La Procuraduría General de la Nación señaló que la respuesta de los exintegrantes de las antiguas Farc sobre abusos sexuales ha sido insuficiente y que “no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual - violencia basada en género, en el reconocimiento de sus derechos”.Por esto, la entidad hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a priorizar los hechos de violencia sexual en medio del conflicto armado y, diseñar nuevas estrategias para que los miembros de las antiguas Farc-EP realicen su aporte a la verdad de manera plena, detallada, exhaustiva y reconozcan su responsabilidad.En un oficio enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, la Procuraduría reveló que, de acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, encontró escasez de verdad en los relatos de los comparecientes. Lo que “ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido a lo largo de los años de conflicto”.De igual forma, indicó que, si bien la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que “deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.Para la Procuraduría, las estrategias que implemente la JEP deberán lograr una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las Farc, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual - violencia basada en género.Por último, el órgano de control recordó a la JEP que, las normas que la rigen como tribunal incluyen garantías procesales, sustanciales, probatorias, de acceso e incorporan el enfoque diferencial y de género, como uno de los principios pactados en el acuerdo de paz.Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
A 5 años de haberse logrado la firma de la paz con las antigua guerrilla de las Farc, en Antioquia, uno de los departamentos más golpeados, esa paz duradera no ha sido tal, la ocupación de los espacios dejados por este grupo armado se los disputan las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN.Y es que han sido pocos los avances en Antioquia para consolidar una paz en los territorios, luego de la firma con el grupo guerrillero Farc. Al principio el departamento llegó a tener cinco espacios territoriales ETCR, hoy llamados zonas de normalización para la reinserción de los desmovilizados, pero debido a las complejidades de la zona y los problemas de seguridad, uno de estos, el de Santa Lucía de Ituango, el año pasado fue trasladado a otro punto.Eso quiere decir que los procesos productivos y los programas para esta población que brinda el Gobierno Nacional están concentrados en Mutatá, Dabeiba, Remedios y Anorí.Sin embargo, para Luz Marina Monzón, directora del movimiento de víctimas Movice, falta mayor compromiso del Gobierno de Iván Duque a este proceso y de algunos que dejaron las armas.“La paz no ha llegado a Antioquia, no ha llegado al país, es un proceso largo en el que las víctimas le seguimos apostando a esa paz tan anhelada y deseada, no puede reducirse al silenciamiento de los fusiles sino a solucionar los graves problemas sociales”, afirmó.Aunque el Gobierno Nacional anunció desde Antioquia recursos billonarios par atender los procesos productivos, proyectos de vivienda, entre otros, de los desmovilizados, en 60 meses de los acuerdos, la guerra sigue en por los menos tres subregiones de Antioquia: Bajo Cauca, Urabá y el Norte, donde los espacios dejados por este grupo guerrillero, se los disputan otros actores del conflicto armado generando desplazamientos, muertes selectivas, extorsiones, entre otros delitos, por lo que, Sara Botero, defensora de derechos humanos y vocera del Nodo Antioquia, advierte que debe cumplirse el acuerdo al pie de la letra para evitar que ocurra lo que paso con el paramilitarismo.“Realmente no tenemos ninguna región que haya llegado a la paz o que esperamos que llegue porque sino se cumple el acuerdo completamente como está pactado la paz no va a llegar”, aseveró.Por ejemplo, en Ituango, un municipio ubicado en el norte de Antioquia, a seis horas de Medellín, el conflicto para sus pobladores no ha cambiado, lo firmado en un papel, ahí se quedó, debido a que es un corredor estratégico para los grupos delincuenciales, y según la Defensoría del Pueblo, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, hasta accidentes por minas, su alcalde es Mauricio Mira, quien advirtió en BLU Radio que saben quiénes son los generan esos problemas como el desplazamiento que se tuvo de 4.000 campesinos de casi todas las veredas del municipio a principio de año.“Llegaron otros grupos, llegó el Clan del Golfo, las Águilas Negras, llegaron varios grupos paramilitares a adueñarse del territorio, sumándole a esto, las disidencias de las Farc, específicamente el frente 18”, afirmó el mandatario local, que insistió en una petición que ojalá se la pueda hacer realidad el Gobierno Nacional: “Poner un batallón de alta montaña en el nudo de paramillo, donde controlen el tránsito de la vía del Bajo Cauca al Urabá antioqueño”.Lea tambiénPor su parte, el gobierno de Antioquia tiene claro que además de apoyar los programas sociales y de reinserción, tienen un reto mayor para conseguir la paz en el departamento.