Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Comisionado de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Mauricio Vera, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobbre el "Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos", un documento que fue interpretado por diversos actores del sector mediático como una intervención directa y un intento de censura sobre los procesos editoriales internos de los canales de televisión.El Comisionado Vera fue enfático al desestimar la acusación de censura, aunque reconoció fallas en la comunicación emitida. "No es censura. Digamos lo hemos aclarado, es en el marco de nuestras competencias poder conocer más el ejercicio eh de promoción de pluralismo que hacen los operadores". Vera recordó que la CRC tiene la obligación legal de "garantizar que haya un pluralismo en el ecosistema de la televisión en Colombia y haya imparcialidad informativa".La preocupación central de los medios de comunicación se centró en el punto que solicitaba "Procesos de decisión editorial" y anexar "soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales". El Comisionado Vera, al confirmar que la decisión fue tomada por los tres comisionados de la Sesión de Contenidos Audiovisuales, reconoció el error en la comunicación, si bien hizo una distinción entre la línea editorial (la postura del medio) y la reserva de la fuente. "Reconocemos como sesión el error que se cometió en la comunicación y que fue interpretado (...) es que efectivamente la reserva de las fuentes es distinta a la línea editorial. La reserva de las fuentes es sagrada". Aseguró que la Comisión no tiene ninguna injerencia directa en la reserva de las fuentes.Vera explicó que la intención de la solicitud era conocer las buenas prácticas que tienen los medios, buscando realizar un "ejercicio documentado de recopilación de los documentos formales, públicos que el canal quiera colocar a disposición de la comisión". Este material sería utilizado para "sistematizar" las prácticas periodísticas en favor del pluralismo.De la obligación al carácter voluntarioAnte las críticas, que incluyeron una advertencia de la Procuraduría sobre el riesgo que persistía de vulnerar la libertad de prensa, la CRC emitió una segunda circular. El Comisionado Vera aclaró que, si bien el documento inicial tenía un plazo perentorio y mencionaba posibles sanciones, la entrega de la información es ahora totalmente voluntaria."En la segunda circular se aclara que es un tema voluntario. En la rueda de prensa que hicimos el viernes también se aclara. Si no lo entregan no tienen ninguna sanción y ninguna ingerencia el canal". "Si no lo hace, no hay problema porque no es sancionatoria. Eso significa que no es necesario retirar la anterior porque la segunda aclara de que como es voluntario pues no hay sanción".Vera concluyó haciendo un llamado a la confianza en los medios de comunicación: "Los ciudadanos confíen en sus medios de comunicación. No importa la línea editorial que tenga, no importa el enfoque, pero que Los ciudadanos confíen en que esa información que están recibiendo es equilibrada, es eh objetiva, es imparcial, ¿cierto? Y puedan tomar las mejores decisiones pensando sobre todo en el proceso electoral que se nos viene encima". Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación alertó que podría persistir un riesgo de vulneración constitucional relevante para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación tras el reversazo de los recientes requerimientos enviados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los que solicitaba información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.El órgano de control confirmó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la CRC, la cual podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política y respaldados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.En el documento remitido a la CRC, la Procuraduría advirtió que el comunicado emitido por la entidad, luego de la polémica, no revoca el requerimiento inicial ni aclara si la información pedida tiene carácter voluntario u obligatorio, lo que mantiene, según el Ministerio Público, un riesgo potencial de afectación a los derechos de los periodistas y medios. Además, sostuvo que la CRC no tiene facultades expresas para requerir información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.El procurador general Gregorio Eljach se pronunció recientemente sobre el tema, al advertir que no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa. Subrayó que este principio “se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”.Aunque la CRC aseguró que la intención era “una simple solicitud de carácter voluntario”, los gremios insistieron en la anulación del primer acto administrativo.La comisión reiteró que la solicitud buscaba conocer las buenas prácticas de los medios y cómo se está garantizando la imparcialidad, negando cualquier intención de censura o control editorial. Sin embargo, el documento inicial señalaba sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha intensificado las críticas por parte de medios, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La discusión por la libertad de expresión y el uso político de los medios estatales volvió a primer plano tras el retiro “indefinido” del aire en EE. UU. del programa del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y por nuevos llamados del expresidente Donald Trump a revocar licencias a canales que “hablan mal de él”. En Colombia, el debate aterriza con fuerza: ¿qué está ocurriendo con la comunicación oficial y el tono del presidente Gustavo Petro hacia la prensa?Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes y crítico de televisión, planteó en Mañanas Blu 10:30 que la estrategia oficial convierte la agenda pública en un espectáculo permanente: “Petro es un genio comunicador porque nos tiene hablando de lo que él quiera que hablemos… Nos quedamos con unos tuits y con unas declaraciones… desde la comunicación de Gobierno, yo lo veo fracaso total”.Según el analista, ese ruido desvía la atención de los hechos verificables y termina erosionando la evaluación de gestión. La consecuencia: un debate dominado por opiniones y polémicas, no por datos.Por otra parte, a propósito de publicaciones de entidades como DIAN o Servicio Geológico, Rincón es tajante: “Como comunicación de gobierno no lo haría… es torpe poner a todos a tuitear con una opinión… se nota demasiado que es una jugada de espectáculo y show”.Advierte, además, una narrativa en la que el presidente es “poder y víctima a la vez”, un marco que recuerda tácticas vistas con Trump: la victimización como motor del ciclo informativo.Rincón también cree que la prensa cayó en la trampa del tuit–noticia: “El periodismo debería salirse de esta guerra de opiniones… mostrar hechos, datos, documentos”.Frente a la deslegitimación de periodistas y eventuales acciones judiciales, propone no entrar al ring del insulto: informar con evidencia y no alimentar el ciclo de egos que uniforma y polariza.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente demanda y admisión ante la Corte Constitucional de la controvertida "Ley de encuestas" ha encendido el debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y el futuro de los procesos electorales en Colombia. Alejandra Carvajal, directora del centro de pensamiento "Mejor Así", ha emergido como una voz crítica; calificándola de "ley mordaza" y advirtiendo sobre sus profundas implicaciones para la democracia colombiana. En diálogo con Mañanas Blu, Carvajal desglosó los múltiples argumentos que, desde su perspectiva académica y jurídica, vaticinan su posible caída en el tribunal constitucional.La Corte Constitucional ha asumido la tarea de revisar los derechos constitucionales y fundamentales que podrían verse vulnerados por esta ley. Carvajal subraya que uno de los principales derechos afectados es la libertad de expresión, un pilar fundamental en cualquier estado de derecho.Amenaza a la libertad de expresiónAlejandra Carvajal enfatiza que la ley de encuestas, tal como está concebida, representa una grave afectación a múltiples derechos fundamentales de los colombianos. Desde hace décadas, las encuestadoras han sido un pilar fundamental en el acompañamiento de los procesos electorales, permitiendo a los medios de comunicación realizar un cubrimiento acertado y ofrecer una "radiografía de la realidad electoral". Para Carvajal, esta ley coarta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho al trabajo de las encuestadoras y el derecho a la información de los ciudadanos.La directriz de la ley, que impide preguntar por la intención de voto, aunque permite otras preguntas, es vista como una medida restrictiva que limita la capacidad de los medios para informar adecuadamente a la ciudadanía.Riesgos científicos y financieros para la actividad encuestadoraMás allá de los derechos individuales, Carvajal advierte sobre un impacto significativo en el ámbito científico y académico. Las encuestas, según la experta, son herramientas cruciales para el análisis serio del comportamiento electoral en facultades de ciencias políticas y en la academia en general. La ley, al imponer parámetros excesivamente estrictos y sanciones draconianas, desvirtúa este rigor."Yo lo que veo es que esto conlleva es muchos riesgos para la actividad encuestadora y que pues claramente así como vimos la última Invamer pool que fueron todas las páginas completamente vacías eh porque sencillamente no se pudo publicar y lo que genera esto es un problema complejo", explicó Carvajal.Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades adelantan investigaciones para establecer el origen y la veracidad de un panfleto atribuido a la banda delincuencial ‘Los del Sur’, en el que se lanzan amenazas directas contra medios de comunicación por divulgar información sobre los recientes operativos en su contra, entre ellos el más reciente en la vereda Casiano Bajo de Floridablanca, donde fueron incautadas más de una tonelada de marihuana y cocaína.En el documento, cuya circulación ha sido reportada por fuentes policiales, también se advierte a otras estructuras criminales como ‘La Cordillera’, ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Manchados’, a las que ‘Los del Sur’ señalan de intentar ingresar a territorios donde, aseguran, tienen control absoluto del microtráfico. Las amenazas incluyen represalias violentas si dichas bandas continúan operando en zonas que consideran bajo su dominio.Las autoridades han calificado el panfleto como un intento de intimidación tanto contra la prensa como contra otros actores ilegales, y aseguraron que se reforzará la seguridad para garantizar la libertad de prensa y la integridad de los periodistas que cubren temas de orden público.“Ya se avanza en la identificación de los responsables de estos mensajes intimidantes”, afirmó un vocero oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El documento circula días después de que, en un operativo de alto impacto en Floridablanca, la Policía lograra uno de los mayores decomisos de droga del año en Santander, acción que habría golpeado fuertemente las finanzas de ‘Los del Sur’.
