LaJurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia.
Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima Risaralda y en Quindio. Entre los imputados están: Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.
Estas personas son máximos responsables por casos de secuestro debido a que ostentaban el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías del Comando Conjunto. Los secuestros se habrían presentado por tres razones diferentes: para financiar el grupo; para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
"La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.
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El Comando Conjunto alcanzó a tener 1.180 integrantes y serían responsables de al menos 111 casos de secuestro, extorsionaron en la región a personas relacionadas con los sectores del arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina.
"Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro", puntualizó.
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Si las personas decidían no pagar la extorsión eran secuestradas y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades. Ahora, las personas responsables de estos casos tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los hechos, si no aceptan, enfrentarán un juicio y podrán pagar hasta 20 años de prisión.
"Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado", dijo la JEP.
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