Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, conocida como ‘pool’, después de que la administración estadounidense vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico.ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN integran el grupo encargado de proporcionar de manera rotativa las imágenes de los actos presidenciales al resto de los medios. La decisión implica que no habrá un equipo de reemplazo para CNN, que tenía asignada la cobertura del presidente este lunes.La medida representa una respuesta conjunta de las principales cadenas de televisión al veto de la Casa Blanca contra los tres medios. Las cadenas señalaron que el público tiene interés en recibir información independiente y que ninguna administración debería restringir a un medio por su cobertura periodística.CNN, MS NOW y Politico demandan a TrumpEl anuncio de las cadenas se produjo el mismo día en que CNN, MS NOW y Politico informaron que presentarán una demanda contra la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca.Los tres medios sostienen que el veto vulnera sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda busca que un tribunal federal restablezca el acceso de sus periodistas a las instalaciones y actividades presidenciales.El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibiría el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. El mandatario acusó a estos medios de publicar lo que calificó como “fake news” y cuestionó su cobertura de su administración.¿Qué es el ‘pool’ de televisión de la Casa Blanca?El ‘pool’ de televisión es un sistema mediante el cual las principales cadenas se turnan para cubrir los desplazamientos y actividades del presidente. El medio que tiene asignada la cobertura produce las imágenes y las comparte con las demás cadenas, lo que evita que numerosos equipos de televisión tengan que ingresar simultáneamente a espacios reducidos.CNN tenía asignada la cobertura de Trump este lunes, pero la Casa Blanca no incluyó a ningún integrante del ‘pool’ televisivo en sus indicaciones para la jornada. Posteriormente, las cadenas acordaron no enviar un equipo de reemplazo. La decisión también afecta la cobertura televisiva de actividades internacionales del presidente, incluida su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.El veto a CNN, MS NOW y Politico profundiza el enfrentamiento entre la administración Trump y varios medios de comunicación estadounidenses. La Casa Blanca ya había impedido durante el fin de semana el ingreso de periodistas de las tres organizaciones a sus instalaciones.
Luego de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una creciente estigmatización contra la prensa en Colombia por parte del gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el impacto que este clima está teniendo en el ejercicio del periodismo en el país.De acuerdo con la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, el escenario actual está generando condiciones cada vez más adversas para la labor informativa. Según explicó, el contexto descrito por la Relatoría no solo evidencia riesgos en materia de seguridad, sino también un deterioro en las garantías para ejercer el periodismo con independencia.“Existe este patrón de descalificación que está creando un entorno mucho más hostil y permisivo frente a la violencia, y este discurso exacerba la hostilidad y aumenta la vulnerabilidad de todos los periodistas. Y, pues, el efecto que termina ocurriendo es bastante directo, se deteriora no solo el debate público, sino que se instala la autocensura. Nosotros vemos, hemos visto desde la FLIP que han aumentado las las amenazas y la gravedad de las amenazas contra los periodistas, pero eso muchas veces está, lo antecede la estigmatización por parte de funcionarios públicos”.Jaramillo explicó que la estigmatización termina generando una cadena de consecuencias que puede derivar en amenazas, procesos judiciales o incluso en el silencio informativo. En ese sentido, señaló que “este ambiente hostil contra la prensa genera muchísima más presión”, especialmente en medio del contexto electoral.Además, llamó la atención sobre los riesgos en materia de pluralismo informativo y funcionamiento de los medios públicos. Según explicó, las alertas de la CIDH coinciden con preocupaciones que también ha documentado la FLIP, relacionadas con posibles vetos a voces críticas, salidas reiteradas de directivos y presiones que afectan la diversidad de contenidos.“Lo que termina pasando es que no haya un ambiente propicio para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su profesión. En la relatoría habla de los de posibles vetos a figuradas críticas, de salidas reiteradas de directivos, de periodistas que terminan, pues, apegando en pluralismo informativo. Y también la relatoría habla de la importancia de que existan estos medios públicos, de que los, de que realmente sean independientes y plurales como debe ser, pues, la labor de un medio público”.Finalmente, Jaramillo se sumó al llamado que han hecho tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa, al insistir en la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del periodismo en el país.“Que se garanticen las condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión. La estigmatización, los discursos estigmatizantes, lo único que hacen es incrementar la hostilidad contra la prensa. Y ahorita necesitamos una prensa fuerte para informar sobre los temas de altísimo interés público que que se están dando en este momento, especialmente en un periodo electoral. Necesitamos que pueda, que los periodistas y las periodistas puedan informarnos para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible en este período electoral”, concluyó.