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El dirigente socialista español Pedro Sánchez perdió este domingo una primera votación de confianza en el Congreso, pero se encamina a ser previsiblemente elegido el martes por la mínima al frente de un inédito Gobierno de coalición de izquierda que termine con un largo bloqueo político.
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Sin sorpresa, el líder de 47 años obtuvo 166 votos a favor, lejos de la mayoría absoluta (176 de 350) necesaria para recibir la confianza de la cámara en la primera vuelta.
Pero 48 horas más tarde, cuando en una segunda votación en la que le bastarán más sí que no, debe tener éxito por una mínima diferencia, al sumar los respaldos socialistas, de la izquierda radical de Podemos, su futuro socio de gobierno, y de varios pequeños partidos regionales.
Si se repite la correlación de fuerzas, Sánchez recibirá 167 votos a favor (esté domingo no votó una diputada de Podemos por enfermedad), 165 en contra y 18 abstenciones.
Será clave la abstención de los 13 diputados del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que exigieron a los socialistas "una mesa de diálogo" entre Madrid y Barcelona para buscar soluciones a la persistente crisis en la región nororiental española.
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Llegado al poder en junio de 2018 mediante una moción de censura que desbancó al conservador Mariano Rajoy, Sánchez liderará un gobierno de coalición entre socialistas (120 diputados) y Podemos (35), con un programa social, ecologista y feminista, enfocado en disminuir las desigualdades persistentes tras la crisis económica.
"Esta coalición progresista es el mejor antídoto contra esta coalición del apocalipsis", lanzó Sánchez en sus últimas palabras antes del voto, en referencia a la derecha y la extrema derecha, que vertieron duras palabras contra el dirigente socialista en un adelanto de lo que se anuncia como una crispada legislatura. "Moderación y progreso", garantizó.
Será un "gobierno Frankenstein" formado por "comunistas" y "separatistas", que "quiere acabar con la España constitucional", criticó el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.
"Mentiroso", "estafador" o "villano de cómic" le espetó a Sánchez Santiago Abascal, jefe de la extrema derecha de Vox, aupada como tercera fuerza, que promueve movilizaciones en contra del líder socialista el 12 de enero.
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En una España instalada en la inestabilidad política desde 2015, la renovación de Sánchez en el poder pondrá fin a la parálisis iniciada con las elecciones de abril, el posterior fracaso de la formación de un gobierno y la repetición de los comicios el 10 de noviembre.
En el pleno de investidura, Sánchez defendió su programa de gobierno, que incluye la subida de salarios e impuestos, la regulación de los alquileres ante el fuerte encarecimiento en Madrid o Barcelona y la derogación parcial de una reforma aprobada por los conservadores en 2012 para liberalizar el mercado laboral.
Pero gran parte de los discursos giraron en torno al conflicto catalán, cuyo momento más álgido fue el fallido intento de secesión de octubre de 2017.
A mediados de octubre, nueve dirigentes separatistas fueron condenados a altas penas de prisión por esos hechos, una sentencia del Tribunal Supremo que desencadenó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en la región.
El principal penado, con 13 años por sedición y malversación, fue el dirigente de ERC, Oriol Junqueras.
Desde otras formaciones separatistas como Juntos por Cataluña (JxC), del expresidente Carles Puigdemont, se oponen al pacto en el que debe participar el liderar el gobierno de coalición regional.
De todas maneras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lanzó una advertencia a los socialistas, recordando durante su intervención que su formación ya precipitó la convocatoria electoral de abril al no apoyar los presupuestos de Sánchez.
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En minoría y en un contexto de fragmentación y polarización, algunos analistas ponen en duda la estabilidad de la que será la primera coalición de gobierno desde el fin de la dictadura de Francisco Franco (1975), obligada a negociar a múltiples bandos para sacar adelante su programa.
Ya los círculos empresariales elevaron su voz de alarma ante algunas medidas del programa de gobierno, como la subida de salarios e impuestos o la derogación parcial de una reforma para liberalizar el mercado laboral, en plena desaceleración del crecimiento económico.
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