Este 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz reportó que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido 1.030 renuncias a la persecución penal a comparecientes que cumplieron las condiciones establecidas dentro del sistema de justicia transicional.
Se trata de personas que estuvieron involucradas en graves hechos durante el conflicto armado, pero que no fueron catalogadas como máximos responsables, es decir, que no tuvieron un papel determinante en la planeación o ejecución de los patrones macrocriminales identificados por la Jurisdicción.
La cifra hace parte de los avances de la denominada Ruta No Sancionatoria, mecanismo mediante el cual la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de estos comparecientes, siempre que cumplan las obligaciones establecidas frente a la justicia y las víctimas.
De las 1.030 renuncias concedidas hasta agosto de 2026, 979 corresponden a comparecientes de la fuerza pública, equivalentes al 95 % del total. La medida también cobijó a 46 comparecientes de las extintas Farc, dos agentes del Estado que no pertenecían a la fuerza pública, dos civiles colaboradores de esa guerrilla y un tercero civil.
Según la JEP, los casos resueltos están relacionados con 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas en diferentes departamentos del país. Además, más de 950 víctimas acreditadas y sus familiares participaron en el proceso dialógico y restaurativo.
La JEP explica que la figura de renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica establecida en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en las normas que regulan la Jurisdicción; es un beneficio definitivo equiparable a una sentencia.
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Además, implican la eliminación de los antecedentes penales y la extinción de las sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de la conducta penal asociada al compareciente.
Sin embargo, la JEP enfatiza que no se trata de un beneficio gratuito ni automático. Para acceder a él, los comparecientes deben demostrar el cumplimiento de un régimen de condicionalidad y realizar aportes a los derechos de las víctimas.
Entre los requisitos están aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva que permita reconstruir los hechos con un nivel superior al conocido por la justicia ordinaria; reconocer expresamente la responsabilidad individual cuando corresponda; comprometerse con la no repetición y realizar acciones de reparación, principalmente de carácter simbólico.
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Ahora, la concesión de la renuncia a la persecución penal tampoco significa que desaparezcan las obligaciones frente a la JEP y las víctimas. Los comparecientes deben continuar atendiendo los llamados de la Jurisdicción cuando sean requeridos y, además, solicitar autorización para salir del país.
En caso de que se compruebe un incumplimiento posterior de las obligaciones del régimen de condicionalidad, la JEP aclara que puede revocar los beneficios, retirar las libertades provisionales, excluir al compareciente del Sistema y remitir nuevamente el proceso a la justicia ordinaria.
La jurisdicción detalló que el proceso ha incluido audiencias y actos públicos en los que los comparecientes han reconocido responsabilidades, pedido perdón y participado en acciones simbólicas dirigidas a reparar el daño causado y dignificar la memoria de las víctimas.
En algunos casos, los aportes realizados durante estos procesos también han permitido avanzar en la ubicación y entrega de cuerpos. La JEP reportó que, hasta la fecha, 17 cuerpos han sido entregados a sus familias en distintos departamentos y en Bogotá, después de años de búsqueda.
La hoja de datos de la JEP señala, además, que los comparecientes beneficiados han realizado más de 178 medidas de contribución a la reparación, principalmente orientadas a restaurar el daño causado a las víctimas y sus comunidades.
La JEP indicó que actualmente continúa trabajando en la definición de la situación jurídica de más de 9.000 comparecientes que no son máximos responsables, con decisiones relacionadas con diferentes regiones del país.