Hace algunos instantes dos sujetos desde una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, tipo granada, contra la sede de RCN ubicada en la carrera 8 con calle 30, del barrio Industrial Los Mangos, zona céntrica de Cali.La explosión no dejó víctimas, ni personas heridas, pero sí causó alarma en esta zona donde hay varias empresas y bodegas. La Policía fue alertada y en una rápida reacción capturó a dos hombres sospechosos de ejecutar este atentado, que sucede días después de las amenazas recibidas por varios medios de comunicación del país.La zona permanece acordonada, mientras las autoridades adelantan la correspondiente investigación.Horas antes, se reportó otro atentado terrorista contra la hidroeléctrica de Amaine, en la zona rural de Palmira Valle. Hombres armados llegaron hasta las instalaciones de Celsia y activaron un artefacto explosivo que causó daños en la infraestructura.Este ataque fue atribuido por el Ejército a estructura criminal Adán Izquierdo de las disidencias al mando de alias “Iván Mordico. El servicio de energía eléctrica sigue con normalidad en Palmira y esta zona del Valle del Cauca.
Las amenazas contra medios de comunicación en Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad de quienes trabajan en el periodismo. Esta vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció para rechazar las advertencias de posibles atentados contra Caracol Televisión, Caracol Radio y Canal RCN, y le pidió al Estado tomar medidas para evitar que estas intimidaciones terminen silenciando a la prensa.La preocupación aumentó durante el fin de semana, luego de que se conocieran alertas sobre posibles ataques contra medios de comunicación en el país. Una de las situaciones más delicadas se presentó en Bogotá, donde fue necesario evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión. Por su parte, Caracol Radio reforzó sus medidas de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. Las advertencias también alcanzaron al Canal RCN.Frente a estos hechos, la SIP, una organización internacional que trabaja por la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, pidió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que estas amenazas no solamente ponen en riesgo la vida de los periodistas y demás trabajadores, sino también el derecho de los colombianos a recibir información libre e independiente.Su presidente, Carlos Jornet, señaló que “ninguna organización criminal ni grupo violento puede decidir qué se publica, qué se investiga o quiénes pueden expresarse”. Además, mencionó que el Estado colombiano tiene la obligación de impedir que el miedo termine convirtiéndose en una forma de censura.La organización también reconoció los pronunciamientos de rechazo y las medidas preventivas anunciadas por las autoridades, pero recalcó que no son suficientes si no van acompañadas de investigaciones que permitan establecer de dónde vienen las amenazas, quiénes son los responsables y evitar que estos hechos queden sin castigo.En ese sentido, pidió mantener medidas de protección efectivas y coordinadas con los propios medios de comunicación y sus trabajadores mientras continúen los riesgos.Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “cuando un periodista tiene que preguntarse si informar puede poner en peligro su vida o la de sus compañeros, la libertad de prensa ya está siendo afectada”. También señaló que estas intimidaciones terminan perjudicando a toda la ciudadanía, porque limitan el acceso a información importante y debilitan la democracia.La preocupación también está respaldada por las cifras. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas en Colombia. Dentro de ese balance se encuentran diez asesinatos, cuatro de ellos ocurridos durante 2026.La SIP también hizo referencia al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que ha registrado un retroceso en las garantías para ejercer el periodismo en el país.Finalmente, la organización insistió en que proteger a la prensa no puede ser una tarea que se cumpla solamente cuando aparecen amenazas o situaciones de peligro. Por el contrario, pidió que la seguridad de los periodistas sea una responsabilidad permanente del Estado, con acciones para prevenir los ataques, investigar los hechos y sancionar a quienes estén detrás de ellos.El llamado es a que ningún periodista tenga que poner en riesgo su vida por cumplir con su trabajo y que los colombianos puedan seguir informándose sin miedo, presiones ni amenazas.