“El reto está en las disidencias de las Farc que hacen presencia en el territorio, en Antioquia existe la presencia del grupo 18 y 36 que sin duda siguen siendo factores desestabilizantes del territorio, siguen siendo a mi juicio delincuentes narcotraficantes, pero sin duda el hecho de que prácticamente la gran mayoría de los combatientes de las Farc hayan entregado las armas es un gran logro”, afirmó Luis Fernando Suárez, secretario de seguridad humana.Pero en medio de las dificultades, hay esperanza, y es la que dan quienes han cumplido al dejar las armas e iniciar una nueva vida, juntos, entre los propios exguerrilleros, que en Medellín tienen una casa, el mercado de mujeres construyendo paz, donde se ofrecen los bolsos, textiles, artesanías y productos agrícolas de los diferentes puntos de normalización.“Estábamos pensando en un espacio donde pudiéramos ser como esa conexión entre el territorio y la ciudad y poder apoyar a esas cooperativas de reincorporados en los diferentes espacios territoriales para poder ayudarles a distribuir los productos de las iniciativas productivas que estaban haciendo en el territorio”, contó una de sus voceras, Francelly Arias, firmante de paz.Sin embargo, advirtió que el camino no ha sido fácil: “sufrimos la estigmatización porque no hay un compromiso institucional o estatal que de condiciones en temas de pedagogía de paz, de los acuerdos, el mismo sector privado tenga ese compromiso con la paz, es decir poder incluirnos a nosotros”.Y no sólo para ellos, sino para las cientos de víctimas que tienen un solo pedido: “se conozca la verdad que deje satisfechas a las víctimas”.Las dos caras de este proceso, quienes dejaron las armas y las víctimas, esperan que la paz ojalá llegue con justicia y verdad.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
La Justicia Especial para la Paz, se pronunció sobre el asesinato del líder social Willington Hernández, quien apoyó las labores de recuperación de cuerpos por parte de la JEP en el corregimiento de Unión Peneya, Montañita, Caquetá."La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza y lamenta profundamente el asesinato de Willington Hernández, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección de La Unión Peneya, del municipio de La Montañita, en el Caquetá", manifestó la JEP.Willington Hernández fue asesinado en la noche del 9 de noviembre tras presidir una reunión con la comunidad, mientras se desplazaba hacia su casa.La JEP y La Unidad de Búsqueda realizaron la semana pasada la recuperación de cuerpos en el cementerio de la Unión Peneya, corregimiento que sufrió un desplazamiento a manos de las Farc en el año 2004. En este cementerio, la JEP presume que podía haber cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada del departamento del Caquetá.Estas entidades recuperaron un total de 46 cuerpos, de los cuales 7 se presume que podrían corresponder a niños que pudieron ser reclutados de manera ilícita por la guerrilla. Willington Hernández apoyó estas labores y la Jurisdicción Especial para la Paz está determinando el curso de las acciones a tomar ante estos hechos.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El procurador delegado ante la Jurisdicción Especial de Paz, Jairo Acosta, se refirió en Mañanas BLU al informe que concluyó que la extinta guerrilla de las Farc incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud con las personas que estuvieron secuestradas.“Estos informes, que son muchos, nos entregaron nociones exactas de que había habido unos tratos, que a la luz del Derecho Internacional Humanitario, suponen la trata de personas y la antigua esclavitud”, dijo.Añadió que las Farc comercializaron a las víctimas de secuestros y la manera cómo estos se ejecutaron: “Una persona era secuestrada por un delincuente común y luego era negociada y objeto de una transacción”.“Pudimos constatar que algunos grupos de delincuencia común se encargaban de “levantar” a ciertas personas y luego eran negociados con las Farc”, añadió.Añadió, asimismo, que a muchas de las víctimas se les obligó a trabajos forzados en los campamentos.“Generalmente tenía que ver con esas obras, obligaciones que imponían a quienes eran retenidos para que ejecutaran trabajos que no correspondían con su condición de retenidos. Hacer excavaciones con diferentes fines, a los transportadores los obligaban de un lugar a otro a quienes hacían parte de la organización o bienes o servicios”, explicó en Mañanas BLU Jairo Acosta.Además, dijo que obligar a los campesinos a cultivar o realizar acciones en contra de su voluntad pueden ser considerados como actos de sometimientos.Este fin de semana, los miembros del secretariado de la extinta guerrilla se pronunciaron sobre el informe y negaron, rotundamente, que hubieran incurrido en estas actuaciones.“No compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud”, afirmaron los antiguos jefes de las Farc en un comunicado.
