El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, anunció cambios en su funcionamiento y en los procesos de contratación, con los que busca fortalecer la calidad de los servicios dirigidos a niños, niñas, adolescentes y familias colombianas, prevenir posibles hechos de corrupción y exigir resultados a quienes trabajan con la entidad.
En medio de los cuestionamientos por los cambios de operadores y las denuncias sobre posibles cortes en la contratación, el instituto aseguró que las decisiones sobre la selección y permanencia de estas organizaciones corresponden exclusivamente a las instancias competentes, de acuerdo con el manual de contratación y las normas vigentes.
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La entidad también se refirió al papel de las madres comunitarias y los sindicatos. Reconoció la importancia de su trabajo y el derecho de estas organizaciones a representar a sus afiliados, pero advirtió que ninguno de estos sectores tiene facultades para escoger operadores, exigir que permanezcan o vetar las decisiones de contratación.
Frente a los cuestionamientos por la llegada de operadores de otros departamentos, el ICBF sostuvo que su procedencia geográfica no constituye, por sí sola, una irregularidad ni demuestra que exista un perjuicio en la prestación de los servicios. Según explicó, la evaluación debe centrarse en la capacidad, idoneidad y cumplimiento de los requisitos para atender a la población.
El instituto también señaló que acudir a organizaciones y directivos de otras regiones puede contribuir a prevenir conflictos de interés, favorecimientos o presiones sobre las decisiones institucionales.
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Sobre las denuncias de posibles interrupciones en la atención, indicó que es necesario revisar cada caso y establecer si se trata de cambios de operador, terminaciones de contratos o suspensiones efectivas de los servicios, pues cada situación requiere medidas diferentes.
Finalmente, el ICBF aseguró que todos sus funcionarios, operadores y contratistas deberán cumplir los mismos requisitos de idoneidad, integridad, capacidad y resultados. Advirtió que la antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o las presiones de distintos sectores no serán criterios para mantener contratos.
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La entidad afirmó que escuchará los reclamos y corregirá cuando encuentre errores o irregularidades, pero insistió en que continuará tomando las decisiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad de los servicios dirigidos a la niñez colombiana.