El diario estadounidense The New York Times recibió un reconocimiento durante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en Bogotá, por su defensa de la libertad de expresión y las garantías constitucionales para ejercer el periodismo.Su editor, Mark Lacey, habló con Noticias Caracol sobre los desafíos que enfrenta la prensa y las estrategias para mantener la independencia frente a las presiones del poder político.Lacey señaló que las acciones de la administración de Donald Trump contra los medios pueden tener consecuencias sobre el trabajo periodístico, especialmente cuando se combinan ataques públicos, litigios y restricciones de acceso a fuentes oficiales.“Donald Trump lo está intentando todo. Está atacando públicamente a nuestros periodistas, mencionándolos por sus nombres. Básicamente está tratando de dañar nuestra reputación al decir que somos enemigos del pueblo y que somos una organización periodística en decadencia”, afirmó el editor.¿Cómo afectan las presiones políticas a los medios de comunicación?El editor explicó que las presiones económicas y judiciales pueden llevar a algunas organizaciones a ser más cautelosas al publicar información. Sin embargo, aseguró que The New York Times mantiene su compromiso con la investigación y la rendición de cuentas, independientemente de quién esté en el poder.“Por tanto, nuestro papel no es ser un partido de oposición ni convertirnos en portavoces de la oposición frente a la actual administración. Nuestro papel es exigirle cuentas al gobierno y el gobierno anterior estaba encabezado por un demócrata”, precisó Lacey.También indicó que el periódico verifica las declaraciones de Trump antes de publicarlas y consulta otras fuentes para evitar convertirse en un canal de difusión de sus mensajes.Inteligencia artificial y confianza en el periodismoLacey consideró que la inteligencia artificial representa un desafío para los periodistas, especialmente por la circulación de imágenes y contenidos cuya veracidad puede ser difícil de establecer. A su juicio, esta situación refuerza la importancia de los medios confiables y del periodismo basado en hechos.“Cuanto más produzca la inteligencia artificial cosas que no son ciertas, cuanto más circulen imágenes sobre las que no sabemos si lo que muestran ocurrió realmente o no, más necesitará la gente acudir a una organización periodística confiable para saber qué sucedió de verdad”, sostuvo.El alcance digital de The New York TimesPese a las dificultades, Lacey destacó el crecimiento de la audiencia digital del periódico y afirmó que más de 13 millones de personas pagan actualmente por acceder a sus contenidos.El editor concluyó que los medios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a la desconfianza institucional, sin abandonar su función de investigar, verificar y ofrecer información independiente.
Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, conocida como ‘pool’, después de que la administración estadounidense vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico.ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN integran el grupo encargado de proporcionar de manera rotativa las imágenes de los actos presidenciales al resto de los medios. La decisión implica que no habrá un equipo de reemplazo para CNN, que tenía asignada la cobertura del presidente este lunes.La medida representa una respuesta conjunta de las principales cadenas de televisión al veto de la Casa Blanca contra los tres medios. Las cadenas señalaron que el público tiene interés en recibir información independiente y que ninguna administración debería restringir a un medio por su cobertura periodística.CNN, MS NOW y Politico demandan a TrumpEl anuncio de las cadenas se produjo el mismo día en que CNN, MS NOW y Politico informaron que presentarán una demanda contra la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca.Los tres medios sostienen que el veto vulnera sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda busca que un tribunal federal restablezca el acceso de sus periodistas a las instalaciones y actividades presidenciales.El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibiría el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. El mandatario acusó a estos medios de publicar lo que calificó como “fake news” y cuestionó su cobertura de su administración.¿Qué es el ‘pool’ de televisión de la Casa Blanca?El ‘pool’ de televisión es un sistema mediante el cual las principales cadenas se turnan para cubrir los desplazamientos y actividades del presidente. El medio que tiene asignada la cobertura produce las imágenes y las comparte con las demás cadenas, lo que evita que numerosos equipos de televisión tengan que ingresar simultáneamente a espacios reducidos.CNN tenía asignada la cobertura de Trump este lunes, pero la Casa Blanca no incluyó a ningún integrante del ‘pool’ televisivo en sus indicaciones para la jornada. Posteriormente, las cadenas acordaron no enviar un equipo de reemplazo. La decisión también afecta la cobertura televisiva de actividades internacionales del presidente, incluida su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.El veto a CNN, MS NOW y Politico profundiza el enfrentamiento entre la administración Trump y varios medios de comunicación estadounidenses. La Casa Blanca ya había impedido durante el fin de semana el ingreso de periodistas de las tres organizaciones a sus instalaciones.
Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Comisionado de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Mauricio Vera, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobbre el "Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos", un documento que fue interpretado por diversos actores del sector mediático como una intervención directa y un intento de censura sobre los procesos editoriales internos de los canales de televisión.El Comisionado Vera fue enfático al desestimar la acusación de censura, aunque reconoció fallas en la comunicación emitida. "No es censura. Digamos lo hemos aclarado, es en el marco de nuestras competencias poder conocer más el ejercicio eh de promoción de pluralismo que hacen los operadores". Vera recordó que la CRC tiene la obligación legal de "garantizar que haya un pluralismo en el ecosistema de la televisión en Colombia y haya imparcialidad informativa".La preocupación central de los medios de comunicación se centró en el punto que solicitaba "Procesos de decisión editorial" y anexar "soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales". El Comisionado Vera, al confirmar que la decisión fue tomada por los tres comisionados de la Sesión de Contenidos Audiovisuales, reconoció el error en la comunicación, si bien hizo una distinción entre la línea editorial (la postura del medio) y la reserva de la fuente. "Reconocemos como sesión el error que se cometió en la comunicación y que fue interpretado (...) es que efectivamente la reserva de las fuentes es distinta a la línea editorial. La reserva de las fuentes es sagrada". Aseguró que la Comisión no tiene ninguna injerencia directa en la reserva de las fuentes.Vera explicó que la intención de la solicitud era conocer las buenas prácticas que tienen los medios, buscando realizar un "ejercicio documentado de recopilación de los documentos formales, públicos que el canal quiera colocar a disposición de la comisión". Este material sería utilizado para "sistematizar" las prácticas periodísticas en favor del pluralismo.De la obligación al carácter voluntarioAnte las críticas, que incluyeron una advertencia de la Procuraduría sobre el riesgo que persistía de vulnerar la libertad de prensa, la CRC emitió una segunda circular. El Comisionado Vera aclaró que, si bien el documento inicial tenía un plazo perentorio y mencionaba posibles sanciones, la entrega de la información es ahora totalmente voluntaria."En la segunda circular se aclara que es un tema voluntario. En la rueda de prensa que hicimos el viernes también se aclara. Si no lo entregan no tienen ninguna sanción y ninguna ingerencia el canal". "Si no lo hace, no hay problema porque no es sancionatoria. Eso significa que no es necesario retirar la anterior porque la segunda aclara de que como es voluntario pues no hay sanción".Vera concluyó haciendo un llamado a la confianza en los medios de comunicación: "Los ciudadanos confíen en sus medios de comunicación. No importa la línea editorial que tenga, no importa el enfoque, pero que Los ciudadanos confíen en que esa información que están recibiendo es equilibrada, es eh objetiva, es imparcial, ¿cierto? Y puedan tomar las mejores decisiones pensando sobre todo en el proceso electoral que se nos viene encima". Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación alertó que podría persistir un riesgo de vulneración constitucional relevante para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación tras el reversazo de los recientes requerimientos enviados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los que solicitaba información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.El órgano de control confirmó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la CRC, la cual podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política y respaldados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.En el documento remitido a la CRC, la Procuraduría advirtió que el comunicado emitido por la entidad, luego de la polémica, no revoca el requerimiento inicial ni aclara si la información pedida tiene carácter voluntario u obligatorio, lo que mantiene, según el Ministerio Público, un riesgo potencial de afectación a los derechos de los periodistas y medios. Además, sostuvo que la CRC no tiene facultades expresas para requerir información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.El procurador general Gregorio Eljach se pronunció recientemente sobre el tema, al advertir que no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa. Subrayó que este principio “se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”.Aunque