La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Hace unas semanas hubo una gran polémica en el país luego de que en un informe del Comité para la Desaparición Forzada se hablara de la existencia de 20.000 cuerpos en un hangar del Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.Tras la polémica, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a los hangares de la terminal aérea y lo que pudo determinar el Ministerio Público es que no hay rastros de restos humanos en el Dorado.“En los hangares que se encontraban sin cerramientos no se observan instalaciones que permitan inferir un espacio en el que se puedan almacenar 20.000 cuerpos humanos, ni aun considerando que los cuerpos se encontraran esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición”, señaló la Procuraduría.Además, se conoció que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz lleva días haciendo inspecciones y tampoco ha hecho ningún hallazgo.“Frente a la posibilidad de llevar a cabo una inspección a cada uno de los hangares en el aeropuerto El Dorado, es necesario considerar que se trata de predios entregados a particulares a través de contratos de arrendamientos y no de establecimientos abiertos al público o en cabeza de entidades públicas, por lo cual se requiere ahondar en la obtención de información que permita determinar la posibilidad de existencia de un hangar específico, destinado a propósitos diferentes a los señalados en la visita efectuada”, añadió el Ministerio Público.
La Jurisdicción Especial para la Paz y la alcaldía de Medellín presentaron la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá para Procesos Restaurativos con la cuál los comparecientes pagarán las sanciones impuestas por los magistrados de la JEP. Según la información entregada, son cerca de 10 entidades estatales que estarán participando en la reparación de víctimas del conflicto armado en el país.La mesa será la primera de esta magnitud en Colombia y tendrá la visión de víctimas y quienes fueron los perpetradores de los criminales que están dispuestos a aportar su versión para tratar de reparar a las personas que de una u otra manera fueron víctimas de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Antioquia.Precisamente, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, indicó que serán varias las sanciones con las que más de 400 comparecientes rendirán cuentas en la región."Hemos comenzado con estas de educación en el riesgo de minas y desminado, reconstrucción ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también habrá cuestiones de generación de ingreso, obras de dotación comunitaria, escuelas, centros de salud, incluso vías", relató Vidal.Aunque la estrategia ya comenzó con algunos proyectos en Dabeiba, ahora se centrarán en el Valle de Aburrá con la memorialización de las víctimas y otros actos de perdón. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los proyectos tendrán duraciones desde 1 hasta los 8 años.Sin embargo, lo que destacan desde la JEP es que una de las acciones que más significado tiene para las autoridades es la de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que los victimarios están dando información que por años permaneció en silencio. "La búsqueda de personas dadas por desaparecidas que no había sido posible esclarecer en la justicia ordinaria y que en relativamente pocos meses han significado la devolución y la entrega digna de restos con plena identificación a familias que no tenían ninguna respuesta positiva durante muchos años 15 a 20 años", dijo el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.En este sentido, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado con la desaparición de su esposo en 2001, relató que la mejor reparación que pueden recibir las personas que han sufrido la violencia es poder encontrar a sus seres queridos."Lo más sanador para nosotros víctimas de desaparición forzada es la entrega de nuestros desaparecidos. Ese es nuestro objetivo dentro de nuestro proyecto restaurativo", destacó la víctima.Finalmente, desde la alcaldía de Medellín indicaron que en esta mesa también se tocarán temas de La Escombrera y que esperan una participación activa de más de 600 personas solamente en la capital de Antioquia.