En días recientes, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso en marcha una consulta pública que tiene como objetivo revisar la regulación de la pluralidad y la imparcialidad informativa en la televisión colombiana.Esta iniciativa, que generó las reacciones entre medios de comunicación y ciudadanos, busca evaluar si las normativas vigentes son suficientes para garantizar un entorno informativo diverso y representativo.Contexto y propósito de la consultaLa consulta se enmarca en un contexto donde la libertad de expresión está bajo vigilancia en varias naciones de la región, como Nicaragua y Venezuela. La CRC, representada por su comisionado Mauricio Vera, enfatizó que esta revisión es una respuesta a la necesidad de mantener un equilibrio en el acceso a la información.La consulta se ha diseñado para recoger las opiniones tanto de los ciudadanos como de los operadores de televisión, un enfoque que pretende garantizar que todas las voces sean escuchadas en el proceso regulatorio. Vera explicó que esto es parte de un proceso metódico, donde se prioriza la consulta inicial antes de proceder a la formulación de problemáticas específicas."Esta es una iniciativa que estamos adelantando desde la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es independiente tanto al Gobierno como al Ministerio. Esa independencia implica que los comisionados que estamos allí tenemos o llegamos allí por un concurso de méritos, lo que nos da toda la distancia y toda la objetividad frente al proyecto que estamos en este momento", indicó.Uno de los pilares de esta revisión es el concepto de pluralismo. El comisionado detalló que esto está definido por la Corte Constitucional, no de manera exacta, como la inclusión de diversas voces y perspectivas en el contenido informativo. La CRC solicitó a los participantes que reflexionen sobre si la definición actual es adecuada y qué elementos “faltarían” o podrían considerarse para mejorarla.“Es una iniciativa normal de revisión de la regulación que se hace con todas las medidas que tiene la normatividad actual y, en este caso, estamos haciendo una revisión y una actualización si es necesaria, por supuesto. Eso es lo que nos va a dar el proceso que comenzamos a adelantar de las normas relacionadas con el pluralismo y la imparcialidad informativa en la consulta que se está haciendo a los medios de comunicación, a los ciudadanos, a las recriminaciones y la que se puso a consideración”, añadió.Desafíos en la regulación de mediosUno de los principales desafíos que enfrentan las regulaciones propuestas es cómo implementar medidas que fomenten el pluralismo sin infringir la libertad de expresión. En ese sentido, Vera afirmó que la regulación nunca debe ser previa, ya que eso iría en contra de la libertad de expresión, “un derecho supremo”.Participación ciudadana en los contenidos audiovisualesOtro punto de discusión ha sido la idea de incluir a ciudadanos en comités editoriales para garantizar una mayor diversidad en las decisiones informativas. Esta propuesta ha suscitado opiniones encontradas, dada la preocupación de que podría diluir el rol de los periodistas profesionales.La independencia del proceso regulatorioVera también subrayó la importancia de la independencia de la CRC del Gobierno y de los intereses mediáticos. El proceso de regulación está diseñado para ser transparente y abierto, permitiendo que distintos actores del sector se involucren de manera constructiva, según puntualizó.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia contra el presidente Gustavo Petro. En el documento, el denunciante asegura que Petro habría vulnerado la libertad de prensa y expresión tras una declaración que entregó a los medios el pasado 9 de septiembre.La denuncia hace referencia a un tema en el que el presidente se habría referido a una periodista con el término “franquista”.La Comisión de Acusación ha decidido en las últimas horas escuchar al denunciante el próximo 22 de noviembre.“Comunicarle al quejoso Santiago Suárez Morales que el día 22 de noviembre a las 8:30 a.m. le será recibida la ampliación y ratificación de la denuncia presentada, donde podrá al legar pruebas, además, aclarar o agregar lo que estime conveniente”, señala la Comisión.