la CRC aseguró que la intención era “una simple solicitud de carácter voluntario”, los gremios insistieron en la anulación del primer acto administrativo.La comisión reiteró que la solicitud buscaba conocer las buenas prácticas de los medios y cómo se está garantizando la imparcialidad, negando cualquier intención de censura o control editorial. Sin embargo, el documento inicial señalaba sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha intensificado las críticas por parte de medios, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La discusión por la libertad de expresión y el uso político de los medios estatales volvió a primer plano tras el retiro “indefinido” del aire en EE. UU. del programa del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y por nuevos llamados del expresidente Donald Trump a revocar licencias a canales que “hablan mal de él”. En Colombia, el debate aterriza con fuerza: ¿qué está ocurriendo con la comunicación oficial y el tono del presidente Gustavo Petro hacia la prensa?Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes y crítico de televisión, planteó en Mañanas Blu 10:30 que la estrategia oficial convierte la agenda pública en un espectáculo permanente: “Petro es un genio comunicador porque nos tiene hablando de lo que él quiera que hablemos… Nos quedamos con unos tuits y con unas declaraciones… desde la comunicación de Gobierno, yo lo veo fracaso total”.Según el analista, ese ruido desvía la atención de los hechos verificables y termina erosionando la evaluación de gestión. La consecuencia: un debate dominado por opiniones y polémicas, no por datos.Por otra parte, a propósito de publicaciones de entidades como DIAN o Servicio Geológico, Rincón es tajante: “Como comunicación de gobierno no lo haría… es torpe poner a todos a tuitear con una opinión… se nota demasiado que es una jugada de espectáculo y show”.Advierte, además, una narrativa en la que el presidente es “poder y víctima a la vez”, un marco que recuerda tácticas vistas con Trump: la victimización como motor del ciclo informativo.Rincón también cree que la prensa cayó en la trampa del tuit–noticia: “El periodismo debería salirse de esta guerra de opiniones… mostrar hechos, datos, documentos”.Frente a la deslegitimación de periodistas y eventuales acciones judiciales, propone no entrar al ring del insulto: informar con evidencia y no alimentar el ciclo de egos que uniforma y polariza.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente demanda y admisión ante la Corte Constitucional de la controvertida "Ley de encuestas" ha encendido el debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y el futuro de los procesos electorales en Colombia. Alejandra Carvajal, directora del centro de pensamiento "Mejor Así", ha emergido como una voz crítica; calificándola de "ley mordaza" y advirtiendo sobre sus profundas implicaciones para la democracia colombiana. En diálogo con Mañanas Blu, Carvajal desglosó los múltiples argumentos que, desde su perspectiva académica y jurídica, vaticinan su posible caída en el tribunal constitucional.La Corte Constitucional ha asumido la tarea de revisar los derechos constitucionales y fundamentales que podrían verse vulnerados por esta ley. Carvajal subraya que uno de los principales derechos afectados es la libertad de expresión, un pilar fundamental en cualquier estado de derecho.Amenaza a la libertad de expresiónAlejandra Carvajal enfatiza que la ley de encuestas, tal como está concebida, representa una grave afectación a múltiples derechos fundamentales de los colombianos. Desde hace décadas, las encuestadoras han sido un pilar fundamental en el acompañamiento de los procesos electorales, permitiendo a los medios de comunicación realizar un cubrimiento acertado y ofrecer una "radiografía de la realidad electoral". Para Carvajal, esta ley coarta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho al trabajo de las encuestadoras y el derecho a la información de los ciudadanos.La directriz de la ley, que impide preguntar por la intención de voto, aunque permite otras preguntas, es vista como una medida restrictiva que limita la capacidad de los medios para informar adecuadamente a la ciudadanía.Riesgos científicos y financieros para la actividad encuestadoraMás allá de los derechos individuales, Carvajal advierte sobre un impacto significativo en el ámbito científico y académico. Las encuestas, según la experta, son herramientas cruciales para el análisis serio del comportamiento electoral en facultades de ciencias políticas y en la academia en general. La ley, al imponer parámetros excesivamente estrictos y sanciones draconianas, desvirtúa este rigor."Yo lo que veo es que esto conlleva es muchos riesgos para la actividad encuestadora y que pues claramente así como vimos la última Invamer pool que fueron todas las páginas completamente vacías eh porque sencillamente no se pudo publicar y lo que genera esto es un problema complejo", explicó Carvajal.Escuche aquí la entrevista:
