En un evento privado de notarios, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que el ente investigador identificó que $200.000 millones que debían ser destinados a los programas de alimentación escolar (PAE) de todo el país quedaron en manos de particulares por corrupción.
Este entramado judicial se repite en múltiples departamentos y está conformado por funcionarios y representantes de empresas proveedoras de alimentos.
“Es un crimen superior, un crimen capital. Dineros destinados a proveer de calorías suficientes a los niños en edad escolar para que tengan el privilegio que todos tuvimos de que la escolaridad se pueda complementar con adecuada nutrición”, sentenció el fiscal.
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Dijo, además, que este triste fenómeno se repite en Norte de Santander, Santander, Guajira, Bolívar, Atlántico y Valle del Cauca.
“Por todos los lugares de Colombia han terminado en los bolsillos de privados y estamos hablando de pérdidas superiores del programa entre 200.000 a $250.000 millones”, puntualizó.
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