La Fiscalía pidió que los policías implicados en ''falso positivo'' de tres jóvenes en Chocho, Sucre , fueran enviados a la cárcel.
Durante la audiencia, la Fiscalía destapó parte de las cartas que tiene para señalar a once policías, diez de ellos ya capturados, por el asesinato de los tres jóvenes en el municipio de Sampués, Sucre.
Las evidencias que mostró la Fiscalía fueron desgarradoras. Testimonios a través de entrevistas, videos de cámaras de videovigilancia, dictámenes de medicina legal, grabaciones y otras pruebas, muestran cómo estas tres personas fueron detenidas de forma ilegal, maltratadas, torturadas y posteriormente asesinadas por policías adscritos la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía de Sucre.
La Fiscalía responsabilizó del hecho al coronel Benjamín Núñez, excomandante operativo de la Policía de Sucre, como el hombre que sin mediar palabra tomó un arma de fuego y asesino a los tres hombres.
Desde la imputación de cargos, la Fiscalía no se guardó nada y explicó paso a paso cómo ocurrió el triple crimen, desde la captura ilegal el pasado 25 de julio a las 5:30 de la tarde en Sampués, hasta llevar los cuerpos de los muertos a la Clínica María Reina de Sincelejo.
José Carlos Arévalo, Carlos Ibáñez y Jesús David Díaz, habitantes del corregimiento de Chocó, iban en moto cuando fueron detenidos por la Policía, y de forma inexplicable fueron señalados por al menos cuatro policías como responsables supuestamente de otro uniformado horas atrás en un establecimiento comercial.
Los jóvenes, fueron tirados al piso y recibieron agresiones físicas de los uniformados, quienes pidieron refuerzos para que ser conducidos en patrullas de la institución.
Pero lo peor vino después, la Fiscalía cuenta, con evidencias, cómo los jóvenes recibieron heridas, incluso con arma blanca, durante el traslado y posteriormente fueron asesinados a tiros por parte del excomandante operativo de Sucre, el coronel Benjamín Sánchez, quien sacó su arma y disparo a las tres personas.
Ya sin vida, los jóvenes fueron llevados a la Clínica María Reina y la Fiscalía demostró cómo el coronel iba en una camioneta Nissan de la Policía escoltando a otra camioneta que llevaba los cuerpos y que era conducida por otro patrullero.
A estos policías, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tortura, privación ilegal de la libertad, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales de prueba y favorecimiento a terceros. A pesar que se pensaba que alguno de los uniformados iba a confesar el hecho, ninguno aceptó cargos.
En total fueron 11 las órdenes de captura expedidas, entre las que se incluyen las del coronel Benjamín Núñez, quien aún no ha sido detenido y se encuentras prófugo de la justicia.
"La víctimas fueron objeto de agresiones y padecimientos por heridas con elementos contundentes y arma blanca" por parte de Policías adscritos a la Dirección de Infancia y Adolescencia del Departamento señalo el ente acusador.
La Fiscalía mostró fotografías escalofriantes de los dictámenes de Medicina Legal en donde no solo se muestran los impactos de bala recibidos en el tórax sino agresiones en los rostros con objetos contundentes y marcas en las mulecas de las manos por la fuerza como estaba sujetados por las esposas puestas por los policías.
El ente acusador tiene pruebas que una vez detenidos, los hombres fueron torturados y amarrados antes de recibir las balas que ocasionaron su muerte.
Tan fuertes fueron las imágenes, que los abogados de los familiares de las víctimas pidieron no ser reveladas durante la diligencia por el dolor que causaba verlos en ese estado.
De hecho, la propia Fiscalía evitó publicar todas las pruebas materiales ante el estupor de los asistentes a la audiencia que se realizó de manera virtual.
Ante la gravedad de los delitos, las autoridades pidieron la cárcel para Santiago Garavito, Jesús María Bolaños, Diana Marcela Puerta, Leyla Carolina Ávila, Yamit Alfonso Henao, Bernardo Pontón, María Camila Buriticá, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles y Álvaro Antonio Álvarez.
La decisión de dictarles medida de aseguramiento quedó para el próximo lunes, debido a que tanto los abogados de los policías como la Procuraduría, solicitaron tiempo para revisar todo el material recogido por la Fiscalía que muestra el cruel crimen de tres jóvenes que supuestamente eran miembros del Clan del Golfo y señalados de un homicidio que nunca cometieron.