Hace unas semanas hubo una gran polémica en el país luego de que en un informe del Comité para la Desaparición Forzada se hablara de la existencia de 20.000 cuerpos en un hangar del Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.Tras la polémica, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a los hangares de la terminal aérea y lo que pudo determinar el Ministerio Público es que no hay rastros de restos humanos en el Dorado.“En los hangares que se encontraban sin cerramientos no se observan instalaciones que permitan inferir un espacio en el que se puedan almacenar 20.000 cuerpos humanos, ni aun considerando que los cuerpos se encontraran esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición”, señaló la Procuraduría.Además, se conoció que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz lleva días haciendo inspecciones y tampoco ha hecho ningún hallazgo.“Frente a la posibilidad de llevar a cabo una inspección a cada uno de los hangares en el aeropuerto El Dorado, es necesario considerar que se trata de predios entregados a particulares a través de contratos de arrendamientos y no de establecimientos abiertos al público o en cabeza de entidades públicas, por lo cual se requiere ahondar en la obtención de información que permita determinar la posibilidad de existencia de un hangar específico, destinado a propósitos diferentes a los señalados en la visita efectuada”, añadió el Ministerio Público.
La Jurisdicción Especial para la Paz y la alcaldía de Medellín presentaron la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá para Procesos Restaurativos con la cuál los comparecientes pagarán las sanciones impuestas por los magistrados de la JEP. Según la información entregada, son cerca de 10 entidades estatales que estarán participando en la reparación de víctimas del conflicto armado en el país.La mesa será la primera de esta magnitud en Colombia y tendrá la visión de víctimas y quienes fueron los perpetradores de los criminales que están dispuestos a aportar su versión para tratar de reparar a las personas que de una u otra manera fueron víctimas de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Antioquia.Precisamente, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, indicó que serán varias las sanciones con las que más de 400 comparecientes rendirán cuentas en la región."Hemos comenzado con estas de educación en el riesgo de minas y desminado, reconstrucción ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también habrá cuestiones de generación de ingreso, obras de dotación comunitaria, escuelas, centros de salud, incluso vías", relató Vidal.Aunque la estrategia ya comenzó con algunos proyectos en Dabeiba, ahora se centrarán en el Valle de Aburrá con la memorialización de las víctimas y otros actos de perdón. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los proyectos tendrán duraciones desde 1 hasta los 8 años.Sin embargo, lo que destacan desde la JEP es que una de las acciones que más significado tiene para las autoridades es la de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que los victimarios están dando información que por años permaneció en silencio. "La búsqueda de personas dadas por desaparecidas que no había sido posible esclarecer en la justicia ordinaria y que en relativamente pocos meses han significado la devolución y la entrega digna de restos con plena identificación a familias que no tenían ninguna respuesta positiva durante muchos años 15 a 20 años", dijo el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.En este sentido, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado con la desaparición de su esposo en 2001, relató que la mejor reparación que pueden recibir las personas que han sufrido la violencia es poder encontrar a sus seres queridos."Lo más sanador para nosotros víctimas de desaparición forzada es la entrega de nuestros desaparecidos. Ese es nuestro objetivo dentro de nuestro proyecto restaurativo", destacó la víctima.Finalmente, desde la alcaldía de Medellín indicaron que en esta mesa también se tocarán temas de La Escombrera y que esperan una participación activa de más de 600 personas solamente en la capital de Antioquia.