El superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, ya fue notificado de una nueva decisión que tomó la juez cuarta administrativa de Córdoba, María Bernarda Martínez Cruz, en el marco de un incidente de desacato en el que se ordena un arresto de cinco días y una multa de 15 salarios mínimos en su contra, porque no ha dado cumplimiento a la orden de tutela mediante la cual se busca devolver de manera inmediata los 210.000 afiliados de la liquidada EPS indígena Manexka y con ellos los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El funcionario ha advertido la inconveniencia de cumplir con ese fallo de tutela, no solo porque a su juicio se violó el proceso administrativo, sino porque no garantiza ni protege el derecho a la salud de la población.
Y es que la entidad ha identificado serias irregularidades en la institución, entre ellas, desviación de recursos e indicios de posible lavado de activos, sumados a la no atención de los pacientes, todo esto está evidenciado en la auditoría forense adelantada
"La juez, contra todos los argumentos que hemos expuesto y contra la gravedad de los hechos encontrados allá, no solo por la Superintendencia sino también por la Fiscalía, se mantiene en su posición de que tenemos que devolver la población y los recursos de la UPC a una administración que no garantiza claramente la debida atención", enfatizó Muñoz.
El superintendente cree que nuevamente el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmará el desacato, pero confía en que en el Consejo de Estado, donde fue interpuesta una tutela, corrija la decisión de la juez.
"No les importan los usuarios porque hay 250 personas hospitalizadas y podrían estar en riesgo sus vidas. Su intención es quedarse con los recursos", señaló el superintendente, quien recordó que ha recibido denuncias de la comunidad del resguardo indígena Zenú y otros sectores, según las cuales detrás de esta EPS hay personas que han cometido delitos, que están pendientes de responderle a la justicia y se han estado apropiando de los recursos. "Hemos dado curso de estas denuncias a la Fiscalía que ya ha tomado decisiones en el caso", concluyó.
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Muñoz precisó que la consulta previa no puede ser más importante que el derecho a la salud y que espera que el Consejo de Estado resuelva de forma definitiva la situación.
"No puede ser que el sistema de salud, que está en proceso de depuración se vea afectado por una tutela que está defendiendo intereses particulares", finalizó.
Todo este proceso hace parte de una medida interpuesta por Eder Espitia, a quien fuentes consultadas por Blu Radio señalan como cercano al cuestionado líder Pedro Pestana, fundador de la EPS y condenado por parapolítica.
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