Ecuatorianos festejan el final de once días de batallas campales

El Gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena pusieron fin este domingo a once días de enfrentamientos y revueltas con un acuerdo que deroga el polémico decreto que elevaba el precio de los combustibles e iniciaron negociaciones para poner fin a la crisis.

QUITO SALE A FESTEJAR LA PAZ

Familias enteras tomaron las calles en procesión, mientras en el parque del Arbolito, epicentro de los disturbios en la capital, una multitud de manifestantes gritaban insistentemente "¡Sí se puede, sí se puede!".

A la zona llegaban más y más gentes conforme transcurrían los minutos, concentrándose en las zonas de mayor iluminación y en ocasiones tratando de esquivar algunos cohetes que explotaban a baja altura y se desviaban de su trayectoria.

Atrás quedaban once días de batalla campal frente a las fuerzas de seguridad, con las que se batieron en esa misma zona entre las llamaradas de neumáticos ardiendo, barricadas y espesas cortinas de humo por el masivo uso de gas lacrimógeno que hicieron las fuerzas del orden.

En la zona, los manifestantes empezaron a recoger las barricadas que les sirvieron de protección, especialmente en los últimos días en que las protestas se tornaron mucho más violentas y con una fuerte represión policial.

Cientos de indígenas festejaban asimismo la "victoria de la lucha popular" en los exteriores de la Casa de la Cultura con bailes en los que portaban sus lanzas y hacían sonar tambores al grito de: "¡El pueblo unido, jamás será vencido!".

Por el norte de Quito, caravanas de automóviles avanzaban en medio de un ensordecedor y constante sonar del claxon que rompió el tenso silencio de las últimas horas en las que los ecuatorianos habían estado a la espera del inicio del diálogo.

LOS MEDIADORES: LA ONU Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL

La fiesta estalló en las calles poco después de que se anunciase que el Gobierno elaborará un nuevo decreto para sustituir el 883, que provocó las protestas, en un acuerdo con el movimiento indígena alcanzado con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal.

"Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto", anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral.

"Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", reza el texto, que leyó el coordinador de la ONU.

Constató que el país está en "una situación grave, dramática desde hace doce días. Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo, su entorno, que han sufrido por sus familias, muchísima angustia. Ya llegó el momento de la paz, del acuerdo, el momento de mirar el futuro para Ecuador".

En los once días de revueltas murieron entre 5 y 7 personas y más de un millar resultaron heridas, según distintas fuentes.

Los daños no han sido cuantificados pero los destrozos en Quito son masivos, sobre todo en el centro, y la pérdida de ingresos por falta de productividad se miden en decenas de millones de dólares.

El levantamiento popular comenzó a raíz de un decreto con el que el presidente, Lenín Moreno, buscaba incrementar los ingresos del Estado frente a unas demandas del FMI y de otras entidades para conceder al país una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.

En la reunión, celebrada en un colegio a unos 30 kilómetros de Quito y transmitida en directo, Moreno dijo solemnemente que el acuerdo ha significado "sin duda algún sacrificio de cada una de las partes".

Y afirmó que no existe "otro principio más maravilloso que la paz" y agradeció a los militares y policías porque sabe de la "sacrificada, esforzada labor que cumplen", porque muchos de ellos están también lesionados.

Eran particularmente emotivas las imágenes de policías estrechando la mano y abrazándose con los mismos manifestantes con los que se habían estado enfrentando hasta apenas una hora antes.

UN ACUERDO POR TERMINAR

En cuanto a las demandas indígenas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, sostuvo, en un resumen del proceso "de lucha y resistencia", que los indígenas han tenido más de 2.000 heridos, más de mil presos, alrededor de diez asesinados, alrededor de más de cien desaparecidos en el país", así como "tortura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional".

En esa línea, pidió la renuncia de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, pues "solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir dialogando para construir proyectos participativos, que beneficien verdaderamente al país y al pueblo".