatas, como el traslado de condenados y la habilitación de más espacios de reclusión para solucionar el problema de hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía.
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Desde el sindicato del Inpec en el departamento, por ejemplo, reiteraron que es imposible ejecutar estas órdenes pues aseguran que no hay espacios ni condiciones para trasladar a los internos.
“Debemos persistir e insistir en la imposibilidad material del cumplimiento de este fallo. No tenemos espacio físico para poder recibir de forma masiva, como lo pretende el fallo, a las personas privadas de la libertad”, aseguró Luis Pinzón, presidente del sindicato, quien, además, recordó que es fundamental la construcción de la cárcel municipal para poder mitigar estos problemas en Medellín y el área metropolitana.
Precisamente, sobre esta obra habló el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. El funcionario contó que la administración ya viene trabajando desde hace tiempo en el hacinamiento, que han pedido al Uspec que habilite los tres patios cerrados de Bellavista y que ya están en la planeación y diseño de esta nueva cárcel que será construida en San Cristóbal con una capacidad para 2.400 presos.
“Venimos cumpliendo en la elaboración de estudios y diseños esta fase 2 de una cárcel para sindicados a cargo del municipio de Medellín, la cual dejaríamos en este nivel para noviembre y diciembre este año. Así, la próxima menstruación puede ejecutarlo con vigencias futuras”, añadió Tobón.
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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, celebró el fallo de la Corte, argumentando que hoy el problema de sobrepoblación en las cárceles y las estaciones de Policía se ve agravado por las enfermedades que tienen los presos.
Finalmente, se conoció que otra de las órdenes de la Corte es que desde la Personería de Medellín se cree una mesa de trabajo que vigilará el cumplimento del fallo.
Ante esto, el personero Guillermo Durán, explicó que deberán vigilar que las administraciones municipales y el Inpec sí ejecuten lo pedido y que esta mesa “se reunirá cada 15 días para analizar el cumplimiento, así como entregar un informe no solamente a la Corte Suprema sino la sala de revisión de la Corte Constitucional a efectos de determinar el cumplimiento de las respectivas autoridades”.
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Cabe recordar que algunas de las órdenes son que el Inpec deberá adecuar los patios de Bellavista y El Pedregal, para que reciban personas de otro tipo de población al asignado y además, desde las estaciones de Policía se deberán trasladar detenidos a las cárceles de Envigado, La Estrella y Barbosa.
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