De "persecución, constantes amenazas y maltrato verbal" asegura seguir siendo víctima Welkin Negrete Pinedo por parte de su exesposo Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre por el partido Centro Democrático y de quien se separó hace unos meses, justamente, tras denunciarlo en repetidas ocasiones por violencia intrafamiliar.La mujer, de 32 años, afirma que la primera denuncia la instauró en 2022 y que en esa oportunidad “él prometió cambiar y hasta recibió ayuda psiquiátrica”, cuenta que en 2023 debió denunciarlo nuevamente por maltrato, al punto que "las autoridades ordenaron medidas de protección, como rondas periódicas de la Policía a su casa".Esto, dice Welkin, tampoco fue suficiente, pues este año "la violencia siguió" y los llevó a firmar el divorcio, no sin antes librar una batalla jurídica para que el político accediera a formalizar la separación."Desafortunadamente hace unos meses volvió a reincidir, ocasionándome lesiones en mi cara, en mi seno derecho, en mi pierna izquierda, en un hombro, y por eso es que decido pedirle el divorcio y retirarme de mi casa", narra.Welkin es abogada de profesión y especialista en derechos humanos, justicia transicional y contratación estatal; sin embargo, cuenta que después de su separación "no ha sido fácil" retomar su vida laboral, pues a pesar de que se trasladó al departamento de Córdoba, insiste en que hasta allá "han seguido las amenazas". Expresa que teme por su vida y la de su hija de 9 años, "quien ha sido testigo" de los presuntos actos de violencia."Llegó a intimidarme y amenazarme, haciéndome la propuesta que si quería que empezáramos de cero y como no acepté esta clase de manipulaciones, se enojó muchísimo y me dijo: 'estás abusando de tu suerte. Esto no se va a quedar así. Yo necesito que tú estás al lado mío, a mí no me vas a joder' (...), por eso es que me veo acorralada con esta situación, este hombre está obsesionado", agregó.Este lunes, Welkin fue citada por la Fiscalía para que rinda un interrogatorio contra su exesposo por estas denuncias.El diputado se defiende con otra demandaEntretanto, Blu Radio contactó al diputado para conocer su versión de los hechos, pero aseguró que guardará silencio “por respeto a ella y a su familia”, y que le ha dado poder al abogado Inocencio Meléndez para que asuma su defensa.Así, el abogado Meléndez habló con este medio y aseguró que no hay pruebas de maltrato y que, incluso, la Fiscalía ha archivado algunos procesos por esta razón. Advirtió que este lunes también interpondrán una denuncia penal contra Welkin por fraude procesal, falsa denuncia, injuria y calumnia."Porque la señora Welkin está utilizando métodos por fuera de los legales para pretender acceder a beneficios económicos adicionales a los que le corresponden por Ley", dijo Meléndez. "A mi cliente le han llegado terceros, exigiéndole altas sumas de dinero a cambio de no dañar su imagen públicamente. Ahí están los elementos probatorios de esos terceras personas", agregó.
Este martes continuó en Sucre la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los capturados por la desaparición y muerte del rector de la Institución Educativa de Gavaldá, Armando Luis Rivero Manjarrez; crimen que estaría a punto de esclarecerse con la fría confesión que recién hizo el hijastro de la víctima.En medio de la diligencia, el capturado Yofran Orozco Perea rompió el silencio y confesó públicamente que él era el responsable de la muerte de su padrastro, con quien convivió desde que era un adolescente y su mamá decidió formalizar su unión marital con el rector.Frente a la jueza de control de garantías que lleva el caso, Orozco leyó un documento que, según dijo, escribió con su puño y letra “para tener claridad sobre lo que iba a decir”, y afirmó que está dispuesto a pagar con cárcel el crimen que cometió."Yo solicité romper el silencio, no fui obligado, no fui amenazado (...) cabe aclarar que este homicidio no quedará impune, que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error con una condena significativa en establecimiento de reclusión intramural", expresó.Aunque dejó ver que son varios los involucrados en este asesinato, aseguró que su madre ni su hermana tuvieron algo que ver en la muerte. De hecho, pidió que su mamá, detenida por este sonado caso, más bien sea reconocida como víctima."Que también quede en voz pública la total y absoluta inocencia de mi madre, Juana Pérez Amud, y de mi hermana Tania Marcela Orozco Perea, las cuales jamás participaron y mucho menos ocultaron algún suceso relacionado con este homicidio. Ella también es víctima y quiereo y espero que se le reconozca tal condición", agregó.Yofran, quien según la Fiscalía tendría algunos intereses económicos sobre las propiedades del rector, empezó su confesión pidiendo perdón públicamente a Dios, a la familia de la víctima, a la institución educativa que esta representaba, al gremio de docentes de Sucre y al pueblo ovejero que hoy llora la partida de Rivero.Vale anotar que la audiencia, en la que la Fiscalía ha pedido cárcel para Yofran, continúa el viernes 25 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
