Uno de los principales denunciantes de Cristina Kirchner revela detalles de la condena
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta.
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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de Vialidad Nacional y uno de los principales denunciantes del caso, ofreció detalles inéditos sobre la investigación que desató uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Argentina.
Plasencia lideró en 2016 el equipo técnico que revisó 51 obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo. “No es un caso de simples sobreprecios o sobornos. Es un caso de obras que nunca existieron, pero fueron pagadas con dinero del Estado”, afirmó.
Las irregularidades detectadas apuntaban directamente a un sistema montado para vaciar las arcas públicas mediante licitaciones falsas, supervisiones inexistentes y pagos por rutas jamás construidas.
Una de las claves del esquema fue su ejecución en Santa Cruz, una provincia remota con escasa fiscalización. “Era muy fácil simular procesos administrativos en una zona donde nadie controlaba. Fingían contrataciones y certificaban obras que no estaban”, explicó Plasencia.
El monto del desfalco asciende a más de 1.000 millones de dólares, equivalente —según sus palabras— “a una autopista de 200 kilómetros a través de los Andes”.
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El contratista principal, Lázaro Báez, socio cercano de los Kirchner, fue el gran beneficiado. “Pasó de ser cajero de banco a multimillonario en pocos años. Compró más de 600.000 hectáreas de terreno y cientos de propiedades”, denunció.
Plasencia también mencionó pruebas contundentes como documentos oficiales emitidos con el membrete del contratista y conversaciones de WhatsApp entre funcionarios y la expresidenta, donde se impartían órdenes sobre el manejo de fondos públicos.
Frente a quienes alegan persecución política, el funcionario fue tajante: “Las pruebas son apabullantes. Este no es un fallo político, es una condena judicial con base en evidencia irrefutable”.
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Aunque Fernández de Kirchner mantiene una base de apoyo, Plasencia reconoció que su influencia ha disminuido: “Sigue teniendo seguidores, pero hoy es una minoría. La mayoría de los argentinos ya entendieron la magnitud del daño”.
La sentencia cierra así un capítulo crucial en la política argentina, marcando un precedente judicial en la región. La expresidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, deberá cumplir prisión —aunque solicitó arresto domiciliario— y queda formalmente apartada de toda función pública. "Ella ya no puede volver a administrar el Estado", concluyó Plasencia.