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre la terminación del conflicto y la construcción de paz.En las últimas horas, se realizó una de estas conferencias en la JEP. A dicho evento asistió Francisco Toloza, quien fue designado por la Segunda Marquetalia como vocero civil en los diálogos con el Gobierno.Es importante recordar que los líderes de la Segunda Marquetalia retornaron a las armas tras firmar el acuerdo de paz en 2016, y varios de sus integrantes han sido expulsados de la JEP por evidentes incumplimientos.Blu Radio consultó a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz sobre esta situación, y desde la entidad explicaron que Toloza tiene un contrato vigente desde el 2 de marzo hasta el 2 de octubre, cuyo objetivo es “contribuir a los análisis de contexto y facilitar procesos de pedagogía de paz”.Por otro lado, también se consultó a la Oficina del Comisionado de Paz si Toloza aún es vocero civil de la Segunda Marquetalia y, hasta el momento, la designación por parte de ese grupo sigue en firme.La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz se encarga de garantizar el cumplimiento de lo acordado durante las negociaciones en La Habana, Cuba, bajo el gobierno de Santos.Francisco Toloza es docente de la Universidad Nacional y también estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia en Venezuela.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, Casanare, aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en esa unidad militar. El pasado 23 de julio, Torres envió un documento a la JEP solicitando la organización de un espacio con las víctimas, con el propósito de entregar una medalla que le fue otorgada por los resultados operacionales obtenidos durante su comandancia en dicha brigada.Una vez se conoció la decisión del general, la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa-Paz) envió un documento a la JEP expresando su postura sobre el tema. En primer lugar, las víctimas aseguran que Torres Escalante no ha cumplido con sus compromisos, ya que sus aportes a la verdad han sido incompletos."Lo anterior se sustenta en su amplio rechazo a aceptar responsabilidad por delitos cometidos en calidad de autor, es decir, por su acción y no por simple omisión. Esto se debe a que tuvo todas las herramientas y el poder para intervenir, dar órdenes y movilizar completamente el aparato criminal que, desde la Brigada XVI, ejecutó delitos como concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio de persona protegida, entre otros tantos, convirtiendo a Casanare en un capítulo más del genocidio en Colombia contra la población campesina y vulnerable entre los años 2005 y 2008", se lee en el documento enviado a la JEP.La organización también advierte a la jurisdicción que Torres Escalante no ha esclarecido las amenazas contra el entonces Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica, quien denunció las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recuerdan que el general fue imputado por la Fiscalía por otros casos de homicidios que, según las víctimas, él no ha podido desvirtuar. Por ello, piden que no se realice la entrega de la medalla hasta que el general amplíe su aporte a la verdad."Por tanto, la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público no satisface los vacíos de verdad y aceptación de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Casanare. Estos vacíos deben ser ampliamente llenados. La entrega de dicha medalla debería estar condicionada a un aporte de verdad oportuno, amplio y suficiente por parte de Henry William Torres Escalante, en nombre de cada una de las víctimas y sus familias, aceptando sus crímenes, así como la naturaleza, magnitud y duración del daño ocasionado, y reconociendo los impactos directos e indirectos causados a la sociedad casanareña, asumiendo su culpa de manera pública. No debe limitarse a una referencia abstracta a 'las víctimas' a quienes ha causado 'un daño', sino que la sociedad debe conocer los pormenores de sus crímenes, con la finalidad de restituir el buen nombre de las víctimas y cesar la estigmatización a la que hemos sido sometidos durante más de dieciocho años como resultado de los crímenes cometidos por Henry William Torres Escalante", explicó la organización en el documento.Finalmente, desde la organización aseguran que Torres Escalante ha despreciado la dignidad de las víctimas al aceptar su responsabilidad solo por omisión en los casos de ejecuciones extrajudiciales."En consecuencia, percibimos la aceptación de responsabilidad por omisión de Henry William Torres Escalante como una burla a la dignidad y la memoria de las víctimas por parte de uno de los máximos responsables dentro del aparato criminal conformado en Casanare, integrado por el Ejército Nacional de Colombia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reinsertados y paramilitares, por solo mencionar algunos actores", advirtieron las víctimas a la JEP.
Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas. Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas."Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
Un equipo forense conformado por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la paz, exhumó 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, Antioquia. Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia desaparecidos entre 2007 y 2016, en el contexto del conflicto armado.La intervención forense en las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda de este camposanto, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá. Según la magistrada, todo comenzó en Dabeiba y ahora se presume que en los cementerios de Apartadó y Carepa hay cuerpos de víctimas de falsos positivos."Dispusieron los cuerpos, finalmente, en ya sea en el cementerio de Decarepa y también en el cementerio de Apartado. Allí estamos buscando los cuerpos de otras personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional en el fenómeno de los falsos positivos en el departamento", dijo Henríquez.En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos. Sobre el balance, se refirió Patricia Latorre, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Urabá."Logramos hacer la exhumación o rescate de 16 cuerpos y tenemos 9 cuerpos con identidad orientada, 15 tomas de muestra e hicimos la atención a 100 familias. Los cuerpos que fueron exhumados, algunos provienen de otros departamentos", agregó Latorre.Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente medicolegal en Medicina Legal. Por esta razón, según informó la entidad, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte. En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyó a 2.772 personas porque no cumplían los requisitos para ser aceptados por este alto tribunal. El alto tribunal detalló en un comunicado que en otros casos, la Sala determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano.De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.A manera de ejemplo, dice la información, "se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas FARC y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAl referirse a personas que intentaron beneficiarse de la JEP al solicitar su sometimiento por delitos comunes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.A las 2.772 exclusiones y rechazos definitivos se suman más de 700 amnistías concedidas a exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes, que tiene representación en el Congreso, según lo acordado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y esa guerrilla en 2016.Para tomar esas determinaciones la Sala realizó un "arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes".La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia. Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima Risaralda y en Quindio. Entre los imputados están: Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.Estas personas son máximos responsables por casos de secuestro debido a que ostentaban el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías del Comando Conjunto. Los secuestros se habrían presentado por tres razones diferentes: para financiar el grupo; para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial."La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.El Comando Conjunto alcanzó a tener 1.180 integrantes y serían responsables de al menos 111 casos de secuestro, extorsionaron en la región a personas relacionadas con los sectores del arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina."Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro", puntualizó.Si las personas decidían no pagar la extorsión eran secuestradas y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades. Ahora, las personas responsables de estos casos tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los hechos, si no aceptan, enfrentarán un juicio y podrán pagar hasta 20 años de prisión."Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado", dijo la JEP.Le puede interesar
Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
La Selección Colombia parte como favorita para el amistoso frente a México, según el análisis del periodista mexicano Gustavo Mendoza, de ESPN, quien habló en Blog Deportivo sobre el encuentro que marcará el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del combinado azteca. Aunque el comunicador reconoció que México afrontará el compromiso con expectativas moderadas en cuanto al resultado, señaló que el equipo colombiano llega con una ventaja por la continuidad del proceso que lidera Néstor Lorenzo.Mendoza explicó que una de las razones para considerar favorito a Colombia es el antecedente más reciente entre ambos seleccionados, especialmente el triunfo 4-0 conseguido por la tricolor cuando México era dirigido por Javier Aguirre. A esto se suma que, en su opinión, el equipo colombiano mantiene una estructura de trabajo más consolidada, pese a las ausencias de varios futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no harán parte de esta convocatoria.“Simplemente no se nos borra de la mente el 4 a 0 de Colombia con Javier Aguirre”, afirmó el periodista.Mendoza también señaló que la situación es diferente para México, debido a que este partido representa el comienzo de una nueva etapa con Rafa Márquez, quien asumió el cargo después de la salida de Aguirre y todavía está implementando sus ideas en el equipo nacional.Las ausencias de MéxicoEl periodista mexicano también puso sobre la mesa las bajas que tendrá su selección para el compromiso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez atraviesa una situación que le impide participar. Además, la convocatoria tuvo una particularidad: el cuerpo técnico solamente pudo llamar inicialmente a dos jugadores por club, situación que afecta especialmente a Chivas, equipo que constituye una de las bases del seleccionado mexicano.“México arranca de cero”, aseguró al explicar su percepción sobre el proceso de Márquez, aunque aclaró que espera que el exdefensor consiga potenciar al seleccionado mexicano.El partido entre ambas selecciones será este sábado, 26 de septiembre, desde las 8:00 de la noche.