Con un pudín que llevaron hasta el boquete de ‘Caregato’ para celebrar los siete meses que Carlos Carrillo lleva desempeñándose como director de la UNGRD y que, según líderes de La Mojana, poco ha hecho para ejecutar las obras de cierre; comunidades de esta subregión insisten en que el alto funcionario debería abandonar su cargo en la entidad.Según Yonairo Sáenz, líder comunitario de La Mojana, pese a que Carrillo prometió que se contratarían unas obras de emergencia tras liquidado el contrato con el consorcio RCG, hasta el momento no se ha ejecutado ningún tipo de trabajo en el punto de la emergencia (boquete). Sáenz también advirtió que tampoco se ha cumplido con la inversión anunciada por Carrillo, que rondaría los 103 mil millones de pesos y que, según señaló el funcionario en medio de una rueda de prensa, se destinarían de manera inmediata para La Mojana."Está cumpliendo siete meses, doctor Carrillo, en una entidad que lo que nos ha traído es perjuicio. Hoy le festejamos cómo está poniendo a aguantar hambre a la región de La Mojana, también le festejamos cómo está poniendo usted a sufrir a la región de La Mojana. ¿Por qué no renuncia a ese cargo?", expresó Sáenz. Pedro Ramos, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Majagual, Sucre, sumó su voz para rechazar la falta de voluntad que, según advirtió, ha tenido el alto funcionario para cerrar el boquete de ‘Caregato’ con las inversiones que se necesitan."No he visto ninguna clase de ayuda, ninguna clase de mejoría. La mejoría de nosotros, los mojaneros, es tapar estos 65 metros que tenemos aquí para volver a sentirnos como estábamos antes, así que lo invitamos a ponernos en órbita para que las cosas se nos den y se le den a usted también". Como se recordará, Carrillo decidió terminar de forma unilateral el contrato con dicho consorcio, considerando que debía priorizarse la protección de los recursos públicos y del bienestar general, ya que el cierre de este boquete "no se concretó" y no podía lograrse con los diseños actuales, así como tampoco con el método constructivo que se estaba poniendo en marcha.Blu Radio contactó al equipo de comunicaciones para consultarles si tenían algún tipo de respuesta. Sin embargo, se encuentran revisando las afirmaciones entregadas por los líderes.
Se conoció un nuevo video de abuso sexual contra un animal en Colombia. Según la denuncia, el caso ocurrió hace unos días en el municipio de Sampués, Sucre.En el material se evidencia a un hombre intentando acceder de manera carnal contra una perrita. De hecho en el video se nota cómo el animal intenta escapar en reiteradas oportunidades del agresor. Sin embargo, este la retiene para hacer su cometido.El caso fue denunciado por la misma senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, quien aseguró que, aunque las imágenes son desgarradoras, lo hace “para pedirles a las autoridades acción diligente, para sensibilizar, para que quienes dicen que la violencia contra los animales es ficción bajen de su nube negacionista, y para pedirles a mis colegas votar a favor la Ley Ángel ya”.Por su parte, desde la Fiscalía ya están avanzando en los actos correspondientes y en el recaudo del material probatorio para identificar a la persona que aparece en el video. Con todo esto, se espera entonces que un juez emita una orden de captura en contra del agresor. En últimas, y de momento, se desconoce el estado del animal que fue víctima de tal fechoría¿En qué va la Ley Ángel?Por ahora, el proyecto que pretende endurecer las sanciones por el maltrato animal se encuentra en la plenaria del Senado de la República. Con 17 votos a favor en la Comisión Primera, la iniciativa pasó ahora a segundo debate.“La Ley Ángel se plantea que, en casos graves de maltrato animal, como la violación sexual, la persona condenada no pueda acceder a beneficios penales y deba cumplir la pena en prisión como ocurre en delitos graves contra las personas”, dijo la senadora Andrea Padilla, quien es una de las líderes del proyecto.Cabe recordar que, actualmente, el país cuenta con la ley 1774 de 2016 para casos abuso sexual de animales. De acuerdo con la norma, este tipo de actos es considerado un agravante.
