La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que activará sus mecanismos institucionales para asegurar que 127 víctimas acreditadas en el Caso 01 no queden sin representación judicial. El pronunciamiento de la JEP se da luego de que la Corporaciòn MILVÍCTIMAS renunciara, pues era la encargada de su representación.La Jurisdicción solicitó a la organización saliente el envío inmediato del listado completo de las personas representadas, con nombres, documentos y datos de contacto, para la reasignación de los apoderados y garantizar la continuidad de sus derechos procesales.De acuerdo con la JEP, todas las víctimas acreditadas participan en igualdad de condiciones en los distintos escenarios judiciales. La entidad recordó que la participación de las víctimas es un pilar del modelo de justicia transicional restaurativa y cuenta con garantías respaldadas por la ley estatutaria, la jurisprudencia del Tribunal para la Paz y el Manual de Participación de las Víctimas.Para cubrir la representación de las 127 víctimas, la JEP recordó que cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – SAAD Víctimas, un mecanismo de defensa legal gratuita y especializada que opera mediante equipos interdisciplinarios con expertos en litigio y acompañamiento psicosocial.La Jurisdicción también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a las víctimas dentro de los 11 macrocasos que adelanta, al considerar que su trabajo ha fortalecido el acceso a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Hace unas semanas hubo una gran polémica en el país luego de que en un informe del Comité para la Desaparición Forzada se hablara de la existencia de 20.000 cuerpos en un hangar del Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.Tras la polémica, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a los hangares de la terminal aérea y lo que pudo determinar el Ministerio Público es que no hay rastros de restos humanos en el Dorado.“En los hangares que se encontraban sin cerramientos no se observan instalaciones que permitan inferir un espacio en el que se puedan almacenar 20.000 cuerpos humanos, ni aun considerando que los cuerpos se encontraran esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición”, señaló la Procuraduría.Además, se conoció que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz lleva días haciendo inspecciones y tampoco ha hecho ningún hallazgo.“Frente a la posibilidad de llevar a cabo una inspección a cada uno de los hangares en el aeropuerto El Dorado, es necesario considerar que se trata de predios entregados a particulares a través de contratos de arrendamientos y no de establecimientos abiertos al público o en cabeza de entidades públicas, por lo cual se requiere ahondar en la obtención de información que permita determinar la posibilidad de existencia de un hangar específico, destinado a propósitos diferentes a los señalados en la visita efectuada”, añadió el Ministerio Público.
La Jurisdicción Especial para la Paz y la alcaldía de Medellín presentaron la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá para Procesos Restaurativos con la cuál los comparecientes pagarán las sanciones impuestas por los magistrados de la JEP. Según la información entregada, son cerca de 10 entidades estatales que estarán participando en la reparación de víctimas del conflicto armado en el país.La mesa será la primera de esta magnitud en Colombia y tendrá la visión de víctimas y quienes fueron los perpetradores de los criminales que están dispuestos a aportar su versión para tratar de reparar a las personas que de una u otra manera fueron víctimas de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Antioquia.Precisamente, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, indicó que serán varias las sanciones con las que más de 400 comparecientes rendirán cuentas en la región."Hemos comenzado con estas de educación en el riesgo de minas y desminado, reconstrucción ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también habrá cuestiones de generación de ingreso, obras de dotación comunitaria, escuelas, centros de salud, incluso vías", relató Vidal.Aunque la estrategia ya comenzó con algunos proyectos en Dabeiba, ahora se centrarán en el Valle de Aburrá con la memorialización de las víctimas y otros actos de perdón. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los proyectos tendrán duraciones desde 1 hasta los 8 años.Sin embargo, lo que destacan desde la JEP es que una de las acciones que más significado tiene para las autoridades es la de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que los victimarios están dando información que por años permaneció en silencio. "La búsqueda de personas dadas por desaparecidas que no había sido posible esclarecer en la justicia ordinaria y que en relativamente pocos meses han significado la devolución y la entrega digna de restos con plena identificación a familias que no tenían ninguna respuesta positiva durante muchos años 15 a 20 años", dijo el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.En este sentido, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado con la desaparición de su esposo en 2001, relató que la mejor reparación que pueden recibir las personas que han sufrido la violencia es poder encontrar a sus seres queridos."Lo más sanador para nosotros víctimas de desaparición forzada es la entrega de nuestros desaparecidos. Ese es nuestro objetivo dentro de nuestro proyecto restaurativo", destacó la víctima.Finalmente, desde la alcaldía de Medellín indicaron que en esta mesa también se tocarán temas de La Escombrera y que esperan una participación activa de más de 600 personas solamente en la capital de Antioquia.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre la terminación del conflicto y la construcción de paz.En las últimas horas, se realizó una de estas conferencias en la JEP. A dicho evento asistió Francisco Toloza, quien fue designado por la Segunda Marquetalia como vocero civil en los diálogos con el Gobierno.Es importante recordar que los líderes de la Segunda Marquetalia retornaron a las armas tras firmar el acuerdo de paz en 2016, y varios de sus integrantes han sido expulsados de la JEP por evidentes incumplimientos.Blu Radio consultó a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz sobre esta situación, y desde la entidad explicaron que Toloza tiene un contrato vigente desde el 2 de marzo hasta el 2 de octubre, cuyo objetivo es “contribuir a los análisis de contexto y facilitar procesos de pedagogía de paz”.Por otro lado, también se consultó a la Oficina del Comisionado de Paz si Toloza aún es vocero civil de la Segunda Marquetalia y, hasta el momento, la designación por parte de ese grupo sigue en firme.La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz se encarga de garantizar el cumplimiento de lo acordado durante las negociaciones en La Habana, Cuba, bajo el gobierno de Santos.Francisco Toloza es docente de la Universidad Nacional y también estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia en Venezuela.