El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.
La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.
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La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.
Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.
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“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.
La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.
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Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.