Luego de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que determinó que la extinta guerrilla de las Farc incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud con las personas que estuvieron secuestradas, los miembros del secretariado de la extinta guerrilla se pronunciaron.En un documento firmado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, se mostraron en desacuerdo y no compartieron la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, y aseguraron que han decidido interponer los recursos que contempla la ley y el acuerdo, además, de reiteraron su voluntad de seguir aportando toda la verdad y seguir construyendo la paz.“En nuestra respuesta al Auto 019 ,reiteramos el reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas, al privarlas de su libertad y atentar en contra de su dignidad, someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida”, agregan en el comunicado.También, dejan claro que no aceptan que se trate a las extintas FARC-EP como una organización “esclavista”, porque según ellos, nunca lo fue, agregaron que la reconciliación es el camino y lograr la 'no repetición' es lo que merece Colombia.Y aseguran que la JEP debe ser escenario de justicia restaurativa, pues el secuestro fue una práctica horrible de la que aseguran se arrepienten y por eso han hecho más de 200 actos de reconocimiento en el país.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el presidente Iván Duque y el resto del uribismo aumentó luego de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar la investigación preliminar sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Colombia.En dicha decisión de la CPI, según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción, se hace un reconocimiento a la JEP por sus logros en los últimos años. “Es una buena noticia para las víctimas, para Colombia, es el reconocimiento a un trabajo intenso”, dijo en Mañanas BLU.Sin embargo, la tensión se marcó, sobre todo, cuando se realizó el anuncio en la Casa de Nariño, pues el presidente Duque no mencionó a la JEP en sus declaraciones.“Fue contrastante las repetidas afirmaciones del fiscal de la CPI, Karim Khan, sobre los logros de la JEP y las obligaciones que se le imponen al Gobierno y el presidente no hizo una mención en ese sentido”, señaló Cifuentes.En ese sentido, el magistrado agregó que fue cierto que él le reclamó al mandatario: "Yo le dije, presidente (Duque), pareciera que para usted no existiera la JEP. Él no contestó, pero de todas maneras firmó el documento. (…) Yo no me hago cargo de las debilidades de personalidad de los sujetos. Yo aplico el derecho y entiendo que en este documento el jefe de Estado asume y reitera sus compromisos derivados de la Constitución y el Estatuto de Roma".Por otro lado, el magistrado Cifuentes advirtió que, de aprobarse un proyecto del Centro Democrático que modifica la funcionalidad de la JEP, la CPI podría reversar su decisión.“Ese proyecto busca alterar la estructura constitucional informativa de la Jurisdicción. De tener curso positivo, sería una causal de intervención de las CPI”, manifestó.Y es que, según el magistrado, la iniciativa del uribismo “introduce una unidad de investigación especial para militares, crea una sala de reconocimiento para militares, crea una sección de revisión para militares, crea una sección de apelación para militares. (…) Altera la estructura normativa de la Jurisdicción”.Uribismo le responde al presidente de la JEPTras las palabras del magistrado Cifuentes sobre el proyecto del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia afirmó que la “JEP tiene unos problemas de legitimidad”.Además, se refirió sobre la advertencia del presidente de la Jurisdicción: "Yo no quiero interpretar el mensaje del fiscal de la CPI como una amenaza contra la libertad democrática de los colombianos. Esa interpretación del presidente de la JEP es amenazante".Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
La JEP tumbó dos fallos emitidos contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, en los cuales era condenado por ejecuciones extrajudiciales, presuntamente, cometidas mientras era el comandante del batallón La Popa; además, por nexos con grupos paramilitares.La Jurisdicción consideró que estos fallos debían ser anulados, ya que en la fecha que fueron emitidos, 2019, la justicia ordinaria no era competente para pronunciarse acerca del caso, pues los procesos eran competencia de la JEP.La jurisdicción dejó “parcialmente sin efectos la sentencia de 14 de marzo de 2019, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la de 31 de mayo de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la providencia de 22 de enero de 2021, expedida por la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.Lo anterior después de resolver una acción de tutela que presentó el coronel (r) por la vulneración de sus derechos durante la ratificación de su condena por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado mes de enero.Hernán Mejía fue imputado por la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa, en Valledupar, durante los años en los cuales fue comandante. La decisión se conoció el pasado mes de julio.