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre la terminación del conflicto y la construcción de paz.En las últimas horas, se realizó una de estas conferencias en la JEP. A dicho evento asistió Francisco Toloza, quien fue designado por la Segunda Marquetalia como vocero civil en los diálogos con el Gobierno.Es importante recordar que los líderes de la Segunda Marquetalia retornaron a las armas tras firmar el acuerdo de paz en 2016, y varios de sus integrantes han sido expulsados de la JEP por evidentes incumplimientos.Blu Radio consultó a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz sobre esta situación, y desde la entidad explicaron que Toloza tiene un contrato vigente desde el 2 de marzo hasta el 2 de octubre, cuyo objetivo es “contribuir a los análisis de contexto y facilitar procesos de pedagogía de paz”.Por otro lado, también se consultó a la Oficina del Comisionado de Paz si Toloza aún es vocero civil de la Segunda Marquetalia y, hasta el momento, la designación por parte de ese grupo sigue en firme.La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz se encarga de garantizar el cumplimiento de lo acordado durante las negociaciones en La Habana, Cuba, bajo el gobierno de Santos.Francisco Toloza es docente de la Universidad Nacional y también estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia en Venezuela.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, Casanare, aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en esa unidad militar. El pasado 23 de julio, Torres envió un documento a la JEP solicitando la organización de un espacio con las víctimas, con el propósito de entregar una medalla que le fue otorgada por los resultados operacionales obtenidos durante su comandancia en dicha brigada.Una vez se conoció la decisión del general, la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa-Paz) envió un documento a la JEP expresando su postura sobre el tema. En primer lugar, las víctimas aseguran que Torres Escalante no ha cumplido con sus compromisos, ya que sus aportes a la verdad han sido incompletos."Lo anterior se sustenta en su amplio rechazo a aceptar responsabilidad por delitos cometidos en calidad de autor, es decir, por su acción y no por simple omisión. Esto se debe a que tuvo todas las herramientas y el poder para intervenir, dar órdenes y movilizar completamente el aparato criminal que, desde la Brigada XVI, ejecutó delitos como concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio de persona protegida, entre otros tantos, convirtiendo a Casanare en un capítulo más del genocidio en Colombia contra la población campesina y vulnerable entre los años 2005 y 2008", se lee en el documento enviado a la JEP.La organización también advierte a la jurisdicción que Torres Escalante no ha esclarecido las amenazas contra el entonces Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica, quien denunció las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recuerdan que el general fue imputado por la Fiscalía por otros casos de homicidios que, según las víctimas, él no ha podido desvirtuar. Por ello, piden que no se realice la entrega de la medalla hasta que el general amplíe su aporte a la verdad."Por tanto, la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público no satisface los vacíos de verdad y aceptación de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Casanare. Estos vacíos deben ser ampliamente llenados. La entrega de dicha medalla debería estar condicionada a un aporte de verdad oportuno, amplio y suficiente por parte de Henry William Torres Escalante, en nombre de cada una de las víctimas y sus familias, aceptando sus crímenes, así como la naturaleza, magnitud y duración del daño ocasionado, y reconociendo los impactos directos e indirectos causados a la sociedad casanareña, asumiendo su culpa de manera pública. No debe limitarse a una referencia abstracta a 'las víctimas' a quienes ha causado 'un daño', sino que la sociedad debe conocer los pormenores de sus crímenes, con la finalidad de restituir el buen nombre de las víctimas y cesar la estigmatización a la que hemos sido sometidos durante más de dieciocho años como resultado de los crímenes cometidos por Henry William Torres Escalante", explicó la organización en el documento.Finalmente, desde la organización aseguran que Torres Escalante ha despreciado la dignidad de las víctimas al aceptar su responsabilidad solo por omisión en los casos de ejecuciones extrajudiciales."En consecuencia, percibimos la aceptación de responsabilidad por omisión de Henry William Torres Escalante como una burla a la dignidad y la memoria de las víctimas por parte de uno de los máximos responsables dentro del aparato criminal conformado en Casanare, integrado por el Ejército Nacional de Colombia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reinsertados y paramilitares, por solo mencionar algunos actores", advirtieron las víctimas a la JEP.
Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas. Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas."Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
Un equipo forense conformado por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la paz, exhumó 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, Antioquia. Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia desaparecidos entre 2007 y 2016, en el contexto del conflicto armado.La intervención forense en las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda de este camposanto, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá. Según la magistrada, todo comenzó en Dabeiba y ahora se presume que en los cementerios de Apartadó y Carepa hay cuerpos de víctimas de falsos positivos."Dispusieron los cuerpos, finalmente, en ya sea en el cementerio de Decarepa y también en el cementerio de Apartado. Allí estamos buscando los cuerpos de otras personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional en el fenómeno de los falsos positivos en el departamento", dijo Henríquez.En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos. Sobre el balance, se refirió Patricia Latorre, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Urabá."Logramos hacer la exhumación o rescate de 16 cuerpos y tenemos 9 cuerpos con identidad orientada, 15 tomas de muestra e hicimos la atención a 100 familias. Los cuerpos que fueron exhumados, algunos provienen de otros departamentos", agregó Latorre.Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente medicolegal en Medicina Legal. Por esta razón, según informó la entidad, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte. En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyó a 2.772 personas porque no cumplían los requisitos para ser aceptados por este alto tribunal. El alto tribunal detalló en un comunicado que en otros casos, la Sala determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano.De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.A manera de ejemplo, dice la información, "se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas FARC y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAl referirse a personas que intentaron beneficiarse de la JEP al solicitar su sometimiento por delitos comunes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.A las 2.772 exclusiones y rechazos definitivos se suman más de 700 amnistías concedidas a exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes, que tiene representación en el Congreso, según lo acordado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y esa guerrilla en 2016.Para tomar esas determinaciones la Sala realizó un "arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes".La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia. Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima Risaralda y en Quindio. Entre los imputados están: Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.Estas personas son máximos responsables por casos de secuestro debido a que ostentaban el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías del Comando Conjunto. Los secuestros se habrían presentado por tres razones diferentes: para financiar el grupo; para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial."La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.El Comando Conjunto alcanzó a tener 1.180 integrantes y serían responsables de al menos 111 casos de secuestro, extorsionaron en la región a personas relacionadas con los sectores del arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina."Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro", puntualizó.Si las personas decidían no pagar la extorsión eran secuestradas y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades. Ahora, las personas responsables de estos casos tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los hechos, si no aceptan, enfrentarán un juicio y podrán pagar hasta 20 años de prisión."Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado", dijo la JEP.Le puede interesar
El caso de Jorge Visbal Martelo, exsenador del Partido de la U y expresidente de Fedegán, condenado a nueve años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo, no va más en la Justicia Especial de Paz.Jorge Visbal Martelo había presentado una solicitud de sometimiento como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y se esperaban sus aportes de verdad frente a hechos del paramilitarismo en el conflicto armado.El tribunal se pronunció en el mismo sentido en el caso de Sor Teresa Gómez, desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas.La JEP rechazó las solicitudes de sometimiento al considerar que no hicieron "aportes exhaustivos ni representativos a la verdad". Sus casos serán enviados de nuevo a la justicia ordinaria.Cabe resaltar que, en noviembre de 2019, través de una petición enviada a la Sala de Definición de Situaciones Juridicas de la Justicia Especial de Paz, Jorge Visbal Martelo solicitó ser reconocido como víctima de la extinta guerrilla de las Farc y de los paramilitares, en ese tribunal especial.Entre tanto, en octubre de 2022, Sor Teresa Gómez, desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, compareció ante la JEP como testigo en el marco del Caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá.Le puede interesar:
En Bogotá se llevó a cabo la activación de la instancia de articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se trata de un espacio de coordinación para “facilitar el cumplimiento y la ejecución armónica de las sanciones propias”, para las personas que están acogidas a la JEP y que aceptan toda su responsabilidad en diferentes crímenes.“En las sanciones propias nos vamos a jugar gran parte del acuerdo de paz, porque es allí donde las víctimas van a reclamar la responsabilidad de las personas que han cometido graves delitos en el contexto del conflicto armado, pero es allí también donde se puede ver un decaimiento del proceso si no hay una responsabilización seria, si las medidas no llevan a una reparación, a una respuesta al daño o no son lo suficientemente restauradoras”, aseguró Camilo Umaña , viceministro de Política Criminal del ministerio de Justicia.Asimismo, esta instancia estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y participan la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia de Renovación del Territorio.“El escenario más esperado con la acción de esta instancia tiene que ver con tener un grupo de proyecto funcionando en territorio, operados por el Gobierno Nacional, para que reciban a las personas que tengan su proceso en la JEP después de aportar verdad y reconocer su responsabilidad”, recalcó Roberto Vidal, presidente de JEP.Le puede interesar: