Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a "vuelos temporales de apoyo".Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que "cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura" donde planea "mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas"."Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura", donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con "la mayor tasa de crimen y homicidios", añadió durante una entrevista televisada en inglés.Ofensiva aéreaEstados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico."Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos" en la carrera militar, agregó."Nadie viene por aquí"Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.La Fuerza Aérea ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra. Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón."Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados", dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país. Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: "nos dijeron que era por el estado de excepción".La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores. "Vi un avión grande que iba aterrizando", dijo Tito Henríquez, de 68 años.El dueño de un pequeño restaurante considera "maravilloso" la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
La Policía ecuatoriana detuvo en Quito a un ciudadano de Estonia con dos alertas rojas de Interpol emitidas por solicitud de Colombia -acusado de tráfico, fabricación y porte de drogas- y será extraditado al vecino país, informó este martes la institución.De acuerdo con la información policial, el hombre fue requerido en 2015 y 2016 por autoridades colombianas por la tenencia y participación en actividades ilícitas relacionadas con la importación, posesión, transporte y distribución de drogas, o el intento de realizar dichas conductas.Además, el detenido registra una solicitud por parte de Finlandia por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes con agravantes, añadió la Policía.Tras la detención, se iniciaron las coordinaciones respectivas para "continuar con el procedimiento de extradición pasiva" solicitado por Colombia.Ecuador vive desde 2024 bajo la declaratoria de un estado de "conflicto armado interno", decretado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal.En el marco de esa "guerra" contra el crimen, Ecuador ha deportado y extraditado a varios extranjeros y ecuatorianos requeridos en otros países por delitos como el tráfico de narcóticos.
Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales.La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.González se encuentra investigada por la Fiscalía por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, motivo por el que fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales, al mismo tiempo que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue suspendido e impedido de participar en las elecciones.La Fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito, sin especificar si entre los arrestos está la excandidata González.El Ministerio Público apuntó que, en el marco del caso denominado 'Laberinto', investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".La voz de alerta la dio el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá", escribió Correa sin más detalles.Fuentes del correísmo consultadas por EFE tampoco han dado más detalles sobre el pronunciamiento de Correa.A inicios de este año, González fue imputada dentro del denominado caso 'Caja Chica', en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero al supuestamente haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.Producto de ello, la Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.Tras ello, González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
El sacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años, falleció mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada al sur de Guayaquil, Ecuador. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo, luego de que una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendiera y cayera sobre él.Tras conocerse lo ocurrido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera. En el mensaje, expresó su solidaridad con la familia del sacerdote, sus compañeros y las personas que lo conocieron.¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una comunidad religiosa católica fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio.La congregación orienta su labor a la evangelización, las misiones y el acompañamiento espiritual de las comunidades. Sus integrantes también participan en actividades pastorales, retiros y procesos de formación religiosa.El sacerdote se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde estaba a cargo de la atención pastoral y las celebraciones eucarísticas. Su identificación religiosa incluía las siglas CSsR, correspondientes a la Congregación del Santísimo Redentor.Además, había ejercido como párroco en la iglesia San Lorenzo de Vinces, cuya comunidad también expresó su pesar por su muerte y recordó su trabajo pastoral.¿Cómo falleció Patricio Alfredo Sánchez?El accidente ocurrió mientras el sacerdote celebraba una eucaristía frente a los feligreses. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una cruz de madera ubicada detrás del altar se desprendió y cayó sobre él.Tras el impacto, los asistentes intentaron auxiliarlo. Sin embargo, el sacerdote murió en el lugar. El momento quedó registrado en la transmisión en directo de la parroquia. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales después de que se conociera el fallecimiento.La Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias e invitó a los feligreses a participar en una misa programada para el 18 de agosto en horas de la noche.
La muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida este sábado 17 de octubre ha generado conmoción entre los feligreses y usuarios de redes sociales. El sacerdote falleció luego de que una cruz que estaba empotrada en la pared de la iglesia Perpetuo Socorro se desprendiera y cayera sobre él mientras celebraba una misa que era transmitida en vivo.Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención tras conocerse el accidente es el mensaje que el religioso compartió con los creyentes pocos minutos antes de morir. Durante su homilía, el padre Sánchez reflexionó sobre la muerte, el tiempo que las personas dedican a Dios y la importancia de fortalecer los vínculos con sus seres queridos.En medio de su intervención, el sacerdote pronunció una frase que cobró especial significado después de lo ocurrido: “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”.Durante la homilía, el padre Patricio Sánchez Molinari explicó las lecturas del Evangelio y aprovechó el momento para invitar a los asistentes a pensar en la manera en que utilizan su tiempo y en las prioridades que tienen en sus vidas.El religioso señaló que dedicar tiempo a la fe, a los demás y a la familia tiene un valor especial, en comparación con otras actividades a las que las personas suelen destinar sus días.Posteriormente, insistió en la importancia de compartir momentos de calidad con las personas cercanas y de fortalecer la relación con Dios. “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”, agregó.Estas palabras fueron pronunciadas aproximadamente tres minutos antes del accidente, según la información compartida sobre la transmisión. La cercanía entre la reflexión sobre la muerte y lo que ocurrió después ha impactado a quienes han visto las imágenes.El accidente quedó registrado en la transmisión en vivo que se realizaba desde la iglesia Perpetuo Socorro, donde el padre Sánchez se desempeñaba como párroco.En las imágenes se observa al religioso mientras celebraba la eucaristía. Cuando una feligresa intervenía, la cruz ubicada detrás del sacerdote se desprendió de la pared y cayó directamente sobre su cabeza.El hecho provocó gritos entre las personas que se encontraban en el recinto. La grabación comenzó a difundirse en redes sociales y generó numerosas reacciones por la forma inesperada en que ocurrió el accidente.Tras lo sucedido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote mediante un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida del religioso.“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la institución religiosa.
Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 17,2 millones de pasos de ida y regreso en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según Migración Colombia, Arauca concentró el 11,9 %, con más de 56.000 cruces diarios en cada dirección. En Rumichaca, en la frontera con Ecuador, se registran entre 5.000 y 8.000 movimientos diarios, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).En ese contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, presentó los monitoreos transfronterizos realizados entre 2025 y 2026. La organización advierte que el desafío más allá del número de personas que cruzan está en las condiciones en que se movilizan y en las posibilidades reales de acceder a protección, salud, educación, regularización, justicia e integración socioeconómica.Los hallazgos muestran por qué las redes comunitarias son relevantes. En la frontera de Arauca con Venezuela se identificaron siete perfiles con altos riesgos de protección, entre ellos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas mayores sin redes de cuidado, mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género, víctimas del conflicto armado, menores de edad y personas en situación de calle. En la frontera entre Ecuador y Colombia, el análisis reconoce 12 grupos poblacionales poco visibilizados, con necesidades y riesgos particulares.Ante ese panorama, las comunidades han puesto en marcha sus propias respuestas. En Nariño, Mujeres Unidas por la Chagra, del que hacen parte Oneida Castillo y Catalina Buesaquillo, usa la tierra y los saberes compartidos como punto de encuentro entre generaciones, con agricultura, memoria y cocina comunitaria. En Pasto, la Escuela de Gestores Sociales, nacida en el colegio Artemio Mendoza y acompañada por la profesora Margot Botina y Adrián Anacona, reúne a niños desde los 6 años, jóvenes y egresados, entre ellos migrantes, víctimas del conflicto y comunidad de acogida, para construir culturas de paz a través de la comunicación y de iniciativas ambientales y sociales.En Tulcán, Ecuador, Rosa Peraza creó una red de mujeres migrantes para apoyo mutuo, trabajo y emprendimiento. “En Colombia he recibido mucho amor y acompañamiento. Estoy en la Red de Mujeres para devolverles a otras mujeres lo mismo que yo recibí, sin importar la nacionalidad. Todos somos parte de la solución y en los territorios ya se están dando respuestas a las situaciones humanitarias que vivimos a cada lado de la frontera”, dijo.En Arauca, Edy Patricia Granados usa la escritura para que otras mujeres narren sus historias; Zeneida Nava convoca a su comunidad en “Charlemos y tomemos café”, un espacio para encontrarse y acompañarse; y Marlin Rodríguez impulsa, desde el asentamiento 30 de Agosto, acciones para atender las necesidades de las familias. En Villa Pez, otro proceso promueve espacios para la niñez y fortalece la comunidad con mejoras de infraestructura y campañas de salud y prevención.Para Ximena Vidal Rojas, directora nacional de JRS Colombia, el camino es conectar esas capacidades. “Una frontera no puede gestionarse únicamente desde el control de quién entra o sale. El siguiente paso debe ser conectar las capacidades de las instituciones, la cooperación y las organizaciones con los procesos que las comunidades ya desarrollan en sus territorios. No se trata de comenzar desde cero, sino de fortalecer respuestas existentes y construir juntos condiciones que permitan acceder a derechos y vivir con dignidad”, afirmó.
La Policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a una mujer de nacionalidad colombiana que pretendía viajar a Madrid (España) con medio kilo de clorhidrato de cocaína en su equipaje, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.La mujer fue identificada por el ministro como Verónica Restrepo, de 26 años, quien "registraba inusuales movimientos migratorios".Reimberg señaló que personal de la Subsecretaría de Migración presente en el aeropuerto de la capital detectó el caso e inmediatamente se le realizó un "registro corporal y de su equipaje, donde fue encontrado medio kilogramo de clorhidrato de cocaína".Agregó que la mujer fue detenida y puesta a las órdenes de las autoridades competentes.Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.Aunque la mayor cantidad de droga es decomisada en puertos, en carreteras o en casas y bodegas donde grupos criminales la esconden, la Policía también ha decomisado cantidades más pequeñas en aeropuertos y empresas de paquetería.
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, la oficialista Mishel Mancheno, y el presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, firmaron este jueves en Madrid una declaración parlamentaria conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico, en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que tiene lugar el 1 y 2 de octubre."Alineamos leyes frente al crimen organizado y narcotráfico en 3 ejes: control en fronteras, capacidad operativa y golpe al lavado de activos", señaló Mancheno en sus canales oficiales.El Legislativo ecuatoriano señaló en un comunicado que la declaración reafirma la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida).Asimismo, afirmó que el documento "resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia y cooperación técnica internacional para mejorar los marcos jurídicos en materia penal".Según la Asamblea, el acuerdo permitirá fortalecer los mecanismos de diálogo, cooperación y coordinación legislativa entre ambos países, con el propósito de avanzar en el desarrollo de herramientas jurídicas y acciones conjuntas frente a la delincuencia organizada transnacional.Además, aseguró que constituye "el punto de partida de un proceso de cooperación interparlamentaria que se prevé ampliar con otros países de la región".Durante su estancia en Madrid, Mancheno también se reunió con el presidente de ParlAmericas, Iván Flores, con quien abordó la participación ecuatoriana en el II Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad que se realizará entre el 21 y 23 de octubre en Valparaíso, Chile.El encuentro tendrá como eje la seguridad pública en las Américas y el Caribe y las respuestas parlamentarias frente al crimen organizado y la violencia.
La esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país andino, llegaron la noche de este martes a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia, donde fueron detenidas el domingo en una operación policial entre ambos países y el FBI.Las mujeres, identificadas como Mariela Peñarrieta (esposa) y Michelle Macías Peñarrieta (hija), llegaron a la ciudad de Guayaquil, donde fueron recibidas por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila."De acuerdo a las investigaciones, las detenidas estaban vinculadas al manejo financiero y al blanqueo de capitales de la estructura criminal Los Choneros, por lo que su captura representa un golpe a la estructura criminal y a sus economías", dijo Reimberg.La esposa y la hija de Fito serán llevadas a la cárcel La Roca, la prisión de máxima seguridad que desde abril pasado es femenina, donde también estuvo recluido el líder criminal antes de ser extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado.Reimberg recordó que las mujeres fueron localizadas en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, tras una labor de investigación y seguimiento internacional.Ambas fueron expulsadas de Argentina en 2024 junto a otros familiares y, tras ser enviadas a Ecuador, salieron nuevamente hacia territorio colombiano, de acuerdo al ministro.Peñarrieta y Macías eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos, un caso denominado como 'Blanqueo Fito' por el que ya fueron condenados otras seis personas del círculo familiar a penas de entre siete y diez años de cárcel.El juicio estaba suspendido para ellas y para otros familiares que están prófugos, y también para el líder criminal, que se encuentra a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico en EE.UUSegún el Ministerio Público, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegalesLa investigación salió a la luz en junio de 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de Fito, su cuñado y los padres y hermano de su pareja, quien ya estaba recluida en una cárcel antes de ser vinculada a este proceso judicial.De acuerdo con la Fiscalía, las personas investigadas en este caso, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y, principalmente, beneficiarse de activos de origen ilícito" por medio de al menos cuatro empresas.Una de ellas es QueenWater S. A, dedicada a embotellar agua, que era manejada por Peñarrieta y que llegó incluso a ser proveedora del servicio nacional de prisiones.Los Choneros es una de las bandas criminales denominadas como "terroristas" por el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.También ha sido declarada como "terrorista" por el Gobierno estadounidense.
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fueron expulsadas de Colombia y entregadas este lunes a las autoridades de Ecuador, donde son requeridas por una investigación por presunto lavado de activos.El procedimiento fue realizado por la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Las dos mujeres fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, después de permanecer prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025.Aunque inicialmente Ecuador había solicitado órdenes de captura con fines de extradición, el Gobierno de ese país decidió desistir de ese mecanismo y gestionar con Colombia su expulsión directa. La entrega se realizó en las instalaciones de la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, desde donde las autoridades ecuatorianas prepararon su traslado a Ecuador.Peñarrieta Tuárez y Macías Peñarrieta son requeridas dentro del denominado “Caso Blanqueo Fito”, una investigación de la Fiscalía General de Ecuador que busca establecer el origen y movimiento de recursos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Choneros, cuyo principal cabecilla es alias ‘Fito’, extraditado a Estados Unidos.Según la investigación ecuatoriana, las dos mujeres habrían participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de dinero de la organización mediante empresas de papel y estructuras corporativas ficticias. La acusación se relaciona con el presunto delito de lavado de activos.Las autoridades colombianas señalaron que la operación se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación y seguridad entre Colombia y Ecuador. Ambas mujeres eran buscadas mediante circular roja de Interpol y, tras su captura, fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias y policiales colombianas para concretar su salida del país.Una vez en Ecuador, las procesadas serán trasladadas a Guayaquil y quedarán a disposición de los jueces que llevan el proceso en su contra. Las autoridades ecuatorianas deberán definir su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro de la investigación.La Policía indicó que la expulsión hace parte de las acciones de cooperación contra las estructuras del crimen organizado transnacional y reiteró que el país no será utilizado como refugio por personas requeridas por autoridades judiciales de otros países.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".