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:James Rodríguez marcó un golazo y evitó la derrota de Atlético Nacional frente a Once Caldas en las semifinales de la Copa BetPlay. El encuentro terminó empatado 1-1 después de que el volante colombiano controlara un pase de William Tesillo con el pecho y definiera con su pierna izquierda. La anotación fue comparada con el gol que James le convirtió a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 y con otras de sus mejores actuaciones en Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia.Jeffrey Zapata explicó las dificultades que tuvo Once Caldas para conservar la ventaja frente a Atlético Nacional. En entrevista con Blog Deportivo, el delantero reconoció que Nacional adelantó sus volantes durante el segundo tiempo y obligó a su equipo a retroceder, lo que dificultó la salida con el balón. También explicó cómo se produjo la jugada del gol de James Rodríguez y reconoció que tuvieron problemas para cerrar los espacios.Juan David Cabal habló de su regreso a la Selección Colombia y de las lesiones que interrumpieron su continuidad. El defensor de la Juventus aseguró que atravesó momentos difíciles durante su recuperación, pero destacó el respaldo de su familia y de las personas que lo acompañaron. También expresó su satisfacción por reencontrarse con varios futbolistas que conoció en las categorías juveniles y reconoció que la competencia por un puesto en la selección es cada vez mayor.El fútbol colombiano despidió a Carlos Babington y Javier 'Toro' Tamayo, dos exjugadores recordados por sus actuaciones en distintos clubes del país. Babington falleció a los 77 años en Argentina y fue recordado por su paso por Junior de Barranquilla, donde terminó su carrera profesional en 1983. Por su parte, El 'Toro' Tamayo, histórico delantero de Atlético Nacional y con pasado en Millonarios e Independiente Medellín, falleció tras sufrir una caída en su vivienda.Millonarios y Deportes Tolima afrontarán la última fecha de la Liga BetPlay con ausencias importantes. El conjunto bogotano no podrá contar con Daniel Ruiz por lesión muscular, mientras que Leonardo Castro y Sergio Mosquera deberán cumplir sanciones por acumulación de tarjetas amarillas. Tolima también tendrá bajas para enfrentar al Deportivo Cali, entre ellas Luis Sandoval, Sergio Aguayo y Yordan Osorio. Los partidos decisivos de la jornada se disputarán simultáneamente el sábado, con Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas todavía con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.Kevin Viveros recibió una suspensión de dos partidos en Brasil y todavía podrá disputar las últimas jornadas en busca del título de goleador. El delantero colombiano, que suma 21 anotaciones en el Brasileirão, fue sancionado por un pisotón a un rival, pero podrá regresar para los dos compromisos finales del campeonato. También se conoció que Bournemouth estaría interesado en Carlos Andrés Gómez y que Vasco da Gama exigiría alrededor de 15 millones de euros para negociar su salida. En Europa, Luis Díaz continúa recuperándose de su lesión con Bayern Múnich.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
El Fondo Milagro reportó avances en los procesos de contratación para la demolición de edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el informe presentado por su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, los procesos adelantados para intervenir inmuebles en Pereira y Cali suman $7.440 millones.El documento también precisa que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y tienen como origen un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial, identificado como BIRF 9774-CO. Recursos que fueron incorporados al presupuesto mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.La gerencia aclaró que, a la fecha de elaboración del informe, el Fondo no había recibido recursos de otras fuentes previstas, como donaciones, cooperación nacional o internacional y aportes de entidades territoriales o particulares.Los procesos de demolición en Cali y PereiraEntre los procesos contractuales reportados se encuentran cuatro intervenciones para demoler edificaciones en Cali y Pereira, junto con sus respectivas interventorías. En