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Comisionado de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Mauricio Vera, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobbre el "Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos", un documento que fue interpretado por diversos actores del sector mediático como una intervención directa y un intento de censura sobre los procesos editoriales internos de los canales de televisión.El Comisionado Vera fue enfático al desestimar la acusación de censura, aunque reconoció fallas en la comunicación emitida. "No es censura. Digamos lo hemos aclarado, es en el marco de nuestras competencias poder conocer más el ejercicio eh de promoción de pluralismo que hacen los operadores". Vera recordó que la CRC tiene la obligación legal de "garantizar que haya un pluralismo en el ecosistema de la televisión en Colombia y haya imparcialidad informativa".La preocupación central de los medios de comunicación se centró en el punto que solicitaba "Procesos de decisión editorial" y anexar "soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales". El Comisionado Vera, al confirmar que la decisión fue tomada por los tres comisionados de la Sesión de Contenidos Audiovisuales, reconoció el error en la comunicación, si bien hizo una distinción entre la línea editorial (la postura del medio) y la reserva de la fuente. "Reconocemos como sesión el error que se cometió en la comunicación y que fue interpretado (...) es que efectivamente la reserva de las fuentes es distinta a la línea editorial. La reserva de las fuentes es sagrada". Aseguró que la Comisión no tiene ninguna injerencia directa en la reserva de las fuentes.Vera explicó que la intención de la solicitud era conocer las buenas prácticas que tienen los medios, buscando realizar un "ejercicio documentado de recopilación de los documentos formales, públicos que el canal quiera colocar a disposición de la comisión". Este material sería utilizado para "sistematizar" las prácticas periodísticas en favor del pluralismo.De la obligación al carácter voluntarioAnte las críticas, que incluyeron una advertencia de la Procuraduría sobre el riesgo que persistía de vulnerar la libertad de prensa, la CRC emitió una segunda circular. El Comisionado Vera aclaró que, si bien el documento inicial tenía un plazo perentorio y mencionaba posibles sanciones, la entrega de la información es ahora totalmente voluntaria."En la segunda circular se aclara que es un tema voluntario. En la rueda de prensa que hicimos el viernes también se aclara. Si no lo entregan no tienen ninguna sanción y ninguna ingerencia el canal". "Si no lo hace, no hay problema porque no es sancionatoria. Eso significa que no es necesario retirar la anterior porque la segunda aclara de que como es voluntario pues no hay sanción".Vera concluyó haciendo un llamado a la confianza en los medios de comunicación: "Los ciudadanos confíen en sus medios de comunicación. No importa la línea editorial que tenga, no importa el enfoque, pero que Los ciudadanos confíen en que esa información que están recibiendo es equilibrada, es eh objetiva, es imparcial, ¿cierto? Y puedan tomar las mejores decisiones pensando sobre todo en el proceso electoral que se nos viene encima". Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación alertó que podría persistir un riesgo de vulneración constitucional relevante para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación tras el reversazo de los recientes requerimientos enviados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en los que solicitaba información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.El órgano de control confirmó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la CRC, la cual podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política y respaldados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.En el documento remitido a la CRC, la Procuraduría advirtió que el comunicado emitido por la entidad, luego de la polémica, no revoca el requerimiento inicial ni aclara si la información pedida tiene carácter voluntario u obligatorio, lo que mantiene, según el Ministerio Público, un riesgo potencial de afectación a los derechos de los periodistas y medios. Además, sostuvo que la CRC no tiene facultades expresas para requerir información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.El procurador general Gregorio Eljach se pronunció recientemente sobre el tema, al advertir que no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa. Subrayó que este principio “se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”.Aunque la CRC aseguró que la intención era “una simple solicitud de carácter voluntario”, los gremios insistieron en la anulación del primer acto administrativo.La comisión reiteró que la solicitud buscaba conocer las buenas prácticas de los medios y cómo se está garantizando la imparcialidad, negando cualquier intención de censura o control editorial. Sin embargo, el documento inicial señalaba sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha intensificado las críticas por parte de medios, juristas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La discusión por la libertad de expresión y el uso político de los medios estatales volvió a primer plano tras el retiro “indefinido” del aire en EE. UU. del programa del presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y por nuevos llamados del expresidente Donald Trump a revocar licencias a canales que “hablan mal de él”. En Colombia, el debate aterriza con fuerza: ¿qué está ocurriendo con la comunicación oficial y el tono del presidente Gustavo Petro hacia la prensa?Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes y crítico de televisión, planteó en Mañanas Blu 10:30 que la estrategia oficial convierte la agenda pública en un espectáculo permanente: “Petro es un genio comunicador porque nos tiene hablando de lo que él quiera que hablemos… Nos quedamos con unos tuits y con unas declaraciones… desde la comunicación de Gobierno, yo lo veo fracaso total”.Según el analista, ese ruido desvía la atención de los hechos verificables y termina erosionando la evaluación de gestión. La consecuencia: un debate dominado por opiniones y polémicas, no por datos.Por otra parte, a propósito de publicaciones de entidades como DIAN o Servicio Geológico, Rincón es tajante: “Como comunicación de gobierno no lo haría… es torpe poner a todos a tuitear con una opinión… se nota demasiado que es una jugada de espectáculo y show”.Advierte, además, una narrativa en la que el presidente es “poder y víctima a la vez”, un marco que recuerda tácticas vistas con Trump: la victimización como motor del ciclo informativo.Rincón también cree que la prensa cayó en la trampa del tuit–noticia: “El periodismo debería salirse de esta guerra de opiniones… mostrar hechos, datos, documentos”.Frente a la deslegitimación de periodistas y eventuales acciones judiciales, propone no entrar al ring del insulto: informar con evidencia y no alimentar el ciclo de egos que uniforma y polariza.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente demanda y admisión ante la Corte Constitucional de la controvertida "Ley de encuestas" ha encendido el debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y el futuro de los procesos electorales en Colombia. Alejandra Carvajal, directora del centro de pensamiento "Mejor Así", ha emergido como una voz crítica; calificándola de "ley mordaza" y advirtiendo sobre sus profundas implicaciones para la democracia colombiana. En diálogo con Mañanas Blu, Carvajal desglosó los múltiples argumentos que, desde su perspectiva académica y jurídica, vaticinan su posible caída en el tribunal constitucional.La Corte Constitucional ha asumido la tarea de revisar los derechos constitucionales y fundamentales que podrían verse vulnerados por esta ley. Carvajal subraya que uno de los principales derechos afectados es la libertad de expresión, un pilar fundamental en cualquier estado de derecho.Amenaza a la libertad de expresiónAlejandra Carvajal enfatiza que la ley de encuestas, tal como está concebida, representa una grave afectación a múltiples derechos fundamentales de los colombianos. Desde hace décadas, las encuestadoras han sido un pilar fundamental en el acompañamiento de los procesos electorales, permitiendo a los medios de comunicación realizar un cubrimiento acertado y ofrecer una "radiografía de la realidad electoral". Para Carvajal, esta ley coarta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho al trabajo de las encuestadoras y el derecho a la información de los ciudadanos.La directriz de la ley, que impide preguntar por la intención de voto, aunque permite otras preguntas, es vista como una medida restrictiva que limita la capacidad de los medios para informar adecuadamente a la ciudadanía.Riesgos científicos y financieros para la actividad encuestadoraMás allá de los derechos individuales, Carvajal advierte sobre un impacto significativo en el ámbito científico y académico. Las encuestas, según la experta, son herramientas cruciales para el análisis serio del comportamiento electoral en facultades de ciencias políticas y en la academia en general. La ley, al imponer parámetros excesivamente estrictos y sanciones draconianas, desvirtúa este rigor."Yo lo que veo es que esto conlleva es muchos riesgos para la actividad encuestadora y que pues claramente así como vimos la última Invamer pool que fueron todas las páginas completamente vacías eh porque sencillamente no se pudo publicar y lo que genera esto es un problema complejo", explicó Carvajal.Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades adelantan investigaciones para establecer el origen y la veracidad de un panfleto atribuido a la banda delincuencial ‘Los del Sur’, en el que se lanzan amenazas directas contra medios de comunicación por divulgar información sobre los recientes operativos en su contra, entre ellos el más reciente en la vereda Casiano Bajo de Floridablanca, donde fueron incautadas más de una tonelada de marihuana y cocaína.En el documento, cuya circulación ha sido reportada por fuentes policiales, también se advierte a otras estructuras criminales como ‘La Cordillera’, ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Manchados’, a las que ‘Los del Sur’ señalan de intentar ingresar a territorios donde, aseguran, tienen control absoluto del microtráfico. Las amenazas incluyen represalias violentas si dichas bandas continúan operando en zonas que consideran bajo su dominio.Las autoridades han calificado el panfleto como un intento de intimidación tanto contra la prensa como contra otros actores ilegales, y aseguraron que se reforzará la seguridad para garantizar la libertad de prensa y la integridad de los periodistas que cubren temas de orden público.“Ya se avanza en la identificación de los responsables de estos mensajes intimidantes”, afirmó un vocero oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El documento circula días después de que, en un operativo de alto impacto en Floridablanca, la Policía lograra uno de los mayores decomisos de droga del año en Santander, acción que habría golpeado fuertemente las finanzas de ‘Los del Sur’.