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le exigió explicaciones al Gobierno de Gustavo Petro por declaraciones de Gustavo Bolívar sobre campañas contra medios de comunicación. Aseguran que las declaraciones de Bolívar contradicen el deber de los funcionarios de promover un entorno seguro y libre de presiones para el ejercicio periodístico.Hubo pronunciamiento de la Flip sobre el video del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en el que habla de campañas de desprestigio contra Semana, RCN y Caracol que, según él han funcionado para que los colombianos dejen de consumir estos medios.De acuerdo con la Fundación, estas declaraciones son un indicio alarmante de que las campañas de desprestigio contra los medios tradicionales pueden haber contado con apoyo desde el Gobierno, “lo que constituye una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa”.Pero no solo cuestionan el contenido del video, sino también la explicación que dio Gustavo Bolívar en X asegurando que se trataba de una conversación privada y que él no tenía que dar explicaciones sobre lo que decía en este sentido. La Flip califica esta como una respuesta insuficiente y argumentan que debido a su rol como alto funcionario, sus palabras sobre este tema requieren una aclaración pública y detallada.Por último, se refieren al espaldarazo que le dio el presidente Gustavo Petro a Bolívar al cuestionar cómo había llegado el video a revista Semana y aseguran que esto lo que busca es desviar la atención de las serias acusaciones del funcionario. Agregan que esto atenta contra el derecho legítimo de los medios a recibir y publicar material de fuentes reservadas.Por todo esto, la Flip instó al Gobierno de Petro a aclarar su relación con estas campañas y a demostrar su compromiso con la libertad de prensa, vital para garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz.
El belga Tim Merlier logró su tercera victoria en esta 113ª edición del Tour de Francia al imponerse al esprint en la duodécima etapa, este jueves en Chalon-sur-Saône, en una nueva jornada de transición para los favoritos.El corredor del Soudal Quick-Step superó en la meta del día al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen en una llegada masiva marcada por una violenta caída en el que vieron implicados en los últimos metros el colombiano Fernando Gaviria y el francés Dorian Godon, entre otros.El esloveno Tadej Pogacar conserva cómodamente el maillot amarillo de líder de la general, con su ventaja de 3 minutos y 36 segundos respecto al segundo, el danés Jonas Vingegaard, y los 4:06 que saca al tercero, el belga Remco Evenepoel.A sus 33 años, Merlier se ha convertido en el velocista de referencia de este Tour con las tres etapas que ha ganado, desbaratando de nuevo los planes del equipo Alpecin de Philipsen.Había ganado la pasada semana dos etapas consecutivas, la séptima y la octava, con metas respectivas en Burdeos y Bergerac.Kooij, ganador en Pau y segundo en la etapa del miércoles en Nevers, puede consolarse con un nuevo segundo lugar, que es su cuarto podio en el actual Tour.Los 25 últimos kilómetros estuvieron muy animados, con varios ataques de parte de pequeños grupos compuestos por corredores especialistas en intentar aventuras, como el estadounidense Quinn Simmons y sus compañeros del Lidl-Trek.Esos intentos sucesivos dieron mucho trabajo a las formaciones de los principales velocistas, sobre todo en la subida de Montagny-lès-Buxy, donde Simmons, alias "Capitán América", se resistió enérgicamente pero sacando tiempo para chocar la mano a modo de saludo con su padre, situado en uno de los costados de la carretera.A pesar de las escapadas y estos ataques, los equipos de los velocistas cumplieron la misión y lograron que la etapa se decidiera con una llegada masiva, posiblemente una de las pocas oportunidades que quedan para un desenlace así.El viernes, el Tour empieza a elevarse de nuevo con la subida del Ballon d'Alsace, antes de dos etapas de montaña, el sábado en los Vosgos y el domingo ya en los Alpes, justo a una semana del final de esta edición en los Campos Elíseos de París.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 15 de julio de 2026:Adriana Bottina, actriz y cantante (Lanzamiento "La Ex Suegra", del álbum "La Que Manda")Tatiana Jiménez, entrenadora física y atleta híbrida, habló sobre Instrucciones para tener una mente sana en un cuerpo sano.