total, estos procesos suman $7.440 millones y tienen plazos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.En Pereira se adelanta el proceso para la demolición por implosión del edificio INVICO, por $3.814 millones, y su interventoría, por $299 millones. También se incluyó la demolición mecánica de la Institución Educativa San Nicolás, por $423 millones, con una interventoría de $88 millones.En Cali, el Fondo reportó la demolición por implosión del edificio Ana Pilar, por $949 millones, y su interventoría, por $214 millones. A esto se suma la demolición mecánica del edificio Arábico, por $1.393 millones, junto con una interventoría de $258 millones.El informe también relaciona una consultoría integral para las demoliciones, a cargo de Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A.S. Su valor corresponde al 10 % del monto de los contratos de demolición adjudicados, por lo que no aparece con una cifra fija en el documento.La gerencia presenta estos datos como procesos contractuales adelantados y con contratistas seleccionados; no como obras cuya ejecución ya haya finalizado.En el informe detalla que Fiducoldex suscribió el contrato de fiducia mercantil el 5 de octubre de 2026. A través de este mecanismo se administra el patrimonio autónomo del Fondo y se formalizan los contratos.Destacó que en materia de contratación, el Fondo cuenta con un manual aprobado por el Consejo Directivo y adoptado mediante el Acuerdo 002 del 28 de octubre de 2026. Aunque se rige por las normas del derecho privado, debe observar principios de transparencia, objetividad, moralidad, eficiencia, economía y publicidad, además de los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, y las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades.El manual contempla diferentes modalidades de selección: acuerdos marco, convocatoria abierta, invitación cerrada, selección simplificada, compra ágil y contratación directa, esta última únicamente cuando se configuren las causales previstas, entre ellas la urgencia contractual.El gerente tiene a su cargo la ordenación del gasto, la dirección de la etapa precontractual, la selección de contratistas y las instrucciones a Fiducoldex. Sin embargo, algunas decisiones requieren autorización del Consejo Directivo. Entre ellas están los contratos que superen los 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, determinadas adiciones contractuales que excedan los límites establecidos, las operaciones sobre bienes inmuebles y las transacciones que superen ese mismo umbral.El documento también establece que todos los contratos deben contar con un supervisor designado o con una interventoría. Sin el pronunciamiento de esa instancia no se pueden tramitar pagos, modificaciones, cesiones, suspensiones, terminaciones o liquidaciones.Además, el Fondo contempla mecanismos de seguimiento como informes mensuales del gerente al Consejo Directivo, auditoría independiente y vigilancia de los organismos de control, incluida la Contraloría.En cuanto a los mecanismos de transparencia, la gerencia explicó que se solicitan cotizaciones a varios oferentes y se realizan verificaciones sobre el origen de los recursos y la información de los posibles contratistas.Entre los controles se encuentran las consultas relacionadas con el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), la identificación del beneficiario final, la revisión de inhabilidades y antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, así como la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y del registro de medidas correctivas.También se exige una declaración sobre posibles conflictos de interés. Si un oferente no revela una situación de este tipo, su propuesta puede ser rechazada.Los procesos deben publicarse en los canales del Fondo y en SECOP II, en el módulo de Régimen Especial–Sin oferta, dentro de los tres días hábiles siguientes. Para los procesos que estaban en periodo de transición, el informe fijó como fecha límite de publicación el 20 de noviembre de 2026.Criterios para priorizar las intervencionesEl Fondo explicó que la priorización de las intervenciones se realiza en coordinación con alcaldías y gobernaciones, a partir de censos de personas damnificadas, registros de edificaciones y diagnósticos técnicos.El mecanismo contempla dos líneas de atención: una para proyectos e intervenciones colectivas y otra para apoyos dirigidos a personas y hogares. Además, establece bandas de priorización identificadas como P1, P2, P3 y P4.Para estudiar las solicitudes se revisan los documentos de los posibles beneficiarios, su registro en el Registro Único de