En días recientes, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso en marcha una consulta pública que tiene como objetivo revisar la regulación de la pluralidad y la imparcialidad informativa en la televisión colombiana.Esta iniciativa, que generó las reacciones entre medios de comunicación y ciudadanos, busca evaluar si las normativas vigentes son suficientes para garantizar un entorno informativo diverso y representativo.Contexto y propósito de la consultaLa consulta se enmarca en un contexto donde la libertad de expresión está bajo vigilancia en varias naciones de la región, como Nicaragua y Venezuela. La CRC, representada por su comisionado Mauricio Vera, enfatizó que esta revisión es una respuesta a la necesidad de mantener un equilibrio en el acceso a la información.La consulta se ha diseñado para recoger las opiniones tanto de los ciudadanos como de los operadores de televisión, un enfoque que pretende garantizar que todas las voces sean escuchadas en el proceso regulatorio. Vera explicó que esto es parte de un proceso metódico, donde se prioriza la consulta inicial antes de proceder a la formulación de problemáticas específicas."Esta es una iniciativa que estamos adelantando desde la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es independiente tanto al Gobierno como al Ministerio. Esa independencia implica que los comisionados que estamos allí tenemos o llegamos allí por un concurso de méritos, lo que nos da toda la distancia y toda la objetividad frente al proyecto que estamos en este momento", indicó.Uno de los pilares de esta revisión es el concepto de pluralismo. El comisionado detalló que esto está definido por la Corte Constitucional, no de manera exacta, como la inclusión de diversas voces y perspectivas en el contenido informativo. La CRC solicitó a los participantes que reflexionen sobre si la definición actual es adecuada y qué elementos “faltarían” o podrían considerarse para mejorarla.“Es una iniciativa normal de revisión de la regulación que se hace con todas las medidas que tiene la normatividad actual y, en este caso, estamos haciendo una revisión y una actualización si es necesaria, por supuesto. Eso es lo que nos va a dar el proceso que comenzamos a adelantar de las normas relacionadas con el pluralismo y la imparcialidad informativa en la consulta que se está haciendo a los medios de comunicación, a los ciudadanos, a las recriminaciones y la que se puso a consideración”, añadió.Desafíos en la regulación de mediosUno de los principales desafíos que enfrentan las regulaciones propuestas es cómo implementar medidas que fomenten el pluralismo sin infringir la libertad de expresión. En ese sentido, Vera afirmó que la regulación nunca debe ser previa, ya que eso iría en contra de la libertad de expresión, “un derecho supremo”.Participación ciudadana en los contenidos audiovisualesOtro punto de discusión ha sido la idea de incluir a ciudadanos en comités editoriales para garantizar una mayor diversidad en las decisiones informativas. Esta propuesta ha suscitado opiniones encontradas, dada la preocupación de que podría diluir el rol de los periodistas profesionales.La independencia del proceso regulatorioVera también subrayó la importancia de la independencia de la CRC del Gobierno y de los intereses mediáticos. El proceso de regulación está diseñado para ser transparente y abierto, permitiendo que distintos actores del sector se involucren de manera constructiva, según puntualizó.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia contra el presidente Gustavo Petro. En el documento, el denunciante asegura que Petro habría vulnerado la libertad de prensa y expresión tras una declaración que entregó a los medios el pasado 9 de septiembre.La denuncia hace referencia a un tema en el que el presidente se habría referido a una periodista con el término “franquista”.La Comisión de Acusación ha decidido en las últimas horas escuchar al denunciante el próximo 22 de noviembre.“Comunicarle al quejoso Santiago Suárez Morales que el día 22 de noviembre a las 8:30 a.m. le será recibida la ampliación y ratificación de la denuncia presentada, donde podrá al legar pruebas, además, aclarar o agregar lo que estime conveniente”, señala la Comisión.