El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes desean verificar de forma rápida y sencilla si su apuesta resultó ganadora.Resultado del Dorado Mañana hoy jueves 16 de julio de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 16 de julio de 2026 es el 4290 - 6 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 4290Dos últimas cifras: 90Tres últimas cifras: 290La quinta: 6¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.Gracias a su horario fijo, su facilidad para jugar y un sistema de pagos competitivo, el Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes participan en los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada mañana, miles de personas consultan el resultado con la esperanza de que su número haya sido el ganador.
La Fiscalía General de la Nación dio un giro al proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo autodenominado PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de ataques violentos y vandalismo ocurrido en Bogotá durante jornadas de protesta social. Mediante la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó reasignar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, lo que aplazó la audiencia de acusación que estaba prevista contra los procesados y abrió la posibilidad de que el caso sea analizado bajo un enfoque especializado relacionado con la protesta social. La nueva audiencia para llamado a Juicio quedó asignada el 12 de agosto a las 8 de la mañana.La decisión fue adoptada un día antes de la audiencia de acusación contra Juan Sebastián Manios Lozano, Camilo Andrés Portilla Castañeda, Sneider Sebastián Cantor Cortés, Cristhian Camilo Medina Rojas, Silvia María Camargo Pinzón, Daniel Felipe Pulido Sarmiento, Kennet Steven Mestra Montes, Carlos Raúl Torres Laguna, Brayan Stiven Valderrama Cubies, Omar Millet Araya Romero y Johan Sebastián Castellanos Díaz, quienes hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía por una presunta estructura criminal señalada de ejecutar actos de vandalismo, terrorismo y ataques con explosivos improvisados en distintos puntos de la capital.De acuerdo con la investigación, el grupo PPP habría promovido y ejecutado manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, afectando especialmente el sistema TransMilenio y la seguridad de la ciudadanía. La Fiscalía también sostiene que parte de los recursos utilizados para esas actividades habrían sido enviados desde Medellín para financiar la logística y la fabricación de los explosivos, además de advertir presuntos vínculos de algunos integrantes con personas relacionadas con el ELN.Las investigaciones permitieron establecer que al menos once personas se habrían concertado para conformar una organización criminal con vocación de permanencia, con funciones definidas y participación en por lo menos quince hechos violentos. Para la Fiscalía, esos eventos no fueron aislados sino coordinados y planificados con el propósito de generar temor y alteraciones del orden público.Sin embargo, durante la instalación de la audiencia de acusación,conocida por Blu Radio, la fiscal 107 especializada de Bogotá informó oficialmente el cambio de competencia dispuesto por la fiscal general, luz Adriana Camargo. En la diligencia explicó: “El día de ayer la señora fiscal general me manifiesta que tiene la potestad de asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos (…) Tiene atribuida la función legal de asignar a los fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera, y de asignar y desplazar libremente a sus servidores en la investigación del proceso.”La funcionaria agregó que el traslado responde a la necesidad de aplicar un enfoque especializado. En ese sentido indicó “En este marco, la variación de asignación de una actuación penal hacia fiscales vinculados a un grupo de tareas especiales constituye una medida funcionalmente admisible cuando la naturaleza de los hechos, la complejidad de la investigación o la necesidad de aplicar un enfoque especializado justifica que el conocimiento sea asumido por servidores de dedicación y criterios de actuación ajustadas al fenómeno investigativo.”La resolución firmada por la fiscal general también explica que el propósito de la reasignación es que el proceso sea evaluado por fiscales del Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa, quienes deberán analizar “de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable".Finalmente, el documento sostiene que el caso exige armonizar el ejercicio de la acción penal con las garantías constitucionales relacionadas con la protesta social. Sobre ese punto, la resolución concluye que el expediente “se relaciona con hechos ocurridos en escenarios de protesta social que exige armonizar dos mandatos constitucionales. De un lado, el deber de la Fiscalía General de la Nación de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que revistan las características de delito (…) y de otro lado, la protección reforzada del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente reconocido en conexión con la libertad de expresión". Con esta decisión, la acusación queda suspendida mientras la nueva unidad especializada define el rumbo que seguirá el proceso penal.En la audiencia los imputados aparecen haciendo gestos, burlas y comentarios sobre su proceso penal y su actitud frente a las diligencias.
