A través de una carta enviada a Diego García-Sayán, del Mecanismo de Selección de Magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el hijo del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán, reitera que su padre no ha tenido garantías judiciales para demostrar su inocencia, y advierte que quienes están participando de la elección de los magistrados tuvieron responsabilidad en ese particular.
Lo anterior, debido a que García-Sayán y otros jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaron al Estado por dicha masacre, en la cual se habrían presentado “falsos testigos” que conllevaron a la condena del general.
“Debo decir que usted y sus colegas contribuyeron a esa ausencia de garantías, cuando avalaron una serie de víctimas y hechos que resultaron ser falsos, pero que en su momento sirvieron de soporte para que las autoridades judiciales colombianas lo condenaran”, señala José Jaime Uscátegui Pastrana.
Uscátegui indica que, de las 20 víctimas directas de este hecho, 14 resultaron ser falsas y que el coronel en retiro Hernán Orozco, testigo principal, continúa asilado en Miami, pese a haber sido condenado a 40 años.
Teniendo en cuenta que este caso será revisado en la JEP, y el conocimiento que tuvo este juez en el proceso por el cual fue condenado el alto oficial, insta a que se actúe “con suprema diligencia para que el personal que se designe ofrezca máximas garantías de imparcialidad y objetividad”.
García-Sayán, Juan E. Méndez, Álvaro Gil-Robles, José Francisco Acuña y Claudia Patricia Vacca integran en mecanismo que elegirá a los jueces y otros responsables de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.