Desde hace varios meses algunos exjefes paramilitares han entregado su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre una presunta falsa desmovilización que se habría registrado en 1996, cuando guerrilleros que pertenecían al EPL, entregaron las armas, pero realmente pasaron a las filas de las AUC.Esta operación se habría coordinado, presuntamente, según dijo Salvatore Mancuso ante la JEP, entre los generales en retiro Iván Ramírez y Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, y Carlos Castaño, exjefe paramilitar, también se hicieron referencias a funcionarios del Gobierno de ese entonces.“El comandante Carlos Castaño habló directamente con el ministro Serpa antes de que recibiera a Hernán Gómez y le pidió que lo recibiera y ya Hernán Gómez presentó la parte legal, pero el comandante Castaño habló con Serpa, o sea, desde el Gobierno de Samper sabían que esto era una operación de AUC, que estaba involucrada en este tema de la desmovilización”, señaló Mancuso.El general (r) Iván Ramírez comparece ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, allí, negó su responsabilidad en la falsa desmovilización.“Quiero comentarle a usted y al país, porque esto lo están viendo, yo como comandante de división no organicé, planeé, ni gestioné ninguna desmovilización, es más, no tenía atribuciones para hacer eso”, le dijo el ex comandante de la Primera División del Ejército al magistrado Gustavo Salazar durante la diligencia.En el mismo sentido, señaló que estas desmovilizaciones se coordinaban al nivel del Gobierno nacional directamente con los grupos y que él considera que no hubo una falsa desmovilización.“Nosotros no podemos negar que estas desmovilizaciones fortalecieron a las AUC porque llegó gente que les produjo inteligencia y les dieron armas, pero fueron unas negociaciones directas con el Gobierno, con diálogos previos que fueron secretos”, señaló el general (r) Ramírez.Le puede interesar: Las noticias más relevantes de esta semana en el FPC
La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP ordenó este jueves arrestar por cinco días a Robinson Manosalva, alcalde del municipio de Aguachica, por incumplir la orden de trasladar y proteger los cuerpos recuperados en un cementerio que se creen que son de desaparecidos en el conflicto armado. La orden la dio la JEP durante la audiencia de seguimiento de la medida cautelar que busca proteger a las víctimas de desaparición forzada inhumadas de forma irregular en el cementerio San Martín, conocido como "Cementerio de los Pobres", en Aguachica, Cesar.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado Raúl Sánchez, se la Sección de Reconocimiento de la JEP, entregó detalles sobre la decisión y las razones de esta.El magistrado explicó que desde hace muchos años, habitantes de escasos recursos de ese municipio, tomaron un predio privado para sepultar a sus seres queridos, sin embargo, también empezaron a llegar cuerpos no identificados.Según cuenta, se ha solicitado al alcalde cumplir con la orden de un juez de tutela que obliga el traslado de esos cuerpos al cementerio oficial del municipio.“Eso está afectando a las víctimas y a la verdad”, recalcó. Agregó que es necesario hacer ese tipo de inhumación de la mano de expertos forenses, “uno no puede llegar a desenterrar de buenas a primeras. Se requiere una morgue y unas mesas de trabajo. A estos restos óseos se les debe extraer muestras de ADN, no es una labor que se pueda hacer en campo, hay unos protocolos que deben cumplirse”, señaló.Los cuerpos hallados en ese lugar son más de 200, entre ellos 28 que estaban sin identificar y que son posibles víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.Las medidas fueron tomadas además tras una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que busca "proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país y en donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado".Escuche aquí la entrevista:
Tras su última audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le pidieron al exgobernador Salvador Arana ajustar reajustar su plan de aporte a la verdad y de reparación para las víctimas, con el objetivo de determinar si podría acceder a algún beneficio de la justicia transicional, como la libertad condicional.En los próximos días, Arana deberá entregar nuevamente este documento, sin embargo, las víctimas aseguran que sus aportes a la verdad no han sido completos e incluso consideran que son contradictorios, por lo que le pidieron a la JEP que no le otorgue ningún beneficio hasta que entregue información más detallada; por ejemplo: el caso de la fiscal Paternina, pues las víctimas consideran que, pese a las pruebas, él no ha reconocido su responsabilidad en lo sucedido."Arana no está haciendo un esfuerzo, pues solo reconoce los hechos que más avances tienen en la justicia ordinaria, y como en el caso de mi madre, Yolanda Paternina, la Fiscalía no ha avanzado