En una misma tarde dos establecimientos de comercio se convirtieron en escenario de sangre en zona rural de San Marcos, Sucre, por cuenta del accionar de sicarios que abrieron fuego contra los negocios e impactaron a varias personas.El reporte de la Policía narra que el primer ataque ocurrió a eso de las 2 de la tarde de este domingo en el corregimiento Las Flores, donde dos hombres armados llegaron en motocicleta hasta la Tienda El Sol y dispararon contra todos los presentes, incluido un comprador.En este hecho murieron a bala Elder Miguel Verbel Mestra y Carlos Mario Medina, y quedó herido Jorge José Pérez Ricardo. Este último es un hombre de 38 años que recibió un disparo en su pierna izquierda cuando se encontraba haciendo una compra en la tienda.El segundo hecho sicarial ocurrió casi en simultánea en la vereda Caño Prieto, también jurisdicción del corregimiento Las Flores, donde fue asesinado Nilson Richard Vergara Peña, el administrador del billar La Laguna.La Policía de Sucre informó que, una vez conocido ambos crímenes, dispuso “un grupo interdisciplinario liderado por unidades investigativas de los grupos Gaula, Sijín y Sipol para verificar la información que fue inicialmente suministrada por la comunidad” y desplegar respectivas actividades que permitan esclarecer los móviles y capturar a los responsables.
Visiblemente molestos se mostraron algunos líderes comunitarios de La Mojana, quienes advierten que el río Cauca lleva casi tres meses con niveles muy bajos, lo que habría permitido culminar las obras del cierre del boquete de 'Caregato' este año. Esto contrasta con lo que en su momento manifestó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.El alto funcionario había indicado que los niveles del río, durante la temporada de lluvias, imposibilitarían el cierre del boquete en 'Caregato'. Sin embargo, Yonairo Sáenz, líder de La Mojana, sostuvo en un video desde el punto crítico de la apertura que todo se trató de una mentira.Sáenz explicó que, aunque varias comunidades siguen afectadas por las inundaciones que generó el rompimiento del boquete en mayo, la falta de lluvias ha impedido que se registren nuevas emergencias en la zona. Según él, esto demuestra que las obras de cierre podrían haberse realizado."Sus mentiras quedaron al descubierto. Primero se coge a un mentiroso que a un ladrón, porque esto sí se podía tapar. Recuerdo que en una entrevista, el contratista dijo que no podía seguir arrojando bolsas porque el nivel estaba alto, y usted se reía diciendo que no lo lograrían, ya que los niveles no bajarían este año. Hoy se cumplen tres meses con estos niveles, doctor Carrillo", señaló Sáenz.Por otro lado, cabe mencionar que Carrillo se basó en un informe del contratista enviado a la interventoría, donde se señalaba que hasta que no se presentara una disminución sostenida del caudal, se suspendería el lanzado de bolsas.Tras anunciarse la culminación del contrato de obras para el cierre del boquete, Carrillo explicó que la decisión no solo se debió a que el cierre no se concretó, sino también a que los diseños y el método constructivo no eran adecuados.En La Mojana, la incertidumbre persiste sobre una nueva contratación para las obras, mientras las comunidades siguen exigiendo celeridad para evitar que la espera prolongue la agonía de las inundaciones.
