Funcionaria de la Cancillería, a responder por detrimento de 399 millones de pesos

LaFiscalía le imputó cargos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación a Claudia Esperanza Amaya por otorgar unos paz y salvos, en calidad de supervisora de la Cancillería, a tres contratos que no se cumplieron en su totalidad.

Entre septiembre de 2016 y enero del 2018, la Cancillería firmó tres contratos de 828 millones de pesos para adquirir y poner en funcionamiento un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos.

Entre las irregularidades advertidas por la Fiscalía se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que la señora Amaya, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer, suscribió el informe final certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales a pesar de que no se completaron en su totalidad.

Según la Fiscalía, Claudia Esperanza Amaya, que está por cumplir 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y, que actualmente se encuentra dentro de la dirección técnica de La Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, no aceptó los cargos.

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