Colombia es reconocida a nivel internacional como uno de los principales destinos para la realización de procedimientos médicos y estéticos, incluso en época de mundial vale la pena recordar que Diego Armando Maradona fue atendido y operado en la Clínica Medihelp de Cartagena, Colombia, en marzo de 2005.El astro argentino se sometió exitosamente a un bypass gástrico para tratar su severa obesidad, logrando perder cerca de 40 kilos tras la intervención dirigida por el cirujano Carlos Felipe Chaux.Lamentablemente, el estalido de centros ilegales de cirugias estéticas pone ahora al país en el deshonroso mapa de destinos de "clínicas de garaje", donde lo barato sale caro y cuesta la vida.Así quedo demostrado en el más reciente operativo de la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Invima, donde fueron encontrados pasaportes, cédulas y otros documentos de pacientes extranjeros.Según la Superintendencia de Salud, el hallazgo en clínicas y apartamentos de Bogotá donde se practicaban procedimientos estéticos confirmó que en estos lugares se atendía tanto a pacientes colombianos como extranjeros.La entidad ya había recibido denuncias de pacientes provenientes de países como México y Costa Rica, quienes aseguran haber sido captados a través de redes sociales para someterse a procedimientos estéticos en estos establecimientos.Según esas quejas, las presuntas irregularidades en la atención derivaron en complicaciones de salud, secuelas que afectaron su calidad de vida y, en algunos casos, la necesidad de nuevos tratamientos, pese a las altas inversiones económicas ya realizadas.De acuerdo con la información suministrada al la Superintendencia y a la Fiscalía, varios de los procedimientos ofrecidos a los pacientes como tratamientos con células madre corresponderían, en realidad, a la aplicación de biopolímeros, una sustancia cuyo uso con fines estéticos está prohibido en Colombia desde la Ley 2316 de 2023."La decisión de practicarse una cirugía no puede basarse únicamente en el precio, una recomendación o una oferta publicada en redes sociales. Lo primero es confirmar que la clínica esté habilitada, que el procedimiento sea realizado por un profesional con la formación requerida y que la institución tenga la capacidad de responder ante cualquier complicación", señaló la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.La Superintendencia recordó, además, que una cirugía estética, aunque sea considerada electiva, implica riesgos que pueden aumentar cuando el procedimiento se realiza en establecimientos que no cumplen con las condiciones de habilitación, o cuando es practicado por personal sin la formación adecuada.La Superintendencia Nacional de Salud recomienda a pacientes colombianos y extranjeros verificar que las clínicas estén habilitadas y que los procedimientos sean realizados por especialistas antes de someterse a una cirugía.La operación de "clínicas de garaje" en Colombia no es nueva, practicamente al año muere una persona en este tipo de procedimientos no calificados que volvieron a ponerse en la lupa de las autoridades luego de la muerte de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, que falleció el pasado 13 de mayo de 2026 tras someterse a una lipólisis láser en un local en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.Su cuerpo fue hallado sin vida seis días después, el 19 de mayo, en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.Pese a la atención mediatica del caso y anuncios de nuevos controles, estos centros médicos de la muerte siguen operando, y quienes entra alí no vuelven a salir. Adriana Manotas Rodríguez , de 52 años, murió el pasado viernes luego de someterse a un procedimiento estético en la localidad de Puente Aranda, también en Bogotá.La investigación preliminar señala que el establecimiento involucrado estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos.