tanto él no se ve contra las cuerdas y por eso no reconoce el crimen de mi madre", explicó Ketty Paternina, hija de la fiscal.La pruebas en contra de Salvador Arana son contundentes, dice hija del fiscalPor otro lado, Paternina aseguró que Jairo Castillo, alias 'Pitirri', ha aportado información que demostraría presuntamente la responsabilidad de Arana en el caso, por lo que considera que estos datos se deben tener en cuenta y evaluar antes de otorgarle algún beneficio, pues asegura que a pesar de que ha pasado tanto tiempo aún confía en los resultados de la justicia en este caso."Me opongo rotundamente a la salida de Salvador Arana, confío en Dios y en la JEP, pero que verifiquen con lupa las evidencias aportadas, el postulado debe decir solo la verdad y el señor continúa diciendo mentiras; también él manifestó en su última audiencia ante la jurisdicción que estaba de acuerdo en que me protegieran, cosa que veo como un arma de doble filo, ¿por qué? porque él pide que me protejan y no quiero que arremeta contra mi vida y se lave las manos después", señaló Paternina.Por su parte, Juan David Díaz, hijo del alcalde de El Roble, Eudaldo 'Tito' Díaz, aseguró que Arana aún no reconoce que fue una persona con alto poder en las autodefensas, pues, según él, se muestra como una persona que colaboró "porque le tocó" con las autodefensas lo que iría en contra de las pruebas que tiene la justicia."Comienza a negar hechos que son graves e importantes mostrándose como una víctima de esto y eso ha llevado a que sus declaraciones ante la JEP sean o verdades a medias o simplemente mentiras", señaló Juan David Díaz.¿Quién es Salvador Arana y por qué es investigado por la JEP?Salvador Arana, exgobernador de Sucre, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien durante un consejo comunal en Corozal ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que su vida corría peligro acusándolo públicamente.Eudaldo Díaz reveló en esa ocasión los presuntos vínculos con el paramilitarismo, razón por la cual el exgobernador fue condenado en la justicia ordinaria. Sin embargo, Arana también ha sido señalado e investigado por su presunta responsabilidad en otros casos que aún no han sido esclarecidos, como el homicidio de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue.Le puede interesar: '¿Salto de calidad para el Huila?'
Blu Radio conoció el último testimonio del exgobernador de Sucre Salvador Arana ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante una audiencia que se llevó a cabo los días 24 y 25 de abril, donde entre otras cosas volvió a reconocer su responsabilidad en el homicidio de Eudaldo Díaz.‘Tito’ Díaz fue alcalde de El Roble, Sucre, y su caso ha sido recordado, ya que él alertó en un consejo de Gobierno, durante el mandato de Álvaro Uribe, que su vida estaba en riesgo y podía ser asesinado. Díaz hizo la alerta argumentando que, por no haber permitido la participación de las Autodefensas Unidas de Colombia en su administración, estaba siendo objetivo militar de estos grupos.Ante la JEP, el exgobernador de Sucre Salvador Arana, quien ya ha aceptado sus alianzas con el paramilitarismo, confesó recientemente que fue él quien dio la orden de asesinar a Eudaldo Díaz, reconociendo que por más de 20 años lo negó ante la justicia ordinaria.Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, denunció que en la finca Las Flores, ubicada en el municipio de Sampués, Sucre, podría haber cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, por lo que la JEP pidió a algunas instituciones del Estado información que tengan sobre esta denuncia.En esta audiencia los magistrados de la Sala de Definición le preguntaron a Arana por la denuncia hecha por Juan David Diaz, Arana negó conocer dicho predio.“Es bueno que las mentiras no se sigan convirtiendo en verdades, la finca Las Flores yo no la conozco, no sé dónde queda. Hay una finca que queda entre Sampués y Sincelejo que es de la mamá de mis hijos llamada Tierra Santa, es finca de herencia familiar de los 3 hermanos y es la que me imagino yo la que se están refiriendo” señaló el exgobernador.En ese sentido explicó que en esa finca se está desarrollando un proyecto inmobiliario pero que él no tiene nada que ver, pues tampoco es de su propiedad, negó también que en este sitio haya cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se haya utilizado como sitio de secuestro o base paramilitar, ante la pregunta de los magistrados.Arana también aseguró que en Sucre, mientras fue gobernador, hubo omisiones de la fuerza pública frente a las acciones paramilitares y que él tampoco tomó medidas al respecto.“No doctora yo aquí tengo que decirle la verdad, uno miraba para otro lado, se daba cuenta de ciertas cosas que pasaban pero ese fue uno de los errores, uno también era permisivo con ese tipo de reacciones”, le respondió a la magistrada.Las víctimas y sus apoderados reclamaron en la diligencia que sienten que Arana aún no cuenta la verdad por lo que incluso le pidieron a los magistrados evaluar cualquier beneficio que se le pueda conceder, Juan David Diaz, hijo de Tito Díaz aseguró además que si el exgobernador quedaba libre él podría morir.