La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para la compañía y desde el Congreso ya advierten cuáles serán los principales desafíos de su administración.Aumentar las reservas y la producción, garantizar el abastecimiento de gas, fortalecer las finanzas y definir el futuro de la transición energética están entre las prioridades señaladas por senadores y representantes.Recuperar las finanzas y la confianza en EcopetrolUno de los primeros desafíos planteados desde el Congreso está relacionado con las finanzas y el gobierno corporativo de la compañía. Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que Gutiérrez tendrá que recuperar las finanzas de Ecopetrol, pero también fortalecer la confianza y el gobierno corporativo.“Recibe una empresa con un debilitamiento económico lamentable. En el gobierno Petro las utilidades de Copetrol cayeron en un 72%. Al doctor Gutiérrez, de la mano de la junta directiva, le corresponderá recuperar, además de las finanzas, la confianza y el gobierno corporativo, retomar el negocio de la producción de gas natural y de petróleo”, aseguró Espinal.La senadora María Clara Posada también puso el foco en la rentabilidad y los costos. Según explicó, Ecopetrol venía de tres años de caída de utilidades hasta 2025 y, aunque los resultados mejoraron en 2026 por los precios internacionales, considera necesario que la compañía pueda mantener su rentabilidad incluso ante un escenario de menores precios del crudo.“El gobierno corporativo, que es determinante el fortalecimiento de la institucionalidad. Después de las controversias investigaciones de los últimos años, hay un desafío importante en recuperar la credibilidad, fortalecer controles y demostrar independencia en las decisiones para que no se afecte la inversión”, señaló Posada.Petróleo: aumentar reservas y volver a impulsar la exploraciónLa recuperación de las reservas y la producción de hidrocarburos aparece como otro de los principales retos.El senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión Quinta, aseguró que la exploración y explotación petrolera deberá volver a convertirse en una prioridad.“El tema de exploración y explotación petrolera. Ese, en el gobierno de Gustavo Petro no fue una prioridad, por tanto, aquí se requiere esa prioridad para aprovechar los precios altos que tenemos en este momento del petróleo, que el barril de Brent está entre los 97 a 102, 103 dólares, el WTI 3, 4 dólares más barato, y eso, pues permitiría a la empresa despegar”, subrayó Ávila.Espinal también planteó aumentar la producción nacional de petróleo y defendió retomar el fracking como una alternativa para fortalecer las reservas probadas de petróleo y gas del país.A esta petición se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien aseguró que la nueva administración tiene la tarea de concentrarse en aumentar el valor de la compañía.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones”, afirmó Barguil, quien sostuvo que el país necesita una compañía “fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética”.Gas: garantizar el abastecimiento y llevar los descubrimientos a producciónEl gas es otro de los asuntos que genera preocupación entre integrantes del legislativo.El representante a la cámara Alejandro de la Ossa, señaló que uno de los retos será lograr que los descubrimientos de gas del Caribe dejen de ser únicamente recursos encontrados y lleguen efectivamente a producción. Para ello, considera necesario resolver asuntos de infraestructura, licenciamiento y relacionamiento con las comunidades.El senador Miguel Ángel Barreto también advirtió sobre el riesgo de un racionamiento de gas y pidió acelerar la entrada de nueva oferta nacional.“Necesitamos, de manera urgente, explorar y explotar gas en nuestro país. Necesitamos solucionar el tema de las consultas previas y las licencias ambientales. Necesitamos que los nuevos proyectos ingresen de manera inmediata, como el proyecto Sirius de la costa Caribe de nuestro país”, aseguró.Por otro lado, el senador Marcos Daniel Pineda también puso entre las prioridades reducir la dependencia del gas importado, que según aseguró, ha aumentado hasta un 30%.Ariel Ávila también alertó sobre las necesidades de abastecimiento durante los próximos años, especialmente ante la incertidumbre internacional y los retrasos que, según señaló, enfrentan proyectos de regasificación.¿Cómo continuará la transición energética?El futuro de la transición energética es otro punto sobre el cual el Congreso pone la mirada.El senador Kevin Paz, defendió que Ecopetrol mantenga su carácter público mayoritario y continúe transformándose de una compañía exclusivamente petrolera hacia una empresa productora de diferentes energéticos.