Los mojaneros aplauden la reciente decisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de terminar unilateralmente el contrato de obras de cierre de ‘Caregato’, pero afirman que solo estarán tranquilos cuando se defina una nueva contratación y se pongan en marcha los trabajos para frenar las inundaciones que sigue provocando el río Cauca.El mismo presidente Gustavo Petro apoyó la terminación del contrato, al considerar que este era “una estafa” y que “detrás hay manos oscuras que deben ser investigadas”.Horas antes, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, también argumentó que la decisión se tomó, no solo “porque el cierre del boquete no se concretó”, sino porque “tampoco se logrará con los diseños y el método constructivo empleados”. Sin embargo, la comunidad ahora teme que la elaboración de un nuevo proyecto alargue aún más la problemática de las inundaciones."Que contrate enseguida a otra compañía y que no se ponga a hacer un nuevo estudio o un nuevo diseño, no, nosotros lo que queremos es que contrate enseguida otra compañía para que procedan con los trabajos del cierre de 'Caregato'", dijo Enrique Martínez, líder ganadero de La Mojana.El director de la UNGRD insistió en que “continuar el contrato pondría en riesgo los recursos del Estado”, no obstante, los mojaneros sienten que esta fue una decisión tardía que la entidad pudo haber tomado hace varios meses cuando Carrillo asumió el cargo.“Fueron meses en los que estuvimos pasando necesidades y apenas ahora se tomó la decisión, pero eso era de esperarse, porque cada vez que cambian al director (de la UNGRD), cambian también al contratista (de la obra), no sé qué conveniencia les trae cada contrato, pero eso es lo que ha pasado”, criticó Pedro Ramos, líder de La Mojana.Vale anotar que, según la UNGRD, el Consorcio RCG que estaba a cargo de la obra de ‘Caregato’ “no presentará recursos contra la entidad y se someterá a un tribunal de arbitramento para resolver controversias sobre las obras ejecutadas y los pagos pendientes”.
Los ganaderos del Magdalena, Atlántico, Cesar y Sucre se están viendo obligados a vender litros de leche cruda en tiendas y pequeños comercios a un precio no superior a los 3.000 pesos, debido a los bloqueos de vías generados por el paro camionero.Esos mencionados bloqueos no han permitido que el líquido llegue hasta las plantas de procesamiento en esos cuatro departamentos de la región Caribe, previamente mencionados.Así lo advirtió Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte, quien explicó que la crisis se ha agudizado en las últimas horas y la situación está afectando “el ingreso o la producción diaria de sus fincas”, agravándose, aún más, la comercialización del producto."Todo esto hace que el ganadero y el campesino tengan que vender la leche al precio que sea y donde sea: en sus fincas, en su pueblo o en sus regiones", dijo."Esto está afectando directamente los ingresos de los campesinos y de los ganaderos por la producción diaria de sus fincas, porque también se ha complicado aún más el tema de la comercialización", agregó.Además, los bloqueos estarían llevando a que los costos de transporte tengan que aumentarse al doble, pues los distribuidores se ven obligados a buscar alternativas y nuevas rutas para transportar la leche.Como si fuera poco, el hecho de tener que recurrir a rutas alternas está alargando los tiempos de transporte y esto, a su vez, está provocando que mucha leche se dañe en el camino antes de llegar a sus lugares de destino.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó a un oficial y a 8 suboficiales, en su momento adscritos al departamento de Policía de Sucre, por su responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes, tras una “operación candado” realizada en el corregimiento de Chochó, Sucre, después del homicidio de un patrullero de la policía.Según información de la Procuraduría, los uniformados, integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía en ese momento, detuvieron a tres ciudadanos identificados como Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras.Relata el ministerio público que, posteriormente, los tres jóvenes fueron subidos a un vehículo de la Policía Nacional "con el fin de trasladarlos al centro médico más cercano para brindarles asistencia hospitalaria, dado que presentaban lesiones".La Procuraduría señala que, durante el trayecto del operativo hacia la clínica María Reina, en Sincelejo, las tres personas recibieron varios disparos por parte del teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, hoy en retiro.La entidad agrega que "los capturados fueron declarados muertos en el centro médico mencionado".SancionesEn este sentido, la Procuraduría declaró responsable disciplinariamente al teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien se desempeñaba como comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en la época de los hechos, por lo que consideró una "falta gravísima", según los estatutos disciplinarios de la Policía Nacional.La Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 19 años.Además, la entidad encontró responsables disciplinariamente al mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y a los siguientes suboficiales con cargo de patrulleros: Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana.Estos uniformados incurrieron en prevaricato por omisión y abuso de autoridad, siendo cuestionados por la Procuraduría por no proteger la vida de los tres jóvenes capturados, quienes posteriormente murieron tras el operativo de la Policía Nacional.Se les impuso sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de entre 11 y 15 años, respectivamente.
Por inasistencia de la interventoría Estudios, Consultorías & Obras SAS en La Mojana, la UNGRD informó a la opinión pública que no se pudo llevar a cabo la reunión prevista para este viernes en las instalaciones de la entidad, pese a haberse pactado el encuentro tras la visita técnica realizada el pasado miércoles en el boquete de ‘Caregato’.Y es que el director de la interventoría, Nelson Martínez, informó a última hora que, debido a graves problemas de salud, no podía participar ni presidir la reunión, por lo que propuso una nueva fecha para el próximo martes 20 de agosto de 2024.El objetivo, según explicó la UNGRD, era el de revisar en detalle los diseños y el estado real de las obras que se encuentra ejecutando el consorcio RCG en el boquete de 'Caregato', bajo el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para garantizar transparencia y acceso a “la información relevante”.Sin embargo, la UNGRD también expresó su desacuerdo dado a que la interventoría no es una persona, sino una empresa que debe contar un equipo y un capital de trabajo que garantice la continuidad del proceso de supervisión, al margen de las coyunturas que algunos empleados presenten en temas de salud. En este sentido, la entidad reiteró su responsabilidad con los mojaneros y espera cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades, teniendo en cuenta que el pasado 13 de agosto se adquirieron obligaciones que aún no se han cumplido por parte de la firma interventora Estudios, Consultorías & Obras SAS en La Mojana. Así las cosas, la entidad recordó que el contrato establece como responsabilidad del contratista “participar en reuniones y eventos relacionados con el contrato y presentar los informes requeridos” y, siendo así, anunció que apelaría a las acciones legales pertinentes de seguirse registrando incumplimientos en el proceso de supervisión.
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
Avanzan las concentraciones en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, Antioquia, donde cerca de 500 personas que dependen de la minería aseguran, en medio del paro minero, que hay incumplimientos por parte del Gobierno nacional, especialmente con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de las autoridades y la falta de formalización.De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, se registran dos bloqueos totales: uno en el sector Primax, donde hay 200 personas, cinco vehículos de carga y 50 vehículos represados; y el otro en la vía Caucasia - La Apartada, con aproximadamente 150 personas. A su vez, se presentan bloqueos intermitentes en sector Porcesito de la vía a Santo Domingo, con la presencia de 120 personas, cinco vehículos de carga, 15 de servicio público y 16 particulares; además, en Valdivia en el sector EDS Texaco, con el bloqueo de 150 personas.Anderson Quiceno, director nacional de la Asociación de Transportadores de Carga, manifestó que no solo el suelo antioqueño es donde más bloqueos se han registrado, sino que las pérdidas rondan los 800.000 millones de pesos para este departamento. También lamentó que los conductores sean intimidados para atravesar sus vehículos."Tampoco estamos bajo la línea de que se utilicen los vehículos de carga y pasajeros precisamente por quienes están bloqueando determinados puntos de las vías a que obligan a estos conductores a atravesar los vehículos y que estos sean amenazados, inclusive hasta con incendiarles el vehículo si no atraviesan los mismos", detalló el líder. Quiceno lamentó que Antioquia se vea tan afectada por los bloqueos, a pesar de que tiene condiciones de seguridad que pueden brindar algo de garantías para los transportadores. De otro lado, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón manifestó que maquinaria amarilla de la gobernación fue llevada al Bajo Cauca, para atender casos de árboles que bloquean la vía u otros elementos, como parte de esta manifestación."En el PMU estamos presentes, llevamos también unos frentes de maquinaria para el sector del Bajo Cauca, el Nordeste de manera especial para mirar en el momento en que requiramos de hacer alguna tensión por árboles que se tumben o alguna cosa, nosotros con la maquinaria y con el equipo podamos solucionar la transitabilidad pronto", .Finalmente, el vocero de los transportadores de carga le pidió al Gobierno nacional que de manera urgente active al máximo los estamentos de seguridad que tiene el Estado, para que se proteja la vida y el patrimonio, cada una de las mercancías que quedan en medio de los bloqueos por el paro minero.