El Ministerio de Transporte informó que avanza la estructuración del componente de conectividad del Plan Marshall para el Chocó, con una inversión prevista de $1 billón: $500.000 millones mediante Obras por Impuestos y otros $500.000 millones aportados por empresarios.“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.En la estructuración participan la ministra de Transporte; la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; el gerente de reconstrucción del departamento, José Leonidas Tobón Torreglosa; y la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Tatyana Orozco de la Cruz, quienes, junto con sus equipos técnicos, definieron una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños necesarios y acelerar las obras.En el corredor Quibdó–Ánimas–Nóvita se acelerarán los trabajos y se buscarán recursos privados para una solución definitiva en los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, afectados por el sismo.Según el Ministerio, la vía hacia Darién y Urabá ya cuenta con estudios y diseños y se proyecta como la primera intervención mediante Obras por Impuestos. Con esta obra se busca mejorar la conexión del Chocó con el Urabá antioqueño y facilitar la salida de productos como plátano y banano.Por su parte, Invías también acelerará la terminación de seis kilómetros de este corredor y la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.Para el tramo San José del Palmar–El Cairo también se impulsarán los estudios y diseños, debido a las difíciles condiciones de tránsito que presenta esta conexión con el norte del Valle del Cauca. Asimismo, se realizarán para Istmina–Puerto Meluk, una vía considerada fundamental para mejorar la salida del Chocó hacia el mar.En Bahía Solano, la Gobernación ya terminó las obras del lado tierra del aeropuerto José Celestino Mutis. Ahora, el Gobierno nacional busca acelerar las obras del lado aire, a cargo de la Aerocivil, para fortalecer la conexión turística del departamento.
El programa de este domingo, 27 de septiembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted que son una infidelidad?, y además contó con las siguientes secciones:En 'La ciencia detrás de las cosas', hablamos sobre la invención del velcro y su historia.En el 'Tema Central', se discutieron las reacciones de hombres y mujeres ante la infidelidad, debatiendo la idea popular de que los hombres tienden a negarlo "hasta la muerte".En 'Historias de viaje con JuanK', se habló del Día Internacional del Turismo, este 27 de septiembre.En 'La máquina de la verdad', el geólogo Alex Bernal aclaró conceptos de la geología colombiana.Este y más temas en el programa completo aquí:
Las patinetas y bicicletas eléctricas siguen ganando espacio entre las alternativas de movilidad en Colombia. Durante el primer semestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos personales crecieron 204%, según datos de la Andi y Fenalco, en medio de la congestión que enfrentan ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.A este crecimiento se suma la llegada de tres nuevos modelos de Segway al mercado colombiano: MAX G3 Plus, ZT3 y E3 Go. La compañía proyecta comercializar más de 4.000 unidades de estas referencias durante el último trimestre de 2026 y cerrar el año con ventas de entre 25.000 y 30.000 vehículos eléctricos en el país.La expansión de este segmento está relacionada con la búsqueda de opciones para desplazamientos cotidianos y recorridos de corta y media distancia, especialmente en ciudades donde los tiempos de viaje y la congestión hacen que los usuarios busquen otras alternativas de transporte.¿Cuáles son las nuevas patinetas eléctricas que llegan a Colombia?Los tres modelos están dirigidos a perfiles de usuarios diferentes. Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de Segway Colombia, representado exclusivamente por CKT GLOBAL, explica que "la E3 Go está dirigida a quienes buscan acceder por primera vez a este tipo de movilidad, democratizando tecnología premium a un precio altamente competitivo".La ZT3, en cambio, está orientada a quienes necesitan un vehículo para recorridos más exigentes, mientras que la MAX G3 Plus apunta al segmento premium, con mayor autonomía, tecnología y sistemas de asistencia a la conducción.Las condiciones de las ciudades colombianas también han llevado a incorporar características relacionadas con la estabilidad, la suspensión, la resistencia al agua, la navegación y el control del vehículo. Entre las tecnologías mencionadas están el sistema de control de tracción, la tecnología de conducción de largo alcance y soluciones para terrenos diversos.¿Qué tecnología tienen las nuevas patinetas eléctricas?La MAX G3 Plus cuenta con doble suspensión hidráulica, neumáticos autosellantes y resistencia al agua IPX6. También incorpora funciones de localización mediante Apple Find My y bloqueo electrónico remoto.La seguridad y el control remoto hacen parte de esta nueva generación de vehículos, que también incorpora sistemas de navegación y pantallas para consultar información durante los recorridos.Bogotá concentra una parte importante de este mercado, impulsada por su red de ciclorrutas y la congestión. Medellín encuentra una aplicación relacionada con sus pendientes, mientras que Cali y Barranquilla presentan condiciones de terreno que favorecen estos desplazamientos. Otras ciudades como Manizales, Pereira, Cúcuta, Cartagena y Bucaramanga también empiezan a registrar crecimiento en la adopción de estos vehículos.