“Petróleo, gas, energía solar, eólica, hidrógeno blanco, gris, azul y verde, e iniciar la explotación de de geotermia, cuyos pilotos ya están diseñados. Igualmente, considero importante que la empresa mantenga en su junta directiva la participación de los trabajadores”, planteó Paz.Mientras tanto, De la Ossa aseguró que el desafío será desarrollar nuevas fuentes de energía sin debilitar de manera anticipada la producción de petróleo y gas que todavía requiere Colombia y que, además, puede generar los recursos necesarios para financiar esa transición.Cuestionamientos al nombramiento de Joaquín GutiérrezMás allá de los desafíos que tendrá la nueva administración, desde algunos sectores del Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la elección de Gutiérrez.El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó su experiencia específica en hidrocarburos.“No hay idoneidad del señor para el cargo. El señor es especialista en la gerencia de proyectos de telecomunicaciones, es especialista en derecho a las telecomunicaciones, es especialista en servicios de la salud. Y en Ecopetrol, pues ni telecomunicaciones ni salud, sino que es hidrocarburos, gas, petróleo, entre otras cosas”, afirmó Bohórquez.El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, también cuestionó la cercanía entre el nuevo presidente de Ecopetrol y el presidente Abelardo de la Espriella.“Cuando el cargo más importante de la empresa se entrega al jefe de campaña del presidente, pues el mensaje que Ecopetrol se reparte como botín electoral es muy grave. Eso lo criticamos con Petro y con Roa, y lo criticamos igual hoy. Abelardo De La Espriella llegó diciendo que iba a devolverle la técnica a Ecopetrol después del caso Roa, y eso resulta ser falso. Y lo primero que hace, pues es repetir exactamente el mismo patrón”, aseguró.Mientras tanto, desde el Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío defendió la experiencia administrativa y empresarial de Gutiérrez.“Esos mismos que lo cuestionan, se les olvidó que Petro nombraba bachilleres de ministros y hasta directores del DPS. Hay que hacer buena memoria. Esperemos que este señor arranque y a ver cómo le va. Yo le auguro mucho éxito”, afirmó.Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también señaló que Gutiérrez no cuenta con experiencia directa en el sector petrolero, pero destacó que Ecopetrol tiene en su interior trabajadores con conocimiento técnico y experiencia.“Necesitamos un ecopetrol que siga generando utilidades, que siga generando riqueza. Eso es lo que te va a hacer. Y el fracking es más el costo de la operación que la ganancia que genera”, agregó Ocampo.
En las imágenes conocidas por Blu Radio se observa a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, esposado y escoltado por agentes de Interpol y uniformados de la Policía, mientras es trasladado para su extradición a los Estados Unidos. En una de las imágenes, aparece firmando documentos durante el procedimiento judicial relacionados con su extradición, mientras que otras registran su salida de un vehículo de seguridad y el momento en que era conducido por los agentes antes de continuar con el traslado.La operación comenzó la noche del jueves, cuando salió de la cárcel La Picota hacia CATAM y. posteriormente. fue llevado a Barranquilla. Allí, Interpol formalizó su entrega a agentes de los US Marshals y la DEA. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Las imágenes también muestran el momento en el que ‘Araña’ es sacado de un vehículo de la Policía bajo una estricta escolta. El peligroso cabecilla aparece con chaleco táctico y casco, mientras varios uniformados de la Dijín e Interpol rodean cada uno de sus movimientos.En otra de las fotografías se observa al detenido frente a una mesa, firmando documentos mientras permanece esposado de pies y manos y custodiado por los agentes, en lo que corresponde a parte del protocolo previo a su entrega a las autoridades estadounidenses.La extradición había sido autorizada previamente, pero su entrega permaneció suspendida mientras Rojas participaba como representante de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la entrega, junto con la de otros cuatro integrantes de estructuras criminales, al señalar que no se habían acreditado aportes verificables al proceso de paz.Estados Unidos lo acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo; según el Departamento de Justicia de ese país, la acusación sostiene que habría participado en un acuerdo para distribuir cocaína destinada a ser introducida ilegalmente en Estados Unidos y que habría proporcionado apoyo de valor a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.