Durante la inauguración de la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro aseguró que la tierra fértil en el Valle del Cauca está dedicada en un solo cultivo y está en manos de unos pocos propietarios y por eso, según él, los campesinos y los indígenas tiene que salir hacia las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir.Finalmente, este martes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que hace parte de una familia propietaria de uno de los ingenios azucareros más importantes de la región, le respondió a Petro. El mandatario caleño dijo que el presidente desconoce el empleo y el bienestar que genera ese sector de la economía para el Valle y para el país."El comentario del presidente no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos y creo que tristemente hay mucho desconocimiento de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe en la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia", indicó.El alcalde Eder fue más allá y explicó que no es el azúcar el que está acabando con el medioambiente en el país, sino que son las economías ilegales las que golpean la biodiversidad y los ecosistemas."Si lo que nos preocupa es el medio ambiente, no olvidemos que el principal destructor del medio ambiente en Colombia son las economías ilegales como los cultivos de coca y la producción de cocaína", puntualizó. Mientras tanto, los gremios económicos del Valle también se unieron a la defensa del sector azucarero que genera más de 280.000 empleos para la región."El sector agroindustrial de la caña beneficia a más de 50 municipios, genera energías limpias a partir del bagazo de caña y esta generación de energías es suficiente para iluminar hogares y su propia operación", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial del Valle del Cauca.
Docentes en el departamento de Santander marcharán en apoyo al presidente Gustavo Petro, en contra del supuesto golpe de estado, en apoyo al estado social de derecho y la democracia y mejoras al sistema de Salud de los docentes.Heriberto Delgado, uno de los delegados del Sindicato de Educadores en Santander, hizo un llamado a que las empresas permitieran marchar a los trabajadores: “Vamos a defender la democracia las reformas sociales, la unidad y la paz del pueblo colombiano”, señaló.Así será la marcha de profesores en BucaramangaEl magisterio anunció que, por esta marcha, habrá cese de actividades de 24 horas, donde 250 mil estudiantes no tendrán clases en 87 municipios de Santander, se espera que cerca de 15 mil docentes marchen en Bucaramanga, a partir de las 2:00 de la tarde en el punto conocido como La Puerta del Sol, para tomar la vía principal de la Carrera 27 y llegar al centro de la ciudadAsí mismo Delgado ratificó que es necesario como lo dijo en su momento el presidente “Un golpe blando, donde la clase trabajadora respalde estas reformas que han sido bloqueadas por otros sectores.De igual manera, confirmó que en las cabeceras de provincias del Departamento se registrarán marchas como lo son San Gil, Socorro, Málaga, Barrancabermeja y Vélez, en respaldo a la marcha en la ciudad capital.Otro de los puntos importantes en la marcha del Sindicato de Educadores en Santander es la salud el magisterio por lo que exigen el pago de los operadores del servicio de salud y en especial a la auditoria de la empresa D&G para que cumpla con los pagos, y la Fiduprevisora, con una buena atención a los docentes
El reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de una zona verde en la COP16, en Cali, generó polémica. En su intervención, criticó abiertamente la industria azucarera, señalando que empresas hacen concentración de tierra que “excluye a los campesinos” y que el monocultivo de caña obliga a muchos a “desplazarse a zonas marginales”.Estas palabras, que representan una crítica contundente hacia un sector clave de la economía local, no tardaron en recibir respuesta. En este caso, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, se pronunció en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y resaltó la importancia histórica y económica de la caña de azúcar en el Valle del Cauca."Este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 170 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4 % de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas que son propiedad de 11.000 familias en este Valle geográfico del río Cauca. El 75 % del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias y el resto a 13 ingenios azucareros”, detalló.A pesar de las críticas, la industria azucarera ha tomado medidas importantes para mitigar su impacto ambiental, centrando esfuerzos en el uso sostenible del agua y la conservación de cuencas hidrográficas, según dijo."Estamos comprometidos con este sector, con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que, si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo, esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle geográfico del río Cauca y aquí estamos", añadió.Así, también destacó iniciativas recientes que buscan establecer corredores biológicos para conectar ecosistemas y fomentar la biodiversidad en la región. Sin embargo, la idea de que el monocultivo pueda generar un daño irreparable a la biodiversidad no puede ser ignorada.En ese sentido, la presidenta de Asocaña reafirmó el compromiso de la industria con prácticas más sostenibles."Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50 % de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas en un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar", sostuvo.