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Corte Penal Internacional (CPI) decidió en las últimas horas retirar la etapa de investigación preliminar en Colombia sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Parte de los acuerdos que firmaron el presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Kham está en la autonomía que tendría la Justicia Especial para la Paz con recursos económicos e independencia política para tratar y estudiar los macro casos en el marco del proceso de Paz.Ante esto, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, alegó que no se permitirá que movimientos políticos quieran modificar la Jurisdicción Especial para la Paz de acuerdo a intereses privados y que si esto llega a suceder, la CPI retomaría sus investigaciones preliminares en el país.“El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso de la República para alterar la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear en su interior salas para militares, es una afrenta directa a este acuerdo. Un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la Corte Penal Internacional tal y cómo ha quedado plasmado en el acuerdo que ha suscrito hoy el presidente Duque”, explicó el magistrado Cifuentes.El magistrado Cifuentes, a su vez, declaró en Mañanas BLU 10:30 que junto al fiscal general de la Nación, se han establecido un marco de lo que debe respetar tanto este gobierno, como los futuros, sobre los compromisos de la JEP. Esto porque en Colombia, la Jurisdicción Especial ha dado resultado respecto a la investigación de dichos actos desarrollados en el conflicto armado. Además porque se seguirá en una relación estrecha con la CPI.De igual forma, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se comprometió a velar por la independencia de la JEP en el país para seguir trabajando e investigando sobre crímenes cometidos en el marco de la violencia nacional.“Cómo fiscal general de la Nación, me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la Jurisdicción Especial para la Paz y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero que quede claro para el país, de que el fiscal general está jugado con la institucionalidad en Colombia”, mencionó el fiscal Barbosa.Desde la JEP y la Fiscalía se comprometen a trabajar en conjunto para fortalecer esa independencia de la jurisdicción. Por parte de los acuerdos firmados, la CPI tendrá periódicamente reuniones con el Gobierno colombiano para evaluar cómo avanzan estos procesos en el país.El magistrado Cifuentes expreso también el los micrófonos de BLU Radio que tras el discurso del presidente Iván Duque por el reconocimiento de la CPI sobre que "Colombia está a la altura de las obligaciones internacionales", tuvieron un acercamiento en el cual le comunicó que la JEP existe. Esto debido a que en el discurso realizado por el mandatario, no mencionó de forma directa al organismo."Yo creo que en la presentación del presidente Duque, no se resaltó el papel central de la Jurisdicción Especial para la Paz, por eso yo le dije al presidente, después de su intervención, la JEP existe señor presidente".Escuche las declaraciones del magistrado Eduardo Cifuentes en Mañanas BLU 10:30:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Según el fiscal de la Corte, el trabajo de la JEP es admirado internacionalmente y por eso es importante que el Gobierno mantenga su apoyo, “hay que apoyar a la JEP, el Gobierno y la sociedad civil, su contribución es positiva y se merece la confianza de los colombianos para que continúe sus acciones hacia la paz y la transparencia, admiro a la JEP”.Reiteró además el llamado para que esta jurisdicción continúe pese a las dificultades que ha tenido por su labor, “sabemos que sus esfuerzos llevan 4 años realizándose, ha sido una intervención difícil de parte de Colombia en los últimos años, ha sido difícil, es de admirar y es necesario continuar con este camino”, explicó.Finalmente, les pidió a los colombianos que crean en esta institución porque va encaminada a lograr su objetivo, que es luchar contra la impunidad, “a la gente de Colombia le digo que este es un viaje que continua y que está comenzando, que por favor crean en las estructuras que se están elaborando, la JEP llegará a la justicia y la verdad”, puntualizó.Por su parte, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que era importante el apoyo de la Corte Penal Internacional y que hoy se estaba enviando un mensaje contundente, “siempre las víctimas se han visto apoyadas por la CPI, que el Fiscal de la CPI y el presidente de la JEP les digan a nueve millones de víctimas que habrá justicia, es algo muy importante para las víctimas y eso lo estamos haciendo hoy en Colombia”.Por último, reiteró el llamado para que los que han cometido crímenes se sometan a la jurisdicción y cuenten la verdad, de lo contrario podrían resultar en la Corte Penal Internacional, “el mensaje a los perpetradores de los horrendos crímenes que ocurrieron en Colombia es que tienen esa oportunidad de contribuir a la justicia colombiana, de venir acá a la JEP a decir verdad, a asumir plena responsabilidad o de lo contrario algún día ante la Corte Penal Internacional”.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