Damnificados (RUD) o la certificación expedida por la autoridad territorial, los actos administrativos que ordenan las demoliciones y los informes técnicos correspondientes.El documento señala que se da prioridad a las demoliciones que cuentan con una orden de la autoridad competente y en las que existe un riesgo cierto. Por su parte, las solicitudes de intervención para rehabilitación de vivienda continúan en etapa de priorización y estructuración, mientras que las solicitudes territoriales de demolición están en proceso de validación y estructuración.Recursos y subsidios para viviendaPor otro lado, en materia de vivienda nueva, el Fondo proyectó una inversión de $35.000 millones. El beneficio puede llegar hasta los 110 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $192.599.550 para 2026, y el pago se realiza directamente al vendedor del inmueble.Según el informe, se habían suscrito 154 documentos de otorgamiento en Cali, Roldanillo, Buenaventura y Trujillo, en el Valle del Cauca, y otros 34 en Armenia. En total, son 188 documentos. Adicionalmente, 283 familias de Pereira, Dosquebradas y Manizales estaban en proceso de cruce y verificación de información con el Ministerio de Vivienda.Para evitar que una misma familia reciba financiación duplicada, el Fondo indicó que verifica previamente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que el apoyo no se financie también con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. En el caso de vivienda nueva, realiza cruces de información con el Ministerio de Vivienda para confirmar la identidad de los beneficiarios, los datos del grupo familiar y la ausencia de beneficios duplicados.El informe también da cuenta del proceso de conformación de la estructura administrativa. El Fondo contempla una planta de arranque de hasta 130 cargos, pero a la fecha del documento tenía 26 personas vinculadas, incluido el gerente, mediante contratos laborales a término indefinido.La información fue remitida por la gerencia en respuesta a los requerimientos de la Comisión Accidental Bicameral. El gerente no asistió presencialmente a la sesión debido a que se encontraba atendiendo una agenda presidencial en Roldanillo, Valle del Cauca, relacionada con la entrega de beneficios de vivienda.
El departamento de Antioquia atraviesa por una racha de altas temperaturas que ha alcanzado cifras sin antecedentes en los registros meteorológicos de la región. De acuerdo con los datos oficiales presentados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), varias estaciones de medición en Medellín y en diferentes subregiones han superado sus máximos históricos, situándose en el marco de las jornadas más calurosas reportadas en el país durante el presente año.En Medellín, dos estaciones superaron sus récords históricos de temperatura máxima para un mes de noviembre. El registro más alto se presentó en la estación del aeropuerto Olaya Herrera, donde el termómetro marcó 32,8 °C, superando la marca previa de 31,2 °C que se mantenía vigente desde 1997. Por su parte, la estación La Aldea alcanzó los 28,6 °C, por encima del registro anterior de 28,2 °C documentado en noviembre de 2023. Daniel Useche Samudio, Meteorólogo del IDEAM."Se destaca que la ciudad de Medellín rompió el récord máximo de temperatura del aire para el mes de noviembre. Teníamos un récord de 31.2 grados celsius y se registraron 32.8 grados Celsius de temperatura del aire", sostuvo el experto.El fenómeno de altas temperaturas se ha extendido por el territorio antioqueño con registros elevados en meses recientes. En la subregión del Urabá, el municipio de Apartadó reportó 37,8 °C y Carepa llegó a 37,4 °C en agosto; mientras que en el Suroeste, Jericó registró 33 °C y Anzá, en el Occidente, alcanzó los 32,8 °C. Estas cifras se suman a los picos del departamento durante el año, que han llegado a marcar hasta 41,8 °C en algunas localidades.Las condiciones secas y el incremento de la temperatura han generado efectos directos en el abastecimiento de agua en zonas rurales. En el municipio de Fredonia, aproximadamente 150 familias de veredas como El Zancudo, Combia Chiquita y Cerro Bravo han presentado dificultades para el acceso al recurso hídrico, situación que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo locales.Ante estos indicadores y el comportamiento proyectado por el Ideam en relación con el fenómeno de El Niño, las autoridades ambientales y los sistemas de prevención mantienen el monitoreo constante sobre el nivel de los embalses y las fuentes de agua en Antioquia para evaluar la disponibilidad del servicio durante los próximos meses.