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, Casanare, aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en esa unidad militar. El pasado 23 de julio, Torres envió un documento a la JEP solicitando la organización de un espacio con las víctimas, con el propósito de entregar una medalla que le fue otorgada por los resultados operacionales obtenidos durante su comandancia en dicha brigada.Una vez se conoció la decisión del general, la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa-Paz) envió un documento a la JEP expresando su postura sobre el tema. En primer lugar, las víctimas aseguran que Torres Escalante no ha cumplido con sus compromisos, ya que sus aportes a la verdad han sido incompletos."Lo anterior se sustenta en su amplio rechazo a aceptar responsabilidad por delitos cometidos en calidad de autor, es decir, por su acción y no por simple omisión. Esto se debe a que tuvo todas las herramientas y el poder para intervenir, dar órdenes y movilizar completamente el aparato criminal que, desde la Brigada XVI, ejecutó delitos como concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio de persona protegida, entre otros tantos, convirtiendo a Casanare en un capítulo más del genocidio en Colombia contra la población campesina y vulnerable entre los años 2005 y 2008", se lee en el documento enviado a la JEP.La organización también advierte a la jurisdicción que Torres Escalante no ha esclarecido las amenazas contra el entonces Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica, quien denunció las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recuerdan que el general fue imputado por la Fiscalía por otros casos de homicidios que, según las víctimas, él no ha podido desvirtuar. Por ello, piden que no se realice la entrega de la medalla hasta que el general amplíe su aporte a la verdad."Por tanto, la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público no satisface los vacíos de verdad y aceptación de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Casanare. Estos vacíos deben ser ampliamente llenados. La entrega de dicha medalla debería estar condicionada a un aporte de verdad oportuno, amplio y suficiente por parte de Henry William Torres Escalante, en nombre de cada una de las víctimas y sus familias, aceptando sus crímenes, así como la naturaleza, magnitud y duración del daño ocasionado, y reconociendo los impactos directos e indirectos causados a la sociedad casanareña, asumiendo su culpa de manera pública. No debe limitarse a una referencia abstracta a 'las víctimas' a quienes ha causado 'un daño', sino que la sociedad debe conocer los pormenores de sus crímenes, con la finalidad de restituir el buen nombre de las víctimas y cesar la estigmatización a la que hemos sido sometidos durante más de dieciocho años como resultado de los crímenes cometidos por Henry William Torres Escalante", explicó la organización en el documento.Finalmente, desde la organización aseguran que Torres Escalante ha despreciado la dignidad de las víctimas al aceptar su responsabilidad solo por omisión en los casos de ejecuciones extrajudiciales."En consecuencia, percibimos la aceptación de responsabilidad por omisión de Henry William Torres Escalante como una burla a la dignidad y la memoria de las víctimas por parte de uno de los máximos responsables dentro del aparato criminal conformado en Casanare, integrado por el Ejército Nacional de Colombia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reinsertados y paramilitares, por solo mencionar algunos actores", advirtieron las víctimas a la JEP.
Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas. Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas."Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
Un equipo forense conformado por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la paz, exhumó 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, Antioquia. Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia desaparecidos entre 2007 y 2016, en el contexto del conflicto armado.La intervención forense en las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda de este camposanto, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá. Según la magistrada, todo comenzó en Dabeiba y ahora se presume que en los cementerios de Apartadó y Carepa hay cuerpos de víctimas de falsos positivos."Dispusieron los cuerpos, finalmente, en ya sea en el cementerio de Decarepa y también en el cementerio de Apartado. Allí estamos buscando los cuerpos de otras personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional en el fenómeno de los falsos positivos en el departamento", dijo Henríquez.En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos. Sobre el balance, se refirió Patricia Latorre, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Urabá."Logramos hacer la exhumación o rescate de 16 cuerpos y tenemos 9 cuerpos con identidad orientada, 15 tomas de muestra e hicimos la atención a 100 familias. Los cuerpos que fueron exhumados, algunos provienen de otros departamentos", agregó Latorre.Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente medicolegal en Medicina Legal. Por esta razón, según informó la entidad, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte. En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyó a 2.772 personas porque no cumplían los requisitos para ser aceptados por este alto tribunal. El alto tribunal detalló en un comunicado que en otros casos, la Sala determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano.De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.A manera de ejemplo, dice la información, "se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas FARC y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAl referirse a personas que intentaron beneficiarse de la JEP al solicitar su sometimiento por delitos comunes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.A las 2.772 exclusiones y rechazos definitivos se suman más de 700 amnistías concedidas a exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes, que tiene representación en el Congreso, según lo acordado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y esa guerrilla en 2016.Para tomar esas determinaciones la Sala realizó un "arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes".La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia. Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima Risaralda y en Quindio. Entre los imputados están: Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.Estas personas son máximos responsables por casos de secuestro debido a que ostentaban el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías del Comando Conjunto. Los secuestros se habrían presentado por tres razones diferentes: para financiar el grupo; para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial."La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.El Comando Conjunto alcanzó a tener 1.180 integrantes y serían responsables de al menos 111 casos de secuestro, extorsionaron en la región a personas relacionadas con los sectores del arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina."Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro", puntualizó.Si las personas decidían no pagar la extorsión eran secuestradas y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades. Ahora, las personas responsables de estos casos tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los hechos, si no aceptan, enfrentarán un juicio y podrán pagar hasta 20 años de prisión."Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado", dijo la JEP.Le puede interesar
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.