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La Contraloría General de la República, atreves de un comunicado, presentó observaciones a la negociación realizada por el exsenador Otto Bula con la Fiscalía.
Para el ente de control, que actúa como víctima dentro del proceso penal, “no es claro que Bula tenga la titularidad sobre el predio rural ofrecido, pues este pertenece a una sociedad donde es representante legal pero no está probado que sea socio”.
Además, asegura en el texto que en segundo término, el avalúo del bien debió hacerlo un perito imparcial y no uno de la lonja, escogido por Bula.
Adicionalmente la CGR expresó que el predio se encuentra en un proceso de extinción de dominio, lo cual implica que se trata de un bien de origen ilícito frente al cual la Fiscalía no tiene claro cómo se trasladaría a la Contraloría.
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Respecto al pagaré presentado por el acusado, “se indicó que en el texto de este no se indica en qué fechas se haría el pago por cuotas, o si se llevará a cabo un solo pago, razón por la cual tampoco hay claridad sobre las condiciones y compromisos señalados en el título valor para reparar la víctima”.
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