El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a tomar fuerza en Colombia por las críticas a sus resultados, las discusiones sobre su presupuesto y las posiciones políticas que plantean modificar o incluso eliminar esta institución. Para el analista Pedro Viveros, el escenario exige exigir eficiencia, pero sin desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
Durante una entrevista, Viveros sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en defender o cuestionar la existencia de la JEP, sino en establecer qué resultados ha producido y cuáles son los tiempos para resolver los casos que permanecen abiertos.
“Me parece que está bien si quieren exigir resultados, también está bien, pero lo que no creo es que terminen eliminando la JEP, ahogándola sin recursos”, afirmó.
La JEP fue creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final de 2016. Sus contenidos relacionados con el derecho internacional humanitario y derechos fundamentales tienen respaldo constitucional, mientras que el Estado tiene el deber de cumplir de buena fe con esos compromisos.
La discusión por los resultados de la JEP
Viveros consideró legítimo que el Gobierno ejerza presión sobre la jurisdicción para acelerar sus resultados. Sin embargo, planteó que esa presión debería traducirse en metas concretas y no en una reducción de recursos que termine afectando su funcionamiento.
“Lo que no pueden hacer, según el propio presidente, es pasarse por encima de la Constitución, y esto está consagrado en ella”, señaló el analista durante la conversación.
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La discusión ocurre mientras la JEP continúa avanzando en diferentes macrocasos. De acuerdo con cifras de la propia jurisdicción, con corte a enero de 2026 había 13.552 víctimas individuales acreditadas, 423 sujetos colectivos y 150 máximos responsables que habían reconocido responsabilidad y verdad plena.
Uno de los principales hitos fue la sentencia contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por el caso de secuestros, emitida en septiembre de 2025. La JEP impuso sanciones propias de hasta ocho años de trabajos restaurativos, acompañadas de restricciones a libertades y derechos.
Para Viveros, precisamente estos avances deberían ser complementados con un cronograma que permita a los colombianos conocer qué ocurrirá con los procesos pendientes.
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“Que la presión del Gobierno de quitarle recursos sirva para que la JEP presente un cronograma y le diga a Colombia: mire, nosotros vamos a hacer esto en este tiempo y vamos a entregar estos fallos”, manifestó.
Uno de los puntos que el analista considera centrales es el papel de las víctimas dentro de la justicia transicional. En su opinión, más allá de la discusión política alrededor de la JEP, existe una necesidad de esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado.
“Las víctimas no van a conocer ni siquiera qué pasó con las personas allegadas a ellos que merecen saber qué ocurrió en este conflicto y qué fue la justicia transicional que se aprobó”, sostuvo.
En esa línea, Viveros puso como ejemplo el caso relacionado con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, investigación que también ha sido objeto de actuaciones dentro de la JEP. El analista señaló que una eventual reducción de recursos podría terminar afectando incluso a quienes cuestionan las decisiones de la jurisdicción y esperan respuestas de sus investigaciones.
La JEP, además, mantiene abiertos varios macrocasos relacionados con hechos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, violencia territorial y crímenes contra diferentes poblaciones.
“No pueden ahogar la JEP”
El debate presupuestal adquirió una nueva dimensión en septiembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella defendió la discusión sobre los recursos de la jurisdicción y sostuvo que desde 2018 la JEP ha recibido más de tres billones de pesos. Según la Presidencia, para 2027 la entidad solicitó $947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones.
Frente a esta discusión, Viveros insistió en que la exigencia de resultados no es incompatible con mantener funcionando la institución.
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“Me parece que la exigencia del Gobierno de presionar para que haya resultados no es mala”, afirmó, aunque inmediatamente planteó el límite que, a su juicio, debería tener esa presión: “Ojalá que esa presión no lleve a que ahoguen la JEP, sino que la pongan en cintura”.
Para el analista, el cumplimiento del Acuerdo de Paz también tiene una dimensión relacionada con quienes dejaron las armas. Advirtió que incumplir compromisos previamente establecidos podría generar incentivos negativos para personas que abandonaron la lucha armada.
“Sería como una especie de incentivo perverso para que terminen metiéndose a traquetear”, dijo Viveros.
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Así, el debate sobre la JEP continúa dividido entre quienes cuestionan la duración de sus procesos, sus costos y el alcance de sus decisiones, y quienes consideran que la justicia transicional requiere tiempo para esclarecer los crímenes del conflicto y garantizar verdad y reparación. Para Viveros, el punto de encuentro debería estar en la eficiencia: exigir resultados y transparencia, pero sin desconocer el marco constitucional dentro del cual funciona la jurisdicción.