“Magistrados quiero decirles que si al señor Salvador Arana le dan la libertad inmediatamente nos están poniendo en riesgo a nosotros los familiares creo que por todos los antecedentes y por todo lo que hemos visto téngalo por seguro que la primera persona que va a morir, porque a mi me van a matar como dijo mi padre, si este señor queda libre” señaló Díaz.Por su parte el apoderado de Ketty Paternina, la hija de la exfiscal Yolanda Paternina, asesinada mientras investigaba la masacre de Chenge, entre otros delitos, manifestó que su representada, al igual de que Juan David Diaz también teme por su seguridad y considera que el aporte a la verdad no ha sido completo."Ella dice que en principio tanto en la audiencia pasada como en esta hay una leve contradicción pues en la audiencia pasada el compareciente había manifestado no conocer a Jairo Castillo Peralta y que el día de ayer efectivamente manifiesta justamente que sí lo conocía y conocía a su familia", señaló el abogado.También le puede interesar:
La Sección de Revisión de la JEP le negó una tutela al excabecilla del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', quien ha sido rechazado en esta jurisdicción en dos oportunidades, teniendo en cuenta que la Justicia Especial de Paz no tiene competencia para investigar a estas personas ni asumir competencia sobre estos casos, que están en su mayoría en justicia y paz.En la tutela 'Otoniel' aseguró que no se le dio la oportunidad de explicar por qué había solicitado su sometimiento sobre su supuesto "rol" de financiador de grupos paramilitares, pues él pedía un test de verdad para demostrarlo, algo que para los magistrados no es necesario teniendo en cuenta que su defensa no aprobó material probatorio sobre el rol de financiador de las AUC que habría tenido 'Otoniel', entre 2006 y 2009."Ni el señor ÚSUGA DAVID ni su apoderado allegaron material probatorio alguno que acreditara su condición como tercero civil financiador de grupos paramilitares en el periodo 2006-2009, como lo alegaron en su petición de sometimiento ante la JEP. o, no es posible afirmar que, en el presente asunto, la alegada omisión del test de verdad, haya configurado un defecto fáctico por la no valoración o valoración errónea del material probatorio, y por tanto no se configura dicho reparo, en los términos descritos por la jurisprudencia constitucional", señaló la decisión.Alias 'Otoniel' fue extraditado a Estados Unidos donde se encuentra detenido por delitos relacionados al narcotráfico; sin embargo, en Colombia alcanzó a asistir a algunas diligencias como testigo en la JEP donde se refirió a los falsos positivos, presuntas alianzas de fuerza pública con grupos ilegales y masacres cometidas por las Autodefensas, en esta tutela argumentaba que se le estaba vulnerando el debido proceso."En definitiva, para la Subsección al no ser el test de verdad un trámite sine qua non para la definición del sometimiento, y en cambio, al tener una naturaleza doctrinal derivada de la jurisprudencia, como elemento analítico para determinar la configuración del factor subjetivo tratándose de ciertos terceros civiles, la omisión de dicho estudio o la indebida aplicación del mismo, en gracia de discusión, no puede enmarcarse como una irregularidad propia de una actuación procesal, ni como una interpretación de las disposiciones adjetivas en contravía del derecho sustancial", aseguraron los jueces en la decisión.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, adoptó medidas cautelares con el cementerio Colombia de Cimitarra, Santander, por ser un sitio de interés forense donde podría encontrarse víctimas de desaparición forzada.“Dentro de la decisión adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento se le ordena a la Alcaldía y a la parroquia de Cimitarra abstenerse de exhumar cuerpos de personas no identificadas ya que podrían ser víctimas del conflicto armado”, confirmó la JEP en sus redes sociales.La JEP también insta a la Alcaldía de Cimitarra para que se protejan los restos óseos.“Se le ordenó a la Alcaldía adoptar las medidas pertinentes para proteger los restos óseos que se encuentren en el cementerio y también presentar, junto con la parroquia de este municipio, un plan de mantenimiento del lugar”, dice el informe.En las labores de identificación de posibles víctimas del conflicto armado trabajan en conjunto la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Medicina Legal.“En la decisión también se les pide que informen de aquellos cuerpos que no presentan lesiones asociadas al conflicto armado y su ubicación actual, así como cualquier otra información que permita la identificación de las víctimas”, dice la JEP.
