El proyecto de Ley Anticapuchos fue aprobado en primer debate, tras una discusión de más de cuatro horas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Esta iniciativa busca sancionar los actos vandálicos que se cometen mediante el ocultamiento de la identidad de una persona durante manifestaciones públicas. El proyecto contempla penas de entre 54 y 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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También contempla agravantes cuando se utilicen explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar daños graves, así como cuando los actos afecten instalaciones educativas, centros hospitalarios, organismos de socorro o infraestructura de servicios públicos.
Según lo planteado en la iniciativa, el uso de una capucha o de cualquier elemento para cubrirse el rostro no constituye, por sí solo, el nuevo delito.
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Un debate que comenzó con cuatro proposiciones de archivo
La discusión comenzó con cuatro proposiciones de archivo: tres presentadas por congresistas del Pacto Histórico y una por el Partido Verde. Los legisladores cuestionaron los alcances de la iniciativa y sus posibles consecuencias para quienes participan en manifestaciones.
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Estas proposiciones fueron negadas con 21 votos por el no y 15 por el sí, lo que permitió que continuara el trámite del proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por la congresista Laura Beltrán, quien aseguró que la iniciativa podría afectar el derecho a la protesta.
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"Ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social", afirmó Beltrán.
Durante la discusión, el representante del Pacto Histórico Daniel Monroy también cuestionó el proyecto y, para sustentar su posición, se puso una capucha al finalizar su intervención.
"Si yo esto me lo coloco acá, señor presidente, ¿estoy cometiendo un delito? ¿Estoy delinquiendo? ¿Van a criminalizar esto? ¿Van a volver esto un delito? Esto es parte de mi libertad de expresión", manifestó Monroy.
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Autores del proyecto defendieron las sanciones propuestas
El representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta, ponente de la iniciativa, defendió el proyecto y sostuvo que quienes se manifiestan por una causa justa no necesitan ocultar su identidad: "Esta ley incluso, creo yo, se debería llamar ley valentía, porque quien defiende una causa justa no necesita una capucha. Yo he salido a manifestarme muchas veces en este país. Lideré prácticamente, junto con Miguel Uribe Turbay, todas las marchas contra el expresidente Petro. Nunca, nunca utilizamos una sola capucha", afirmó.
En otro momento de su intervención, Arizabaleta señaló que, aunque una persona o su entorno atraviesen una situación dramática, esto no justifica, a su juicio, "bloquear la vía y la vida a millones de ciudadanos".
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"Cuando ustedes bloquean una vía, cuando ustedes bloquean el TransMilenio en las mañanas, ustedes no están jodiendo a la clase política. La clase política va en sus camionetas blindadas. Ustedes no están jodiendo a los más grandes empresarios. Esos hasta se movilizan en helicópteros. Ustedes lo que están jodiendo es al pueblo de a pie, al pueblo que quiere madrugar a trabajar. Elemental: hay que respetar las normas cuando se protesta", añadió.
Entre tanto, el representante del Centro Democrático Miguel Ángel Pinto, coautor de la iniciativa, se refirió a los argumentos expuestos por quienes cuestionaron el proyecto.
"Quiero confesarles que casi me convencen de votar el archivo. Cuando me dijeron que la capucha protegía vidas y yo me puse a pensar: ¿será que entonces Miguel Uribe, si hubiera puesto la capucha, ellos hubieran protegido la vida de Miguel? Y yo creo que la respuesta nos llevó a la situación por la que no permitimos el archivo. Y es que la capucha no puede ser tampoco un sinónimo de vandalismo", manifestó Pinto.
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Otro de los coautores, el representante de Cambio Radical Julio César Triana, explicó que la Ley Anticapuchos no busca criminalizar la protesta ni prohibir el uso de la capucha.
"Los ciudadanos pueden salir a protestar ocultando su rostro, pueden hacerlo como lo ha dicho la Corte Constitucional. Lo que no pueden hacer es ocultar el rostro para cometer actos delictivos", explicó.
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Triana también señaló que la ley es una herramienta jurídica que permitirá que el delito ya no sea excarcelable.
"Aquel encapuchado que entra a una universidad a apuñalar a los funcionarios, o aquel encapuchado que prende o incendia el transporte público, o aquel encapuchado que se infiltra en las protestas para acabar con bienes privados y bienes públicos, ahora tendrá que pagar cárcel intramural", señaló.
Discusión del articulado y aprobación del proyecto
Durante la discusión de la ponencia positiva también se presentó una situación relacionada con el desarrollo de la votación. El presidente de la Comisión Primera, Jaime Uscátegui, anunció que todas las bancadas habían tenido la oportunidad de intervenir, por lo que cerró la discusión y ordenó abrir la votación.
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En ese momento, algunos representantes del Pacto Histórico se levantaron y abandonaron el recinto. Ante esta situación, Uscátegui señaló que los congresistas que habían estado presentes tenían la obligación de votar.
Posteriormente, la ponencia positiva fue aprobada y la Comisión Primera comenzó la discusión del articulado. Durante esta etapa también se presentó una proposición que buscaba eliminar la totalidad de los artículos del proyecto, pero fue negada.
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Tras la aprobación de la ponencia positiva, la representante del Pacto Histórico Ana Herazo lamentó la decisión y aseguró que la iniciativa está "criminalizando la protesta".
"Lamentablemente, no deja claros los marcos normativos y taxativos que tienen que ver con una persona que pueda tener dentro de una manifestación algo que le esté cubriendo su cara y puedan directamente relacionarla con hechos vandálicos o con daños a bien ajeno. Lo que nosotros estamos diciendo es que esos delitos ya existen y que, en ese sentido, crear o tipificar un nuevo delito autónomo no va a brindar garantías para una persona que esté en la movilización, y eso puede brindar las bases para que se criminalice a las personas que están en la movilización", aseguró.
Finalmente, con 20 votos por el sí y dos por el no, la Comisión Primera aprobó el título y la pregunta del proyecto de Ley Anticapuchos, con lo que la iniciativa superó su primer debate.
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El representante Jaime Arizabaleta quedó designado como ponente para el segundo debate, que deberá desarrollarse en la plenaria de la Cámara de Representantes.
De esta manera, el proyecto de Ley Anticapuchos superó su primera discusión en el Congreso de la República, en medio de posiciones encontradas sobre sus alcances. La iniciativa deberá continuar su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde enfrentará su segundo debate.