La Policía Nacional capturó este martes, 19 de octubre, a José Límber Valencia Caicedo, alias 'Chino', un poderoso narcotraficante que de acuerdo a las autoridades aprovechó sus influencias con cabecillas de las extintas Farc, para pagarles 5.000 millones de pesos a cambio de que lo incluyeran en la lista de excombatientes que se acogieron en el proceso de paz y así evadir la justicia nacional e internacional.Tras haber ingresado de manera irregular, en 2019 fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz.Alias ‘Chino’, solicitado en extradición por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico, sostenía, según la Policía, alianzas con carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con estructuras criminales de Ecuador y directamente con cabecillas de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) E-30 y ‘Óliver Sinisterra’.Los informes indican que era reconocido como uno de los principales narcotraficantes, el cual utilizaba lanchas rápidas y semisumergibles para el tráfico de estupefacientes desde la Costa Pacífica hacia Centroamérica y los Estados Unidos, con una capacidad para transportar mensualmente unas cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína.Vea el video:Le puede interesar. Escuche La Intérprete en Spotify:
El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappe figuran en el 11 del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería; el marroquí Achraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Ruben Dias y el canadiense Alphonso Davies en defensa; el italiano Jorginho, Messi y el belga Kevin de Bruyne en la medular; y en punta figuran Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Mbappe.Repiten respecto al pasado año Davies, De Bruyne, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.Deportes series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+Este 11 de IFFHS tiene a los futbolistas nominados también a el Balón de Oro, que se lo llevó el astro argentino Messi, siendo su séptimo galardón como mejor jugador.El reconocimiento se lo ganó al polaco Lewandowski, quien quedó en segundo lugar tras ser la figura del Bayern esta temporada y uno de los máximos goleadores.Por su parte, Messi se coronó con Argentina como rey sudamericano en la Copa América tras vencer a Brasil.
Dos personas murieron en accidentes de tránsito que se presentaron en vías de la provincia de García Rovira en Santander. El primer accidente ocurrió el municipio de Concepción donde un camión sufre un volcamiento lateral y muere un niño que acompañaba al conductor en la cabina. El segundo hecho, se presentó en la Troncal de Norte cuando un vehículo choca contra una motocicleta. Por este accidente falleció el conductor Miller Abril. Durante este año han muerto cinco personas en la vía que comunica a Capitanejo con Cerrito en Santander.En el área metropolitana de Bucaramanga han muerto en la última semana tres personas en accidentes de tránsito.
El papa Francisco abrió una dura polémica en el mundo al afirmar que “los pecados de la carne no son los más graves", haciendo alusión al caso del arzobispo de París, Michel Aupetit, duramente criticado por supuesatmente mantener una relación ‘ambigua’ con una mujer, pero según su defensa solo mantuvo "pequeños masajes y caricias". Según el pontífice, peor que los "pecados de la carne", son faltas como "la soberbia y el odio”. Sin embargo, sus palabras fueron entendidas también como una manera de frivolizar los abusos de integrantes de la Iglesia católica contra niños, una problemática que azota desde hace varias décadas al Vaticano. Francisco también habló sobre el informe Ciase, que dejó a la luz decenas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia católica durante 70 años. “Cuando se hacen estos estudios hay que estar atentos a las interpretaciones realizadas en un arco de tiempo tan largo. Hay riesgo de confundir el modo de afrontar un problema 70 años antes", dijo el papa. "Una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. La esclavitud, por ejemplo, los abusos de hace 100 años, nos parecen una brutalidad. El mundo era otro, había otra hermenéutica. En el caso de la Iglesia se encubría... Era una cosa que pasaba en las familias y en los barrios. Hoy decimos que no funciona. Pero hay que interpretar con la hermenéutica de cada época”, complementó. Adicionalmente, el pontífice reconoció que aún "no ha leído el informe y tampoco he escuchado los comentarios de los obispos franceses".Este mes "van a venir al Vaticano y les pediré que me expliquen qué hay de nuevo", agregó.