En el año 2018, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hizo una solicitud de medidas cautelares en la JEP, con el fin de que se protegieran 16 lugares del país ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. Después de estudiar la solicitud, la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca tomar medidas para garantizar la recuperación de cuerpos en algunos cementerios de estos departamentos."Los destinatarios de esta orden deben presentar a la Sección, en un término máximo de treinta (30) días una propuesta inicial que contenga la forma, plazos y recursos con los que se cumpla esta orden, la que deberá ser ajustada en los treinta (30) días siguientes según lo disponga esta Sección de ser el caso", ordenaron los magistrados Alejandro Ramelli y Reinere de los Ángeles Jaramillo.El pasado 6 de enero, la Gobernación de Caldas remitió un plan, pero la JEP consideró que no respondía a lo ordenado hace algunos meses, mientras que las gobernaciones de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca no han informado sobre el cumplimiento de dicha decisión, por lo que la JEP, para garantizar los derechos de las víctimas, les ordenó que en un plazo de 10 días cumplan con lo dicho, de lo contrario, podrían enfrentar sanciones."Es claro que la eficacia de la justicia transicional en cabeza de la JEP tiene un apremio particular en relación con el tiempo, lo que exige de las entidades, sujetos procesales, intervinientes especiales, interesados con legitimación para actuar, una estricta observancia de los tiempos y plazos establecidos, así como un particular rigor al momento de atender los llamados y solicitudes de la magistratura. No hacerlo pone en riesgo a la administración de justicia y vulnera de manera grave los derechos de las víctimas", señala la decisión.Le puede interesar:
Al mandatario de San José del Guaviare la JEP le abrió incidente de desacato por incumplir órdenes judiciales para proteger el cementerio del municipio, donde habría restos de posibles desaparecidos.El alcalde de la capital de Guaviare, Ramón Guevara Gómez, explicó que con todas las instituciones ha trabajado por proteger el cementerio de San José, donde posiblemente habría desaparecidos durante el conflicto armado; sin embargo, reconoció que en la zona se ha venido presentando saqueos en las tumbas.Pero lo más particular fue la explicación del porqué no ha podido enviar los informes mensuales que le fueron ordenados por la JEP sobre el trabajo que está haciendo su administración para encerrar ese cementerio."Lamentablemente, San José del Guaviare es un municipio donde el internet no funciona como quisiéramos. (...) Los informes mes a mes se dejaron de presentar en su momento porque rebotó el correo", aseguró Guevara.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP determinó abrir incidente de desacató contra el alcalde de San José del Guaviare por no cumplir con las órdenes de cerrar el cementerio y, según lo que halló la jurisdicción, el "cerramiento parcial" que realizó la administración municipal dejó exhibidos los restos óseos en una zona donde transitan personas y puede existir manipulación de cadáveres no identificados.Puede ver:
Se enfrentaron por primera vez en una audiencia de la JEP familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien en 1985 era el comandante de la brigada 13 del Ejército y uno de los militares al mando de la operación de la retoma del Palacio.En la audiencia, familiares de los desaparecidos del Palacio le reclamaron su falta de voluntad para aportar a la verdad del caso que ya completa más de 30 años.Además, criticaron fuertemente el hecho que el general, que fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada, ahora asegure que es víctima de persecución judicial.Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio, habló en Mañanas Blu y aseguró que “la postura de Cabrales es de un cinismo total, revindica que después de 37 años no tiene la voluntad de aportar nada al proceso”.En este sentido se refirió al hecho que se declarara como víctima en el caso: “No me sorprende que se haya victimizado porque quiere volver a su casa. No dijo nada nuevo”.El 17 de enero se llevó a cabo la primera de tres audiencias en la JEP por este caso. El 18 se adelantará la segunda y Beltrán anticipó: “si él viene hoy con la misma actitud de ayer no hay nada que hacer, no va a aportar nada, la jurisdicción tendrá que contemplar la expulsión de la JEP”.La mujer insistió en que luego de varios años buscando respuesta, tan solo les han entregado partes de los cuerpos de seis desaparecidos y aún faltan cinco.Hay que recordar que la sección de revisión, después de haberse negado dos veces, finalmente accedió a la solicitud del general en retiro, quien