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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en el país que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos.
La organización con sede en Miami pidió su eliminación por considerar que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".
El Congreso de la República tratará este lunes un proyecto de ley anticorrupción en el que se incluyó un artículo que propone penas de cinco a 10 años de prisión y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.
También contempla la cancelación de la personaría jurídica de las instituciones de donde proviniere la crítica que se considere injuria o calumnia.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa".
Canahuati, director ejecutivo del grupo Opsa de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; "es una herramienta para callar a medios y periodistas".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que se trata de "un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas".
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Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: "nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia".
Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela.
Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza.
Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente
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"Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales", concluyeron.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.
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