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, respaldó la gestión que estaría haciendo EPM con reuniones hasta fuera del país para lograr adelantos en el pago de pólizas de Hidroituango, con el fin de lograr incluso cubrir el fallo de la Contraloría por responsabilidad fiscal. Entre tanto, en la obra se logró otro hito importante para el funcionamiento de la primera unidad de generación de energía.Cada vez queda menos tiempo para que EPM decida si definitivamente va a renovar o no el contrato con los actuales constructores de Hidroituango, pues el convenio vigente vence el 31 de diciembre.Entre tanto, BLU Radio conoció que durante las últimas semanas se han dado reuniones incluso fuera del país, con el fin de adelantar el pago de más de cuatro billones de pesos por parte de las aseguradoras con lo que se podría cubrir el fallo de la Contraloría por responsabilidad fiscal.Las reuniones se han dado entre altos funcionarios de EPM y voceros de las aseguradoras, para concretar, básicamente, los tiempos en que se haría ese desembolso.Al consultarle por este tema al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, este le dijo a BLU Radio que respalda una negociación de estas pues las pólizas tienen la cobertura suficiente por encima incluso de los cuatro billones de pesos y por ellos es que deben buscar su pago."Los seguros están bien contratados, porque los seguros tienen una cobertura hasta de 3.000 millones de dólares y porque los seguros han venido pagando y reconociendo el siniestro. Entonces no puedo estar más de acuerdo con que se siga avanzando en esa dirección", manifestó Gaviria.Lea tambiénPero mientras eso pasa en los escritorios, en la obra siguen los hitos para cumplir esa fecha que es casi un ultimátum para EPM: a la casa de máquinas llegó la última de las cuatro piezas que conforman el estator, el elemento necesario para el funcionamiento de las primera unidad de generación de energía en Hidroituango.Tendrá un peso total de 360 toneladas cuando esté completamente instalado, quedará con una altura de 4,8 metros y un diámetro externo de 14 metros e interno de 9 metros; su función principal es aportar al proceso de transformación de energía mecánica a eléctrica, según explicó William Giraldo, vicepresidente de Generación de Energía de EPM."El estator es la pieza en la cual fundamentalmente gira el rotor y se hace la transformación de la energía para salir hacia los transformadores y posteriormente a los cables de potencia y a la subestación de 500 kilovoltios de la central de Ituango", dijo William Giraldo.Las tareas de montaje pueden requerir entre tres y cuatro meses y con esto se avanzaría en la meta de lograr que la generación de energía con la primera turbina se dé en la fecha pactada: julio de 2022.Escuche noticias internacionales
Un hombre chino que llevaba 14 años buscando a su hijo, secuestrado cuando este era un niño de corta edad, logró reencontrarse con él esta semana gracias a técnicas de análisis de ADN, recogen hoy medios locales.Sun Haiyang movió cielo y tierra durante años para encontrar a su pequeño, Sun Zhuo, secuestrado en Shenzhen (sureste) en 2007 cuando tenía 4 años. El padre emprendió entonces una búsqueda en la que llegó a ofrecer una recompensa de 200.000 yuanes (31.404 dólares, 27.804 euros) para cualquier persona que pudiese aportar pistas sobre su paradero.Sun Haiyang, que regentaba una tienda de panecillos en el momento del secuestro, llegó a vender varias de sus propiedades para financiar sus pesquisas, lo cual le hizo popular en el país.Su historia incluso inspiró una película, "Dearest", estrenada en 2014 y que tiene como tema principal el secuestro de niños en China, un problema social persistente desde hace décadas. Durante estos años, aparecieron varios niños que encajaban con el caso de Sun, pero sucesivas pruebas de ADN descartaron el parentesco; sin embargo, la policía local de Shenzhen informó recientemente a Sun del hallazgo de un joven de 18 años en la provincia de Shandong (a 1.500 kilómetros de distancia) cuyo ADN coincidía con el suyo.A pesar del emotivo reencuentro, el hijo secuestrado declaró a la cadena estatal CCTV que no volverá a la casa de sus padres biológicos, ya que sus actuales padres adoptivos "llevaban 10 años cuidándolo".Según datos de la Policía china, desde que en 2016 se puso en marcha una campaña para reunir hijos desaparecidos con sus padres, se ha encontrado a más de 8.307 niños, muchos de ellos ya adultos.El pasado verano, otro padre, Guo Xinzhen, halló a su hijo secuestrado hace 23 años, un caso que recuerda al de Sun Haiyang porque también inspiró una película: "Lost and Love", protagonizada por la estrella hongkonesa Andy Lau.Tecnologías como las de análisis de ADN o el reconocimiento facial han ayudado en los últimos años a resolver numerosos casos que llevaban años atascados.Entérese de esta y más noticias