en el año 2014 fue condenado a 35 años de prisión por cinco casos de desaparición forzada. Arias Cabrales se sometió a la JEP y sus aportes de verdad no han sido suficientes ni para las víctimas ni para la justicia transicional, razón por la cual le revocaron la libertad condicional que le habían otorgado y lo enviaron nuevamente a prisión, advirtiéndole que, si continúa incumpliendo sus compromisos, podría ser expulsado.También le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, citó a versión voluntaria a 28 militares, en su mayoría ya retirados, para que entreguen información sobre diferentes delitos por los que son investigados (algunos de ellos ya condenados) contra población civil y personas protegidas en el Valle del Cauca y Cauca.La decisión se basa en informes presentados tanto por la Fiscalía como por diferentes organizaciones comunales y de Derechos Humanos, que dan cuenta de homicidios, masacres, ataques y presuntas alianzas con paramilitares.Entre los llamados están el mayor (r) Manuel Arturo Pabón y al sargento viceprimero (r) Luis Eduardo Mahecha, quienes ya tienen una condena en su contra de 37 años de prisión por el homicidio de un líder que fue presentado, falsamente, como baja en combate por la Tercera Brigada del Ejército.A Mahecha se le vincula además con la llamada masacre de Jamundí, cometida por el Batallón de Alta Montaña en mayo de 2006 contra un grupo élite de la Policía dejando 10 agentes y un campesino muerto.Quienes también están en la lista son el coronel (r) Édgar Ávila Doria, citado por presunta omisión de acción ante homicidios reportados en municipios con alerta en el Cauca.A varios de los citados se les vincula principalmente con casos de falsos positivos, como el ocurrido en enero de 2007, cuando asesinaron a nueve personas y las presentaron como presuntos miembros de una banda de secuestradores en el sector de La Reforma, en Cali.Otra de las acusaciones tiene que ver con una posible colaboración en patrullajes y masacres entre miembros del Ejército y el desaparecido sexto frente de las Farc. Este punto deberá ser aclarado por varios de los citados.Entre los argumentos e historial presentados por la JEP se destaca que algunos de los citados fueron subalternos del coronel (r) Robinson González del Río cuando ocurrieron los delitos.Puede ver:
El cantante y compositor argentino de música urbana Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue este martes detenido en la provincia de Buenos Aires tras ser acusado de la "privación ilegítima de la libertad" de una persona, en una causa que incluye acusaciones de amenazas y de tenencia ilegítima de arma de fuego.Según confirmaron fuentes de la Policía bonaerense, el arresto de Valenzuela, de 23 años y a quien se denomina "imputado", tuvo lugar durante un registro policial en el barrio privado Club Banco Provincia, en el que se procedió a la búsqueda de armas de fuego, municiones y telefonía celular.En el caso está interviniendo la Unidad Fiscal 9 de la localidad de General Rodríguez, en el marco de un expediente abierto, en el que se investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de un hombre llamado Gastón Torres."Este chico sufrió una privación ilegítima de la libertad, y amenazas. Elian Valenzuela en persona lo subió a punta de pistola arriba de un vehículo, lo llevó a pasear por General Rodríguez", expresó Leonardo Sigal, abogado del denunciante, en declaraciones al canal TN.Según agregó, ese hecho, en el que supuestamente estuvo involucrado otro joven más, duró aproximadamente "45 minutos, casi una hora", en los cuales su representado "estuvo privado de libertad con mucho miedo"."Terminó liberándolo a las 7 de la mañana, lo dejan en la puerta de una remisera (empresa de transporte privado) y le dan la libertad. El hecho es gravísimo", agregó.Por su parte, el defensor de L-Gante, Alejandro Cipolla, habló con el mismo canal televisivo mientras acudía al lugar del arresto."Estoy llegando a ver en qué situación está Elian. Por ahora lo único que tengo son rumores periodísticos de que se encuentra detenido", dijo el letrado, para agregar que, de tratarse de una detención, es "exagerada por la calificación legal en sí", y atiende más "a fines políticos que a otra cosa".Según informó el diario Clarín en su edición digital, los sucesos investigados ocurrieron en mayo pasado a la salida de un bar, cuando el cantante -que en los últimos tres años ha cosechado una gran popularidad con sus canciones y ha tenido otros problemas con la justicia- tuvo un "entrecruce con un grupo de jóvenes con los que tenía algún tipo de enojo"."De acuerdo a la denuncia, se los habría llevado amenazado a punta de pistola", señaló el diarioLe puede interesar: ¿Una rana con el nombre del Dibu Martínez?