El Ideam advirtió que este domingo continuarán las lluvias en buena parte del Caribe colombiano con fuerte actividad eléctrica por las condiciones atmosféricas que se están presentando, entre ellas el paso de una onda tropical.Así las cosas, las autoridades pidieron tener máxima precaución, ya que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica que se han presentado en las últimas horas en ciudades como Barranquilla y Santa Marta, persistirán este domingo, según el seguimiento satelital que hace el Ideam.Destacó el Instituto de Meteorología que este sábado las estaciones automáticas del Ideam registraron 36,8 milímetros de precipitación en la estación Aeropuerto Simón Bolívar, en Santa Marta, en aproximadamente dos horas.El monitoreo satelital evidenció también que en ese mismo periodo de tiempo se registraron alrededor de 1.128 descargas eléctricas en sectores del norte de la región Caribe y áreas marítimas cercanas, detectadas por el satélite GOES-19.De acuerdo con las predicciones, se espera que las lluvias y la actividad eléctrica continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días.Otras zonas donde se esperan lluvias son el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba y lluvias moderadas en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras que en la zona marítima son esperadas precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas.Recomendaciones de la Alcaldía de BarranquillaPrecisamente por la llegada de la temporada de lluvias y de huracanes en el Caribe, que se da entre los meses de septiembre y noviembre, la oficina de gestión del riesgo de la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la prevención y al autocuidado.Alerta la Alcaldía que, de acuerdo con las condiciones meteorológicas previstas, ambos fenómenos naturales pueden presentarse de manera simultánea, aunque se proyecta una temporada de precipitaciones con menor intensidad, asociada a los efectos del fenómeno de El Niño.Dentro de las recomendaciones la Oficina de gestión del riesgo están: “No arrojar basuras, escombros ni otros residuos a calles, canales, arroyos o sistemas de drenaje, para evitar obstrucciones y posibles inundaciones; mantener limpios los canales, terrazas, patios, rejillas y desagües de las viviendas; durante las lluvias fuertes evita transitar o permanecer cerca de arroyos y zonas susceptibles a inundaciones; revisar las condiciones de techos y ventanas e identificar árboles que presenten inclinación, ramas secas o condiciones que puedan representar riesgo, y reportarlo oportunamente a las autoridades competentes”.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo recordaron que en caso de presentarse alguna emergencia deben comunicarse con la línea de atención 195.
La muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu sigue siendo toda una incógnita para los habitantes del Valle de Aburrá que aún no salen del asombro por el fallecimiento de este bebé de 7 meses que habría muerto por “varias caídas al interior de su vivienda”.Una vez se conoció esta lamentable situación, la institucionalidad en el municipio de Bello, lugar en donde vivía el bebé, pidió que todas las capacidades fueran dispuestas para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor de edad.Según el reporte oficial de las autoridades, la madre de Emmanuel relató al personal médico que su hijo había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén, hecho que levantó la alerta entre las autoridades.No obstante, una gestora de la sala de transición del Hospital Pablo Tobón Uribe indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo y, además, reportes también indican que el menor tenía síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral y choque traumático.Ante la variedad de versiones el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que las investigaciones están avanzadas para tratar de determinar, de manera prioritaria, cómo murió el menor de edad."En un trabajo de corresponsabilidad con nuestra fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, avanzamos en la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas, labores de vecindario y demás actuaciones judiciales que permitan esclarecer lo sucedido", indicó.Por ahora y tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, los esfuerzos de las autoridades en el Valle de Aburrá se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.