El movimiento de contenedores vacíos se ha convertido en uno de los principales desafíos logísticos de Buenaventura. Actualmente, el distrito acumula cerca de 110.000 unidades, una cifra que impacta la movilidad, genera congestión en los corredores de acceso y dificulta el funcionamiento de las terminales portuarias.La situación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que por Buenaventura se moviliza el 42 % de la carga de comercio internacional de Colombia, lo que convierte a este puerto en una pieza clave para la economía y la competitividad nacional.Frente a este panorama, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, desarrolló durante dos días una agenda de trabajo con autoridades nacionales y locales, representantes de los gremios, empresarios, operadores portuarios, generadores de carga y transportadores. El objetivo fue identificar los principales obstáculos de la operación logística y establecer acciones conjuntas para agilizar la evacuación de los contenedores, mejorar la movilidad y facilitar el acceso a las terminales.“Hoy tenemos un verdadero dolor de cabeza. Además de los problemas de las vías, tenemos una acumulación de contenedores vacíos en todo Buenaventura. Por cada cuatro contenedores que entran, solamente sale uno. Esto nos ha llevado a una acumulación de 110.000 contenedores que necesariamente tenemos que evacuar”, explicó la ministra Noguera.Durante la visita también se realizó un recorrido por la bahía interna, donde se conoció de primera mano la operación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Aguadulce y Muelle 13, infraestructura que próximamente entrará en funcionamiento.Asimismo, el Gobierno anunció la reactivación, el próximo 29 de noviembre, del sistema de información #767 del Invías, una herramienta que permitirá a los usuarios consultar las condiciones de las carreteras y reportar emergencias.
Los accidentes laborales continúan siendo un desafío para diferentes sectores productivos en Colombia, especialmente en trabajos que involucran el uso de maquinaria pesada, extracción o manipulación de materiales y demás actividades que se realicen en espacios con condiciones ambientales complejas.De acuerdo con el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca registraron una de las tasas más altas, con 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores. Le siguen la explotación de minas y canteras, con 9,08; la distribución y tratamiento de agua, con 8,60, y las industrias manufactureras, con 6,23 accidentes por cada 100 trabajadores.Según estimaciones del CCS, los accidentes laborales registrados entre 2013 y 2024 representaron más de 31 billones de pesos para el país, lo que representa un gran costo para la economía.Estas cifras evidencian la importancia de identificar los peligros asociados a cada trabajo y establecer medidas que permitan reducir la exposición de los trabajadores a situaciones que puedan comprometer su integridad.En el sector agrícola, por ejemplo, los trabajadores pueden sufrir afectaciones auditivas por la exposición prolongada al ruido de maquinaria y herramientas motorizadas. En el sector minero corren el riesgo de tener caída de rocas y materiales, representando un peligro de lesiones, mientras que en el mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado existe el riesgo de exposición a gases peligrosos y falta de oxígeno en espacios confinados.Por otra parte, en las industrias manufactureras, el uso de herramientas como las esmeriladoras puede provocar lesiones oculares por las chispas y partículas metálicas que se desprenden durante el trabajo haciendo que los trabajadores corran un gran riesgo de no usar equipos apropiados para su protección.Frente a estos escenarios, Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, empresa fabricante de elementos de protección personal, señaló que la elección de estos implementos debe responder a los peligros específicos de cada actividad. Entre estos están los protectores auditivos, cascos de seguridad, detectores de gases y gafas o pantallas de protección facial.Precisamente, Libus cuenta dentro de su portafolio con este tipo de equipos de protección, diseñados para atender diferentes escenarios de los mencionados entornos laborales y así, reducir la exposición de los trabajadores a riesgos físicos, químicos y ambientales.En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual las empresas deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer acciones para prevenir accidentes y enfermedades laborales.La utilización de los elementos de protección personal hace parte de estas medidas, junto con la capacitación de los trabajadores, el mantenimiento de los equipos y la aplicación de procedimientos seguros durante cada jornada.