A bordo de una camioneta de alta gama y sin placas llegaron varios hombres armados hasta el corregimiento Zapatosa, zona rural del municipio de Tamalameque (Cesar), donde irrumpieron en un negocio conocido como La Zona Joa y dispararon de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban allí reunidas.El ataque cobró las vidas de Enith Johana Romero Quintero, quien sería la dueña del establecimiento; Yoiner Saucedo Campusano, de 22 años, y Carlos Alberto Martínez Parra, de 47. Los tres murieron al instante tras recibir impactos en la cabeza y en el pecho.Durante el atentado, las balas también alcanzaron a Carlos Alberto Ortíz Guillén, un pescador de 43 años que debió ser trasladado al Hospital de Pailitas por heridas en una pierna y en una mano. Según la Policía, esta persona no reviste gravedad tras el ataque cuyos móviles son materia de investigación.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Cinco futbolistas que militan en equipos españoles destacan en la lista de 23 convocadas por el seleccionador de fútbol femenino de Colombia, Nelson Abadía, para un ciclo de preparación con miras a la Copa Mundial de este año en Nueva Zelanda y Australia.Abadía llamó a la defensa del RCD Espanyol Daniela Caracas, a las mediocampistas del Valencia Féminas CF Ivonne Chacón y Liced Serna, a Marcela Restrepo del DUX Logroño, así como a Mayra Ramírez, del Levante UD.Para esta convocatoria no fueron citadas referentes como Linda Caicedo, del Real Madrid, y Leicy Santos, del Atlético de Madrid, al igual que varias jugadoras que juegan con sus equipos las semifinales del torneo local.La selección colombiana se concentrará a partir de este miércoles en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.De la lista, siete de las veintitrés convocadas militan en clubes extranjeros: Daniela Caracas, Lorena Bedoya, Liced Serna, Marcela Restrepo, Ivonne Chacón, Lady Andrade y Mayra Ramírez.Además, las jugadoras de América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe están concentradas en las semifinales de la Liga colombiana.La selección colombiana quedó encuadrada con Corea del Sur, Alemania y Marruecos en el Mundial. Antes de iniciar esta competición, el equipo dirigido por Abadía jugará dos partidos amistosos con Panamá e Irlanda en Brisbane.El Mundial se disputará del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.Estas son las 23 jugadoras convocadas por Abadía:Porteras: Jimena Ospina (Deportivo Cali), Luisa Agudelo (Deportivo Cali) y Sandra Sepúlveda (Independiente Medellín).Defensoras: Carolina Arias (Junior), Daniela Caracas (RCD Espanyol-ESP), Lady Andrade (Real Brasilia-BRA), Lorena Bedoya (Real Brasilia-BRA), María Viáfara (Deportivo Cali), Nayerly Hernández (La Equidad) y Stefanía Perlaza (Deportivo Cali).Centrocampistas: Diana Celis (Deportivo Cali), Estefanía González (Independiente Medellín), Isabel Susan Dehakiz (Deportivo Cali), Ivonne Chacón (Valencia Féminas-ESP), Liced Serna (Valencia Féminas-ESP), María Morales (Deportivo Cali), Marcela Restrepo (DUX Logroño-ESP), Paula Medina (Deportivo Cali) y Valentina Jaramillo (Llaneros).Delanteras: Gabriela Ureña (Llaneros), Kayli Siso (Llaneros), Lady Andrade (Real Brasilia-BRA), Leidy Lorena Cobos (Llaneros) y Mayra Ramírez (Levante UD-ESP).Le puede interesar:
Desde la Agencia Nacional de Tierras, ANT, hay contratadas tres universidades para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y la Central de Inversiones, ICSA, para que les entreguen en la próximas semanas los avalúos de 350 nuevas fincas ofertadas por ganaderos y otros tenedores de la tierra para sacar adelante la reforma agraria.“Hemos distribuido esos avalúos para que ellos hagan lo más rápido posible el levantamiento topográfico, una vez nos lo entreguen hacemos la revisión de los avalúos y la oferta a los propietarios”, dijo el director de la ANT, Gerardo VegaEl director Vega aseguró que la meta en este 2023 es cerrar comprar por 1.5 billones de pesos en tierra, una meta ambiciosa si consideramos que ya estamos a mitad de año. La plata para las compras saldrá de los recursos del presupuesto que ya tiene asignados la agencia, pero también de la adición presupuestal.Asimismo, la ANT ha recibido ofertas de venta por cerca de un millón de hectáreas y estima que aproximadamente la mitad de esas ofertas podrían ser viables; es decir, tierra fértil para el cultivo de alimentos.Hay diferencias en la compras de tierras del Plan Nacional de DesarrolloVega reconoció que en el Gobierno nacional no quedaron plenamente satisfechos con la versión final de los artículos para compra de tierras que fueron aprobados en Plan Nacional de Desarrollo“Tenemos que ser tan eficientes en el campo como la eficiencia y las posibilidades normativas que tienen los alcaldes en las ciudades. Bogotá ha comprado 10.500 predios para las obras que necesitan, Medellín 5.000 y pico de predios ha comprado, pero cuando se trata del campo nos ponen con normas de hace un siglo. Eso es lo que no puede seguir siendo Colombia, son normas feudales”, dijo Vega.Sin embargo, eso requeriría ir al Congreso con una ley de reforma, pero hoy no hay planes de hacerlo. El plan de trabajo hoy en el Gobierno es sacar adelante un plan de descongestión de procesos agrarios a través decretos.Le puede interesar: Las noticias más relevantes esta semana en el FPC
Solamente el 1 % de las frecuencias semanales que estaban a cargo de Ultra y Viva Air se recuperaron en mayo, en comparación con abril, siendo un total de 35; esa fue la conclusión a la que llegó Anato, basados en los datos de ProColombia.Si se mira las cifras en un mapa la región Caribe, recuperó el 4 % y la Andina el 0,2 %; pero en relación con la Pacífica, perdió un 2 %. Así, si se compara el mes de mayo 2023 con el 2022 se 865 frecuencias menos, lo que equivale a una caída del 15 %, donde dentro de las regiones del país. El Caribe tuvo una disminución del 27 % en el número de frecuencias semanales directas; la Pacífica, del 19 %; y la Andina, del 11 %.Todo esto se explica por la suspensión de la operación de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air que afectó los pasajeros, las Agencias de Viajes, y la industria turística.“En la medida en que Colombia esté bien conectada, más oportunidades adquiere el país, pero no solo en materia turística sino económica, pues tener una amplia red de rutas y frecuencias también aportan al desarrollo y crecimiento de diferentes sectores y a la integración de todo el territorio. Esto, sumado a que, en algunas de nuestras regiones, es la única manera de acceso”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.Estas cifras implican un retroceso en el avance que había tenido el sector después del duro golpe que propinó la pandemia y el cierre de los cielos por varios meses. Las cifras de conectividad mejoraron, pero tras la quiebra de dos aerolíneas de bajo costo, la situación empeoró.“Esto indica que aún estamos por debajo de lo reportado hace un año y por eso se hace imprescindible acelerar la inclusión de nuevas aerolíneas en el país, con una previa verificación o análisis de su músculo financiero. Esto permitirá que las Agencias de Viajes tengan mayores alternativas para los consumidores, y de esta forma, mayor desarrollo y visibilidad de la riqueza natural, arquitectónica, gastronómica, patrimonial de nuestros destinos”, comentó Cortés.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
